Miguel Antonio Lázaro Ruiz

Expediente 774/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
774/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Lázaro Ruiz
  • Miguel Antonio Lázaro Ruiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dado que resulta innecesaria la retención de los tres tomos de pruebas que el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca exhibió en este juicio constitucional, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 774/2020 promovido por *************************, en contra de la omisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca **/****. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del inconforme el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva reconocido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes Común de Primera Instancia del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial de Oaxaca, ************* demandó del organismo público descentralizado denominado Monte de Piedad del Estado de Oaxaca la nulidad de la resolución negativa ficta que recayó a su petición contenida en el escrito exhibido el veintidós de diciembre de dos mil quince. 2. De ese asunto correspondió conocer, por razón de turno, a la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial de Oaxaca, actualmente Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, quien en el auto de doce de abril de dos mil dieciséis, lo registró bajo el expediente ****/****, admitió a trámite la demanda, dispuso que se emplazara a la entidad pública enjuiciada y admitió las pruebas que la parte actora ofreció. 3. En el acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve, el referido Tribunal administrativo tuvo al organismo demandado por confeso de los hechos que el accionante le imputó en su escrito inicial, porque no dio contestación a la demanda instaurada en su contra. 4. El veintisiete de febrero posterior, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos y se citó a las partes para oír el fallo. 5. El seis de febrero de dos mil veinte, la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca dictó la sentencia respectiva, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta y condenó a la parte demandada a indemnizar al actor el valor actualizado del objeto que dio en prenda, menos los montos del crédito e intereses que el último de los contendientes adeudaba. 6. Inconformes con ese fallo las partes interpusieron en su contra sendos recursos de revisión que correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca; en este punto es necesario precisar que el medio de impugnación que el organismo público demandado interpuso se registró bajo el toca **/****y el recurso de revisión que el accionante interpuso fue registrado bajo el toca ***/****. 7. El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal de alzada admitió y resolvió conjuntamente los mecanismos de impugnación señalados; en la resolución indicada el mencionado órgano jurisdiccional estimó que los agravios formulados por el actor eran inoperantes y que uno de los motivos de disenso que la autoridad demandada expresó era fundado; por tanto, revocó el fallo recurrido, estableció que se configuró la resolución negativa ficta, declaró la nulidad lisa y llana de esa actuación y condenó al Director General del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca a que diera respuesta a la solicitud que el actor formuló a través de su ocurso presentado el veintidós de diciembre de dos mil quince. 8. El veintitrés de febrero del año en curso, se notificó a la autorizada del actor ********************* la resolución dictada en los recursos de revisión tramitados bajo los tocas **/****y **/****. 9. En consideración de la titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 10. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***************************** promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. 11. El quejoso señaló como derecho fundamental violado el consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 12. Por acuerdo de uno de diciembre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 774/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 13. La audiencia constitucional se llevó a cabo el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 14. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 15. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 16. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 17. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: De la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca combate: ? La omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca ***/****. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO 18. Es cierto el acto reprochado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. 19. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 20. Además, la certeza de la omisión impugnada se patentiza con las constancias originales del recurso de revisión tramitado bajo el toca **/****, que la responsable aportó en el presente sumario, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de los autos de ese medio de impugnación se desprende a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -es decir, al treinta de noviembre de dos mil veinte- la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca no había dictado la resolución correspondiente, por lo que esa situación conduce a establecer la existencia del acto reclamado. 21. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. OPORTUNIDAD 22. Por la naturaleza del acto impugnado la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica del justiciable que no se subsana mientras aquélla subsista. 23. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. LEGITIMACIÓN 24. **************************** se encuentra legitimado para promover por sí este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que está probado que el inconforme figura como recurrente en el recurso de revisión tramitado bajo el toca **/**** , por lo que la omisión de resolver ese medio de impugnación tiene un impacto en su esfera normativa, porque le impide obtener un fallo en donde se examinen los agravios que expresó en contra de la resolución de primer grado pronunciada en el juicio de origen y esa circunstancia lo legitima para ejercer por sí la acción de amparo en contra de tal abstención. VIII. PROCEDENCIA 25. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 26. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 27. En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto impugnado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca consistente en la omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca **/***** se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos, porque ese órgano jurisdiccional dictó la resolución correspondiente en el aludido medio de impugnación. 28. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" 29. El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 30. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." 31. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 32. Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. 33. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 34. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. 35. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 36. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. 37. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el solicitante del amparo reclama de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca la omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca ***/****, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a esa autoridad a emitir un fallo que decida el referido mecanismo de defensa. 38. Ahora, de las constancias que obran en este sumario se advierte que el Tribunal administrativo responsable remitió la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, y la notificación de esa determinación de veintitrés de febrero posterior, de las cuales se desprende que admitió los recursos de revisión tramitados bajo los tocas ***/**** y ***/**** y falló conjuntamente esos mecanismos de impugnación; además, en la resolución indicada el mencionado órgano jurisdiccional estimó que los agravios formulados por el actor eran inoperantes y que uno de los motivos de disenso que la autoridad demandada expresó era fundado; por tanto, revocó la sentencia recurrida, estableció que se configuró la resolución negativa ficta, declaró la nulidad lisa y llana de esa actuación y condenó al Director General del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca a que diera respuesta a la solicitud que el actor formuló a través de su ocurso presentado el veintidós de diciembre de dos mil quince; también se colige que se comunicó procesalmente a la autorizada del justiciable ****************************esa decisión el veintitrés de febrero del año en curso. 39. Lo anterior evidencia que la responsable ya pronunció el fallo en el medio ordinario de defensa que el quejoso interpuso y notificó a este último esa resolución, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión de esa resolución y su notificación al inconforme los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado. 40. Efectivamente, el hecho de que ese órgano jurisdiccional responsable haya dictado la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los tocas de los recursos de revisión ***/**** y ***/**** y que se comunicó procesalmente esa resolución al disidente evidencia que los efectos y las consecuencias de la actuación reclamada a esa autoridad han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. 41. Es así, porque la conducta omisiva ejercida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haber pronunciado la resolución en los mecanismos de impugnación señalados; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de substanciar y de resolver las controversias planteadas ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la parte quejosa fue reparada por la propia autoridad al haber dictado el fallo descrito y comunicarse procesalmente esa resolución al inconforme. 42. Conforme a lo expuesto es indudable que el fallo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, pronunciado en los tocas de los recursos de revisión ***/**** y ***/**** y su notificación al quejoso genera la cesación de los efectos del acto reclamado, porque no debe perderse de vista que el juicio de amparo fue promovido contra la omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca ***/****; por tanto, la protección constitucional que en su caso se otorgara en términos de lo prescrito por los ordinales 73 y 77, fracción II, de la ley de la materia tendría por efectos obligar a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca a que respetara el derecho fundamental del promovente reconocido por el precepto 17 de la Carta Magna; por consiguiente, a que emitiera la resolución correspondiente en el medio de defensa que el justiciable interpuso. 43. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca resolvió el recurso de revisión tramitado bajo el toca ***/**** y comunicó procesalmente al agraviado esa decisión es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva atribuida a la citada autoridad han cesado, ya que con la emisión del fallo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en ese medio de defensa y su notificación se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. 44. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca consistente en la omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca ***/****; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. 45. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." IX. DECISIÓN 46. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que el justiciable reclamó a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca consistente en la omisión de dictar la resolución en el recurso de revisión tramitado bajo el toca ***/****. 47. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. 48. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 49. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 50. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 51. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 52. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************************************* en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente. - SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO ACUDIO A L LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA SENTENCIA NO OBSTANTE LA CITA QUE SE DEJO-

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca en atención al requerimiento de veintidós de febrero pasado, remite las constancias del juicio contencioso administrativo 422/2016 y de los recursos de revisión 95/2020 y 96/2020; al respecto, se tiene a la citada autoridad por cumplido el aludido requerimiento. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciadas las documentales indicadas, sin perjuicio de admitirlas, relacionarlas y desahogarlas en la audiencia constitucional, conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos. Por otro lado, para un mejor manejo de las documentales aportadas, fórmense por separado los tomos I, II y III de pruebas, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Tribunal, en el entendido de que conforman el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 37/2020 del Pleno del citado Consejo, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo se tiene a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa por rendido su informe justificado y por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; con el contenido de esos documentos dese vista a las demás partes para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 37/2020 del Pleno del citado Consejo, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. En diverso aspecto, se tiene a la citada responsable designando como delegada a la persona que señala, conforme al ordinal 9 de la ley de la materia. Por otra parte, téngase a la oficiante señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por los artículos 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al primer ordenamiento, requiérase a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, remita copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las constancias que integran los expedientes relativos a los recursos de revisión 95/2020 y 96/2020, de donde emana el acto reclamado, dado esas actuaciones son indispensables para resolver este medio extraordinario de defensa. Apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. . . Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca.

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