Miguel Antonio Garzón García
Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/08/2021
Partes del expediente
- Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
- Miguel Antonio Garzón García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio, y así hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Asimismo, dado que se negó tanto la suspensión provisional como definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible un vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. III. Duplicado del incidente. En atención a lo dispuesto en la fracción II inciso a) del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. De autos se advierte que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, para los efectos siguientes: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá: Demostrar que se dictó laudo en el juicio laboral de origen; o en su caso, el impedimento legal que tenga para ello." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio 08.17/4857/2020, la mencionada autoridad, remitió copia certificada del laudo dictado el diez de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio laboral de origen 2546/2019. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón a que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, se dictó laudo en el juicio laboral de origen, lo cual acreditó con copia certificada de la aludida resolución. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
V I S T O S, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 47/2021, promovido por *******, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, de manera electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco,********, por propio derecho, solicitó la suspensión contra la autoridad y por el actos que ahí mismo precisó. SEGUNDO. Apertura del incidente. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera en el plazo de cuarenta y ocho horas su informe previo; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. El presente amparo se admitió en relación con el acto reclamado consistente en: "D. ACTO RECLAMADO: El ilegal acuerdo emitido por la autoridad responsable dentro de esta demanda de garantías, esto es el H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, de fecha viernes 15 de enero del 2021, en donde determinan cerrar todas las actividades inherentes a la actividad jurídica de todos los juzgados familiares, civiles, mercantiles tradicionales y mercantiles orales, así como Salas Superiores en todos los partidos judiciales del Estado de Jalisco, con el pretexto de que existe un foco rojo en el que el Poder Ejecutivo del Estado determinó lo que se denomina "Botón de Emergencia", paralizando actividades como desahogo de audiencias, poder presentar demandas iniciales, realizar diligencias de requerimiento y embargo, acordar y notificar promociones, etcétera. Siendo que hay elementos técnicos sanitizantes para poder trabajar aunque sea al 30% o 50% de su capacidad, tal y como se demostrará en el momento procesal oportuno." Sin embargo, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para el efecto de que: ".se le deje trabajar normalmente cumpliendo con las medidas sanitizantes señaladas y se dé seguimiento a todos y cada uno de los juicios que se intenten y los que ya están en trámite, dictándose los acuerdos en tiempo y forma, se notifiquen lo mismos y se desahoguen todas y cada una de las diligencias y audiencias ya audiencias de cada caso en los tiempos de la ley, cumpliendo por supuesto con todas las medidas de protección dictadas por la autoridad de salud." En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión definitiva únicamente en los términos solicitados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." TERCERO. Existencia de los actos. El Magistrado Presidente y Representante del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al rendir su informe previo reconoció la certeza del acto reclamado. CUARTO. Pronunciamiento respecto a la procedencia de la medida suspensional solicitada en relación con la aprobación del acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, relativo a las medidas que deben seguir las autoridades jurisdiccionales durante el plazo comprendido entre el once y el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. Se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de la emisión del acuerdo materia del acto de reproche (relacionado en párrafos que anteceden); en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, en razón de que el presente incidente tiene por efecto salvaguardar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, inclusive, de ser posible, restituir a la quejosa, temporal y no definitivamente, los derechos, legítimamente tutelados, que le fueron violados. Así, de conceder la suspensión en contra de dicho acto, sería dar efectos restitutorios definitivos que son propiamente materia del juicio principal y que no pueden restituirse provisoriamente por medio de la medida cautelar. QUINTO. Pronunciamiento respecto a la procedencia de la medida suspensional solicitada en lo que respecta a las consecuencias jurídicas de la aprobación del acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno. Requisitos de procedencia. I. Estudio. De conformidad con el artículo 147 del mismo ordenamiento, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo precautoriamente al quejoso el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio principal. Sobre esa base, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar, consistentes esencialmente en: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, el requisito de procedencia marcado con el inciso a) se colmó plenamente toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues estos deben tutelarse si no están en conflicto con la sociedad y el Estado; además, cabe tener presente que por orden público se entiende al sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegan a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender; así, la determinación del orden público e interés social, ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia, como la que enseguida se invoca, ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3º.