Miguel Carpio Brito

Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
86/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Miguel Carpio Brito

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Feneció término legal. Visto el contenido de la certificación que antecede se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente ******************** es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación secretarial y el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el término legal concedido a la parte quejosa en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, sin que se haya presentado promoción alguna con la que hubiese dado total cumplimiento a la prevención formulada en el presente juicio de amparo. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 86/2022-IV. Es válida la demanda de amparo recibida vía electrónica, toda vez que la misma cuenta con firma electrónica FIREL del promovente y por ende, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, en concordancia con la fracción V, del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Personería del promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a Juan Ángeles Reséndiz, como apoderado legal del quejoso Miguel Carpio Brito, personalidad que acredita con copia de la diligencia de testimoniales que se llevó a cabo el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente 42/2020-5 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tecate, Baja California, que exhibe. Documental que al haber sido presentada a través del sistema electrónico, carece de firma autógrafa; sin embargo, ya que las mismas fueron presentadas por la promovente bajo protesta de decir verdad en cuanto a su contenido; de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción IV del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo de propio consejo, de momento se estima suficiente para acreditar la personalidad con la cual se ostenta el promovente. Requerimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para traslado a las partes realice lo siguiente: Amplíe los antecedentes del acto reclamado, esto es, que señale la fecha en que se admitió la prueba confesional, así como el informe de autoridad cuya omisión de desahogar reclama, ello dentro del expediente 42/2020-5, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tecate, Baja California, toda vez que fue omiso en señalarlo y es necesario para verificar la procedencia del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.1º.3 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con número de registro 2018493, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Sustenta a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 8/2017 de la 10ª Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro y contenido dice: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Señalamiento de autorizadas. Por otro lado, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Andrea Mariel Soto Romero y Rossio Guadalupe Cruz Vivas, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y constancias que se glosan. Consulta de expediente y notificaciones electrónicas. Dado que la parte quejosa solicita la tramitación, acceso y consulta a través del sistema electrónico y que las notificaciones se le hagan de manera electrónica; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. De igual manera, dado que se autoriza la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 55 del mencionado Acuerdo General, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones generadas en el presente asunto se hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por la vía electrónica a través de los usuarios "juan_angeles", "andrea_soto" y "Rossio_vivas" respecto de aquellos acuerdos que ameriten notificación personal. Para lo cual, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico, para los usuarios "juan_angeles", "andrea_soto" y "Rossio_vivas" Datos de contacto. Ahora, en relación al correo electrónico y números de teléfono que señala, se hace saber a la parte quejosa que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de los mismos, a través de los cuales única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, sin que sea dable tenerlos como medio de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no los establece como tal, de ahí que serían nulas las notificaciones que sean realizadas por esos medios. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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