Miguel Avalos Mendez
Expediente 954/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Avalos Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Causa ejecutoria resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA QUE SE RESOLVIÓ: R E S U L T A N D O: ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en León, Guanajuato, turnado a este juzgado federal, M********************por su propio derecho, como albacea y en representación de los herederos de la de cujus ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que más adelante se precisarán; luego, por auto de tres de diciembre del mismo año, se registró con el número de expediente 954/********************019-IV y se desechó de plano la demanda de amparo (foja 83); determinación que fue recurrida en queja por la parte quejosa. Siendo resuelto dicho medio de impugnación en sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinte por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en el sentido de declararlo fundado (foja 106). En cumplimiento a dicha ejecutoria, en auto de trece de marzo actual se previno a la parte impetrante para que aclarara su demanda, a fin de que especificara el acto que reclamaba y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Luego, con motivo del Acuerdo General 4/********************0********************0 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se determinó suspender las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo del año en curso, a excepción de la tramitación de los asuntos urgentes establecidos en dicho acuerdo. Posteriormente, mediante Acuerdo General ********************1/********************0********************0 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levantó la suspensión previamente decretada, por lo que en auto de cinco de agosto de dos mil veinte (foja 1********************5), se reanudaron los plazos y términos, y se tuvo por recibido el escrito signado por la parte quejosa con motivo de la aclaración de demanda, y en el mismo auto se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Por último, se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 5********************fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados se ejecutaron en la ciudad de León, Guanajuato, territorio donde este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, y su escrito de aclaración, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama: Del Gobernador del Estado de Guanajuato, Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT): La omisión de cumplir con la finalidad del Decreto Expropiatorio número 001-96 de veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, y otorgar la escritura de propiedad a favor de ********************. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), por conducto de su Director General en su informe justificado negó los actos que se le atribuyen (foja 131), bajo el argumento de que dicho instituto de vivienda surgió a la vida jurídica el tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho, esto es, dos años atrás que el decreto expropiatorio a que hace alusión la parte quejosa (el cual se emitió el veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis); aunado a que en su base de datos no existe petición suscrita por el quejoso en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********************. Sin embargo, ante el hecho de que más adelante reconoce que la ahora finada presentó una petición ante dicho instituto solicitando la asignación del ********************; a la cual recayó respuesta en el sentido de declarar la improcedencia de dicha asignación; es por lo que deben tenerse por ciertos los actos a dicha autoridad reclamados. Certeza de los actos que se corrobora con las constancias que en copia certificada fueron remitidas, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 1********************9, 197 y ********************0******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral ********************º, por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Encuentra puntual aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, el Gobernador del Estado de Guanajuato por conducto de su Coordinadora General Jurídica, en su informe aceptó que no se ha otorgado escritura de propiedad a la parte quejosa y haber emitido el Decreto expropiatorio número 001-96; por tanto, se tienen por ciertos los actos omisivos que se le atribuyen. Aunado a que el Decreto expropiatorio no es objeto de prueba, acorde con lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo ********************º. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia ********************a./J. 65/********************000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja ********************60, Tomo XII, Agosto de ********************000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, en su informe de ley niega el acto de omisión atribuido, pero de sus manifestaciones se desprende que acepta que no se han emitido escrituras de propiedad a favor de la finada de ******************** o de su sucesión, además que es a ésta autoridad a quien corresponde la ejecución material del decreto expropiatorio, por tanto deben tenerse por ciertos. Es aplicable la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, consultable en la página 7, del tomo 91-96 Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación de la literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El Gobernador del Estado de Guanajuato responsable en su informe justificado mencionó la actualización de un motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional, siendo el previsto en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I, del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." La fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal de actual vigencia dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y además de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, que al ser violentado por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. Luego, aun cuando la actual redacción de la Ley de Amparo permita la promoción del juicio constitucional a través de quien ostente un interés legítimo frente a actos administrativos, lo cierto es que ello no es en todos los casos, ya que dependerá de la especial posición del gobernado frente al acto reclamado lo que provocará el tipo de interés que debe demostrar al instar la acción constitucional. En el caso que ocupa la atención, la parte quejosa en su libelo de amparo, reclama la omisión de las responsables de cumplir con la finalidad del Decreto Expropiatorio número 001-96, y otorgar las escrituras de propiedad a favor de ********************, respecto del lote número ********************de la manzana ********************de la calle ********************esquina********************de la colonia ********************. Ahora bien, a guisa de antecedentes se mencionan los siguientes: El Decreto Expropiatorio número 001-96 se emitió el veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, y fue respecto del predio que ocupa la colonia ********************del municipio de León, Guanajuato. En los antecedentes de dicho procedimiento expropiatorio se estableció que el objeto del mismo era llevar a cabo la legalización del suelo urbano físicamente dividido en lotes a favor de los colonos poseedores y del municipio de León, Guanajuato, lo que justifica la causa de utilidad pública. En el mismo decreto se mencionó que la fracción de predio rústico "********************" que formó parte de la antigua Hacienda de ********************de este municipio, con una superficie de ******************** hectáreas tiene registro a nombre ********************, el cual se encuentra libre de gravamen. Además, que la fracción de terreno denominado "********************" que formó parte de la antigua Hacienda de ********************de este municipio, con una superficie de ******************** hectáreas, se encuentra libre de gravamen, con dos anotaciones marginales de venta, las cuales excluyen de la superficie a regularizar, con una superficie de ********************metros cuadrados en favor de ******************** y la segunda venta de una superficie de ********************metros cuadrados a favor de ********************. El decreto especificó que el asentamiento a regularizar ocupaba una superficie de ******************** hectáreas, con un valor fiscal de $********************5.00 pesos por metro cuadrado. Con la precisión de que ********************hectáreas corresponden a la zona de lotificación, y las restantes ********************hectáreas a los espacios de terreno de uso común destinados a vialidades en favor de municipio. Se puntualizó que para los efectos de la indemnización prevista en el artículo ********************9 de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio de la entidad, los pagos que realizaron los poseedores de los lotes al fraccionador, se considerarían como pago de la indemnización por el total de la superficie del terreno expropiado; en tanto que los poseedores reciben la regularización de sus lotes, otorgándoles la seguridad en la tenencia de la tierra que poseen. Ordenándose la escrituración a favor del Municipio de las superficie de terreno destinada a vialidades. Finalmente, en el decreto se prohibió la escrituración de lotes con uso incompatible con el habitacional. Y se dispuso que los lotes no reclamados en un término de seis meses contados a partir de la fecha de inicio de la contratación para su escrituración, pasarán a favor del municipio como reserva territorial para atender problemas sociales; en caso de venta, el importe de los mismos se destinará a beneficio de obras de la colonia (foja 15******************** a 163). Por otro lado, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la ahora finada ********************, presentó escrito de petición ante el IMUVI solicitando se le hiciera saber la traza de afectación a la finca ubicada en calle Filemón número 701 esquina calle Hebreos, de la colonia ******************** (foja 164). A dicha petición recayó la respuesta contenida en el oficio ******************** de dos de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Área Técnica del IMUVI, en el sentido de que atendiendo a la solicitud de traza ante la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio y el lote que impetrante señaló en la inspección física de ocho de mayo de dos mil catorce, quedó con una superficie de 165.********************0 metros cuadrados, es decir, no sufre afectación física respecto a lo que tiene construido. No obstante, de acuerdo al plano de expropiación este lote contiene una superficie de 169.70 metros cuadrados, por lo cual se concluyó que el lote tiene una afectación parcial de 4.50 metros cuadrados respecto a lo que físicamente tiene construido. Por otro lado, se le hizo saber que la copia del contrato de compraventa que entregó al personal del IMUVI el día de la inspección física corresponde a la colonia regularizada "********************" y no a la colonia "********************", en donde señaló su lote el día de la inspección. Invitándola a pasar con los Consultores Jurídicos Patrimoniales a efecto de recibir asesoría jurídica. Dicha respuesta fue notificada personalmente por conducto de la hija de la peticionaria de nombre ********************, pues así quedó asentado al pie del comunicado oficial de mérito (foja 165). Posteriormente, en atención a la diversa solicitud de asignación del lote ******************** manzana ******************** de la colonia "********************", elevada por la ahora finada ********************, el Director de Asuntos Jurídicos del IMUVI emitió un diverso oficio fechado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el cual determinó la improcedencia de dicha petición, toda vez que la peticionaria no presentó contrato alguno del lote que tiene en posesión o recibos de pago de los que se desprenda que adquirió el mismo. Haciéndosele saber que en contra de la preindicada respuesta procedía el recurso de inconformidad o el proceso administrativo ante las instancias administrativas municipales, dentro de los plazos de quince días y treinta días, respectivamente. Siendo notificada personalmente a la peticionaria el quince de mayo de dos mil dieciocho, por conducto de su hija ********************, según se aprecia al calce del oficio de mérito (foja 166). Las constancias anteriores ponen en evidencia que si bien es verdad que el titular del ejecutivo del Estado de Guanajuato expropió una superficie de terreno donde se localizan las colonias denominadas "********************" y "********************, que ya estaban lotificadas y ocupadas por asentamiento irregular, para efecto de generar seguridad jurídica a los poseedores de los lotes mediante la formalización de escrituras de propiedad a su favor; también es cierto que la condición para generar la correlativa obligación por parte de las autoridades responsables de emitir los mencionados títulos de propiedad, era que los poseedores de los lotes de dichas colonias comprobaran haberlos adquirido del fraccionador que llevó a cabo dicha lotificación, lo cual podían acreditar mediante la exhibición del contrato de compraventa respectivo o bien de los recibos de pago que ampararan dicha adquisición. En la especie, la ahora finada ******************** no logró demostrar ante las autoridades responsables haber adquirido el inmueble ubicado en calle ********************, sobre el lote ********************manzana ******************** de la colonia "********************", puesto que el contrato que exhibió en copia simple ante el IMUVI se refiere a un predio localizado en la diversa colonia "********************", que no corresponde al que pretende le sea regularizado. En ese sentido no puede atribuirse omisión de expedir las escrituras de propiedad si no se ha cumplido con la condición establecida en dicho decreto expropiatorio. Por otro lado, ante esta instancia constitucional la parte quejosa tampoco demostró fehacientemente ser poseedora de la finca que desea su regularización al amparo del Decreto Expropiatorio número 001-96; ya que la documental que acompañó consistente en copia certificada del juicio especial civil sucesorio intestamentario número 8********************5/********************0********************-C, a pesar del pleno valor probatorio que tiene en sí misma, es ineficaz para probar dicho extremo. Lo anterior es así, ya que el auto emitido en dicho procedimiento sucesoral, que tiene por presentado el avalúo del bien inmueble materia de litis constitucional, que se reconoció como parte del acervo hereditario de la de cujus ******************** (foja 5********************), en modo alguno demuestra que ella fue poseedora, y que su derecho proviniera de algún contrato que le cediera el dominio o posesión celebrado con los fraccionadores de la colonia ******************** Sección, o con alguna persona a quien ya se le hubiera otorgado escrituración con motivo de la regularización ordenada en el decreto expropiatorio. En efecto, del ocurso que presentaron los legítimos herederos dentro del procedimiento intestamentario, visible a foja 45 a 51, en el que exhiben el inventario de los bienes que componen la masa hereditaria, claramente se advierte que en el punto IX refieren que ******************** adquirió en vida el inmueble ubicado en calle ********************, sobre el lote ********************manzana ******************** de la colonia "********************", a través del contrato de compraventa privado que suscribió con ********************, en el que se establecieron cuarenta y seis pagos parciales para cubrir su precio, cuyos recibos acompañaron al libelo mencionado. Añadieron que desde la fecha de la mencionada compraventa, la de cujus obtuvo la posesión civil del lote, respecto del cual no se ha elevado la escritura pública. Los herederos también reconocieron que dicha finca fue expropiada, sin que se hubiere indemnizado a la de cujus, ni se le ha requerido por la entrega del bien, el cual mantuvo en posesión, por lo cual solicitan la incorporación de dicho bien inmueble dentro del inventario, para que el albacea pueda realizar los trámites administrativos y judiciales a fin de resolver la situación jurídica de dicho predio. De tal ocurso y narración es posible advertir que los herederos no señalaron la fecha de celebración del contrato privado de compraventa, ni acompañaron original o copia del mismo; por tal motivo no se puede constatar los antecedentes de propiedad, para conocer qué calidad tenía sobre el bien el supuesto vendedor. Por otro lado, se destaca que en el mencionado ocurso de inventario, los herederos expresamente señalaron que el predio propiedad de la de cujus fue expropiado, sin que se hubiere cubierto la indemnización correspondiente; lo que revela que su intención era hacer creer al juez que conoce del proceso sucesorio que gestionarían la supuesta indemnización al no haber sido llamada la de cujus como legítima propietaria del bien al procedimiento de expropiación. Omitiendo mencionar que el inmueble era poseído bajo la categoría de asentamiento irregular, y que realmente el objeto de la expropiación era regularizar dicha posesión de facto, emitiendo las escrituras de propiedad correspondientes a quienes hubieren adquirido los lotes del fraccionador que lotificó dichas colonias. Asimismo, los recibos de pago que exhibieron en el juicio sucesorio de mérito no contienen inserto el concepto de los mismos, por tal motivo, no es posible establecer que se traten del pago de amortizaciones por concepto de compraventa del predio que ahora defienden, para poder ubicar a los impetrantes con derecho a la regularización de la finca en cumplimiento al Decreto Expropiatorio 001-96. De ahí que la prueba documental aportada por la parte quejosa resulte insuficiente para demostrar plenamente su interés jurídico. Pues obra en contrario, el certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad de León, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que consta que el inmueble ubicado en calle ********************, sobre el lote ********************manzana ******************** de la colonia "********************" pertenece por decreto expropiatorio al Gobierno del Estado. Lo que quiere decir, que el predio en cuestión no ha sido regularizado, es decir, no se expidieron escrituras de propiedad a favor de persona alguna, de ahí que no se tenga la certeza de quien fungió como vendedor del bien en el contrato privado que mencionaron los herederos en el escrito que presentaron dentro del juicio sucesorio, tuviera derecho alguno para ceder su dominio a un tercero, en este caso la de cujus. En tanto de que las manifestaciones de la parte quejosa contenida en su libelo de amparo, en el sentido de que son poseedores del inmueble materia de litis, no constituye prueba alguna a su favor, pues se requiere de la aportación de pruebas idóneas para comprobar esa circunstancia; y en la especie, como ya se dijo con antelación, la documental anexada a la demanda de amparo, no es apta ni suficiente para demostrar propiedad o posesión sobre el bien de que se trata. Puesto que el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. No se soslaya que la evolución del concepto de la propiedad en función social lleva al derecho a reconocer situaciones de hecho a las que atribuye consecuencias jurídicas, como en el caso de los asentamientos irregulares en terrenos ejidales u otros, que acaba por generar el derecho a la regularización de esas áreas mediante la previa expropiación por causa de utilidad pública y la titulación como propietarios a través del reconocimiento de la ocupación como avecindados; sin embargo, para ser aspirante al derecho de ser beneficiado con la regularización de la tenencia de predios, mediante su escrituración, es indispensable comprobar que se mantiene la ocupación sobre el lote expropiado, para efecto de considerar que se genera un derecho real, actual, semejante a la posesión en su sentido tradicional, porque al igual que ésta ingresa al patrimonio de la persona, merece la protección constitucional contra actos que la perturben o que prolonguen la incertidumbre de su situación jurídica. Por los motivos expuestos, es que se considera que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para acudir en reclamo de la acción constitucional; lo que impone sobreseer, con apoyo en el artículo V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por M********************por su propio derecho, como albacea y en representación de los herederos de la de cujus ********************, contra actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones asentadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta hoy veintitrés de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Ingrid Rodríguez Mainou, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. León, Guanajuato, siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de octubre de dos mil veinte, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 954/2019-IV, promovido por Miguel Ávalos Méndez, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Lidia González Hernández, se procede a celebrarla ante la presencia judicial de la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa ante la licenciada Norma Rojas López, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. La Juez declara abierta la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo sin comparecencia de las partes. A continuación la Secretaria da lectura a todas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, entre las que destacan por su importancia los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados en autos. A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida declara abierto el periodo probatorio, en el que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza las documentales que allegó la quejosa y las autoridades responsables Director General del Instituto Municipal de Vivienda de esta ciudad y Gobernador del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, y al no existir más pruebas con que dar cuenta, se procede a cerrar dicha etapa y se abre el periodo de alegatos, en el que se tiene por precluido el derecho de las partes a formularlos, en virtud de que no lo hicieron. Por otra parte, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento, por lo que al no haber más argumentos que tener por reproducidos, se cierra dicha fase y se pasa al dictado de la resolución correspondiente.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Miguel Armando Morgan Herández1347/2022
- Miguel Armando Morgan Hernández82/2023
- Miguel Armando Morgan Hernández1259/2022
- Miguel Armando Morgan Hernández68/2023
- Miguel Armando Morgan Hernández418/2023
- MIGUEL ARMANDO PÉREZ ANDRADE y Otros.928/2021
- Miguel Barajas Quintana927/2013
- MIGUEL BRISEÑO ACEVES y Otros.277/2020
- Miguel Cruz Valenzuela1175/2016
- Miguel Cruz Valenzuela1414/2016
- Miguel Cruz Valenzuela1453/2015
- Miguel Cruz Valenzuela836/2016