Miguel Armando Morgan Hernandez.
Expediente 161/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Armando Morgan Hernandez.
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual, informa que su similar, Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esa misma ciudad, el cinco de noviembre del año en curso, se declaró legalmente competente, por cuestión de materia, para conocer del recurso de queja contra el auto de trece de abril del año en curso; y, que ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número 245/2021.
- Principal
MESA 1-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual acusa recibo del diverso 8376/2021 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto en este juicio de amparo, radicándolo con el número 135/2021.
- Principal
MESA 1-B. Vista la diligencia actuarial que antecede, de la que se advierte que mediante notificación de veintiuno de abril del año en curso, el quejoso XXX, interpuso recurso de queja en contra del proveído de trece del mes en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de trece de los corrientes, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la constancia original y copia de la misma, el informe sobre la materia de la queja y copias certificadas de las constancias relativas, para la substanciación del recurso interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la ley en la materia, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y, por ende, no hay partes en el asunto.
- Principal
MESA 1-B. Se tiene por recibida la demanda promovida por Miguel Armando Morgan Hernández, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 161/2021-I-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por el promovente, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional esencialmente lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la negativa de las autoridades responsables de proporcionar al ahora quejoso los datos y números con que quedó registrada ante el Servicio Postal Mexicano, la correspondencia postal que envío al exterior desde el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", en que me encuentro privado de la libertad, desde el mes de enero de dos mil veintiuno hasta la fecha de presentación de esta demanda de amparo." Analizado el contexto de la demanda, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1º de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación, por ende, lo relativo a la negativa de las autoridades responsables de proporcionar al ahora quejoso los datos y números con que quedó registrada ante el Servicio Postal Mexicano, la correspondencia postal que envió al exterior desde el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS". Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la libertad. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: a. Cuestiones relativas a la salud (artículo 9, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); b. Alimentación nutritiva (artículo 9, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal); c. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 9, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal); d. Recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal (artículo 9, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal); e. Recibir suministro de artículos de aseo diario necesarios (artículo 9, fracción VII dela Ley Nacional de Ejecución Penal); f. Acceder al régimen de visitas (artículo 9, fracción VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal); g. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal); h. Que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (artículo 9, fracción X de la Ley Nacional de Ejecución Penal); i. Participación en la integración de un plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario (artículo 9, fracción XI de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Nacional, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, CONTEMPLA LAS PETICIONES RELATIVAS A CASOS URGENTES, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, como sería un cambio de módulo, donde la citada ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva, en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que en el caso que nos ocupa Miguel Armando Morgan Hernández, reclama la negativa de las autoridades responsables de proporcionar al ahora quejoso los datos y números con que quedó registrada ante el Servicio Postal Mexicano la correspondencia postal que envió al exterior desde el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlan, Chiapas, donde se encuentra interno el antes mencionado impetrante de amparo, por lo cual, es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al promovente; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes como el que nos ocupa, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, al resolver que respecto de las peticiones por casos urgentes, relacionadas con las condiciones de internamiento, el gobernado previamente a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante el juez correspondiente para solventar la afectación a su esfera jurídica de derechos. Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 79/2018 (10a), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, cuyos datos de identificación al rubro y texto son los siguientes: Décima Época, Registro: 2018548, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.), Página: 230. "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese orden, en la especie no se aprecia que Miguel Armando Morgan Hernández, haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el citado Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, donde se encuentra recluido el quejoso, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Asimismo, tomando en consideración que los quejosos se encuentran recluidos en dicho centro penitenciario, el cual se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal que el actuario adscrito a este juzgado debe trasladarse a dicho centro penitenciario para la notificación de este auto, en los términos expuestos; debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx (.)
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