Miguel Colín Melo

Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
874/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Miguel Colín Melo
  • Ayuntamiento Constitucional de Tianguistenco, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción al haberse desechado la demanda de amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil veintiuno. SE ACUERDA ESCRITO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos Miguel Colín Melo, Genaro Aurelio Ocampo Valeriano, Carmela Aguirre Caray, Rosa Juárez Garduño, Liliana Alejandra Colín Cortes, Lamberto Mercado Contreras, Osvaldo García Valencia, Rosario Guzmán Aguilar, Paulina Pallares Fuentes, Luisa Franco García, Rolando Estrada Rosas, Luisa Gutiérrez Quezada, Agustina Quezada Ramírez, Juan Gutiérrez Quezada, Juan Manuel Benhumea Playas, Osvaldo García Valencia, Amalia Félix Samaniego Valencia, Adán García Luna, Rosa Guzmán García, Sipriano González Martínez, Andrés Rosales Cruz, Jesús Reyes Gonzáles Guzmán, Santos Peñaloza Nájera, Juanita Peñaloza Laps, Aurora López Hernández, Sergio Orozco González, Nahúm Álvarez Hernández, Raúl Omar Asoñoz Gomez, Elvia Vargas González, Agustina Melo Parra, Orlando Cruz Fuentes, Patricia Becerril Hernández, Luis Alberto Fontes Becerril, Esther Alvarado González, Genaro Miguel Colín Castro y María De Los Ángeles Garduño Peña, mediante el cual desahogan la prevención formulada en proveído emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; ya que precisan el acto que reclaman a las autoridades responsables consistente en la negativa verbal de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, de permitirles la instalación del comercio, así como de renovar los permisos para tal efecto; y, no así la inconstitucionalidad de las normas generales indicadas en su escrito inicial, ya que esas leyes permiten a los comerciantes instalarse y comerciar producto; asimismo, narran los hechos relacionados con los actos de que se trata, bajo protesta de decir vedad. En ese orden, se tiene por cumplida la prevención de que se trata y al efecto se tiene a la parte quejosa promoviendo demanda de amparo contra los actos y las autoridades que enseguida se precisan:. ACTOS RECLAMADOS La negativa verbal de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, de permitirles la instalación del comercio, así como de renovar los permisos para tal efecto. AUTORIDADES RESPONSABLES Ayuntamiento Constitucional de Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México. Administrador de mercados y tianguis del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Federal y los diversos 187, 194, 229, fracciones I, II y III y del 254 al 260, todos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Con objeto de iniciar el análisis de la causal de improcedencia advertida, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."; ".Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal.". ".Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad.". "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal;.". "Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256.- Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258.- En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 259.- El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte, aun cuando en contra de éste se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata. Artículo 260.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda.". El texto de los preceptos transcritos, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal y la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto en distintos casos, como cuando se reclaman normas generales, con motivo del primer acto de aplicación. Tal criterio se contiene en la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 156, Tomo XII, Julio de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita en seguida: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por autoridades municipales de Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México, que evidentemente no forman parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. En relación con el segundo requisito, consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como lo establece los artículos 187, 194, 229, fracciones I, II y III y del 254 al 260, todos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, transcritos parágrafos que anteceden. Por consiguiente, es evidente que contra el acto reclamado proceden los aludidos medios de defensa, toda vez que fue emitido por una autoridad diversa a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, pues con dichos medios ordinarios están en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. Además, se encuentran contenidos en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México fue emitido por la Legislatura de esa entidad federativa. Ahora bien, respecto al tercer requisito, que consiste en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión a los establecidos en la ley de la materia, también se actualiza, pues los artículo 194 y del 254 al 260 de la legislación invocada así lo prevén y no establece mayores requisitos que los exigidos en la Ley de Amparo. Sustenta, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2010436, tesis PC.II.A. J/3 A (10a.), visible en la página 2936 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio constitucional, con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo. Asimismo, si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció criterio respecto a que la clausura de una actividad comercial constituye un acto de imposible reparación, también lo es que esto no significa que deba de omitir la interposición del recurso ordinario contemplado en la normatividad correspondiente y agotar el principio de definitividad, que es un presupuesto procesal para el trámite del juicio de amparo, aun cuando esto impida al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla. Orienta el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado De México, con registro 2007835, tesis II.1o.3 A (10a.), visible en el Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2886 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AUN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, decretada preventiva o temporalmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla; sin embargo, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que la medida ordenada sea de imposible reparación, no exime automáticamente de observar el aludido principio. Sin que sea óbice a lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), en el sentido de que la clausura provisional