Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas
Expediente 286/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil dieciocho. RADICACIÓN DEL JUICIO. Agréguese a los autos el oficio con que se da cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite el juicio de amparo 628/2018 de su índice, promovido por Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas, de su contenido se advierte que dicha autoridad federal, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado sumario y lo envía a este juzgado para que se avoque a su conocimiento; al respecto se provee: Fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 286/2018-D, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. En primer término conviene precisar que en el presente asunto Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas, promovió juicio de derechos fundamentales contra actos de las autoridades responsables ordenadoras siguientes: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Director General del Registro Público Vehicular; Representante legal de la persona moral denominada "Grupo Nacional Provincial S A B". Y como ejecutoras: 1. Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de los elementos a su cargo; 2. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Puebla, a través de los elementos a su cargo; 3. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla, a través de los elementos a su cargo; 4. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal de San Andrés Cholula, Puebla, a través de los elementos a su cargo; 5. Titular de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de San Pedro Cholula, a través de los elementos a su cargo; 6. Secretario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Bomberos del municipio de Cuautlancingo, a través de los elementos a su cargo; 7. Secretario de Seguridad Pública, y tránsito municipal de Amozoc, a través de los elementos a su cargo; y, 8. Titular del destacamento en Puebla de la Policía Federal, a través de los elementos a su cargo. Como acto reclamado precisó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como "ORDENADORA", el ilegal, ETIQUETADO E INSCRIPCIÓN DE AVISO Y ESTATUS del vehículo de mi propiedad maraca Dodge, tipo ATTITUDE, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123 vigentes del Estado de Puebla, en el Registro Nacional de Vehículos dentro del siniestro 0064209034, de fecha de reporte 04 de octubre de 2016, ante la empresa aseguradora Grupo Nacional Provincial S A B; de las Autoridades señaladas como "EJECUTORAS" el cumplimiento del ilegal acto consistente en la BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN, DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN, del vehículo antes citado, como ha quedado asentado en líneas que anteceden. Por su parte, la jueza oficiante consideró carecer de competencia al considerar que les reviste carácter penal, por lo siguiente: "(.) Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y otras autoridades. El etiquetado e inscripción de aviso y estatus del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del estado de Puebla, en el Registro Nacional de Vehículos, dentro del siniestro 0064209034, con fecha de reporte de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, ante la empresa aseguradora Grupo Nacional Provincial, sociedad anónima bursátil, así como la búsqueda, localización, detención y presentación del vehículo antes descrito. Establecido lo anterior, esta juzgadora considera carecer de competencia legal para conocer del acto que se reclama. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto lo que dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5° y 6° del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, es decir con posterioridad al uno de junio del dos mil diecisiete en que se realizó el aludido cambio de denominación y especialización, debe estimarse que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 51 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto de naturaleza penal. Lo anterior es así, dado que el quejoso bajo protesta de decir verdad en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado manifestó que: El dos de septiembre de dos mil dieciséis, realizó un contrato de compraventa del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del Estado de Puebla, entre Gerald Villafaña Escalante -vendedor- y Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas -comprador-. El quejoso tuvo conocimiento de que se había iniciado en su contra la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-C5, por el delito de abuso de confianza, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Orientación de Puebla, adscrito al Cuartel Metropolitano C-5. En virtud de lo anterior, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la parte quejosa realizó su narrativa de hechos ante el Agente de Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-C5. Sin embargo, el catorce de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso tuvo conocimiento de que el estatus del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del Estado de Puebla, tiene reporte de robo y que está relacionado con el siniestro número 0064209034, de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Establecido lo anterior, independientemente de la procedencia del juicio de amparo, se puede establecer que los efectos intrínsecos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, conllevan a una naturaleza penal. Lo anterior, no obstante el carácter del acto reclamado consistente en el etiquetado e inscripción de aviso y estatus del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del estado de Puebla, en el Registro Nacional de Vehículos, dentro del siniestro 0064209034, con fecha de reporte de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, ante la empresa aseguradora Grupo Nacional Provincial sociedad anónima bursátil, así como la