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión, de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Entonces, se tiene que de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la ley de la materia, con la concesión de la medida cautelar no se deben infringir disposiciones de orden público ni se debe vulnerar el interés social. En el caso concreto, el quejoso refiere que es abogado de profesión y que la medida decretada mediante el acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno (materia del acto reclamado), le impide desempeñar su labor como habitualmente lo hacía y, afirma que con dicha determinación se cuarta su derecho humano al trabajo en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 5 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que acude en la vía de amparo a defender sus derechos. Ahora bien, a criterio de quien ahora resuelve, se actualiza el supuesto previsto por el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, que expresamente señala que la suspensión de los actos reclamados será improcedente cuando ".Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país.". En efecto, a fin de arribar a la anterior determinación, a manera de antecedentes, debe tenerse en consideración los diversos acuerdos emitidos por las autoridades sanitarias y el gobernador del estado de Jalisco, de entre las que destacan: Del Secretario de Salud mediante el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, determinó en lo que interesa: "Artículo primero. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas: a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal; IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México; VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.". Conforme lo establecido en dicha transcripción se puede advertir que, se ordenó la suspensión de manera inmediata a partir del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; asimismo, se enlistaron diversas actividades consideradas esenciales, que podían seguir en funcionamiento. Por otra parte, en concordancia con lo anterior, además de las acciones implementadas por la Secretaría de Salud, el Gobierno de Estado de Jalisco, emitió el Plan Jalisco Covid-19, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de donde se advierte que se determinaron las actividades que se consideraron como esenciales, precisándose lo siguiente: En la rama de comercio: ? Restaurantes, preferentemente con servicio a domicilio o alimentos para llevar ? Puestos de alimentos preparados como taquerías, loncherías, entre otros ? Envases, empaque y embalaje ? Tianguis (Sólo con puestos que vendan alimentos, bebidas y productos de necesidades básicas) ? Tiendas naturistas, tortillerías y panaderías ? Refaccionarias ? Estacionamientos públicos ? Ferreterías, tlapalerías y Papelerías ? Lavanderías ? Todos los productos y servicios que forman parte de la cadena de suministro de los servicios sanitarios y de salud (medicina alternativa, terapia psicológica, fisioterapia, dentista, ópticas, entre otros). En la rama de servicios: ? Hoteles (no para uso vacacional. Solo para uso de personas participando en actividades esenciales) ? Aseguradoras, casas de cambio, cajas de ahorro ? Notarías, Despachos jurídicos y contables ? Call centers ? Cerrajerías ? Talleres mecánicos y grúas ? Talleres de bicicletas ? Reparación de electrodomésticos ? Veterinarias ? Fumigación En la rama de la industria: ? Las que participan directamente en el abasto, servicio o proveeduría de las actividades esenciales o cuya suspensión tenga efectos irreversibles. ? Todos los productos médicos, industriales, agroindustriales y del campo que sean comercializados en supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, mercados, farmacias, ferreterías, o cualquier establecimiento considerado actividad esencial ? Construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura crítica y la relacionada con actividades esenciales y toda su cadena de suministro; así como las que tengan efectos irreversibles. ? Producción de papel, vidrio, metal, plástico y materias primas ? Impresión y etiquetado para insumos y productos esenciales ? Electrónica, que esté relacionada con actividades esenciales o con efectos irreversibles. ? Telecomunicaciones, medios de información y toda su cadena de suministro y construcción. Luego, el diecinueve de abril de dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, emitió el "ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, DE CARÁCTER GENERAL Y OBLIGATORIO, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19,", que en la parte condúcete establece: "Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracciones I, X y XIX, 11, 13, 14, 15 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracciones I y XIV, 17 párrafo 1 fracción IV, así como 30 párrafo 1 fracciones I, II y XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 402, 403, 404 fracción XIII, 416, 417, 422, 423 y 427 de la Ley General de Salud; y 4, 145, 146, 313, 314 párrafo 1 fracción XI, 344, 345, 348 y 351 de Ley de Salud del Estado de Jalisco; y con base en los siguientes: CONSIDERANDOS I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la facultad de expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos. II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda. III. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus conocida como pandemia de COVID19, con motivo del elevado número de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo y cuyas afectaciones ya se han hecho patentes en México y en Jalisco. IV. Para contrarrestar lo anterior, el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional de salvaguardar el derecho humano a la salud, en un contexto de corresponsabilidad social, el 16 de marzo de 2020 publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 013/2020 a través del cual se emitieron medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19. V. El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por el Presidente del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En ese sentido, el día 31 del mismo mes y año, el Secretario de Salud del Gobierno de México publicó en el citado medio de difusión, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre ellas, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales. [.] Primero. Se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención hospitalaria: I. Toda persona que se encuentre en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable. II. El resguardo domiciliario corresponsable aplica, de manera estricta y sin excepción, a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como insuficiencia renal o hepática. III. Se reitera la suspensión inmediata de las actividades definidas como no esenciales, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. IV. En todos los lugares, recintos y establecimientos, públicos o privados, en los que se realicen actividades definidas como esenciales, se deberán adoptar, en todo momento y de manera obligatoria, las siguientes prácticas de higiene y sana distancia: a. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; b. Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); c. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); y d. Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por la Secretarías de Salud, tanto federal como estatal. V. Queda prohibida la realización de eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, privado o social; VI. Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. VII. Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios y demás análogos. VIII. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales. Segundo. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el presente acuerdo le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, referidas en el considerando VII. Los establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades esenciales que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en este acuerdo, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. Cuarto. Las anteriores medidas de seguridad sanitaria estarán vigentes hasta el día 17 de mayo de 2020, pudiendo ampliarse su vigencia en caso de ser necesario. Quinto. Se instruye al Secretario de Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas. Sexto. Las medidas de seguridad sanitaria establecidas en el presente acuerdo podrán ser adicionadas o modificadas, tomando en consideración el avance, propagación o evolución del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses. TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente el de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los ciudadanos Secretario General de Gobierno, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social y Secretario de Salud, quienes lo refrendan [.]" Así como el diverso de quince de enero de dos mil veintiuno, del tenor siguiente: "ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTENER LA PANDEMIA DEL "COVID-19" EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 36, 46 y 50 fracciones XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracciones IV y X, 14, 15 párrafo 1 fracciones I, V y XVIII, y 16 fracciones I, II y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y con base en los siguientes:--- CONSIDERANDOS --- I. Los artículos 36 y 50 fracciones XX y XXII y de la Constitución Política del Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la facultad de expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos, así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo, cuando no exista disposición en contrario para ello, a las secretarías. --- II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda. --- III. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020, como pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. --- Las evidencias apuntan a que la razón principal que propicia el aumento de casos de contagio es que el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la convivencia, interacción y cercanía en que éstas pueden encontrarse físicamente, bien sea a través de gotas que expulsan las personas infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca, o por tocar objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos. --- IV. El día 15 de enero de 2021, la Mesa Especializada de Salud sesionó a efecto de revisar los indicadores de la pandemia COVID-19, determinando la aplicación de diversas medidas de seguridad sanitaria, entre ellas, que las oficinas de gobierno realizarían trabajo a domicilio o desde casa. --- V. En cumplimiento de la obligación constitucional de salvaguardar el derecho humano a la salud, se estima necesario que: --- 1. