Miguel Betancourt Ramírez

Expediente 313/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
313/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2016

Partes del expediente

  • Miguel Betancourt Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (fojas 41 a 46), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos de los Magistrados que integran la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la ley en consulta, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando los autos originales del toca familiar ********************, y expediente ********************, que anexó la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, a su informe justificado; en tal virtud, hágase la devolución de los mismos a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Miguel Betancourt Ramírez, informe justificado de la responsable, cédula de notificación al tercero interesado, autos originales del toca familiar 380/2015, y expediente 145/2014-I. En términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, 103 y 107 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana, se acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 313/2016, y fórmese expediente. En virtud de las constancias que dicha responsable anexó a su informe justificado y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmense por separado dos legajos de pruebas, conservando cada uno su número de folio correspondiente. Analizada la demanda de garantías en su integridad, la suscrita juzgadora advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, el peticionario del amparo aduce como tal el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida por la autoridad señalada como responsable ordenadora en el Toca Familiar número 380/2015." Asimismo, en los antecedentes de su acto reclamado, manifiesta: 1.- Con fecha 17 de febrero del año 2014, el suscrito fui encausado con la demanda de Pensión Alimenticia propuesta por la ahora señalada como Tercera Interesada YAZMIN ADRIANA APARICIO SÁNCHEZ; en aquel juicio natural número 145/2014-1 que se tramita en el Juzgado Segundo del Ramo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, al admitirse la demanda se estableció como Medida Provisional una pensión del 50% (cincuenta por ciento) que se descuenta al aquí quejoso sobre las percepciones netas mensuales, lo que se refleja en los pagos de salario en cada quincena del suscrito. [.] 3.- Seguida sus etapas procesales del juicio ordinario natural, con fecha cinco de agosto del año dos mil quince, se dictó Sentencia en el citado juicio de Pensión Alimenticia, en aquella sentencia se estableció modificar la Medida Provisional decretada; ordenándose fijar en sentencia el descuento del 45% (cuarenta y cinco por cinco), que debe descontarse al suscrito ahora quejoso en concepto de pensión alimenticia en forma mensual. 4. Inconforme el ahora quejoso y la tercero interesada, propusimos recurso ordinario llamado de apelación en contra de la sentencia mencionada, el cual fue resuelto con fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, por los integrantes de la Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Génesis del presente juicio de amparo.- la que se considera que se lesiona en perjuicio del suscrito ahora quejoso." En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 113, 171 y 172, fracción III, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por el peticionario del amparo, consiste en la resolución de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el toca familiar 380/2015, derivada del juicio especial de alimentos 145/2014, promovido por Yazmin Adriana Aparicio Sánchez, en contra de Miguel Betancourt Ramírez, mediante la cual en el segundo punto resolutivo dejó insubsistente el último apartado del auto dictado el veintitrés de junio de dos mil quince, específicamente en donde la juzgadora citó a las partes a oír sentencia y el fallo definitivo de cinco de agosto de dos mil quince, dictados por la Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo y ordenó la reposición del procedimiento para que desahogue las siguientes actuaciones: "Se hace necesario se requiera a la actora Yazmín Adriana Aparicio Sánchez, para que manifieste si en la actualidad el menor recibe atención médica y el diagnóstico que actualmente cursa. Lo anterior, para efectos de que si el menor que se trata sigue padeciendo la enfermedad diagnosticada, se giren atentos oficios a los especialistas que lo atienden y manifiesten el tratamiento médico que le brindan al menor Miguel Salvador Betancourt Aparicio y el gasto aproximado que se eroga para tratarlo, incluyendo los medicamentos. Por las razones expuestas, este cuerpo colegiado estima que es legítimo que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, recabe las pruebas que le permitan analizar la existencia de la actual capacidad económica real del demandado Miguel Betancourt Ramírez, entre las ya ordenadas en autos, así como las que permitan conocer respecto al estado de salud que cursa el menor Miguel Salvador Betancourt Aparicio [.]