Miguel Cirenio Ortega Mata

Expediente 97/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
97/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Miguel Cirenio Ortega Mata
  • Miguel Cirenio Ortega Mata y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Jefa del Departamento de Amparos, en representación del 2. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa, Veracruz; recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 13764, de diecisiete de mayo del año en curso, mediante el cual se le notificó la sentencia pronunciada en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia dictada el diecisiete del mes y año en curso, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica el diez de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, Miguel Cirenio Ortega Mata, Edgardo Armando Gómez Díaz, Victoria Castro Pucheta, Edgar Abraham García Córdoba e Irvin Uriel Bonilla López, promovieron juicio de amparo en contra del Decreto Número 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2023. SEGUNDO. Por auto de catorce del citado febrero, se ordenó: admitir la demanda; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; dar la intervención que compete al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y, requerir a las autoridades responsables sus informes justificados. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables y la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa promueve el presente juicio en contra de una omisión atribuida a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; acto impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, al margen de lo que se resuelva respecto a su procedencia con base en lo dispuesto en el disímil 61 de la ley de la materia. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que los efectos del acto que la parte quejosa reclama se produce dentro del territorio sobre del cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, lo que dota de competencia al suscrito para resolver en definitiva este asunto. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado en el presente juicio. En lo que a la precisión del acto reclamado se refiere, sirve de apoyo el criterio aislado P. VI/2004 (registro digital 181810) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Así, al analizar en su integridad la demanda de amparo, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo y las constancias del sumario, se aprecia que el acto reclamado consiste únicamente en: el Decreto Número 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2023 publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; atribuido al 1. Congreso y al 2. Gobernados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No se soslaya que los quejosos destacan como acto reclamado la omisión de incluir en él "una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTI en la entidad". Sin embargo, en principio debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte ha considerado que el presupuesto de egresos es un acto materialmente administrativo mediante el cual se establecen y autorizan las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos, entre otras, durante un periodo determinado. En ese sentido, el acto reclamado no puede ser analizado como una omisión de carácter legislativo que deba estudiarse sobre la base de los parámetros establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, esto es, corroborar si se trata de una omisión absoluta o relativa en ejercicio potestativo u obligatorio Al respecto, se cita la tesis aislada P. XIV/2007 (registro digital: 172564) del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1533 del Tomo XXV, Mayo de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INVALIDEZ CUANDO UN ÓRGANO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IMPUGNE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD. Conforme a los artículos 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley Reglamentaria de la materia, los efectos de las sentencias dictadas en controversia constitucional consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales cuando se trate de disposiciones generales emitidas por los Estados o los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o bien, entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal; sin embargo, en los demás casos sólo tendrán efectos entre las partes. En ese sentido, si en una controversia constitucional algún órgano de gobierno del Distrito Federal impugna el Presupuesto de Egresos de la entidad, el cual es un acto formalmente legislativo pero materialmente administrativo, resulta evidente que la declaratoria de invalidez que se decrete únicamente tendrá efectos entre las partes". El subrayado se hace en esta sentencia. En mérito de lo anterior, el acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de incluir en Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2023 "una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTI en la entidad" necesariamente debe encuadrarse en el marco del presupuesto de egresos, en tanto que es el instrumento mediante el cual la Legislatura Estatal autoriza todos los gastos públicos que serán realizados durante un ejercicio fiscal por los organismos públicos que conforman el Gobierno del Estado de Veracruz. De ahí que no pueda considerarse al acto reclamado como una omisión autónoma, pues la forma en que se ejercen los recursos públicos necesariamente está definida en el presupuesto de egresos, por un lado, y al tratarse de un término comparativo la base de la impugnación (respecto de los rubros previstos para otros grupos de atención prioritaria, lo que lógicamente requiere de un término comparativo respecto de los colectivos que cuentan con asignaciones especiales) no es un argumento en abstracto, sino concreto, que requiere un acto de aplicación. Así, a juicio de este juzgador, el argumento que plantean los quejosos no puede entenderse de otra forma sino en relación con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2023, pues la determinación de recursos tiene como sustento lo establecido en ese acto jurídico. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La existencia del acto reclamado se acredita con su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues esa divulgación constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo; y en el caso, es un hecho notorio para el suscrito que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós se publicó en la referida Gaceta Oficial el Decreto Número 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2023, reclamado por la parte quejosa. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro IUS 191452, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Estudio de procedencia. Definida la certeza del acto reclamado, técnicamente es menester examinar si respecto a éste resulta procedente la acción de amparo, pues sólo si se superan los obstáculos o condiciones de procedencia establecidos en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se estará en condiciones de proceder al estudio de la cuestión de fondo que subyace en los conceptos de violación. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. Procede evidenciar tal aserto. Marcó jurídico Los artículos invocados establecen: Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (registro digital 2019456) de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Página: 1598, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Antecedentes En ese tenor, en la especie, como ya se dijo, los quejosos impugnan el Decreto Número 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2023 publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, sobre la base de que en él no se prevé "una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTI en la entidad", pese a que en el mismo se disponen partidas para otros grupos minoritarios como niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas y adultos mayores, entre otros. Al respecto, en los conceptos de violación los impetrantes del amparo exponen que tienen interés legítimo sobre la situación que plantean, como miembros del grupo minoritario identificado como "personas LGBTI" y que el acto que reclaman vulnera su derecho a la igualdad en su vertiente de no discriminación. Subsunción De lo anterior, es patente que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma el acto que reclama les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernados o ciudadanos mexicanos. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aducen un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestran que los actos que controvierten pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la autorización de contratación de personal médico extranjero que atribuye a las autoridades responsables, ni refieren las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tienen un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues el acto que reclaman de las autoridades responsables no les afecta de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. En efecto, el párrafo primero del precepto 134 del texto constitucional, prevé lo relativo a la administración de los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de las demarcaciones de éstos. De esos preceptos, en lo que interesa, se desprende que el Presupuesto de Egresos -que se contiene en el Decreto correspondiente- constituye el conjunto de previsiones de gasto que habrán de erogar los ejecutores de gasto, entre los que se encuentran las Secretarías de Estado, durante un año calendario. En el caso, el Decreto reclamado tiene previsiones o proyecciones de gasto del Gobierno Estatal, incluye las referentes al gasto en programas sociales y, en general, todas las reglas para el gasto en todos los niveles de gobierno, y de cuyo texto no se desprende una relación ni efecto que de manera refleja o colateral pudiera perjudicar la esfera jurídica de los peticionarios, no se percibe una lesión objetiva o material de ella derivada de una peculiar situación que tuviera en el orden jurídico. Tampoco se aprecia que en una eventual concesión del amparo se vieran beneficiados, principalmente en razón de que no indican en forma alguna como la asignación de una partida presupuestal bajo el rubro que alegan garantizaría su acceso a algún derecho con el que actualmente no cuenten o se vean restringidos. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea argumentos en sus conceptos de violación que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que la asignación de partidas especiales para niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad, constituye una exclusión implícita de las personas que históricamente han sido discriminadas en razón de su orientación sexual e identidad de género, sin indicar de forma específica derecho alguno (libertad, salud, educación, etc.) del que se vean actualmente privados con motivo del acto reclamado, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa, por el contrario, dada interseccionalidad de los derechos humanos, es patente que los programas destinados a todo grupo prioritario deben ejecutarse con un enfoque integral de protección de derechos humanos; sin que, como ya se dijo, la sola exclusión de un rubro nominal en el presupuesto de egresos implique la exclusión de los quejosos de los beneficios del gasto público en razón de su orientación sexual o identidad de género. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Al respecto, es pertinente señalar que la Constitución Federal otorga a las personas derechos fundamentales, siendo el juicio de amparo el medio para hacerlos valer frente al poder de la autoridad, empero, no erige la vía judicial para que los ciudadanos controlen la dirección de la política presupuestaria al margen de lo que decidan las mayorías legislativas. De igual forma, es menester precisar que en términos de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional, que en principio y esencialmente reside en el pueblo, se ejerce por medio de los Poderes de la Unión o de los Estados, en su caso, en los términos de la propia Carta Magna y las constituciones particulares de tales entidades, en las cuales se constituye la República por voluntad misma de los ciudadanos; cuyo poder se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial y que se traduce en el principio democrático, siendo a tales órganos a quienes corresponde, en su caso, el ejercicio y representación popular en defensa de sus intereses sociales e inconformidades generales, encontrándose así legitimados para ejercer medios de control sobre tales actividades como son las acciones de inconstitucionalidad y, en su caso, de las controversias constitucionales. Con base en lo anterior, es posible afirmar que el decreto reclamado, de ninguna manera constituye una instrucción para suprimir determinado derecho de los quejosos ni tampoco prevé u ordena un programa específico de restructuración que implique cancelación o supresión de derechos. Se insiste que el acto reclamado sólo constituye una regla de ejercicio de gasto público dirigido a las dependencias y entidades de la Administración Pública. Por las mismas razones, tampoco puede válidamente llegarse a la conclusión de que se vulnera su derecho a la igualdad, porque si la igualdad jurídica se traduce en no soportar una desigualdad injustificada y la norma reclamada sólo es una regla general del Decreto del Presupuesto de Egresos dirigida a las dependencias gubernamentales; es claro que ésta respeta tal principio pues no creó ninguna situación diferenciada concreta sino que instrumenta