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal continúen laborando para garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que tiene a su cargo y que sean esenciales para la sociedad, así como la provisión de bienes indispensables para la población. --- 2. Acorde con los criterios emitidos por la Secretaría de Salud, se implementen al interior de la administración pública estatal las siguientes medidas: a) trabajo a domicilio o desde casa, b) flexibilidad de las jornadas de trabajo, c) establecer guardias intercaladas y d) ausencias por riesgo, principalmente para las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún padecimiento que los ponga en situación de riesgo. --- 3. En su caso, se suspendan los términos y plazos en procesos, procedimientos y trámites que en este momento no sean considerados esenciales o indispensables para la prestación de servicios o la provisión de bienes a la sociedad. --- En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: --- A C U E R D O --- Primero. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal continuarán laborando para garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que tienen a su cargo y que son esenciales para la sociedad, así como la provisión de bienes indispensables para la población. --- Segundo. En las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal se deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del Covid-19, referidas en los criterios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, como son: --- a) Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así como dispensadores de gel antibacterial o alcohol; --- b) Limpiar y desinfectar superficies y objetos como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, con solución clorada diluida en agua; así como mantener una adecuada ventilación en los espacios cerrados; --- c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo a domicilio o desde casa, cuando las condiciones lo permitan; --- d) Propiciar que las reuniones de trabajo se realicen de forma telemática o, en caso de ser necesarias reuniones presenciales, evitar que se realicen en áreas cerradas, manteniendo al menos un metro de distancia entre las personas; y --- e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún padecimiento que los ponga en situación de riesgo. --- Tercero. Se suspende cualquier término y plazo que estén relacionados con los procedimientos administrativos de acceso a la información pública y de protección de datos personales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los derivados de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, competencia del Poder Ejecutivo Estatal, por el periodo comprendido del 18 al 31 de enero de 2021. --- Cuarto. Se delega a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Jalisco la facultad para emitir y publicar un acuerdo por el cual se suspendan los términos y plazos de cualquier proceso, procedimiento o trámite de su competencia, que en este momento no sea considerado como esencial o indispensable para la prestación de servicios o la provisión de bienes a la sociedad, en la forma y términos que cada uno de ellos lo determine. --- Quinto. Este Acuerdo podrá ser adicionado o modificado, tomando en consideración el avance, propagación o evolución del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses. --- TRANSITORIOS --- ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Finalmente, el diverso acuerdo que a criterio del quejoso es el que le causa perjuicio a los derechos humanos que pretende salvaguardar, relativo a las nuevas medidas de seguridad tomadas a efecto de salvaguardar el derecho a la salud y seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, los justiciables y ciudadanos en general. ".ACUERDO GENERAL DEL PROTOCOLO SANITARIO DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, EN VIRTUD DEL PLAN JALISCO COVID-19 PARA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN, ante la emergencia sanitaria por causa de la extensión, magnitud y temporalidad de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en virtud de la activación del botón de emergencia por parte del Gobierno del Estado, enfocado en la contención y mitigación de los casos incluyendo restricciones de las actividades laborales, sociales y educativas con el objetivo de lograr el distanciamiento físico y la interacción de la población para la reducción de la transmisión. PRIMERO. En seguimiento a las medidas adoptadas por el Pleno de este Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en sesiones extraordinarias celebradas el 17 diecisiete, 31 treinta y uno de marzo, 17 diecisiete y 29 veintinueve de abril el 15 quince de mayo de dos mil veinte 15 al quince de junio y finalmente el 07 siete de agosto del año 2020; y de acuerdo a los datos oficiales publicados por la secretaría de salud del estado de Jalisco en el informe diario del panorama Jalisco COVID-19, y de conformidad a la comparativa de los casos que van en aumento según se encuentra publicados en la página de dicha secretaría en el enlace siguiente https://coronavirus.jalisco.gob.mx corte del día, por lo que con profundo sentido de responsabilidad social y con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, los justiciables y ciudadanos en general, a fin de coadyuvar en la contención de la pandemia y propagación del virus COVID-19, este consejo de la judicatura se suma al llamado de las autoridades federales y estatales para coadyuvar sin menoscabo de atender el principio de acceso a la justicia completa establecida en