MIGUEL ARIAS TOPETE y Otros.
Expediente 803/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- MIGUEL ARIAS TOPETE y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
MESA III SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE: Vista la demanda de amparo formulada por Miguel Arias Topete, por sí y en representación de "Grupo Agro Industrial Arias, Sociedad Anónima de Capital Variable", contra actos del Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 803/2017-III-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS" Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. En el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable dos causas de improcedencia contenidas en el numeral 61, fracciones X y XIV, respectivamente, esta última, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente. El precepto transcrito, en la última de las fracciones en cita, prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo aquél que se intente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro del término que señala el artículo 17 de la ley de la materia, el cual es del tenor siguiente. De igual forma, resulta necesario citar el diverso numeral 18, de la propia Ley de la Materia, el cual textualmente dice. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece - como regla general - que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Ahora, en el presente caso el quejoso Miguel Arias Topete, por sí y en representación de "Grupo Agro Industrial Arias, Sociedad Anónima de Capital Variable", en su demanda que data del ocho de agosto de dos mil dieciséis, se ostenta tercero extraño y señala como acto reclamado destacado el siguiente: Del Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***: El auto exequendo y orden de embargo de bienes de su propiedad, así como la autorización del uso de la fuerza pública para romper cerraduras en el inmueble donde se encuentra la moral quejosa, sin haberle concedido garantía de audiencia, así como sus consecuencias jurídicas y su ejecución. Sin embargo, constituye un hecho notorio para la suscrita resolutora, el contenido del expediente de Queja Civil 37/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, resuelto en sesión de doce de mayo de dos mil dieciséis, cuyas copias certificadas obran en autos y de las cuales se advierte, entre otras cosas, lo siguiente: Que Miguel Arias Topete, por sí y en representación de "Grupo Agro Industrial Arias, Sociedad Anónima de Capital Variable", promovió demanda de amparo, dando origen al juicio de amparo indirecto 53/2016, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. También, que señaló como autoridades responsables, a los titulares de los setenta y tres Juzgados Civiles de Primera Instancia, con residencia en México, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), a los jueces Primero y Segundo Civiles del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; al Coordinador de la Central de Actuarios, adscrito al Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira y al Coordinador Operativo Fuerza Tamaulipas de la Policía Estatal y Enlace Institucional, con residencia en Tampico, Tamaulipas. A la vez, señaló como acto reclamado, el auto de exequendo y las órdenes de embargo, de ingreso al domicilio y de tomar posesión física de bienes propiedad de los quejosos. Asimismo, que con motivo del auto de prevención de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictado en el mencionado juicio biinstancial, por escrito exhibido el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el aquí quejoso presentó un escrito ante el nombrado Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, en el que expuso, que según los informes previos rendidos en el juicio de amparo 2074/2015 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, por las autoridades responsables Jueces Tercero y Trigésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal, tuvo conocimiento de que los actos reclamados derivan, a más de otro, del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del último de los jueces en cita. Así las cosas, deviene inconcuso que desde aquella fecha (dieciocho de febrero de dos mil dieciséis) la parte quejosa, se ostentó sabedora de los actos que intenta reclamar en la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, la cual data del ocho de agosto de dos mil dieciséis y en la cual se ostenta tercera extraña a juicio. De lo anterior, se advierte que el promovente del amparo desde el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis se ostentó sabedor del acto reclamado y de su ejecución. Tan es así, que por escrito adujo tal circunstancia para que se admitiera su demanda, lo que dio origen a que se revocara el auto mediante el cual el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas tuvo por no presentada la demanda de amparo y ordenó tener por cumplida la prevención de la demanda de amparo que dio origen al juicio 53/2016 de su índice. De lo que se sigue que, si bien no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo cierto es que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos que considera le causan agravios. Por lo que, en el caso, es claro que el promovente consintió tácitamente los actos reclamados, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tal aserto se justifica, en la medida en que la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos que se duele desde el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo que resulta evidente que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha fenecido en exceso, pues si la demanda de amparo se presentó hasta el ocho de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia en Tampico y Ciudad Madero, según se desprende del sello de recepción correspondiente, es claro que ello aconteció fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se desatienda que el quejoso comparezca a juicio en su carácter de tercero extraño en estricto sentido; sin embargo, ello no lo exime que desde que se ostentó sabedor de que existía alguna afectación respecto de los derechos que ahora pretende defender, acudiera a hacer valer sus derechos en la vía y forma que estimara pertinentes, ya que de considerar lo contrario, es claro que este juzgado se estaría apartando de la regla prevista en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, acerca que el plazo impugnativo debe contarse a partir que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que, en primer término, este órgano de control constitucional estime que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Paralelamente a lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional también estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia a que se refiere el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el tema se estima conveniente tener presente la figura de la litispendencia, la cual implica la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas sean lo mismo. En el caso, la disposición legal transcrita en primer término contempla que el juicio de amparo es improcedente cuando exista litispendencia entre dos juicios de amparo, en los que haya identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado. La hipótesis de litispendencia en comento se refiere a dos juicios de garantías iguales, aunque en la correspondiente demanda no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Además, para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento por litispendencia tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias y que se inutilice la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia. De lo así expuesto se colige que para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se reúnan los siguientes elementos: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, la causa de improcedencia que se invoca se estima acreditada al tenor de las constancias que integran el juicio de amparo 53/2015, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, cuya tramitación constituye un hecho notorio para quien esto resuelve , así como al tenor de las constancias que integran este asunto, de las que se advierte esencialmente lo siguiente: a) Los dos juicios de garantías fueron promovidos por Miguel Arias Topete, por sí y en representación de Grupo Agro Industrial Arias. b) En ambos casos el quejoso, coincide en señalar como autoridades responsables a las siguientes: ? Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; respecto del cual quedó acreditada la existencia de los actos reclamados, en lo relativo al juicio ejecutivo mercantil *** de su índice. c) Tanto en el indicado juicio de garantías 53/2016, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, como en el presente asunto, el acto reclamado por el quejoso consiste en el auto exequendo y orden de embargo de bienes, así como la autorización del uso de la fuerza pública para romper cerraduras en el inmueble donde se encuentra la moral quejosa, sin haberle concedido garantía de audiencia, así como sus consecuencias jurídicas y su ejecución. d) Que el diverso juicio de amparo 53/2016, fue promovido mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a la presentación del juicio en que se actúa, lo cual aconteció el ocho de agosto de dos mil dieciséis. e) La audiencia constitucional del referido juicio de garantías 53/2016, se encuentra programada para las once horas con cuatro minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Por tanto, al acreditarse que existe en trámite y pendiente de dictar la resolución que corresponda un diverso juicio de amparo promovido con anterioridad al presente asunto, por el mismo impetrante de garantías, contra las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Así las cosas, se tiene que, en el caso, se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XIV, respectivamente, esta última, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la propia ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Leopoldo Morales Elizondo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, lo anterior por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.
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