Miguel Arroyo Martínez
Expediente 113/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Miguel Arroyo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa y elo tercero interesado no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinte de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes quejosa y tercera interesada a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis (fojas 208 a 210), en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo, una vez transcurrido el plazo de cinco años; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, hágase saber a la parte quejosa que está a su disposición por un plazo de noventa días, el documento original que acompañó a su escrito de demanda; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse a recogerlo, se glosará al expediente y podrá ser destruido junto con éste
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el diecisiete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de catorce de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 202 a 203), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, sin que hubieren hecho uso de tal derecho, por lo que este juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Arroyo Martínez (fojas 161 a 174). En auto de veinte de mayo de esta anualidad, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, el cumplimiento al fallo protector (foja 191 a 192). Posteriormente, mediante oficio 1859/2016, recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de mayo del presente año (foja 195), la Juez responsable remitió copia certificada de la Sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 603/2014, de su índice. En consecuencia, por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 202 a 203) se dio vista a las partes para que manifestaran dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieren ejercitado tal derecho. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, el efecto de la concesión fue, que la autoridad responsable hiciera lo siguiente: "1. Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de ejecución de sentencia en vía de apremio del juicio ordinario civil de alimentos 603/2014 de su índice. 2. Dicte otra en el cual resuelva nuevamente sobre el pago de pensión alimenticia relativo a la segunda quincena de abril de dos mil quince, valorando congruentemente las pruebas ofrecidas por las partes." Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable, se advierte que la misma acató la ejecutoria de amparo, toda vez que el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución interlocutoria, en la que con base en los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se pronunció en los términos siguientes: "Ya que del concepto de pensión alimenticia correspondiente a la quincena del 16 de abril al 30 de abril del dos mil quince, ya ha sido objeto de deducción por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, circunstancia que acredita con copia simple de recibo de nómina, siendo ello el importe por nómina ordinaria por la cantidad de $1,000.79 ( MIL PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL) y el importe por compensación $1,113.69 (mil ciento trece pesos 69/100 MONEDA NACIONAL),documental que obra visible a fojas treinta y tres y treinta y cuatro de los autos incidentales, a la cual se le concede valor probatorio, salvo prueba en contrario, ya que es un documento fiscal digital. Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis aislada con número de registro 2008130 que a la letra dice: FACTURA ELECTRÓNICA COMERCIAL OBTENIDA VIA INTERNET. SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PARA DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO A FAVOR DE LA PERSONA QUE EN ELLA SE INDICA, AUNQUE SEA EXHIBIDA EN COPIA SIMPLE. Dicho documento fiscal digital que se extrae de Internet, produce los mismos efectos que los documentos tradicionales impresos y tiene similar valor probatorio, pues contiene información y escritura generada, enviada, recibida o archivada a través de esos medios o de cualquier otra tecnología, acorde con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, Lo anterior, por contener, entre otros datos: clave del Registro Federal de Contribuyentes, tanto de quien la expide, como de la persona a favor de la que se consigna, número de folio fiscal y digital del Servicio de Administración Tributaria, así como la descripción y clase del bien que ampara, cumpliendo así con los requisitos que prevé el numeral 1.7-E del citado código. Aunado a que, conforme a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Por ende, la citada factura electrónica comercial es idónea para demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la persona que en aquella se indica, aunque sea exhibida en copia simple, pues se presume, salvo prueba en contrario, autentica. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO-DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 94/2014. Jesús Agustín Castro Olguín. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Faustino Gutiérrez Pérez. Aunado a que dicha documental exhibida por el demando se acredita con el oficio 251/2015, de fecha seis de julio de dos mil quince, suscrito por la licenciada MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ SÁNCHEZ, Directora de Recursos humanos, en la que adjunta recibos digitales de nómina por el periodo del 30 de abril al 30 de junio del dos mil quince, visible a foja seis a la diecisiete, del presente incidente, de las cuales se advierte que tiene percepciones total del tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con ochenta centavos, y que ya se le aplicó el descuento de pensión alimenticia del veinte por ciento, siendo la quincena del 16 de abril al 30 de abril del dos mil quince. El cual no se tomará en consideración para el cobro del período que reclama la actora en su escrito de demanda." Derivado de lo anterior, se advierte que en esta nueva resolución resolvió sobre el pago de pensión alimenticia relativo a la segunda quincena de abril de dos mil quince, en la cual otorgó valor probatorio al recibo de honorarios correspondiente, ofrecido por el aquí quejoso, en base al cual lo absolvió del pago de pensión por el periodo correspondiente. Conviene precisar que a la constancia remitida por la autoridad responsable se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se advierte de lo transcrito que la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, acató los efectos del fallo protector, pues el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución interlocutoria, en la que se pronunció de manera congruente respecto de la prueba documental ofrecida por el aquí quejoso, consistente en la copia simple de recibo de nómina; con lo cual restituyó al quejoso en el derecho fundamental contemplado en el artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo
- Principal
(AVISO) Toda vez que las partes no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dos de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto, y al efecto, remite copia certificada de la documental siguiente: Sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos del expediente 603/2014, de su índice. En mérito de lo anterior, dése vista a las partes quejoso y tercera interesada con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de lo procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que cumpla con la sentencia de amparo; ello en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le realice. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.
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