la solicitud de egresos para el gasto que en servicios públicos llegaren a tener las dependencias; por ello se estima que de tal disposición no se aprecia trato diferenciado, de ahí la falta de agravio personal y directo de la parte quejosa. Sustenta lo antes expuesto, la tesis aislada 1a. CLXXXVII/2015 (registro digital 2009200) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 447, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. LA AFECTACIÓN ALEGADA CON MOTIVO DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, POR AUSENCIA DEL PODER IMPOSITIVO DEL ESTADO, NO LO ACTUALIZA. Es infundado que una persona, en su calidad de contribuyente, tenga interés legítimo para impugnar una ley fiscal que combate en su configuración por no incluir como sujeto pasivo a determinadas personas, a lo que se opone por no gozar de un mejor gasto público. Esta afectación no es privativa de los contribuyentes, como colectividad identificable, en oposición a los no contribuyentes. El sujeto jurídico que resiente los efectos de un deficiente sistema de gasto público y/o de recaudación es todo ciudadano, persona residente en el país o persona sin más, sujeto al Estado mexicano, pues todos son beneficiarios latentes de sus beneficios, por lo que debe concluirse que esa afectación afecta por igual a toda la población y, por tanto, no es reducible a un interés legítimo". Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis (registro 233517) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de texto: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado". En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio, lo que impide entrar al estudio de fondo de la controversia aquí planteada. Apoya lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, número 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea necesario estudiar las diversas causales de improcedencia hechas valer por las autoridades toda vez que de hacerlo en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. Para terminar, no pasa inadvertido que los quejosos funden su demanda en la sentencia dictada en el juicio de amparo 156/2022 del Juzgado Cuarto de Distrito del Decimosexto Circuito, y en la Jurisprudencia 1a./J. 31/2021 (registro digital: 2023820) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1306, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD LGBTI+ Y SUS FAMILIARES CUANDO RECLAMAN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN LA IMPOSICIÓN DE UNA VOTACIÓN POR CÉDULA SECRETA Y LA EJECUCIÓN DE DICHA VOTACIÓN POR LA QUE SE DESECHÓ UN DICTAMEN DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL EN MATERIA DE MATRIMONIO Y CONCUBINATO IGUALITARIO". Sin embargo, la sentencia dictada por el homólogo federal no es un criterio vinculante para el suscrito, ni se comparte, y la jurisprudencia del Alto Tribunal no se estima aplicable al caso concreto. Se explica. El precedente de la Primera Sala se ocupó de la impugnación de un proceso legislativo, el cual, estimó justiciable a través del juicio de amparo en la medida que su procedencia encuentran su límite, de manera expresa, en los supuestos contemplados por las fracciones V y VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No obstante, acotó que ello no implicaba que tales actos u omisiones siempre y en todo momento van a ser susceptibles de revisión constitucional, pues en la Constitución y en la Ley de Amparo se establecen otros supuestos de improcedencia que buscan salvaguardar un correcto equilibrio entre los diferentes poderes, de la forma siguiente: "83. Por ejemplo, dependiendo del tipo de acto intra-legislativo que se cuestione, podría actualizarse la improcedencia del juicio con fundamento en el principio de definitividad o en la falta de un interés suficiente para controvertirlos (fracciones XII y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Incluso, aplicando la permisión de la fracción XXIII de este artículo 61 de la Ley de Amparo, esta Primera Sala no es ajena a que podría discutirse si el hecho de que el Poder Judicial intervenga en la revisión(68) de determinado acto intra-legislativo afecta o no el modelo constitucional de equilibrio de poderes y, por ello, es injusticiable vía juicio de amparo; lo cual, claramente, se debe analizar caso por caso y dependiendo del acto u omisión que se pretenda cuestionar". En aquel caso, se determinó que los quejosos contaban con interés jurídico en la medida los actos reclamados modificaron situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, al desecharse un dictamen de reforma a la Constitución yucateca que buscaba derogar ciertas normas jurídicas en materia de matrimonio, y que por ello, eran actos de autoridad que, aunque forman parte del derecho parlamentario administrativo, se encuentran específicamente reglados en ley y reglamento, es decir, no se trata entonces de actos que la Constitución haya conferido al legislador una discreción absoluta por criterios políticos o de oportunidad. Es decir, el interés para impugnar el proceso legislativo derivó de su vinculación con las normas que regulan el matrimonio y de su derecho a no ser excluidos de acceder al mismo en razón de la orientación sexual o identidad de género, no del solo hecho de auto adscribirse como miembros del grupo "LGBTI". En cambio, en el presente asunto, se itera, los quejosos no acudieron al amparo en defensa de algún derecho en concreto, pues se limitaron a indicar que la falta de un rubro nominal en el presupuesto afecta su derecho a la no discriminación, sin indicar en forma alguna el derecho de que se ven excluidos por esa sola razón; lo cual, hace patente que, a diferencia del asunto sujeto a la jurisdicción de la Suprema Corte, en la especie no existe interés legítimo de los impetrantes del amparo para impugnar el presupuesto de egresos del Estado. QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Cirenio Ortega Mata, Edgardo Armando Gómez Díaz, Victoria Castro Pucheta, Edgar Abraham García Córdoba e Irvin Uriel Bonilla López, por lo que hace a los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, en los términos del considerando quinto de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del 1. Gobernador del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele designando como delegados de su parte a las personas que aluden en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median ocho días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el veintitrés del mes y año en cita, y la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada para el tres de abril del año que transcurre. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para el tres de abril del año en curso, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

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