. Lo anterior, para los efectos de que si el menor de que se trata sigue padeciendo la enfermedad diagnosticada de HIPOACAUSIA LATERAL IZQ. CON HIPERACTIVIDAD DE TIPO EMOCIONAL CON AGRESIVIDAD Y DEPENDENCIA, se giren atentos oficios a los especialistas que lo atienden y manifiesten el tratamiento médico que le brindan al menor y el gasto aproximado que se eroga para tratarlo, incluyendo los medicamentos. Haciéndose necesario que se alleguen dichos elementos probatorios con el fin de respetar el debido equilibrio entre las posibilidades del deudor alimentista Miguel Betancourt Ramírez y las necesidades de los menores acreedores alimentarios Adriana Michelle, Miguel Salvador y Rafael Adrián, de apellidos Betancourt Aparicio. En ese contexto, con apoyo en los dispositivos 3 y 126 fracción VI, párrafo segundo del Código Procesal Civil vigente para el estado de Guerrero, dejó insubsistente el último apartado del auto de veintitrés de junio de dos mil quince, específicamente en donde la juzgadora citó a las partes a oír sentencia y el fallo definitivo de cinco de agosto de dos mil quince, por la violación manifiesta de la ley, toda vez que la natural no atendió la formalidad esencial del procedimiento alimentario, en donde señaló, que de oficio pudo recabar pruebas para no afectar las necesidades de los menores acreedores, ordenándose la reposición del procedimiento a efecto que se recaben los elementos de pruebas precisados. En la inteligencia que el desahogo de las anteriores probanzas no es de carácter limitativo, pudiéndose ordenar la práctica de otras, siempre y cuando se trate de investigar la verdad respecto a las cuestiones planteadas por las partes; y echo que sea, con plenitud de jurisdicción resolver el fondo del asunto con base en los elementos que arrojen las pruebas aportadas en juicio y las que se ordenó recabar. Por la declaración de insubsistencia de la sentencia definitiva que se impugnó y reposición del procedimiento que se ordena, queda vigente la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de radicación de trece de febrero de dos mil catorce, consistente en el cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones que obtenga el demandado Miguel Betancourt Ramírez en su fuente de trabajo acreditada, a favor de los menores Adriana Michelle, Miguel Salvador y Rafael Adrián, de apellidos Betancourt Aparicio, debiéndose girar el oficio correspondiente." (fojas 70 a 72 del tomo II de pruebas) Por lo que remitió los autos a la Juez natural para que desahogue las actuaciones precisadas en la misma, y hecho que sea lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva el fondo del asunto. En ese sentido, el acto antes destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por la fracción III, inciso b), del artículo 107, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dicen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de garantías procede ante un juez de distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Pues en el caso propuesto, el acto reclamado por el impetrante de garantías constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos en el desahogo de pruebas ordenadas en la sentencia de diecinueve de enero de dos mil dieciséis emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 380/2015; no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, como se dijo, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al resultado del fallo; por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte adverso, podrá reclamarla analógicamente a través del medio de impugnación correspondiente en contra de la sentencia de primer grado o por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el numeral 171 y 172, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Tiene aplicación por no contraponerse a los dispositivos de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril del año en curso, la jurisprudencia P./J. 6/94, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de mil novecientos noventa y cuatro, a página trece, de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." Así como la diversa tesis X.1o.23 C, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Mayo de 2000, a página 898, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA INDEBIDA O ILEGAL ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL." En ese contexto, es inconcuso que el acto reclamado por el impetrante de garantías, no contiene una violación que sea de imposible reparación y que por ende afecte en grado predominante o superior los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, pues de obtener sentencia favorable el solicitante del amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario -como ya se dijo- tiene expedito su derecho para alegarlo como una violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva en contra de la sentencia definitiva en la que se considere que tal violación ahora reclamada trascienda al resultado del fallo. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XVII, mayo de dos mil tres, a página mil ciento ochenta y seis, de rubro que a la voz dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualizan las causales de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el precitado artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica y como sus autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo, únicamente a Valentín Castro García, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que señala, por no tener registrada su cedula profesional en el consabido sistema computarizado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano