Miguel Cervantes García

Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
873/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Cervantes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento que le fue formulado en proveído de nueve de este mes y año y al efecto, remite copia certificada del acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 622/2013, donde aduce que dio cuenta con las promociones de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, signadas por el apoderado de la parte actora y aquí quejosa; con lo cual, solicita que se le tenga por cumpliendo con la ejecutoria de amparo. Precisión de los efectos del amparo Sin embargo, es necesario señalar a la autoridad responsable que con la constancia que remite (auto de diez de marzo de dos mil veintidós), no se cumple nuevamente con el lineamiento marcado con el inciso c) de la ejecutoria de amparo, toda vez que no hay pronunciamiento expreso en torno a los escritos de catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, que se encuentran encaminados a solicitar la ejecución del laudo en el juicio de origen. Con motivo de lo anterior, es necesario puntualizar nuevamente que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo a la autoridad responsable, son las siguientes: "a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ordinario laboral 622/2013, que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo; b) En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración las razones expuestas en esta ejecutoria, declare improcedente el incidente relativo; y, c) Se pronuncie expresamente sobre las peticiones formuladas por el quejoso, en los escritos presentados el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, virtud de haber resultado improcedente la prescripción propuesta.". Se requiere a la responsable En consecuencia, a fin de que la sentencia de amparo, quede cumplida sin excesos ni defectos, como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Único.- Emita un acuerdo donde se pronuncie expresamente sobre las peticiones formuladas por la parte actora en sus escritos presentados el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral número 622/2013; y hecho que sea, remita la constancia donde se acredite esa actuación. Subsisten apercibimientos En el concepto de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; y por ende, en el caso de que vuelva hacer omisa la responsable, se pudieran hacer efectivos los apercibimientos, los cuales escalan progresivamente las sanciones a la autoridad, conforme a lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Informa trámites. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución interlocutoria de fecha de veinticinco de octubre del año en curso, donde dejo insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de junio del presente año; asimismo, advierte que declaró improcedente la citada resolución. Precisión de los efectos del amparo Sin embargo, se estima necesario puntualizar que las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo a la autoridad responsable, son las siguientes: "a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ordinario laboral 622/2013, que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo; b) En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración las razones expuestas en esta ejecutoria, declare improcedente el incidente relativo; y, c) Se pronuncie expresamente sobre las peticiones formuladas por el quejoso, en los escritos presentados el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, virtud de haber resultado improcedente la prescripción propuesta.". Se requiere a la responsable En consecuencia, a fin de que la sentencia de amparo, quede cumplida sin excesos ni defectos, como lo establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad, para que realice lo siguiente: 1) Una vez que se acuerde sobre las peticiones formuladas por el quejoso, en los escritos antes citados dentro del juicio laboral número 622/2013, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional y remitir las constancias relativas. Subsisten apercibimientos Se hace del conocimiento de la responsable que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose trece de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a dichas autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: " a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ordinario laboral 622/2013, que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo; b) En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración las razones expuestas en esta ejecutoria, declare improcedente el incidente relativo; y, c) Se pronuncie expresamente sobre las peticiones formuladas por el quejoso, en los escritos presentados el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, virtud de haber resultado improcedente la prescripción propuesta.". RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194, de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.", PRONUNCIAMIENTO SOBRE ESCRITO. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta y téngase por recibido el escrito que se anexa sin que se haga necesario elaborar el acuse de recibió, dado que expresamente no se solicitó. Finalmente, por lo que respecta al aludido ocurso por el cual la parte quejosa solicita declarar ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y requerir su cumplimiento, dígaseles que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-873/2023, promovido por******************** por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: ********************PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el siete de julio de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado,******************** por propio derecho, promovió demanda de garantías contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad.********************El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.********************SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de diez de julio de la presente anualidad, se desechó parcialmente la demanda respecto al acto reclamado consistente en la negativa sistemática de dar cumplimiento al laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 622/2013 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, atribuida al Poder Ejecutivo de Gobierno de Estado de Michoacán y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al no tener la calidad de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal.********************Por otra parte, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número X-873/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, celebrándose en términos del acta que antecede; y, ********************C O N S I D E R A N D O: ********************PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor.********************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece.********************SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos del acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana.********************Ello por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral promovida contra una autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado.********************TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y la información que obra en el expediente.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.".********************Así, en atención a la disposición legal, del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado lo constituye: ********************La omisión de proveer sobre las solicitudes de ejecución de laudo dictado dentro del juicio de origen, las cuales fueron presentadas el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte. ********************La resolución interlocutoria de cinco de junio del año en curso, mediante la cual se declaró procedente el incidente sobre prescripción de ejecución del laudo promovido por el demandado Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, aquí tercero interesado, en el juicio laboral 622/2013. ********************CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta parcialmente la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral 622/2013, del que emana el acto reclamado.********************Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública.********************Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.".********************Ahora, cabe señalar que si bien la responsable negó el acto reclamado relativo a la omisión del Tribunal responsable de proveer sobre los escritos recibidos el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte; porque mediante oficio número TCA/PRES/AMP/274/2023 recibido por este juzgado el nueve de agosto de la presente anualidad, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió las constancias con las cuales acredita que el diez de marzo de dos mil veintidós, emitió el acuerdo en el que, dice, se pronunció sobre los escritos presentados por el aquí quejoso.****************************************Empero, cabe señalar que en este último acuerdo la responsable reservó proveer lo conducente sobre la solicitud de fecha para reinstalarlo, de requerir el pago a la reo y de girar oficio recordatorio a BBVA Bancomer para cumplir con el oficio TCA/PRES/111/2018.****************************************De ahí que la omisión subsiste a la fecha.****************************************QUINTO. IMPROCEDENCIA. Al no advertirse alguna causa de improcedencia por lo que respecta a los actos reclamados se procede a su estudio.****************************************Se precisa que no será objeto de estudio el concepto de violación tercero en el que se inconforma respecto del acto reclamado al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el que se desechó parcialmente por acuerdo de diez de julio de la presente anualidad.********************SEXTO. ANTECEDENTES. Ahora bien, resulta pertinente hacer relación de los antecedentes del acto reclamado.********************Ello en razón de la naturaleza de la controversia del juicio natural, pues la vía de acción principal del juicio de origen se ocupó de determinar si existió o no el despido injustificado señalado por el trabajador actor, aquí quejoso.********************Siendo así que mediante laudo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable dictó laudo en el que en su segundo punto resolutivo condenó a la parte demanda, a reinstalar al trabajador actor********************, en la misma forma y términos en los que se venía desempeñando y, pagar en su favor la cantidad de $265,224.13 (doscientos sesenta y cinco mil doscientos cuatro pesos 13/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año dos mil trece, prima vacacional y aguinaldo de los años dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, y proporcional del año dos mil dieciséis, despensa de los años dos mil ocho, dos mil dieciséis, pago de ajuste fiscal correspondientes a los años dos mil nueve y dos mil quince, dejándose a salvo los derechos actor respecto del pago de ajuste fiscal del año dos mil dieciséis.********************El catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, el actor, a través de su apoderado, presentó escritos en los que solicitó al tribunal señalara fecha y hora para su reinstalación; requiriera de pago al enjuiciado; y, girara oficio recordatorio a BBVA Bancomer para que diera cumplimiento al oficio TCA/PRES/111/2018; a lo que el diez de marzo de dos mil veintidós la responsable reservó proveer lo conducente, una vez resolviera lo relativo a la prescripción.********************Mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la parte demandada interpuso incidente de prescripción de ejecución de laudo, el cual fue admitido por la autoridad responsable el diez de marzo de dos mil veintidós, por lo que se señaló fecha para la audiencia incidental.********************En fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia incidental, dejándose los autos para emitir resolución, por lo que el cinco de junio de la presente anualidad, declaró procedente el incidente sobre prescripción de laudo interpuesto por la parte demandada, ordenando el archivo del juicio de origen.********************SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.".********************OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. ********************La parte quejosa aduce esencialmente que la resolución reclamada consistente en la resolución interlocutoria de cinco de junio del año en curso dictada en el juicio laboral 622/2013, es violatoria de su derechos fundamentales, en atención a que la autoridad responsable declaró procedente el incidente de prescripción de la ejecución del laudo aplicando supletoriamente, de manera incorrecta, el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, pese a que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios no contempla la institución de la prescripción de la ejecución de los laudos.********************Aunado a que el citado artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo, establece que la prescripción se interrumpirá por la sola presentación de cualquier escrito ante la autoridad para lograr la ejecución del laudo, lo que, dice, así aconteció, dado que el catorce de agosto de dos mil diecinueve y el once de diciembre de dos mil veinte, presentó por conducto de su apoderado, sendas promociones en la que solicitó fecha para llevar a cabo la reinstalación en su trabajo y se requiera a la demandada el pago de la cantidad de $551,541.29 (quinientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y un pesos 29/100 moneda nacional); no obstante, la responsable no emitió acuerdo al respecto.