el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Federal, se declaran como días inhábiles el periodo comprendido del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de Enero del año 2021 dos mil veintiuno, teniendo tentativamente como fecha de reanudación de actividades el día 02 dos de Febrero de 2021 dos mil veintiuno, si las condiciones de salud lo permiten, por lo que NO correrán plazos ni términos procesales así como no se celebraran audiencias. Suspendiéndose consecuentemente la atención al público de manera presencial y privilegiándose la atención vía telefónica o por correo electrónico institucional. SEGUNDO. Quedan exceptuados de la medida anterior, los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes, con la finalidad de proporcionar una justicia oportuna. El Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Primer Partido Judicial, permanecerá de guardia para conocer de los asuntos relativos a servidumbres legales, posesión, diligencias de consignación y todos los relativos al artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y los que a criterio de los Jueces sean urgentes, por lo que el titular de dicho órgano determinará qué personal deberá permanecer de guardia dichos días y NO CORRERÁN TÉRMINOS JUDICIALES EN LOS DEMÁS ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO, por lo que respecta a este período de guardia. TERCERO.- El juzgado Décimo especializado en materia Familiar del primer partido judicial, permanecerá de guardia para conocer de los asuntos relativos a impedimentos de matrimonio, alimentos, y cuestiones familiares, así como la recepción de escritos iniciales de consignación de alimentos, y la entrega de los billetes de depósito relativos a alimentos de procedimientos seguidos ante su jurisdicción y todos los relativos al artículo 55 del Código de Procedimientos civiles del Estado de Jalisco, en el entendido que NO CORRERÁN TÉRMINOS JUDICIALES. El Juzgado Séptimo especializados en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial, así como los Juzgados de Primera Instancia Especializados en Materia Mercantil y Justicia Integral para Adolescentes del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco y del Décimo Cuarto Partido Judicial con sede en Zapotlán El Grande, Jalisco, permanecerán de guardia para conocer de los asuntos relativos exclusivamente urgentes del orden mercantil que a continuación se enumeran y que conforme a la Constitución, puedan conocer los jueces y tribunales del orden común: De todo trámite no contencioso de CARÁCTER URGENTE de su competencia, en el que la ley mercantil aplicable y sus normas supletorias le otorguen la facultad a los Jueces o autoridad judicial para realizarlo. Recibir demandas, solicitudes y requerimientos indispensables para interrumpir la prescripción de cualquier naturaleza en los asuntos de su competencia sin dar trámite a las mismas, reservándose su pronunciamiento hasta que se reanuden actividades. En consecuencia de lo anterior los jueces mercantiles solo podrá conocer durante el periodo de esta autorización, de los actos relativos a los trámites no contenciosos que expresamente se le facultan en este acuerdo y por lo tanto se encuentra impedido durante este periodo para dictar, ordenar, ejecutar o preparar la ejecución de cualquier clase de providencia precautoria, medida cautelar, medio preparatorio de juicio o en general actos prejudiciales. En los Partidos Judiciales del Estado en que existan cuatro Juzgados Especializados en Materia Civil, el Juzgado SEGUNDO del ramo deberá permanecer de guardia con el personal que disponga el Titular, para conocer de los asuntos relativos a impedimentos de matrimonio, alimentos, servidumbres legales, posesión y cuestiones familiares, así como la recepción de escritos iniciales de consignación de alimentos, así como la entrega de los billetes de depósito relativos a alimentos de procedimientos seguidos ante su jurisdicción, tal como lo dispone el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y los que a juicio del Juez sea urgentes por lo que NO CORRERÁN TÉRMINOS JUDICIALES en los demás asuntos de su conocimiento, en esta fase de guardia. En los Partidos Judiciales del Estado en que existan dos Juzgados Especializados en Materia Civil, el Juzgado PRIMERO del ramo deberá permanecer de guardia con el personal que disponga el Titular, para conocer de los asuntos relativos a impedimentos de matrimonio, alimentos, servidumbres legales, posesión, así como la recepción de escritos iníciales de consignación de alimentos, así como la entrega de los billetes de depósito relativos a alimentos de procedimientos seguidos ante su jurisdicción y cuestiones familiares a que se refiere el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y los que a juicio del Juez sea urgentes por lo que TAMPOCO CORRERÁN TÉRMINOS JUDICIALES en los demás asuntos de su conocimiento, en esta fase de guardia. Por lo que ve a los Juzgados de Primera Instancia Civiles antes Mixtos, deberán permanecer de guardia hasta el día 29 veintinueve de enero del 2021 dos mil veintiuno el personal que disponga el Titular del Juzgado, en el entendido que conocerán de los asuntos relativos a: alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, posesión y cuestiones familiares a que se refiere el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y los que a juicio del Juez sea urgentes. En lo que se refiere a los Juzgados Tradicionales especializados en materia Penal, así como los especializados en Justicia Integral para Adolescentes y los del Sistema Adversarial de Justicia Penal en el Estado, el personal realizará guardias de