Miguel Carmona Dávila
Expediente 811/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Carmona Dávila
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 12 de la Agencia "C" de la Coordinación de Investigación de Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
MESA II. Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de veintiocho de octubre pasado, por el que se desechó la demanda, transcurrió para la parte quejosa del diez al diecisiete de noviembre actual, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la legislación reglamentaria, se ordena archivar el presente asunto como concluido.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo signada por ***, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Doce de la Agencia "C" de la Coordinación de Investigación de Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 20 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 811/2021-II-A, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que ***, reclama lo siguiente: LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PERMITIR AL QUEJOSO EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGAICÓN ***. Sentado lo anterior, la suscrita advierte que respecto a la demanda que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Así, hecho un análisis integral de la demanda de cuenta y documentales anexas en copia, se desprenden los siguientes antecedentes: El cinco de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión número 12, dentro de la carpeta judicial ***, libró orden de cateo en el domicilio ***, de esta Ciudad de México, solicitada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación del delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (carpeta de investigación ***); el cual se ejecutó. El seis de octubre del año en curso, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a ***, posteriormente lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de Alto Impacto de la Fiscalía de Investigación del delito de Secuestro, quién ordenó el inicio de la carpeta de investigación ***, por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control adscrito a la unidad de gestión judicial nueve, dentro de la carpeta judicial ***, celebró la audiencia inicial. El trece siguiente, se celebró la continuación de la audiencia inicial, en la que el defensor particular de Miguel Carmona Dávila, le solicitó al Juez de Control se le diera acceso a la carpeta de investigación ***; en respuesta, el juez ordenó que le dieran acceso. Ahora, el quejoso *** (privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte) le atribuye al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 12 de la Agencia "C", de la Fiscalía de Investigación del delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el acto reclamado consistente en la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ***, que dio origen a la carpeta judicial ***, del índice del Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión número 12. Primeramente, es conveniente destacar que el procedimiento penal se divide en tres etapas, tal como lo establece el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se trascribe a continuación: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" Procedimiento en el que se decanta una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Por tanto, el acto que señala el quejoso como negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación CI-FIDDS/D/UI-UNIDAD 19/00028/05-2021, es de los que se realizan en la primera fase del procedimiento, esto es, la de investigación, y concretamente en el caso, la complementaria, la cual surge a partir de la formulación de la imputación y se agota una vez cerrada la investigación por parte del Juez de la causa. Así, con relación a lo anterior, es de acotarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, correlativo con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Conforme a tales preceptos se evidencia que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Entonces, en concordancia con los numerales invocados, es menester señalar en lo conducente lo dispuesto por los diversos artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que mencionan: CONSTITUCIÓN POLÍTICA "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]" CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." De lo trascrito, se advierte que a la institución del Ministerio Público, por mandato constitucional le corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (salvo los casos de la acción penal privada), lo cual es reiterado en la ley secundaria procesal, al estatuir que es el encargado de conducir la investigación, ordenando al efecto las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales; por lo que, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. De ahí que, para efectos del juicio de amparo, no le revista el carácter de autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad 12 de la Agencia "C", de la Fiscalía de Investigación del delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en cuanto al acto que pretende impugnar en esta vía; pues, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado con tal calidad, en el caso que nos ocupa. Ello al atender que, una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase (ya ejecutivos u omisivos), el juicio de control constitucional es improcedente. En efecto, la intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de Control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado. Lo anterior, se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. Bajo este contexto, se tiene que desde la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, al Ministerio Público le reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad. Entonces, la omisión de acordar los escritos fechados el dieciocho y diecinueve de agosto pasado, así como uno diverso sin fecha, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en síntesis, por las razones siguientes: a) Se trata de un acto posterior a la audiencia inicial, etapa donde el Ministerio Público (ahora señalado como responsable), ya ha judicializado la carpeta de investigación, y el Juez de Control respectivo le ha otorgado un número de carpeta judicial, en cuyo procedimiento tanto el Ministerio Público y el imputado ahora son partes procesales, mientras que el juzgador respectivo (Juez de Control adscrito a la unidad de gestión judicial nueve), es la autoridad que rige la carpeta judicial, esto es, funge como rector del citado procedimiento penal. b) No es un acto unilateral ni obligatorio, ello toda vez que sólo afecta un derecho adjetivo o intraprocesal, y no uno sustantivo de manera directa. En este sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede entonces atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el Juez de Control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión y la reapertura -incluso- de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ***, durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, como se sostiene, el representante social ya no actúa en forma unilateral, pues su actuar dentro de la referida etapa de investigación complementaria está sujeto ahora a la rectoría judicial. En conclusión, el acto de negativa puesto a consideración de este órgano de control constitucional, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del asunto, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, y en el caso, como se lleva dicho, carece de las características que lo dotan como tal, esto es, unilateralidad, imperio y coercitividad. Por tanto, lo que procede es desechar la demanda de amparo propuesta, acorde a lo estatuido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en concordancia con lo estatuido en los diversos numerales 61, fracción XXIII y 5°, fracción II, de dicha legislación. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. Asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico relativo al asunto que nos ocupa, en el Sistema de Seguimientos de Expedientes (SISE), a través del usuario "sandra.colin", que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, licenciada Sandra Colín Ibarra. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA ... JUICIO EN LÍNEA ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES ... EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ..
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