Miguel Bolivar Ruiz Ruiz
Expediente 2049/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2049/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/12/2016
Partes del expediente
- Miguel Bolivar Ruiz Ruiz
- Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial Villaflores, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ROSA NELY GORDILLO REYEZ, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCEN DICE: ...El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable revocó la libertad provisional bajo caución, ordenó la reaprehensión del quejoso y determinó que el monto exhibido por concepto de obligaciones procesales se hiciera efectivo (foja 381 del anexo). dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, no resulta necesario analizar si la responsable se apegó a los lineamientos de la ejecutoria correspondiente, al haber quedado superada con el dictado del auto de libertad, porque ubicó al quejoso en la situación de hecho que guardaba antes de que se emitiera el auto de formal prisión reclamado, con lo que se les restituyó en el goce de sus derechos; por tanto, se DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Asimismo, giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado, por conducto del representante social adscrito al juzgado responsable, para que a su vez lo hiciera llegar al Jefe de la Policía Especializada y de inmediato se avocara al cumplimiento de la orden de comparecencia girada en contra de ***, cuidando en todo momento, bajo su más estricta responsabilidad el uso excesivo de la fuerza y respetando los derechos fundamentales del inculpado. Por otra parte, instruyó al Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la nueva resolución. Ante ello, la Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Coro, Chiapas, remitió copias certificadas del proveído de nueve de octubre del actual, deducido de la causa penal ********************, de su índice contenido en el oficio dirigido al Procurador de Justicia General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que le ordenó la comparencia de ***. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Finalmente, de autos se advierte que la Minissterio ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ROSA NELY GORDILLO REYEZ, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCEN DICE: ...El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable revocó la libertad provisional bajo caución, ordenó la reaprehensión del quejoso y determinó que el monto exhibido por concepto de obligaciones procesales se hiciera efectivo (foja 381 del anexo). dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, no resulta necesario analizar si la responsable se apegó a los lineamientos de la ejecutoria correspondiente, al haber quedado superada con el dictado del auto de libertad, porque ubicó al quejoso en la situación de hecho que guardaba antes de que se emitiera el auto de formal prisión reclamado, con lo que se les restituyó en el goce de sus derechos; por tanto, se DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Asimismo, giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado, por conducto del representante social adscrito al juzgado responsable, para que a su vez lo hiciera llegar al Jefe de la Policía Especializada y de inmediato se avocara al cumplimiento de la orden de comparecencia girada en contra de ***, cuidando en todo momento, bajo su más estricta responsabilidad el uso excesivo de la fuerza y respetando los derechos fundamentales del inculpado. Por otra parte, instruyó al Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la nueva resolución. Ante ello, la Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Coro, Chiapas, remitió copias certificadas del proveído de nueve de octubre del actual, deducido de la causa penal ********************, de su índice contenido en el oficio dirigido al Procurador de Justicia General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que le ordenó la comparencia de ***. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Finalmente, de autos se advierte que la Minissterio ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 23146 (fojas 99-105), la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] la ilegal e inconstitucional orden de aprehensión o reaprehensión. [.]" Ahora bien, mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el dos de diciembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] "Deje insubsistente la orden de reaprehensión de siete de septiembre de dos mil dieciséis dictada en contra del quejoso, incluyendo todos sus efectos y consecuencias subsecuentes. Tal concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad 3. Jefe de Grupo de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en Villacorzo, Chiapas, ya que el mismo no se impugna por vicios propios, sino que se hacen derivar del reclamado a la autoridad ordenadora, debiendo seguir por tanto la misma suerte". [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 23146 (fojas 99 a 105), la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del proveído de ocho de diciembre del actual (fojas 102-105), emitido dentro de la causa penal 375/2012 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, realizó lo siguiente: * Dejó sin efecto y valor legal el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó la orden de reaprehensión del aquí quejoso ********************, como probable responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de las menores cuyos nombres se omiten para proteger su identidad, representados por Rosa Nely Gordillo Reyes. *En resolución de ocho de diciembre del actual, determinó cancelar la orden de reaprehensión librada en contra del citado quejoso, toda vez que si bien es cierto que obra en autos de la causa penal 375/2012, el informe de once de julio de dos mil dieciséis, el actuario de su adscripción informó que el peticionario de amparo faltó a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución el día nueve de julio del presente año; lo es también, que dicho informe no es válido, dado que lo realizó sin estar facultado legalmente, toda vez que el citado actuario no es apto ni suficiente para concluir la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el quejoso, . Con ese reporte se dio cuenta en la causa penal de origen y el juez responsable, tomando como base dicha constancia, concedió al quejoso el término de cinco días para que justificara su inasistencia, caso contrario le revocaría el beneficio del que gozaba y ordenaría su reaprehensión, previa vista al representante social (foja 369 del anexo). Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, al no haber cumplido el quejoso con lo ordenado, dio vista al Ministerio Público de su adscripción para que manifestara lo que a su representación social conviniera; en el acto de la notificación solicitó se librara la orden de reaprehensión, por incumplimiento de obligaciones (foja 378 del anexo). El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable revocó la libertad provisional bajo caución, ordenó la reaprehensión del quejoso y determinó que el monto exhibido por concepto de obligaciones procesales se hiciera efectivo (foja 381 del anexo). dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, no resulta necesario analizar si la responsable se apegó a los lineamientos de la ejecutoria correspondiente, al haber quedado superada con el dictado del auto de libertad, porque ubicó al quejoso en la situación de hecho que guardaba antes de que se emitiera el auto de formal prisión reclamado, con lo que se les restituyó en el goce de sus derechos; por tanto, se DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Asimismo, giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado, por conducto del representante social adscrito al juzgado responsable, para que a su vez lo hiciera llegar al Jefe de la Policía Especializada y de inmediato se avocara al cumplimiento de la orden de comparecencia girada en contra de Jhovanny Alexander Hernández Pérez, cuidando en todo momento, bajo su más estricta responsabilidad el uso excesivo de la fuerza y respetando los derechos fundamentales del inculpado. Por otra parte, instruyó al Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la nueva resolución. Ante ello, la Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Coro, Chiapas, remitió copias certificadas del proveído de nueve de octubre del actual, deducido de la causa penal ********************, de su índice contenido en el oficio dirigido al Procurador de Justicia General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que le ordenó la comparencia de Jhovanny Alexander Hernández Pérez. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Finalmente, de autos se advierte que la Minissterio ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 23146 (fojas 99-105), la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] la ilegal e inconstitucional orden de aprehensión o reaprehensión. [.]" Ahora bien, mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el dos de diciembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] "Deje insubsistente la orden de reaprehensión de siete de septiembre de dos mil dieciséis dictada en contra del quejoso, incluyendo todos sus efectos y consecuencias subsecuentes. Tal concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad 3. Jefe de Grupo de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente en Villacorzo, Chiapas, ya que el mismo no se impugna por vicios propios, sino que se hacen derivar del reclamado a la autoridad ordenadora, debiendo seguir por tanto la misma suerte". [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 23146 (fojas 99 a 105), la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del proveído de ocho de diciembre del actual (fojas 102-105), emitido dentro de la causa penal 375/2012 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, realizó lo siguiente: * Dejó sin efecto y valor legal el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó la orden de reaprehensión del aquí quejoso ********************, como probable responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de las menores cuyos nombres se omiten para proteger su identidad, representados por Rosa Nely Gordillo Reyes. *En resolución de ocho de diciembre del actual, determinó cancelar la orden de reaprehensión librada en contra del citado quejoso, toda vez que si bien es cierto que obra en autos de la causa penal 375/2012, el informe de once de julio de dos mil dieciséis, el actuario de su adscripción informó que el peticionario de amparo faltó a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución el día nueve de julio del presente año; lo es también, que dicho informe no es válido, dado que lo realizó sin estar facultado legalmente, toda vez que el citado actuario no es apto ni suficiente para concluir la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el quejoso, . Con ese reporte se dio cuenta en la causa penal de origen y el juez responsable, tomando como base dicha constancia, concedió al quejoso el término de cinco días para que justificara su inasistencia, caso contrario le revocaría el beneficio del que gozaba y ordenaría su reaprehensión, previa vista al representante social (foja 369 del anexo). Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, al no haber cumplido el quejoso con lo ordenado, dio vista al Ministerio Público de su adscripción para que manifestara lo que a su representación social conviniera; en el acto de la notificación solicitó se librara la orden de reaprehensión, por incumplimiento de obligaciones (foja 378 del anexo). El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable revocó la libertad provisional bajo caución, ordenó la reaprehensión del quejoso y determinó que el monto exhibido por concepto de obligaciones procesales se hiciera efectivo (foja 381 del anexo). dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, no resulta necesario analizar si la responsable se apegó a los lineamientos de la ejecutoria correspondiente, al haber quedado superada con el dictado del auto de libertad, porque ubicó al quejoso en la situación de hecho que guardaba antes de que se emitiera el auto de formal prisión reclamado, con lo que se les restituyó en el goce de sus derechos; por tanto, se DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Asimismo, giró oficio al Procurador General de Justicia del Estado, por conducto del representante social adscrito al juzgado responsable, para que a su vez lo hiciera llegar al Jefe de la Policía Especializada y de inmediato se avocara al cumplimiento de la orden de comparecencia girada en contra de Jhovanny Alexander Hernández Pérez, cuidando en todo momento, bajo su más estricta responsabilidad el uso excesivo de la fuerza y respetando los derechos fundamentales del inculpado. Por otra parte, instruyó al Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la nueva resolución. Ante ello, la Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Coro, Chiapas, remitió copias certificadas del proveído de nueve de octubre del actual, deducido de la causa penal ********************, de su índice contenido en el oficio dirigido al Procurador de Justicia General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que le ordenó la comparencia de Jhovanny Alexander Hernández Pérez. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Finalmente, de autos se advierte que la Minissterio ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente.
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