Miguel Campos Gómez
Expediente 1256/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2022
Partes del expediente
- Miguel Campos Gómez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que es procedente pero infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual registró con el toca Q.A. 219/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de signado por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, hace del conocimiento su auto de nueve de noviembre del presente año, donde medularmente informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ************** en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, mismo que registró bajo el número de queja 219/2021. Se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar, quedando en espera de la determinación que corresponda. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Recurso de Queja Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado vía electrónica por **************, por propio derecho, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99 al 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de que se trata, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este juzgado emitió el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, en el que se formuló el desechamiento de plano de la demanda de amparo, que dio origen a este asunto, con base en los fundamentos y motivos ahí expresados. Remisión electrónica del recurso. Con la finalidad de racionalizar recursos materiales y aprovechar el uso de la tecnología, se ordena remitir inmediatamente vía electrónica el escrito de agravios y las constancias relativas al presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que la Superioridad esté en posibilidad de emitir la resolución correspondiente. Se informa al Tribunal que el acuerdo impugnado es localizable en el portal de intranet. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de cuenta suscrita por ************, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1256/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial desechamiento. Del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El referido artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de Distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 196196, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, la parte quejosa impugna la expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en específico la omisión de proveer su actualización conforme al salario mínimo general vigente, respecto de las publicaciones en el citado medio oficial de diez de enero de los años de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. Al respecto, con apoyo en lo que disponen los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la ley de la materia, este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo, en virtud de que el acto impugnado resulta extemporáneo. El contenido de los artículos indicados es el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La causa de improcedencia establecida en los preceptos invocados parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Así, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual será contado a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento; c) Al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En efecto, el artículo 18 de la Ley de Amparo hace tres distinciones para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que el inicio del cómputo para promover el juicio constitucional comienza a partir de que indistintamente el quejoso haya sido legalmente notificado del acto reclamado, o de que haya tenido conocimiento de su contenido o ejecución, o de que se hubiese ostentado sabedor de alguno de éstos, sin guardar orden de prelación de su acontecimiento. En este contexto, es válido concluir que de darse cualquiera de los tres supuestos anteriores, si no se acude a solicitar la protección de la Justicia Federal dentro del plazo legal establecido, resulta improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva posteriormente. Ahora bien, del capítulo relativo a los antecedentes de los actos reclamados, así como de las documentales que exhibió como pruebas, se desprende que la parte promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que su concesión de pensión con folio ISSSTE: ************* de uno de enero de dos mil diecinueve, signada por el Delegado Regional en la Zona Sur del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le fue notificada el veintiséis de abril del citado año, tal como se advierte del acuse de recibo correspondiente (foja 21), de la que se advierte el primer acto de aplicación de la norma impugnada porque en dicho documento se hace del conocimiento del quejoso que dicha concesión de pensión estará sujeta a revisión en cualquier tiempo, en términos del artículo 50 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sujeta a verificación en relación a las posibles incompatibilidades y compatibilidades de pensiones, en el de que la suma de éstas últimas no podrá exceder el tope pensionario establecido en los artículos 12, 60 y Quinto Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos el Régimen de los Trabajadores del Estado, en relación con los diversos artículos 3, fracción III, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, ya que ese día se le notificó su concesión de pensión. La confesión expresa de la parte quejosa acerca de que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, constituye prueba plena de ese hecho en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En este sentido, si el quejoso tuvo conocimiento del acto impugnado y/o se ostentó sabedor desde el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dicha situación evidencia que ha transcurrido -en exceso- el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de amparo; lo anterior, en virtud de que el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno (foja 2); de aquí que, su plazo transcurrió del treinta de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, sin contar los días uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo del citado año, por haber sido días inhábiles y días no laborables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la ley de la materia, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, es innegable que se hizo fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se ordena hacer las anotaciones en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual forma, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en dicho sistema. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
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