Miguel Armando Morgan Hernández
Expediente 661/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Armando Morgan Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez; donde acusa recibo e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, promovido por ***, ****, radicándolo con el número 710/2022, de su índice. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso j) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que este juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ***; por su propio derecho, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS y otras autoridades; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 661/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. (...)." Ahora, hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por los promoventes ***, consistente en no permitirles recibir depósitos mensuales, por la cantidad de $ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos moneda nacional), para adquirir productos de la tienda en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS, por parte de la Directora de dicho centro penitenciario, lo que se traduce en un acto relacionado con las cuestiones de internamiento, por tanto, el lugar en donde tienen ejecución material es en el lugar donde radica el Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por ser quien ejerce competencia en el referido centro penitenciario; de modo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, carece de competencia legal, por cuestión de territorio, para conocer de este juicio de amparo. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del dispositivo transcrito se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. Por otra parte, también se pueden distinguir tres rubros principales de competencia: por materia, por territorio, por cuantía. En el caso, se analizará la competencia por territorio, la cual se considera aplicable en este asunto, por lo siguiente: La competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea la distribución territorial de la competencia entre diversos órganos de competencia; por lo que, se estima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere dicho precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 107, del tomo I, Junio de 1995, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. (.)." Ahora bien, como ya se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado por los promoventes ****, consistente en no permitirles recibir depósitos mensuales, por la cantidad de $ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos moneda nacional), para adquirir productos de la tienda en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS, por parte de la Directora de dicho centro penitenciario y otras autoridades, lo que se traduce en una cuestión relacionada con el internamiento. En ese sentido, éste Juzgado de Distrito estima que resulta competente para conocer de este asunto, el Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por ser quien ejerce competencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS, donde tiene su principal impacto y repercusión, los efectos del acto reclamado. En ese sentido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.) de la Primera sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, visible en la página 1703, Tomo II, Libro 5, Septiembre de 2021, que dice CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito, al que corresponda conocer de la demanda, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Es aplicable, la tesis aislada I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 183/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 778, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento" Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias pertinentes. III. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los directos quejosos el lugar de su reclusión, por tanto, toda vez que manifiestan encontrarse recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2° y el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado y de no tener inconveniente legal alguno, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México y, notifique el contenido de este acuerdo a los quejosos ***. IV. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Finalmente, hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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