Miguel Armando Morgan Hernández

Expediente 502/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Miguel Armando Morgan Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Secretaria de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución, cuyo puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. SI EXISTE EL CONFLICTO COMPETENCIAL.--- SEGUNDO. La competencia legal radica en el Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en Turno..---TERCERO. REMÍTANSE los autos." Estese a lo ordenado por la superioridad, en su oportunidad, archívese.

  2. Principal

    Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Juárez, por el que devuelve diligenciado el exhorto 66/2020-IX del índice de este Juzgado. Se tiene por notificado a *** del proveído de ocho de octubre anterior. Por otra parte, respecto a la diversa comunicación, se tiene por informado que el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito radicó el conflicto competencial planteado por este órgano, con número C.C.P. 8/2020. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo número 950/2020, de su índice. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. Téngase a la oficiante informando que no acepta la competencia declinada en relación con el juicio de amparo 502/2020-IX-B, promovido por ... donde se reclama: ".el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo Tercero del Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, así como la ejecución de dicho acuerdo..." No se comparte lo manifestado por el homólogo, y este juzgado insiste en declinar la competencia dado que el acto reclamado consiste únicamente: ? La inconstitucionalidad del artículo Tercero del Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Y contrario a lo considerado por la oficiante respecto a un posible traslado, éste no fue señalado ni reclamado por el quejoso, es decir, en el presente asunto, no hay un acto de ejecución. En ese orden, este Órgano Jurisdiccional, reitera que carece de competencia en razón de la materia, para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo siguiente: El artículo 48, de la Ley de Amparo, señala: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente." Por su parte, el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone los supuestos en que se surte la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, para conocer de un determinado asunto, los cuales se establecen de la siguiente manera: ? Contra resoluciones judiciales del orden penal. ? Los juicios de amparo que se promuevan contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. ? Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. ? Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en la responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos. ? Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. El Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: ? Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: ? De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; y" Conforme a la propia naturaleza de dichos actos, la competencia se ve respaldada en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo , así como 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por cuanto a que los dos últimos establecen que los juzgados en materia administrativa conocerán -entre otros- de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso a que se refiere la fracción II del artículo 50 de esa normatividad -procedimientos de extradición-); en tanto que los jueces penales resolverán los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, un asunto corresponde a la materia administrativa cuando en los actos se involucran 1) la actividad o funciones del Estado; 2) las relaciones que existan entre el Estado y los particulares; y, 3) en forma especial, las relaciones que se den entre la administración pública -federal, estatal o municipal- con los gobernados. En cambio, la materia penal se surte cuando se trata de A) resoluciones judiciales o actos de cualquier autoridad del orden penal, a través de los cuales se afecte la libertad personal, salvo correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de un procedimiento penal; B) contra aquellos actos que importen un peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y, C) los actos en que se impugnen leyes y disposiciones en materia penal. Sentado lo anterior, en el caso, el acto reclamado no constituye una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la libertad, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco de un juicio de amparo en que se promueve conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En el ámbito normativo nacional, existen leyes que contienen un capítulo de sanciones administrativas (medidas protectoras del orden social no punitivas) y otro para los "delitos", lo que permite distinguir entre la facultad sancionadora de carácter administrativo y el ius puniendi; por tanto, cuando se promueve amparo indirecto contra cualquier acto de autoridad (legislativo, ejecutivo o judicial), que orbite dentro de la facultad punitiva del Estado (ejercicio de la acción penal, procesamiento, punición y ejecución de sanciones penales), corresponderá conocer y resolver a un Juez de Distrito en materia penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, cuando se interponga contra cualquier acto de autoridad ajeno al ius puniendi, tocará resolverlo a un órgano jurisdiccional especializado en otra materia. En consecuencia, corresponderá a un Juez de Distrito en Materia Administrativa conocer del amparo cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas, que no orbiten en la facultad punitiva del Estado, sino sólo en la obligación "preventiva" de mantener un orden y seguridad social, esto es, desde la perspectiva administrativo-interinstitucional (situación diversa al ius puniendi). En ese orden, el acto reclamado es de carácter meramente administrativo, que no pueden ser considerados de naturaleza penal, pues no provienen de un proceso penal instruido en contra del quejoso, y donde el acto tiene que ver con cuestiones relativas a la inconstitucionalidad de alguna norma. Se insiste, lo reclamado hasta este momento, no cuestiona hechos relacionados con una causa o proceso penal, mucho menos averiguación previa o carpeta de investigación, o en su caso un posible traslado. Por lo anterior, se insiste en declinar competencia y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos originales del juicio de amparo 502/2020-IX-B, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, a efecto de que dirima el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este Órgano Jurisdiccional. Se solicita al órgano colegiado que conozca del presente conflicto, el acuse de estilo respectivo Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ... contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el registro 502/2020-IXB. Al ser de estudio preferente las cuestiones de competencia, en términos del numeral 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, además se debe interpretar el escrito de demanda y su desahogo en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido, con el propósito de fijar con claridad y precisión el acto o actos reclamados, por lo que, para lograrlo, debe acudirse a la lectura íntegra del escrito; la parte quejosa señala: AUTORIDADES ACTOS RECLAMADOS ? Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. ? Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ? La inconstitucionalidad del artículo Tercero del Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Lo anterior, pone de manifiesto que este Órgano Jurisdiccional, carece de competencia en razón de la materia, para conocer del presente juicio de amparo, por las siguientes consideraciones: El artículo 48, de la Ley de Amparo, señala: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente." Por su parte, el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone los supuestos en que se surte la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, para conocer de un determinado asunto, los cuales se establecen de la siguiente manera: ? Contra resoluciones judiciales del orden penal. ? Los juicios de amparo que se promuevan contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. ? Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. ? Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en la responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos. ? Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. El Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: ? Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: ? De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; y" Conforme a la propia naturaleza de dichos actos, la competencia se ve respaldada en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo , así como 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por cuanto a que los dos últimos establecen que los juzgados en materia administrativa conocerán -entre otros- de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso a que se refiere la fracción II del artículo 50 de esa normatividad -procedimientos de extradición-); en tanto que los jueces penales resolverán los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, un asunto corresponde a la materia administrativa cuando en los actos se involucran 1) la actividad o funciones del Estado; 2) las relaciones que existan entre el Estado y los particulares; y, 3) en forma especial, las relaciones que se den entre la administración pública -federal, estatal o municipal- con los gobernados. En cambio, la materia penal se surte cuando se trata de A) resoluciones judiciales o actos de cualquier autoridad del orden penal, a través de los cuales se afecte la libertad personal, salvo correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de un procedimiento penal; B) contra aquellos actos que importen un peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y, C) los actos en que se impugnen leyes y disposiciones en materia penal. Sentado lo anterior, en el caso, el acto reclamado no constituye una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la libertad, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco de un juicio de amparo en que se promueve conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En el ámbito normativo nacional, existen leyes que contienen un capítulo de sanciones administrativas (medidas protectoras del orden social no punitivas) y otro para los "delitos", lo que permite distinguir entre la facultad sancionadora de carácter administrativo y el ius puniendi; por tanto, cuando se promueve amparo indirecto contra cualquier acto de autoridad (legislativo, ejecutivo o judicial), que orbite dentro de la facultad punitiva del Estado (ejercicio de la acción penal, procesamiento, punición y ejecución de sanciones penales), corresponderá conocer y resolver a un Juez de Distrito en materia penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, cuando se interponga contra cualquier acto de autoridad ajeno al ius puniendi, tocará resolverlo a un órgano jurisdiccional especializado en otra materia. En consecuencia, corresponderá a un Juez de Distrito en Materia Administrativa conocer del amparo cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas, que no orbiten en la facultad punitiva del Estado, sino sólo en la obligación "preventiva" de mantener un orden y seguridad social, esto es, desde la perspectiva administrativo-interinstitucional (situación diversa al ius puniendi). En ese orden, el acto reclamado es de carácter meramente administrativo, que no pueden ser considerados de naturaleza penal, pues no provienen de un proceso penal instruido en contra del quejoso, y donde el acto tiene que ver con cuestiones relativas a la inconstitucionalidad de alguna norma. Se insiste, lo reclamado hasta este momento, no cuestiona hechos relacionados con una causa o proceso penal y mucho menos averiguación previa o carpeta de investigación. Este Órgano Jurisdiccional declara carecer de competencia legal, y estima que corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, el conocimiento del asunto, de conformidad con los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Previa integración del cuaderno de antecedentes, remítase los autos originales del juicio de amparo 502/2020-IX-B, y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que sea turnada a la autoridad correspondiente. Se solicita a la autoridad que corresponda el conocimiento del presente asunto, manifieste si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de estilo respectivo. Al encontrarse el quejoso interno en el Centro Federal de Reinserción Social Número Quince "CPS-Chiapas", Estado de Chiapas, lugar que indica como domicilio para oír y recibir notificaciones: Con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con apoyo, además, en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, vía interconexión gírese exhorto al: ? Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva comisionar al Actuario Judicial de su adscripción, con el objeto de que: ? Se constituya en el Centro Federal de Reinserción Social Número Quince "CPS-Chiapas", Estado de Chiapas; y ? Notifique el presente proveído al quejoso ... Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a la autoridad exhortada para que, en caso de ser necesario, ordene se practique la diligencia encomendada en días y horas inhábiles, no es necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues su entrega se acreditará con la constancia que emita el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y cúmplase.

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