Miguel Chávez Mérida y Otros.

Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
152/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Miguel Chávez Mérida y Otros.
  • Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 9-B.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General.

  2. Principal

    MESA 9-B.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ***, ****, *****, *****, *****, ******, ******, *****, ***** y ****, con el que en cumplimiento a la prevención ordenada en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, manifiestan que el acto que reclaman es: ° El resolutivo tercero del procedimiento sancionador electoral, con números de expedientes ***** y *****, dictado por la *****, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, en el que se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que, en un término de setenta y dos horas, funde y motive su determinación de acuerdo con el artículo 6 BIS de los estatutos de morena. De conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y la aclaración que se formule, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del Juez de distrito de examinar el escrito de demanda y su aclaración, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En esa tesitura, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)." La interpretación de dicho precepto legal y porción, acorde con el orden constitucional y, por tanto, con la naturaleza y objeto del juicio de amparo, determina que la improcedencia de éste surgirá cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse mediante el mismo, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos, cuando éstos incidan totalmente sobre cuestiones electorales. Así, tomando en consideración que los quejosos señalan como acto reclamado el resolutivo tercero del procedimiento sancionador electoral, con números de expedientes ***** y *****, dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que, en un término de setenta y dos horas, funde y motive su determinación de acuerdo con el artículo 6 BIS de los estatutos de morena, sobre si fue correcto o no, que los quejosos no hayan sido registrados como candidatos en la planilla de regidores del Municipio de Suchiate, Chiapas; es evidente que el aludido acto tiene una relación directa e inmediata con aspectos de la materia electoral, al haber sido emitido precisamente para hacer cumplir determinaciones en dicha materia. Cabe señalar que la improcedencia de la vía constitucional, no surge por el sólo hecho de que el acto reclamado que en este momento ocupa nuestra atención se contenga en ordenamientos electorales, o porque provenga de una autoridad formalmente electoral, sino más bien por su contenido material, el cual ya se dijo, es electoral. Porque del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, se aprecia que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, en cumplimiento a la resolución de nueve de abril del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la que le reencauzó la demanda que los hoy quejosos promovieron ante dicho tribunal, resolvió la inconformidad planteada por los impetrantes, ordenando a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para que, en un término de setenta y dos horas, fundara y motivaran su determinación de acuerdo con el artículo 6 BIS de los estatutos de MORENA; por ende, es inconcuso que el acto reclamado es intrínseco a una cuestión de orden electoral y por ende, debe sujetarse a los medios de impugnación previstos por las normas aplicables. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la cual no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, conforme a su sexto transitorio), que establece: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL.(.) Asimismo, se invoca la tesis P. LX/2008 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el País, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. Asimismo, se invoca la tesis P. LX/2008 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el País, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. Cabe precisar que en el inciso V, de la demanda de amparo, los quejosos bajo protesta de decir verdad manifestaron que con fecha tres de abril del año en curso, promovieron juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mismo que fue radicado mediante acuerdo de nueve de abril del presente año, asignándole el número de expediente *****, y en el cual el Tribunal Electoral, reencauzó la demanda a la *****, para que resolviera lo conducente respecto a la demanda promovida por dichos quejosos; por lo que se reitera, es evidente que la resolución de la que se duelen los impetrantes del amparo es de contenido material electoral. Y si bien, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal, tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, como sucede en el caso, pues los quejosos se duelen de no haber sido tomados en cuenta para ser designados candidatos por el partido MORENA, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************************.

  3. Principal

    MESA 9-B.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve ******, por derecho propio, contra actos del ******. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 152/2021-IX-B. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente disponen: (.) Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierten irregularidades en cuanto a actos reclamados, porque señalan entre otras cosas, que se duelen de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena de emitir sus determinaciones de forma fundada y motivada de acuerdo a las normas que le dan origen, tanto en el registro aprobado como en el informe circunstanciado, ya que como autoridad electoral de morena debió de fundar y motivar por qué consideró que se cumplió o incumplió con el artículo 6 BIS de los estatutos de morena. Sin embargo, esa narrativa resulta ambigua, pues refieren "determinaciones" en plural, sin ser concretos en una actuación en específico; o bien no son claros en precisar la fecha de la determinación la cual aducen no está fundada y motivada y en su caso, la data en la que tuvieron conocimiento de la misma. Pues es evidente que la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena que reclaman los quejosos quedó superada al ser emitida la diversa resolución que constituye el acto reclamado de doce de abril del año en curso, dictada por la *********, que fundara y motivara su determinación de acuerdo con el artículo 6 BIS de los estatutos de morena. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, fracciones II y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito aclaren su demanda en los siguientes términos: ? Manifiesten si señalan únicamente como acto reclamado la resolución de doce de abril del año en curso, dictada en el procedimiento sancionador *********, por la ******. ? De ser su deseo señalar diverso acto reclamado, precisen el acto concreto que reclaman a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena (a la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo). Porque como se mencionó, si bien los quejosos le atribuyen como acto "la omisión de emitir sus determinaciones de forma fundada y motivada de acuerdo a las normas que le dan origen, tanto en el registro aprobado como en el informe circunstanciado, ya que como autoridad electoral de morena debió de fundar y motivar por qué consideró que se cumplió o incumplió con el artículo 6 BIS de los estatutos de morena", como ya se precisó, dicha omisión quedó superada al emitirse la resolución de doce de abril del año en curso, en la que se le ordenó a dicha autoridad que se pronunciara respecto a la citada omisión. Es aplicable, la jurisprudencia 495, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. (.) De igual forma, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En el entendido de que el escrito aclaratorio deberán presentarlo con seis copias para distribuirlas como sigue: (1) una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, (2) una para cada autoridad responsable que señala expresamente, (2) una para cada cuaderno incidental y (1) para el tercero interesado; conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya esta determinación en lo conducente, la tesis P./J.36/2001 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XI.2o.55 K1 que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (.) DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en esta ciudad. REPRESENTANTE COMUN Con fundamento al articulo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a ****, por así haberlo solicitado. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a ***** y *****, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa en su escrito de demanda. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 962 184 15 27. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes.

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