Miguel Castrejón González

Expediente 634/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
634/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • Miguel Castrejón González

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 384/2017-C signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1483/2015-III, asimismo remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 1367/2016, a través de la cual confirmó la sentencia recurrida. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente, y se provee lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Ahora bien, en el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda -vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince-, así como de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas legislaciones del Estado de Morelos, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda -vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince-, así como los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Morelos. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos folios 2332018 y P2-4260, expedidos los dos primeros por la Secretaría de Hacienda y el último por la Tesorería municipal de Jiutepec, Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa los pagos que realizó por $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional estatal y $2,230.00 (dos mil doscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de impuesto adicional municipal. En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa los citados pagos que realizó debidamente actualizados, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria." En consecuencia, se procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de impuesto adicional estatal, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (veintiséis de agosto de dos mil quince) y a la fecha del presente requerimiento (nueve de mayo de dos mil diecisiete), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) MARZO 2017 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO JULIO 2015 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 126.087 / ??116.128 = 1.085758817856159 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $160.00 X 1.085758817856159 = $ 173.72 Asimismo, se procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de impuesto adicional municipal, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (veintiocho de agosto de dos mil quince) y a la fecha del presente requerimiento (nueve de mayo de dos mil diecisiete), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) MARZO 2017 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO JULIO 2015 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 126.087 / ??116.128 = 1.085758817856159 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $2,230.00 X 1.085758817856159 = $ 2,421.24 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (Jorge Michel Luna), para que dentro del término de quince días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad debidamente actualizada de $173.72 (ciento setenta y tres pesos 72/100 moneda nacional), y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos (Cerli Elizabeth Barón Armenta), para que dentro del término de quince días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad debidamente actualizada de $2,421.24 (dos mil cuatrocientos veintiún pesos 24/100 moneda nacional), y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acrediten con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de quince días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos (Graco Luis Ramírez Garrido Abreu), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Asimismo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos (José Manuel Agüero Tovar), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jiuetepc, Morelos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se les impondrá a cada uno la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días Unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que pueden incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve Miguel Castrejón Rosas en representación de Miguel Castrejón González, contra actos de la Dirección General del Centro Federal de Reinserción Social número 13 de Oaxaca; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 634/2017-II que por orden le corresponde. El promovente señala que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS Oaxaca. Asimismo, reclama la atención médica adecuada que requiere por una negligencia médica, puesto que puede costarle su salud y su vida. En atención a lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario trascribir el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo citado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquel/os que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo trascrito, másque una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución da la autoridad que hubiese emitido esa resolución como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que Ia responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. Ahora bien, en la demanda de amparo, el promovente combate la atención médica adecuada que requiere por una negligencia médica, puesto que puede costarle su salud y su vida. Así las cosas es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo primero del artículo 37, de la Ley de Amparo Vigente. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando que los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado; es decir, el Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, Oaxaca. En mérito de lo expuesto, este Juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, Oaxaca, para que resuelva sobre la competencia declinada a su favor, dejando en este Juzgado Federal cuaderno de antecedentes respectivo. De igual forma, se solicita al Juez de Distrito que conozca del presente asunto, tenga a bien acusar recibo para los efectos legales a que haya lugar. No obstante, dado que el quejoso manifiesta temor por su vida, de igual forma, se duele de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; por ende, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS QUE RECLAMA EL QUEJOSO, para el efecto de que inmediatamente cese cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada en la demanda como responsable Dirección General del Centro Federal de Reinserción Social número 13 de Oaxaca, quien deberá informar a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a esta medida. Se previene a la responsable, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia, que dice: "..Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa 193 de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;." A fin de evitar dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 28 fracción III, de la ley de Amparo, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhortos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a efecto de que se constituya en el domicilio de la Dirección General del Centro Federal de Reinserción Social número 13 de Oaxaca, para que le entregue el oficio 18160/2017 relativo al presente proveído; solicitando de la manera más atenta, remita las constancias de dicha notificación. Por otra parte, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 13 CPS Oaxaca, por lo que se deduce que se trata del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones. En aras de una pronta impartición de justicia, para no demorar el envío del asunto al juez que se estima competente, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación por lista a la parte quejosa, máxime que el artículo 26 de la ley de la materia, no establece que el auto de incompetencia, indefectiblemente deba ser notificado de manera personal. Notifíquese.

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