dictada como medida preventiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que dicho precepto no determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad.". Lo anterior, en razón de que la irreparabilidad del acto reclamado no incide en la excepción al agotamiento del principio de definitividad al representar dos presupuestos independientes y autónomos que deben de observarse para la tramitación del juicio constitucional. Sustenta, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia registrada con el número digital 2017117, tesis P./J. 11/2018 (10a.), visible en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Luego, debe concluirse que la parte interesada se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el citado recurso de inconformidad o en su caso, a su elección, el juicio contencioso administrativo, dado que en la legislación que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa que los enunciados en la ley de la materia, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que pudiera tener por efecto nulificar el acto reclamado. Sobre esa base, se concluye que la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Resulta ilustrativa la jurisprudencia IX.1o. J/9 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, página 1031, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional". En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sustenta tal determinación, a contrario sensu, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 186605, tesis 2ª. LXXI/2002, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Notifíquese. Lo acordó y firma David Ruedas Moncivais, Secretario de Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en funciones de juez de distrito, de conformidad con lo dispuesto por el oficio CCJ/ST/2985/2021, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; y, además, con apego a lo establecido en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada, pero vigente en términos del tercero transitorio de normatividad vigente, asistido de Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos Miguel Colín Melo, Genaro Aurelio Ocampo Valeriano, Carmela Aguirre Caray, Rosa Juárez Garduño, Liliana Alejandra Colín Cortes, Lamberto Mercado Contreras, Osvaldo García Valencia, Rosario Guzmán Aguilar, Paulina Pallares Fuentes, Luisa Franco García, Rolando Estrada Rosas, Agustina Quezada Ramírez, Juan Gutiérrez Quezada, Juan Manuel Benhumea Playas, Osvaldo García Valencia, Amalia Félix Samaniego Valencia, Adán García Luna, Rosa Guzmán García, Sipriano González Martínez, Andrés Rosales Cruz, Jesús Reyes Gonzáles Guzmán, Santos Peñaloza Nájera, Juanita Peñaloza Laps, Aurora López Hernández, Sergio Orozco González, Nahúm Álvarez Hernández, Raúl Omar Asoñoz Gomez, Elvia Vargas González, Agustina Melo Parra, Orlando Cruz Fuentes, Patricia Becerril Hernández, Luis Alberto Fontes Becerril, Esther Alvarado González, Genaro Miguel Colín Castro y María De Los Ángeles Garduño Peña, mediante el cual pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Lo anterior se afirma en razón a que se le previno para que 1) precise el acto o actos que de cada autoridad responsable se reclame, toda vez que únicamente se constriñe a indicar normas generales; asimismo, el acto que en su consideración constituye el primer acto de aplicación de las normas generales que impugna y la fecha de conocimiento, ya que de la demanda se colige que las normas reclamadas se combaten por su primer acto de aplicación, empero en los antecedentes sólo indica que en pasadas semanas fueron desalojados del lugar donde realizan su trabajo de comercio; y, posteriormente, se establece que el catorce de septiembre del año en cita, les negaron la instalación del comercio que realizan; 2) informara, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; en virtud de que únicamente utiliza la leyenda "protesta legal"; y, 3) señalara si contra las normas reclamadas ha promovido un diverso juicio de amparo (de ser cierto deberá indicar la fecha de presentación de la demanda, el órgano jurisdiccional ante el cual se radicó, el número del juicio y el estado procesal). Ahora bien, del escrito que se recibe se advierte que respecto al punto primero refiere que el acto que reclaman es la negativa verbal del catorce de septiembre des mil veintiuno, de las autoridades a permitirles la instalación de comercio que realizan; sin embargo, no se observa que hayan señalado los preceptos que reclama de las normas generales que impugna. Por otra parte, en cuanto al punto segundo manifiesta que en cuanto a los hechos, abstenciones y antecedentes narrados en el escrito inicial los realiza bajo protesta de decir verdad; pero no hace una correcta narración de los mismos. Y por lo que hace al punto tercero, indica que no ha presentado ningún juicio de amparo en contra de las normas reclamas en el presente juicio. En consecuencia, se concluye que no se encuentra totalmente desahogadas las prevenciones formuladas, por lo que, se apercibe a la parte quejosa que para el caso de no desahogar en sus términos lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, en relación a la quejosa Luisa Gutiérrez Quezada, no se hace mayor pronunciamiento al respecto, lo anterior en virtud de que del escrito que se recibe no se advierte la firma autógrafa de la referida quejosa, con lo que se evidencia la falta de voluntad de la promovente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** ******************* Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 874/2021, además formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Prevención de demanda A fin de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V, 112, 114 fracciones I, II y IV todos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído por escrito subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones que ameritan corregirse, a saber: ************************** Por lo anterior, fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no desahogar la presente prevención en el plazo establecido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se precisa que al momento de desahogar la prevención deberá de observar lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y adjuntar las copias de su escrito de desahogo necesarias para la substanciación del juicio de amparo; en caso de incumplimiento se acordará conforme a lo estipulado en la legislación de la materia. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda, cuando constriña hacerlo de forma personal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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