********************De ahí que desde la presentación de la última promoción hasta el día de la presentación del incidente no habían transcurrido los dos años que establece el numeral 519, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.********************Ello a más de que la autoridad responsable cambió su domicilio y no notificó a las partes, por lo que, dice, aun cuando no hubiera presentado la promoción citada, el plaza se encontraba interrumpido ante la falta de la notificación precisada.********************En relación con la omisión de acordar los escritos de catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, afirma que es contraria a los derechos fundamentales de seguridad, certeza jurídica y celeridad; máxime que estaban dirigidos a solicitar la ejecución del laudo y, por ende, interrumpían la prescripción.********************Ahora bien, como se adelantó, el concepto de violación vertido por la parte quejosa es fundado, una vez que se suple en su deficiencia como lo prevé el artículo 79, fracción V, de la Ley Amparo.********************El artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, autoriza a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes reglamentarias de su diverso precepto 123, apartado B, que rigen las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores.********************Por su parte, de los numerales 1, 8, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo que interesa, se desprende que la ley burocrática local es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio de esta entidad federativa y los municipios que la conforman.********************Así pues, tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo, la citada legislación prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos, acorde a su numeral 8°.********************Que en la ley burocrática estatal se regula la figura de la prescripción, estableciendo una serie de supuestos en los que procede y los términos correspondientes (un mes, dos meses, dos años); los casos en que no opera la prescripción; así como las reglas para la interrupción y la forma en que deberán contarse los meses y los días del término para prescribir.********************En el tema que nos ocupa, se advierte que los artículos 85 y 86 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, prevé las hipótesis de prescripción, a saber: ********************"ARTICULO 85. Prescriben: ********************I. En un mes: ********************a) Las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el trabajador no reúna los requisitos necesarios para un empleo o cargo de que se trate, o no demuestre en forma fehaciente tener la capacidad o aptitud que para el cargo se requiera; y, ********************b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que haya dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo. ********************II. En dos meses: ********************a) En caso de despido o suspensión injustificadas, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión; ********************b) En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida; y, ********************c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas.****************************************ARTICULO 86. Prescriben en dos años: ********************I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo; y,********************II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo."****************************************Ello, a diferencia de los artículos 516, 517, 518 y 519 de la Ley Federal del Trabajo, que estipulan los supuestos para la prescripción: ********************"Artículo 517. Prescriben en un mes: ********************Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y ********************Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.********************(.)"****************************************"Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo****************************************(.)".****************************************"Artículo 519. Prescriben en dos años:********************I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; ********************II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y ********************III. Las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal y de los convenios celebrados ante éste.********************(.)"********************De donde se infiere que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, a diferencia de la legislación obrera federal, no prevé la prescripción de dos años respecto de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos.********************Lo cual, en el punto específico que interesa, no puede estimarse como una omisión o vacío legislativo que haga necesaria la aplicación de normas para solucionar la controversia, pues nuestro Máximo Tribunal aclara en relación con este requisito, para aplicar supletoriamente un ordenamiento, no es válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir.********************En este contexto, debe tenerse en cuenta que los laudos, por sí mismos, al causar ejecutoria, son fuentes de derechos y obligaciones para las partes que litigaron.********************Entonces, no es necesario que en ese aspecto se suplan disposiciones de la ley burocrática local, pues de un laudo condenatorio que ha causado ejecutoria nacen derechos y obligaciones para los litigantes y puede llevarse a cabo su ejecución de conformidad con los artículos relativos de la propia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, como son los diversos 119, 120 y 121.********************En estas circunstancias, puede concluirse que el legislador no tuvo intención de establecer esa figura para tal caso específico.********************Por ello, se estima que si bien es cierto la prescripción es una institución jurídica de orden público, acogida por nuestro derecho en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos; también lo es que el tema específico no fue contemplado por el legislador local, aunque sí para otros casos, con lo cual se advierte la intención de proteger de manera especial los derechos de los trabajadores.********************Excluyendo la aplicación supletoria de leyes tratándose de laudos que hayan condenado a la reinstalación y el pago de salarios caídos, porque de darse esa figura jurídica perdería su fuerza legal la obligación impuesta para las instituciones en tales casos específicos, convirtiéndose en letra muerta la disposición que expresamente estableció el legislador local sobre el particular, en detrimento de los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios.********************De tal suerte que no es dable la supletoriedad del artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, respecto de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, so pena de contrariar el sistema normativo previsto en este último ordenamiento legal.********************Pues se le estaría privando de la congruencia que se advierte entre la omisión de regular la prescripción de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos, y la obligación impuesta a las instituciones de reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieran separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado.********************Interpretación que, además, es mayormente protectora de los derechos establecidos a favor del trabajador en el laudo; por ello es preferible acudir a ella, en atención al principio pro operario y la cláusula de interpretación pro persona, que subyace del artículo 1° Constitucional.********************Sirve de sustento la tesis aislada XI.2o.A.T.13 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes:********************Registro digital: 2019673********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Décima Época********************Materias(s): Laboral********************Tesis: XI.2o.A.T.13 L (10a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2092********************Tipo: Aislada****************************************"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO QUE CONDENA A LA REINSTALACIÓN Y AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS. AL NO PREVERSE ESA HIPÓTESIS EN LA LEY RELATIVA, EL ARTÍCULO 519, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE. El artículo 8o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, prevé la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, entre otros ordenamientos. Asimismo, en sus artículos 84 a 89, regula la figura de la prescripción y, específicamente, el artículo 86 establece dos hipótesis de prescripción en el término de dos años, a saber: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo; y, II. Las acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgo de trabajo. Por su parte, el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo dispone que prescriben en el mismo término: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgos de trabajo; y, III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. De ello se advierte que, a diferencia de esta ley, aquélla no prevé la prescripción respecto de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos, lo cual no puede estimarse como una omisión o vacío legislativo que haga procedente la aplicación de normas para solucionar la controversia, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), determinó que para la aplicación supletoria de las leyes, es ilegal atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir, pues en el caso, la ley burocrática local en su artículo 35, fracción III, prevé las obligaciones de las instituciones, entre ellas, la de reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieran separado y ordenar el pago de los salarios caídos a que fueren condenadas por laudo ejecutoriado. En este contexto, debe considerarse que los laudos, por sí mismos, al causar ejecutoria, son fuente de derechos y obligaciones para las partes, de suerte que aquella disposición resultaría en una redundancia, porque de un laudo condenatorio que ha causado ejecutoria nacen derechos y obligaciones para los litigantes, lo que hace innecesaria una disposición de esa naturaleza, cuando una vez firme aquél, puede ejecutarse, de conformidad con los artículos 119 a 121 de la propia ley. En estas circunstancias, si el legislador del Estado de Michoacán no estableció como un supuesto de prescripción el de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos y, en cambio, expresamente dispuso como obligación de las instituciones la de reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales hubieran sido separados y ordenar el pago de los salarios caídos a que fueren condenados por laudo ejecutoriado, se concluye que no tuvo la intención de establecer esa figura para el caso específico, con lo cual se advierte la intención de proteger los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, consagrados en el artículo 123, apartado B, fracción XI (sic), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley y, que en caso de separación injustificada, tendrán derecho a la reinstalación en su trabajo o a la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal, excluyendo la aplicación supletoria de leyes tratándose de laudos que hayan condenado a la reinstalación y al pago de salarios caídos, porque de admitirse la prescripción, perdería su fuerza legal la obligación impuesta para las instituciones en esos casos".********************En tal virtud, al resultar de mayor beneficio esta parte de su concepto de violación, es innecesario en análisis de los restantes.********************En esa tesitura, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al trabajador quejoso, contra el acto que reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, para el efecto de que:********************Deje insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ordinario laboral 622/2013, que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución del laudo; ********************En su lugar dicte otra en la que, tomando en consideración las razones expuestas en esta ejecutoria, declare improcedente el incidente relativo; y, ********************Se pronuncie expresamente sobre las peticiones formuladas por el quejoso, en los escritos presentados el catorce de agosto de dos mil diecinueve y once de diciembre de dos mil veinte, virtud de haber resultado improcedente la prescripción propuesta.********************Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye solo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria.********************Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio:********************"MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria."********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************en contra de los actos reclamados precisados en el considerando tercero al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando último.********************Notifíquese personalmente. ********************Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante el licenciado Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe hasta el día de hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés en que las labores lo permitieron. Doy fe. IafgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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