Miguel Antonio Peraza Briceño

Expediente 572/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
572/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Peraza Briceño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Ahora, toda vez que no es necesaria la retención de los 25 anexos enviados en apoyo al informe justificado rendido por el Tribunal Superior Militar, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 572/2018, promovido por Miguel Antonio Peraza Briceño, por conducto de su defensor Alejandro Campos Gachuz, contra actos del Tribunal Superior Militar y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredido en su perjuicio el derecho público subjetivo contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, la autoridad que previno en el conocimiento del asunto admitió a trámite la demanda registrada con el orden 489/2018-IV; se requirió a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al Tribunal Superior Militar; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. Por auto de nueve de julio pasado, el titular del Juzgado Tercero mencionado estableció que el asunto está relacionado con el diverso 29/2018, del registro de este órgano jurisdiccional, por lo que estimó que no le correspondía conocer y resolver el presente asunto, por razón de turno, dado que los actos reclamados fueron emitidos en el incidente de reconocimiento de inocencia 02/2018, derivado de la causa 1762/2005 del orden del Juzgado Segundo Militar de la Primera Región Militar, de la que también emanó la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete que fue materia en el juicio del que previamente conoció este juzgado, razón por la que envió el asunto a este órgano de control constitucional para continuar con la tramitación correspondiente. V. Por auto de trece de julio del presente año, este juzgado se avocó al conocimiento del juicio, que se registró con el orden 572/2018; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijaron fecha y hora para la audiencia de ley, en que se emitió la sentencia relativa, por la que se negó el amparo solicitado. VI. Inconforme, el defensor del quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que registró como R.P. 251/2018 y, mediante sesión de once de octubre de dos mil dieciocho, resolvió revocar la sentencia y ordenó reponer el procedimiento, a efecto de que se diera vista al quejoso con el oficio AMPAROS-4862 y su respectivo anexo, procedentes del Tribunal Superior Militar, para que manifestara lo que a su interés correspondiera. VII. Hecho lo anterior, se fijó fecha y hora para la audiencia de ley, que se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la resolución reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se precisa que los actos que se reclaman son los siguientes: - La resolución de catorce de mayo pasado, dictada por el Tribunal Superior Militar en el reconocimiento de inocencia 2/2018; y su ejecución que se atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, Villa Aldama, Perote, Veracruz. TERCERO. Es cierto el acto reclamado del tribunal responsable, pues así lo admitió al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo, entre las cuales se aprecia la determinación controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También es cierto el acto de ejecución que se atribuye al director en cita, pues no obstante que lo negó al rendir su informe, lo cierto es que el quejoso se encuentra interno en el centro de reclusión a su cargo, de ahí que debe tenerse por desvirtuada su negativa y como cierto el acto que se le imputa. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El diecinueve de octubre de dos mil siete, se emitió sentencia condenatoria contra el quejoso, en la causa 1763/2005, por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de transportación de cocaína, imponiéndole la pena de veintiséis años, tres meses de prisión. 2. Contra dicha determinación el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Supremo Tribunal Militar, el que el dos de junio de dos mil ocho, al resolver el toca 224/2007 modificó dicha sentencia, sólo en relación con la pena pecuniaria impuesta. 3. Inconforme con esa determinación, el justiciable promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que al resolver el expediente 149/2009, determinó negar el amparo solicitado. 4. El diecisiete de abril pasado, el tribunal responsable admitió a trámite el incidente de reconocimiento de inocencia planteado por el quejoso, que declaró infundado mediante resolución de catorce de mayo del año en curso, bajo las siguientes consideraciones: - Que el quejoso solicitó el reconocimiento de inocencia argumentando los hechos por los que se le sentenció por el delito contra la salud, en su modalidad de trasportación de cocaína, son los mismos por los que se les absolvió del delito de delincuencia organizada, por lo que era aplicable en el principio "in dubio pro reo". - Que la documental que ajuntó a su petición de reconocimiento de inocencia no era un medio de prueba idóneo para ello, pues no constituía una documental para invalidar las pruebas en que se fundó su condena, pues la misma corresponde a la notificación de la resolución pronunciada por el Quinto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en el juicio de amparo 85/2016, en que se le concedió el amparo contra el acto del Segundo Tribunal Unitario de dicho circuito, en la que en lo que interesa se estableció que para el caso de que se decretara auto de formal prisión contra el quejoso, no debía considerar las actuaciones de la averiguación previa y los hechos que de ella se derivaran cuando no los hubiera señalado el Ministerio Público en el pliego de consignación, lo que en el caso se traducía en excluir las pruebas y los argumentos que dicha representación social no tomó en consideración al realizar el estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, entre otros, del quejoso, asimismo, debía exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se les imputó; y - En su caso, el promovente de amparo no agregó a su petición la copia certificada de la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, que según le fue otorgada por el delito de delincuencia organizada que se le imputó. Ese actuar del tribunal responsable se considera apegado a lo que ordena el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal que establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Así, es menester precisar la naturaleza y alcance del reconocimiento de inocencia, previsto en el artículo 874 del Código de Justicia Militar, que prevé lo siguiente: "Artículo 874. El reconocimiento de inocencia del sentenciado se podrá basar en alguno de los motivos siguientes: I. Que no existió el hecho material que sirvió de base para la condenación; II. Que aun habiendo existido el hecho y éste hubiera sido ejecutado por la persona declarada culpable de él, no debió ser legalmente castigada; III. Cuando dos o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito y sea imposible que todas ellas lo hayan cometido; IV. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas; y V. Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla". Del contenido del precepto transcrito se advierte que el reconocimiento de inocencia constituye un recurso extraordinario, cuya finalidad no consiste en revalorar los elementos de convicción que ya fueron apreciados, en virtud de que la razón esencial de esa solicitud radica en que una vez dictada una sentencia que ha adquirido el carácter de irrevocable, aparecieren datos comprobables de que las pruebas que la fundaron quedaron desvirtuadas, surgiendo así la necesidad de cesar sus efectos, es decir, sólo con base en pruebas desconocidas en el proceso, pudiera quedar establecida de manera indubitable la inocencia del sentenciado. Así, el reconocimiento de inocencia es una institución de carácter extraordinario y excepcional, que reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por objeto corregir injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente, precisamente porque se haya evidenciado la imposibilidad de que hubiere cometido el delito. En ese contexto, se estima que la resolución reclamada está adecuadamente fundada y motivada, pues el tribunal responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables y expuso las razones o causas particulares por las que resolvió en el sentido en que lo hizo; además, indicó la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Así se considera, porque la autoridad judicial responsable legalmente declaró infundado el incidente planteado por el quejoso, pues sustancialmente consideró que este último pretende se invaliden las pruebas en que se fundó la sentencia emitida en su contra por el ilícito contra la salud, con la copia certificada del exhorto por el que se le notificó la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 85/2016 de referencia, de la que no se advierte la ilegalidad de las pruebas que sustentaron su condena, máxime que como estableció el tribunal responsable, no adjuntó copia certificada de la resolución por la que indicó le fue decretada libertad por falta de elementos para procesarlo por la comisión del delito de delincuencia organizada, a partir de los mismos hechos por los que se le condenó por el delito de contra la salud mencionado. Derivado de lo anterior, son inoperantes los conceptos de violación expuestos por el quejoso, en los que en esencia indicó que en la resolución por la que se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada se puso de manifiesto la existencia de pruebas ilegales e "ineficaces", para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, probanzas que son las mismas en que se sustentó su condena por la comisión del delito de contra la salud, en la modalidad mencionada; lo anterior es así, pues de la copia certificada que adjuntó a su petición no se advierte dicha circunstancia, aunado a que no adjuntó copia de la resolución por la que se le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar. Del mismo modo, es inoperante el motivo de disenso en que el amparista aseveró que el tribunal responsable negó el reconocimiento de inocencia porque los procesos que se le instruyeron en el fuero militar y federal fueron por conductas "diferentes", así como que el auto de libertad indicado no constituye una resolución que ponga fin al juicio y que el término "bajo las reservas de ley" permite al Ministerio Público aportar nuevos elementos probatorios intentar inculpar nuevamente a los indiciados, de ninguna manera convalida el pretendido alcance probatorios de los elementos de prueba que ya fueron declarados ineficaces para incoar proceso; ello es así, porque la razón por la que se declaró infundada su solicitud de reconocimiento de inocencia fue diversa, como se aprecia de párrafos precedentes. En razón de lo expuesto y al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Miguel Antonio Peraza Briceño, contra la resolución de catorce de mayo pasado, dictada por el Tribunal Superior Militar en que se declaró infundado el reconocimiento de inocencia 2/2018, promovido por el quejoso. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado de la autoridad ejecutora, pues al haberse negado el amparo respecto de la resolución emitida por la autoridad ordenadora, lo mismo debe decirse de su ejecución, ya que no se reclama por vicios propios. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia que se identifica con el número 91 que está publicada en la página 72, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Antonio Peraza Briceño, contra la resolución de catorce de mayo pasado, dictada por el Tribunal Superior Militar en que declaró infundado el reconocimiento de inocencia 2/2018, promovido por el quejoso; y su ejecución que se atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, Villa Aldama, Perote, Veracruz.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, pues a través del primero el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devuelve el juicio de amparo 572/2018 y 25 anexos, asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 251/2018, en que revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición de procedimiento. Al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y agréguense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Ahora, en cumplimiento a dicha determinación, con el oficio AMPAROS-4862 y su respectivo anexo, procedentes del Tribunal Superior Militar, dese vista a la parte quejosa para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Para dar margen a lo anterior, se señala el siete de noviembre de dos mil dieciocho, a las nueve horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense al presente cuaderno de antecedentes los oficios de cuenta. En atención al contenido del primero, procedente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se tiene a dicha autoridad acusando recibo del oficio 23393 e informando que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado con el orden R.P. 251/2018. En cuanto al contenido del restante, proveniente del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, Villa Aldama, Estado de Veracruz, mediante el cual se comunica que "El impetrante de garantías, egresó por traslado, en fecha cuatro de julio del año que transcurre, para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Psicosocial, en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/09409/2018, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social"; circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento. .

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