Miguel Antonio Martínez Álvarez

Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1129/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Martínez Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo. Asimismo, es susceptible de depurable el original del incidente, pues en él se concedió la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1129/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Por escrito presentado en el buzón judicial el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, recepcionado el veintiocho por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintinueve posterior, Miguel Antonio Martínez Álvarez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables: Las diligencias de notificación y emplazamiento de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, así como todo lo actuado en el juicio laboral 261/2021, del índice del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las responsables: 1. Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México; 2. Ejecutora "B" adscrita a dicho órgano jurisdiccional (promociones 13804 y 13603), no obstante al rendir su informe justificado lo negaron, lo cierto es que de las manifestaciones que vierten, se aprecia la existencia del proceso de origen; motivo por el cual debe tenerse por cierto. Orienta a lo anterior, la tesis aislada con número de registro: 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, visible en la página 391, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con las documentales que remitieron, consistentes en el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente laboral 261/2021 de su índice, instado por Claudia Daniela García Vázquez, contra Miguel Ángel Martínez Álvarez y otros, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Procedencia del juicio. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público. En el caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto que se reclama, en los términos siguientes. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." El interés jurídico es uno de los presupuestos fundamentales y que doctrinariamente se ha identificado, por un lado, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los derechos sobre los cuales se reclama una afectación, y, por otro lado, con el principio de agravio real y actual, que consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante el juicio de amparo, constituye un perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril 2004, página 1428, Novena Época, con número de registro 181719, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía." De acuerdo con lo anterior, el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo; es decir, aquel que derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así se tiene que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular; por lo tanto, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de derechos en su perjuicio; esto es, se refiere a la titularidad de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que se traduce en una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del gobernado. Empero, no basta que el acto autoritario exista para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley; en ese sentido, resulta necesario determinar si la parte quejosa tiene interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, toda vez que alega, se violaron sus derechos de acceso a la justicia, en torno a lo previsto en los numerales 14 y 16 Constitucionales, aduciendo que no ha sido oído y vencido en juicio, ante la falta de emplazamiento. Para tal efecto, resulta prudente traer a análisis el contenido normativo de los artículos 5 y 6 de la citada legislación, que refieren: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De estos preceptos legales se desprende, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por lo que a contrario sensu, es improcedente cuando el acto reclamado no genera una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, como sucede en la especie; en consecuencia, debe decirse que Miguel Antonio Martínez Álvarez, por derecho propio, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Lo anterior se afirma, toda vez que de las constancias remitidas por las autoridades responsables como complemento a su informe justificado, se advierte que el juicio de origen 261/2021 del cual aduce emana el acto reclamado, no le genera una afectación real y actual, en virtud de que no es parte en el proceso referido, ya que dichas actuaciones únicamente vinculan a Claudia Daniela García Vázquez (como accionante), así como a Miguel Ángel Martínez Álvarez y otros, como parte demandada. Por lo que se concluye que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues estimar lo contrario sería tanto como permitir que cualquier persona pudiera hacer funcionar el aparato jurisdiccional en su favor sin necesidad de acreditar que es parte dentro del procedimiento del cual derivan las violaciones alegadas en su demanda; o bien, que se ve afectado en su derecho de defensa en un proceso en el que se ha emitido una sentencia definitiva sin haber sido oído y vencido en juicio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Décima Época, con número de registro 2006144, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Destacando de lo anterior que, parte, es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho y, por tanto, son las únicas personas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, sus excepciones, así como para impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas (cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad), para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Por lo que es evidente que no quedó demostrado en autos del juicio de amparo, ni tampoco se aprecia del expediente de origen, que el aquí quejoso guarde identidad con las personas demandadas en el controvertido de origen; puesto que no ofreció algún medio de prueba que tuviera por objeto acreditar que Miguel Ángel Martínez Álvarez, persona demandada en el juicio natural, corresponda al quejoso Miguel Antonio Martínez Álvarez. No constituye obstáculo para concluir en este sentido, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia del controvertido de origen y que con ello se pudiera establecer la existencia del acto reclamado, toda vez que, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de demostrar que los actos combatidos afectan su esfera de derechos públicos subjetivos tutelados por la Ley Fundamental, conforme a los criterios jurisprudenciales de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, al concretizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Atento a lo anterior, no procede analizar los conceptos de violación, en términos del criterio sostenido en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído el oficio del 1. Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México; mediante el cual comunica que el diecinueve de octubre de los actuales, dio cumplimiento al requerimiento formulado y remitió el informe justificado el dieciocho de noviembre de la anualidad; sin que amerite mayor pronunciamiento, toda vez que en acuerdo de dicha data se tuvo por rendido. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por el 1. Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que en copia certificada adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Con relación al correo electrónico que proporciona la autoridad en cita, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Notifíquese.

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