búsqueda, localización, detención y presentación del vehículo antes descrito. Por lo que es incuestionable que el etiquetado e inscripción de aviso y estatus del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del Estado de Puebla, en el Registro Nacional de Vehículos, dentro del siniestro 0064209034, con fecha de reporte de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, ante la empresa aseguradora Grupo Nacional Provincial sociedad anónima bursátil, así como la búsqueda, localización, detención y presentación del vehículo antes descrito, deriva de la carpeta de investigación por abuso de confianza NUAT/427/2016/UAT-C5, en la Fiscalía de Investigación Cuartel Metropolitano C5, por tal razón, se puede concluir que el competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en Materia Penal, en virtud que se actualiza la competencia que prevé el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza o como en el presente caso los efectos que produce dentro de la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-C5, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. En mérito de lo anterior, se cita por ilustrativa la tesis I.3o.C.100 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1431, tomo XXXII, noviembre de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163502, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia". Establecido lo anterior, se puede concluir que en atención a la naturaleza intrínsecamente penal de la que deriva el acto reclamado, independientemente de la procedencia del juicio de amparo, es competente para conocer éste el Juez de Distrito en Materia Penal; dado que los efectos del acto reclamado tienen un origen de naturaleza penal, ya que derivan de una carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia de abuso de confianza. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, Novena Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 179990, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto." De tal forma que al reclamar la parte quejosa, el etiquetado e inscripción de aviso y estatus del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del estado de Puebla, en el Registro Nacional de Vehículos, dentro del siniestro 0064209034, con reporte de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, ante la empresa aseguradora Grupo Nacional Provincial sociedad anónima bursátil, así como la búsqueda, localización, detención y presentación del vehículo antes descrito, debe estimarse que tal acto repercute dentro de la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-C5, formada con motivo de la denuncia de abuso de confianza y consecuentemente esta juzgadora federal resulta legalmente incompetente para conocer de aquélla. (.)" Sin embargo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respetuosamente no comparte el criterio de la Homóloga Federal y por ende no acepta la competencia planteada, por los motivos siguientes: Se estima que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, dado que no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que, no se trata de una resolución del orden judicial penal, además, de que el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable. Tampoco es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no es una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando Ia acción se funda en Ia comisión de un delito) y no se equiparan a una ley o disposición de observancia general en materia penal. Dicho eso, el acto reclamado no corresponde a la materia penal, sino a la materia administrativa, pues se trata del etiquetamiento e inscripción de aviso y estatus de un vehículo, realizado por una empresa aseguradora (Grupo Nacional Provincial), situación que se le atribuye a autoridades administrativas, a saber: a) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; b) Director General del Registro Público Vehicular; c) Representante legal de la Persona Moral denominada "Grupo Nacional Provincial S A B", pues se insiste, se trata de un acto formal y materialmente administrativo. Lo anterior es así, pese a haber señalado el quejoso a algunas autoridades ejecutoras de índole penal, debido a que a estas autoridades, de ser el caso únicamente actuarían como auxiliares en la búsqueda, localización, detención y presentación del vehículo afecto, en virtud, del etiquetado e inscripción de aviso y estatus en el Registro Nacional de Vehículos, por parte de la compañía bursátil. Lo anterior, también cobra sustento en virtud de las manifestaciones hechas por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, consistentes en lo siguiente: Que el dos de septiembre de dos mil dieciséis, realizó un contrato de compraventa del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del Estado de Puebla, entre Gerald Villafaña Escalante -vendedor- y Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas -comprador-. El quejoso tuvo conocimiento de que se había iniciado en su contra la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-C5, por el delito de abuso de confianza, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Orientación de Puebla, adscrito al Cuartel Metropolitano C-5. En virtud de lo anterior, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la parte quejosa realizó su narrativa de hechos ante el Agente de Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-04. Sin embargo, el catorce de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso tuvo conocimiento de que el estatus del vehículo marca Dodge, tipo Attitude, modelo 2012, con placas de circulación UAM2123, del Estado de Puebla, tiene reporte de robo y que está relacionado con el siniestro número 0064209034, de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Luego, evidentemente el acto reclamado (etiquetamiento de robo del vehículo que defiende por parte de las autoridades administrativas ordenadoras) es un acto meramente de carácter administrativo, que no conlleva a una naturaleza penal. Si bien la jueza declinante asume que el acto deriva de la carpeta de investigación, ello se obtiene únicamente por la referencia que hace del quejoso al narrar los antecedentes del acto reclamado. En efecto, no obstante que el quejoso alude que tuvo conocimiento de que se había iniciado en su contra la carpeta de investigación NUAT/427/2016/UAT-C5, por el delito de abuso de confianza, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Orientación de Puebla, adscrito al Cuartel Metropolitano C-5, los actos que en esta instancia constitucional reclama no provienen de dicha indagatoria, sino del siniestro número 0064209034, de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, y no fue emitido por ninguna representación social, sino por el reporte de robo conforme a la información que suministran las Instituciones de Seguros con base en el artículo 23, fracción III, inciso b), de la Ley de Registro Público Vehicular, tal como se aprecia a foja veintidós. Además, el quejoso en su demanda refirió ser tercero extraño al procedimiento del cual emana el acto reclamado, pues textualmente, refirió lo siguiente: "(.) pues como lo he dejado asentado soy extraño al procedimiento realizado por el señor GERALD VILLAFAÑA ESCALANTE ante la empresa "Grupo nacional Provincial S A B" (.)." (foja 12). En todo caso, para poder establecer con precisión tal situación, la jueza declinante respetuosamente, primero debió solicitar las constancias relativas y, una vez obtenidas, se encontraría en aptitud de establecer si el mencionado acto reclamado deriva o no de un procedimiento penal, pues sólo en caso afirmativo, este juzgado de Distrito en materia penal tendría competencia para conocer del asunto. Es así, pues durante el trámite del asunto, una vez rendidos los informes justificados, podría sobrevenir un hecho que modificara la situación que en este momento prevalece y que incidiera directamente en la competencia del juzgador Federal que deba continuar con el conocimiento del sumario, lo que en términos del artículo 17, segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce como incompetencia superveniente. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARARSE LEGALMENTE INCOMPETENTE, DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI EN EL TRÁMITE DEL ASUNTO SE MODIFICÓ EL SUPUESTO QUE LA ORIGINABA, AUN CUANDO ESTA DETERMINACIÓN SEA CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL. En la jurisprudencia 2a./J. 126/2012 (10a.), publicada en la página 1459, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE PREVALECER LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES COMPETENCIALES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que cuando existe pronunciamiento derivado de un conflicto competencial, en donde un Tribunal Colegiado de Circuito fija su postura con base en la atribución legal para conocer de un asunto, dicha resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional, la cual es irrebatible, indiscutible e inmodificable; por tal motivo, en el recurso de revisión en el que se impugna la sentencia de amparo indirecto, el tribunal de alzada ya no puede cuestionar esa decisión. No obstante, existen casos en los que en el trámite del juicio sobreviene un hecho que modifica la situación que prevalecía al resolverse el conflicto competencial y que influye directamente en la competencia del juzgador federal, lo que se conoce como incompetencia superveniente, prevista en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de tal manera que, cuando acontezca lo anterior, aun en el supuesto de que un Tribunal Colegiado de Circuito haya resuelto el conflicto competencial teniendo a la vista sólo la demanda de amparo, el Juez de Distrito debe declararse legalmente incompetente, después de celebrada la audiencia constitucional; sin que ello signifique desconocer el citado criterio jurisprudencial, ya que el supuesto fáctico que origine la decisión del Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial cambió en la tramitación del expediente." Máxime que, como el propio quejoso lo refiere, la aseguradora que ordenó el etiquetamiento reclamado le indicó que debía promover ante la CONDUCEF. Luego, a criterio de la suscrita encargada del despacho, respetuosamente considera, que hasta este momento (presentación de la demanda) no se está en posibilidad de asumir que el acto reclamado es de naturaleza penal; ya que el quejoso no señaló como autoridad responsable a un agente del Ministerio Público; pues se reitera, según su dicho el acto reclamado no deriva de una carpeta de investigación, sino de un "procedimiento iniciado por una aseguradora", sin que se aprecie la naturaleza del mismo. En tales condiciones, la suscrita considera de forma respetuosa, que la jurisprudencia número 1a./J.89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.", no resulta aplicable al caso concreto. Con lo expuesto, la suscrita encargada del despacho, respetuosamente no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Arnulfo Siliceo Cuevas, por lo que en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a la Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla conocer de la demanda de amparo en cuestión. En consecuencia, devuélvanse de inmediato los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a quien se le solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Camargo Vázquez y Carlos Armando Popoca Bermudez, por haber acreditado tener cédula profesional de licenciados en derecho. Y, por cuanto hace a la petición del quejoso en el sentido de que nombra como su abogado particular al licenciado José Manuel Camargo Vázquez, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, dado que dicha figura jurídica no está contemplada en la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento.
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