Miguel Ares Betz

Expediente 1042/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1042/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ares Betz

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve *, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se exhorta a las partes a fin de que transiten a la tramitación del juicio en la modalidad "en línea". Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharán de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. *En el presente caso se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que el quejoso reclama, entre otros actos, los siguientes: ".A.- De la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FACILITADOR EN MECANISMOS ALTERNATIVOS EN MATERIA PENAL en su carácter de autoridad ordenadora, le reclamo la ilegal notificación realizada a mi persona para citarme en términos de Ley a presentarme voluntariamente ante ella a fin de tener verificativo el desahogo de la respectiva sesión de mediación como medio alterno de solución de controversias, siendo éste un procedimiento privilegiado en materia Penal en el Sistema Acusatorio Adversarial; acto derivado de la tramitación del expediente * los radicados ante ella misma. B.- Asimismo, de la misma C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FACILITADOR EN MECANISMOS ALTERNATIVOS EN MATERIA PENAL, en su carácter de autoridad ordenadora, le reclamo la ilegal notificación realizada a mi persona para citarme en términos de Ley a presentarme voluntariamente ante ella a fin de tener verificativo el desahogo de la respectiva sesión de mediación como medio alterno de solución de controversias, siendo éste un procedimiento privilegiado en materia Penal en el Sistema Acusatorio Adversarial; acto derivado de la tramitación del expediente *de los radicados ante e la misma." (sic). [Énfasis añadido] Con esa óptica, esta autoridad advierte la existencia y operatividad de una causa que vuelve inejercible la acción de tutela constitucional, puntualmente la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados los últimos contrario sensu y que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. -Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" De conformidad con el primero de los numerales en cita, la afectación del interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues parte de la base de que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de diversa índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Por eso el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente cuando acude al amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, "simple", como suele llamarse al que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pueda resultarle molesta, sino que es necesario que dicho interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber de realizar tal conducta, por tanto, hay afectación al interés jurídico cuando se cuenta con un derecho legítimamente tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/87, emitida por el otrora Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, de rubro y texto: *Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente al quejoso, cuyo carácter lo tiene el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la misma legislación (derechos humanos reconocidos y derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, persona facultada para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye, que esos derechos protegidos por el ordenamiento legal son lo que constituyen el interés jurídico o legítimo que debe considerarse para la procedencia del juicio de amparo. En segundo lugar, la causa de improcedencia en análisis también contempla lo atinente a la afectación al interés legítimo del que debe ser titular el quejoso para hacer procedente el juicio de amparo, que se refiere a un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se traduce, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del impetrante derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, o en su caso, de un interés difuso en beneficio de la colectividad, que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ésta, cuya finalidad es salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social. Así, la afectación al interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos, en que el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal (interés legítimo individual, porque la afectación redunda de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de las circunstancias específicas) o por una regulación sectorial o grupal (interés legítimo colectivo). Los elementos distintivos en que participa el interés legítimo son los siguientes: 1. Titularidad del interés. Individual o un grupo de personas. 2. Poder de exigencia del titular. Sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. 3. Surge para salvaguardar intereses individuales, generales, el orden público o el interés social. 4. Tipo de afectación que sufre el titular del interés. Se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a una persona o grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. *En el caso, * reclama la citación que se le formuló a fin de llevar a cabo una sesión de mediación como mecanismo para arribar a una solución alterna a un conflicto del orden penal. Sin embargo, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. "Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos Son principios rectores de los Mecanismos Alternativos los siguientes: I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación;." "Artículo 7. Derechos de los Intervinientes Los Intervinientes en los Mecanismos Alternativos tendrán los derechos siguientes: [.] IV. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un Mecanismo Alternativo;." "Artículo 31. Salvaguarda de derechos Cuando no se alcance Acuerdo, los Intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver. Del mismo modo, cuando el Acuerdo verse sobre la solución parcial de la controversia, se dejarán a salvo los derechos de los Intervinientes respecto de lo no resuelto en el Acuerdo." "Artículo 32. Conclusión anticipada de los Mecanismos Alternativos El Mecanismo Alternativo se tendrá por concluido de manera anticipada en los casos siguientes: I. Por voluntad de alguno de los Intervinientes; II. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los Intervinientes; III. Cuando el Facilitador constate que los Intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y se aprecie que no se arribará a un resultado que solucione la controversia; IV. Si alguno de los Intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo; V. Por incumplimiento del Acuerdo entre los Intervinientes, y VI. En los demás casos en que proceda dar por concluido el Mecanismo Alternativo de conformidad con la Ley." Es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo. Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente. La anterior afirmación tiene sustento en el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, de rubro: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO."4 Con esa perspectiva, es claro que no existe alguna afectación a los derechos fundamentales de *, pues como él mismo refiere, el procedimiento de mediación en materia penal se encuentra supeditado a la voluntariedad de las partes, por lo que no puede ser coaccionado e incluso, de no presentarse, la única consecuencia jurídica posible es que dicho mecanismo se declare concluido. De ahí que, al no existir un agravio personal y directo, se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada. Por otra parte, el quejoso también reclama en la demanda el libramiento en su contra de lo que genéricamente denomina como "citación, presentación, detención, aprehensión, arraigo, comparecencia, búsqueda, localización, privación de la libertad personal, captura, arresto o cateo. Pero al narrar los antecedentes de esos actos, refirió: ".No obstante lo anterior, me permito informar a Su Señoría, que el día de hoy, fui informado por diversos vecinos del domicilio de mi centro de trabajo, que unas personas que se ostentan como Agentes Investigadores Ministeriales, han rondado en diversas ocasiones por mi domicilio, e incluso han llegado a preguntar por el suscrito, así como por mi centro de trabajo y mi familia, porque al parecer, dicen tener una orden de investigación y de privación de mi libertad." [Énfasis añadido] Además, la emisión de dichos mandamientos la atribuye únicamente a once autoridades de carácter ministerial, y refiere que los mismos serán ejecutados por el Fiscal General del Estado de Puebla y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación a través de los elementos a su mando. De modo que el reclamo planteado, está circunscrito en realidad a una orden de presentación con fines de investigación emitida para el quejoso, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración al quejoso en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades ministeriales, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Cabe agregar que no es posible adjudicar a una autoridad de carácter administrativo (como lo son los fiscales señalados como responsables ordenadores) la emisión de una orden privativa de aprehensión, cateo o arraigo, porque carecen de facultades legales y constitucionales para ordenarlas, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se insiste, en los antecedentes del acto precisa que ese acto del que se duele deriva de una investigación realizada en su contra. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un indiciado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el indiciado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.5 Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales6, el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.7 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]".8 También se invoca en apoyo a lo considerado, por analogía, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 180028, que dice: *Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: *Por tanto, de conformidad con los 61, fracción XXIII, 107, fracciones IV, primer párrafo y V, a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *, porque los actos que reclamó encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal del promovente. El quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, pero también solicitó que las mismas le sean efectuadas de manera electrónica a través del usuario "pteutlez". En ese tenor, se hace saber al quejoso que resulta improcedente tener dos vía para recibir notificaciones. Ahora, ante la contingencia producida por el virus SARSCoV-21 -causante de la enfermedad COVID-19- debe darse prioridad a la forma de notificación electrónica, para evitar poner en riesgo la salud de los funcionarios públicos. En consecuencia, fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "pteutlez". Por otra parte, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo *, por carecer del registro de sus cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente electrónico El promovente solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "pteutlez". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal9, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente (así como la práctica de notificaciones). Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y numero telefónico proporcionados en la demanda. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica al promovente que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto10 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) estén correctos y completos. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano