Miguel Armando Morgun Hernández

Expediente 1716/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1716/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Miguel Armando Morgun Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, uno de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriela Hernández Jiménez, en favor de los quejosos Miguel Armando Morgan Hernández, Alberto Villalobos Verduzco, Edgar Alan Yepez Vázquez, Yousef Jiménez Desales, Arnoldo Villa Sánchez y Alvaro Dario de Leon Valdez, contra actos del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, con residencia en el Salto, Jalisco y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1716/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. COMPETENCIA. Ahora bien, la promovente de la demanda señala como actos reclamados la orden de traslado de los directos quejosos a otro reclusorio y su ejecución, así como la reubicación de estancia o celda, pasillo y módulo. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos Occidente, ubicado en El Salto, Jalisco. Puntualizado lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establecen las reglas para la fijación de la competencia de los Jueces de Distrito y que dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, el precepto legal antes transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito. a) El amparo contra actos u omisiones de la autoridad se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. De lo anterior se obtiene una distinción respecto a las dos primeras reglas competenciales consistente en que éstas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; la segunda se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y por último, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, en la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados la orden de traslado a otro Centro Federal de Readaptación Social y su ejecución, así como la reubicación de estancia o celda, pasillo y módulo en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos Occidente, con sede en El Salto, Jalisco. En ese sentido, cabe señalar que en relación con la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro distinto, cuyas respectivas sedes se ubican en jurisdicciones o distritos judiciales diferentes -como ocurre en la especie-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007, determinó en lo que interesa: "QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes: De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior, y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción, consiste en determinar si la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro constituye un acto de tracto sucesivo o bien un acto instantáneo, para efecto de establecer cuál es el Juez competente para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Por ello, como una cuestión previa, es menester definir en qué consiste una orden de traslado y los momentos que ésta comprende, a efecto de establecer si el acto reclamado constituye un acto de tracto sucesivo o un acto instantáneo, en el entendido de que en el caso concreto los tribunales contendientes se refirieron a una orden de traslado ya ejecutada. Así, la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) transferir, propiamente llevar al otro lado, compuesto de trans -a través, al otro lado y fero. re llevar. De esta manera la palabra traslado, entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro. Implica por tanto, el traslado, variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, podemos definir que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. En ese sentido, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a la naturaleza de éstos, atendiendo a su duración temporal. Así, en cuanto a su duración tenemos que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, se requiere que su ejecución se prolongue en el tiempo. En tanto los actos instantáneos, son aquellos cuya duración concluye en el momento mismo de realizarse, porque consisten en acciones que, en cuanto son ejecutadas, cesan por sí mismas, sin poder prolongarse, es decir, en los actos instantáneos basta que la autoridad por una sola vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma. De esta manera, con el propósito de determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo.(.) Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: (.) En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario. (.) Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, estableció que la orden de traslado constituye un acto de tracto sucesivo, es decir para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo a un lugar distinto, y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De manera que, conforme al criterio establecido por el alto tribunal, si los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos Occidente, con sede en el Salto, Jalisco; por ende, en quien recae competencia para conocer de la demanda de amparo, es en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en Zapopan, Jalisco, en cuya jurisdicción aún se encuentran recluidos los promoventes de mérito, pues no se ha ejecutado la orden de traslado reclamada. Lo anterior, pues lo amparistas se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos Occidente, con sede en el Salto, Jalisco, y reclaman entre otros, el traslado a diverso centro federal de readaptación social, por lo que es evidente que la ejecución del acto reclamado atañe al lugar de reclusión referido y al sitio donde serán trasladados. De manera que al no señalarse autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Zacatecas y resultar un hecho notorio que en dicho territorio no existe un centro federal de readaptación social, es indudable que el acto reclamado no tendrá ejecución material en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado, por lo que únicamente se puede tomar en consideración para tal efecto el lugar donde se encuentran recluidos lo amparistas. Es aplicable el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno El Altiplano en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En suma, al ser patente que no existirá ejecución material en el Estado de Zacatecas, no puede actualizarse la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gabriela Hernández Jiménez, en favor de los quejosos Miguel Armando Morgan Hernández, Alberto Villalobos Verduzco, Edgar Alan Yepez Vázquez, Yousef Jiménez Desales, Arnoldo Villa Sánchez y Alvaro Dario de Leon Valdez, es competencia del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Jalisco; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. SUSPENSIÓN DE PLANO En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se resuelve sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, al implicar una afectación a la libertad fuera del procedimiento. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente del amparo señaló como actos reclamados la orden de traslado de los aquí quejosos a otro reclusorio y su ejecución, así como la reubicación de estancia o celda, pasillo y módulo, bajo ese tenor y dado que para ejecutar esos actos, podría existir una afectación a la libertad fuera de procedimiento, incluso una incomunicación en su contra; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que, si no se han ejecutado los actos reclamados, los quejosos: No sean trasladados a diverso centro penitenciario. No sean reubicados en diversa estancia o celda, pasillo o módulo del que actualmente se encuentran; En el entendido que dicha suspensión no surtirá efectos en los supuestos siguientes: 1.- Si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridad distinta de las señaladas como responsables; 2.- Para el caso de que el traslado o la orden de reubicación de sus estancias o celdas, pasillos o módulos, obedezcan al desahogo de alguna prueba admitida en algún procedimiento judicial; o bien si se trata de la integración de una averiguación previa, así como traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial; 3.- Que el traslado o la orden de reubicación de sus estancias o celdas, pasillos o módulos obedezcan a un mandato judicial; o que se trate de la consignación de una averiguación previa; 4.- Si el traslado o la orden de reubicación de sus estancias o celdas, pasillos o módulos obedecen al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida; y 5.- Si el traslado o la orden de reubicación de sus estancias o celdas, pasillos o módulos están sustentados por razones notorias y actuales de seguridad en las prisiones, supuesto en el que la autoridad administrativa deberá acreditar el seguimiento y convalidación por parte del juez respectivo, incluso deberá informar las razones que lo motivaren, las características del hecho imputado, las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso o emerjan con fundamento en disposiciones de orden público, como en casos de notoria urgencia en los casos que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos y la seguridad y el orden del centro. De igual forma se hace la precisión que la suspensión concedida no surtirá efecto alguno, en el supuesto de que los impetrantes ya hubieren sido trasladados o reubicados, o bien, si los actos reclamados emanan de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Asimismo, en el supuesto de que se trate de un asunto de delincuencia organizada y que requiera medidas especiales de seguridad, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, o en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario; la suspensión tendrá el único efecto de que la autoridad administrativa que determine el traslado deba notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberlo realizado, para los efectos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia. Por tanto, al efecto, remítaseles copia de la demanda de amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. En el entendido que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades penitenciarias la integridad y seguridad física de los quejosos. Toda vez que los quejosos no designaron representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, éste juzgado designa como tal a Miguel Armando Morgan Hernández, sin perjuicio que el juez al que este juzgado declinó la competencia, una vez pronunciado sobre la misma, pueda designar a algún otro, o bien, lo designen los propios quejosos; por tanto, dado que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión y manifiestan que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos Occidente, ubicado en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique únicamente al representante de los referidos quejosos, la presente determinación, informándole la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal. Lo anterior, no obstante que la promovente del amparo solicita se notifique a cada uno de los quejosos de manera personal por los motivos que expone en el ocurso de cuenta; sin embargo, el precepto 13 de la Ley de Amparo, establece que cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos, de entre ellos deberán designar una persona para que los represente en el juicio y en caso de no hacerlo el órgano jurisdiccional en su primer auto deberá hacerlo; por tanto, acordar de conformidad la solicitud de los quejosos, llevaría a contravenir el contenido del precepto legal citado en último término. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. En particular, en conformidad con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, comuníquese vía correo electrónico el presente oficio al director del citado centro penitenciario, a efecto de que pueda acatar de inmediato la suspensión decretada y certifíquese su recepción. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe.

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