acuerdo a las necesidades del mismo, para hacer frente a esta contingencia. De igual forma, se exhorta a los Jueces del Sistema Adversarial Penal, se acojan al artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de cumplir las recomendaciones y salvaguardar la salud e integridad de los Servidores Públicos, y de la sociedad en general. En este sentido, es necesario puntualizar que dentro de la QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO CELEBRADA EL DÍA 21 VEINTIUNO DE MARZO DEL 2020 DOS MIL VEINTE, se precisaron los tipos de actos procedimentales que encuentran cabida dentro de los CASOS DE CARÁCTER URGENTE con motivo de la presente emergencia sanitaria en materia penal del sistema adversarial, de ello que se tuviera lo siguiente: controles de detención (flagrancia y detención por caso urgente), revisiones de medidas cautelares y planteamientos de otorgamientos de suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios estos únicamente respecto de asuntos con imputados que se encuentren privados de la libertad, así de idéntica forma se consideró de carácter urgente la audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión y las análogas que tengan consecuencia sobre la libertad de la persona; en este orden de ideas, resulta oportuno integrar a lo antes listado lo referente a las MEDIDAS DE PROTECCIÓN, esto consecuencia de la creciente problemática social que se ha presentado con motivo del aislamiento social consecuencia de la emergencia sanitaria que nos ocupa, por lo tanto, en lo concerniente al Juzgado especializado en Violencia contra la Mujer del Distrito I, se autoriza que se trabaje con el personal necesario, salvaguardando los protocolos de sanidad y atendiendo a los siguientes lineamientos: Ahora bien, es el caso que al ENCONTRARNOS ANTE UNA EVENTUALIDAD DE NATURALEZA EXCEPCIONAL como lo es la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y 47 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su caso establece lo relativo a la práctica de las actuaciones procesales, en las cuales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a la misma, a más de que por regla general establece que las audiencias se desarrollaran en la sala correspondiente, excepto si ello puede provocar una grave alteración del orden público u obstaculizar seriamente su realización, hipótesis que en la especie se actualiza dada la emergencia de salud vigente. Adminiculado con lo anterior se tiene que el numeral 51 del citado Código Procesal Nacional, relativo a la utilización de medios electrónicos establece a la letra lo siguiente: "Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto." Bajo la hipótesis planteada, la presente emergencia y el riesgo sanitario exige se implemente soluciones congruentes con las medidas de mitigación y prevención ordenadas por el gobierno federal y del estado, a efecto de facilitar la comunicación empleando cualquier dispositivo fijo o móvil, con el objeto de que todos los usuarios puedan verse simultáneamente entre sí, durante el tiempo de la audiencia correspondiente, esto a efecto inhibir que las partes y el personal jurisdiccional se ubiquen en un riesgo mayor de contagio durante el desarrollo de las diligencias que por su propia naturaleza o carácter urgente no son susceptibles de diferimiento. Así la medida planteada, resulta ser proporcional frente a la contingencia sanitaria, y posibilita un equilibrio entre los derechos a la salud y el bienestar del personal que labora en los órganos jurisdiccionales del estado, esto en conjunción con los derechos de defensa de los imputados y el debido proceso en general, sin que exista por ello una inobservancia de los principios adversariales del sistema penal actual. En este contexto, el desarrollo de las audiencias por videoconferencia, deberá de cumplir con las formalidades esenciales contempladas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, así la intervención de los sujetos procesales tendrá los mismos efectos que cuando la audiencia se realiza de forma presencial en el Centro de Justicia. Para efectos de lo anterior, y a fin de desarrollar e implementar el uso de la videoconferencia en tiempo real para el desahogo de las audiencias de CARÁCTER URGENTE el Administrador Distrital del Centro en concordancia con el Coordinador de Tecnologías elaborarán y difundirán los procedimientos específicos y requerimientos técnicos necesarios para dicho fin. En los casos en que a criterio del juzgador no resulte viable desahogar la audiencia mediante el uso de la videoconferencia en tiempo real, por la naturaleza del caso o por razones técnicas, ésta se deberá desahogar de manera presencial en el Centro de Justicia correspondiente, atendiendo a las recomendaciones de las medidas de higiene, filtro de supervisión y distanciamiento social. CUARTO. A virtud del carácter extraordinario de la emergencia sanitaria, coloca a los operadores jurídicos en circunstancias novedosas que obliga a tomar diversas medidas durante el periodo por el que se prolongue la contingencia. QUINTO.- Durante el periodo de suspensión de días previsto en el punto primero de este acuerdo, y dado que, la impartición de justicia se determinó que se trataba de una actividad que podría continuar en funcionamiento, por ser considerada esencial; en consecuencia, los Juzgados, de manera interna y bajo el esquema de guardias, continuarán en funciones a efecto de que dicten las sentencias correspondientes en los asuntos que guarden estado para su resolución, se exhorta a los jueces que en la medida de lo posible prioricen el trabajo en casa y que el desahogo de las audiencias que así lo permitan sea a través de videoconferencia a efecto de abatir las cargas laborales. Los titulares de los órganos jurisdiccionales, deberán de informar al término de dicho periodo, el trabajo que se haya realizado en casa a esta Secretaria General de este H. Consejo de la Judicatura del Estado. SEXTO.- Los titulares de las áreas administrativas de este Consejo de la Judicatura del Estado, determinarán las áreas que consideren esenciales para el funcionamiento y continuidad de las funciones jurisdiccionales y operativas a su cargo, y de aquéllas cuyo cumplimiento pueda realizarse vía remota, ya sea vía telefónica, electrónica o por cualquier otro medio. Asimismo, deberán tomarse las medidas de reducción de personal y distanciamiento social que resulten pertinentes, asegurando que no se interrumpa ni se ponga en riesgo la prestación de las funciones esenciales; para ello, se definirán las guardias mínimas que, en su caso, tengan que acudir físicamente al lugar de trabajo, mientras que el resto del personal (que no realice funciones esenciales) trabajará a distancia, mediante la utilización de las herramientas tecnológicas necesarias para tal efecto. En caso que se determine el desahogo de trabajo vía remota, y de ser posible, se preferirá mediante el uso de la plataforma digital o videoconferencia, para cuyo efecto se contará con un dispositivo electrónico dotado de cámara y micrófono (computadora, tablet, teléfono móvil inteligente, etc), compatible con dicha aplicación, además de contar con acceso a internet, siendo necesario que al momento de realizar la solicitud que motive dicha actuación judicial, se proporcione una dirección de correo electrónico a efecto de contar con el "ID" (identificador numérico) mediante el cual podrá integrase a la videoconferencia. Queda exceptuada de la medida anterior la atención de asuntos urgentes que por su naturaleza no sean susceptibles de suspenderse o atenderse vía remota. SEPTIMO. Para la organización del personal, con el objeto de proteger en todo momento la salud de las personas usuarias y del personal adscrito, se ordena dar continuidad a las estrictas medidas de control de acceso a todas sus instalaciones, de acuerdo al siguiente protocolo de actuación de carácter temporal y emergente: Quedarán exentas de presentarse físicamente a la realización de las guardias quienes se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad, es decir, las personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en lactancia, y personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer y con inmunodeficiencias. No podrán acudir a las instalaciones tanto de los Juzgados como de áreas administrativas de este Honorable Consejo de la Judicatura del Estado, menores de edad. No se permitirá el acceso a quienes presenten tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento nasal. Con el objeto de evitar concentración de personas, se organizarán equipos de trabajo con la mitad del personal de manera alternada y siempre deberán portar el cubre bocas. El horario laboral presencial del personal en guardia será de las 9:00 nueve horas con cero minutos a las 15:00 quince horas con cero minutos, y en la medida de lo posible, deberá privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias. Se instalarán filtros sanitarios en los accesos de los Juzgados dependientes de este Consejo de la Judicatura, así como las oficinas administrativas, en los que, sin excepción se tomará la temperatura a las personas que ingresen, por lo que, en caso de presentar 38º o más grados Celsius de temperatura, se negará su acceso. Se limpiarán y desinfectarán superficies y objetos como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, con solución clorada diluida en agua; así como mantener una adecuada ventilación y permitir la entrada del sol a los espacios cerrados. Se verificará que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así como dispensadores de gel antibacterial o alcohol. En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo lo permita. Se evitarán reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se deberá mantener al menos un metro de distancia entre las personas. Toda persona, funcionario o no, que ingrese a las instalaciones pertenecientes a este Consejo de la Judicatura, deberá portar en todo momento cubrebocas y/o careta durante su permanencia de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por COPRISJAL y Secretaria de Salud, sin excepción de personas. OCTAVO.- Se reitera que las medidas implementadas en el presente acuerdo, son de carácter temporal y extraordinario, por lo tanto podrán modificarse, prolongarse en su duración o suspenderse en razón de las determinaciones de las autoridades en materia de salud a nivel estatal, nacional e internacional; asimismo, las medidas decretadas fueron tomadas bajo los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, eficiencia, buena fe y respeto a los derechos humanos, así como al alto sentido de responsabilidad y de pertenencia de esta institución y de los servidores públicos que lo integran, en la inteligencia que esta contingencia es de carácter excepcional y no constituyen de modo alguno un disfrute de vacaciones, por lo que en el caso de que concluida la temporalidad en el presente acuerdo se hubiere restablecido las condiciones para reanudar labores presenciales de manera inmediata se tomaran las determinaciones y acciones correspondientes. En esta virtud, se exhorta a todos los servidores públicos de este Honorable Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para que permanezcan en su domicilio sin realizar actividades sociales o al aire libre, continuando con las labores que les instruyan sus superiores jerárquicos. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. SEGUNDO. Se ordena hacer del conocimiento de las Autoridades, Litigantes y Público en General, el contenido del presente acuerdo, mediante su publicación por una sola ocasión en tres periódicos de mayor circulación en el Estado de Jalisco, asimismo mediante su publicación en la página web del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para los efectos legales correspondientes." Todo lo anterior transcrito resulta necesario para evidenciar el estado de emergencia sanitaria que se vive, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, lo cual demuestra también, sin lugar a dudas, que en el caso resulta de aplicación lo previsto y por el artículo 129 de la Ley de Amparo en su fracción V, tal y como se analizara en párrafos subsecuentes: Cabe precisar, que para determinar la procedencia o improcedencia de la medida suspensional solicitada, deberá hacerse un juicio de ponderación, entre el derecho humano que indiscutiblemente corresponde al quejoso en cuanto acceso a la justicia, en contra posición al derecho humano de salud y seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los justiciables y ciudadanos en general. Ya que el promovente reclama la emisión y ejecución del acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, del Pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, relativo a las nuevas medidas que deben seguir las autoridades jurisdiccionales durante el plazo comprendido entre el once y el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, al considerar que con la ejecución de dicho acuerdo se le deja en estado de indefensión al impedirle realizar la actividad a la que se desempeña, en virtud de paralizar toda actividad jurídica, al mismo tiempo, aduce, que se le priva del derecho humano a recibir una justicia pronta. Efectivamente, los derechos que pretende salvaguardar el quejoso, son de rango primario, esto es, la libre elección de un modo de vivir con el que busca asegurar las necesidades básicas, resultado de la actividad humana, así como el derecho a que se le administre justicia pronta y expedita. Luego, como puede verse de los acuerdos transcritos, el gobierno Federal y Estatal, emitieron los lineamientos bajo los cuales se podrá continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, las cuales se encuentran enunciadas claramente, ello, con la finalidad de mitigar en aquélla época, la dispersión y transmisión del virus SARS-COV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, a saber, el distanciamiento social, uso de aditamentos de defensa como lentes cubre bocas, caretas, uso de químicos sanitizantes, limpieza de manos continua, etc. Por su parte, con la emisión del acuerdo que constituye el acto reclamado, se estableció como nueva disposición de carácter temporal y extraordinario, para frenar la alta tasa de contagios del SARS-CoV2 en la comunidad, además de la señaladas con anterioridad, el suspender plazos procesales de los asuntos que no sean catalogados como urgentes en los diversos acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, trabajar bajo el sistema de guardias para los asuntos de nuevo ingreso que cumplan las características de la urgencia, privilegiando el trabajo distancia. Lo anterior, al tener en consideración la manera en que se transmite el virus generador de la pandemia, el alto índice de casos de infección y muertes generados por el contagio del multicitado virus, de conformidad con los datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco en el informe diario del panorama Jalisco COVID-19 y, de conformidad a la comparativa de los casos que van en aumento según se encuentra publicados en la página de dicha secretaría en el enlace siguiente https://coronavirus.jalisco.gob.mx. De ahí que, si las nuevas medidas que el quejoso considera le causan perjuicio, son tomadas a efecto de proteger la salud y seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los justiciables y ciudadanos en general, es que se actualiza indubitablemente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, pues con su solicitud el quejoso pretende que su interés particular se anteponga al de la colectividad en la medida en que busca se suspenda la ejecución de las medidas establecidas para combatir la pandemia de que se trata. Esto es así, toda vez que la sociedad está interesada en que se observen las disposiciones que rigen el orden público, en contra de las cuales, los intereses particulares que llegasen a resultar afectados con motivo de las determinaciones que le rigen, están por debajo de los intereses de la colectividad, por considerarse de mayor relevancia el interés general con respecto al interés particular. En virtud de lo anterior, resulta innecesario realizar el estudio del requisito previsto en el artículo 131, último párrafo, de la ley reglamentaria invocada, para conceder la medida cautelar. Ello, sin perjuicio, de que el promovente manifieste que se viola su derecho humano a impartición de justicia, y con ello se le deja en estado de indefensión, al impedirle realizar la actividad a la que se desempeña, ya que del contenido del propio acuerdo combatido, no se advierte alguna orden de restricción directa al aquí quejoso o persona alguna, encaminada a restringir la actividad laboral que afirma desempeñar, o bien, que en los asuntos que se encuentran en trámite se impida que continúe con la secuela procesal. Máxime si se toma en consideración que en el supuesto de que alguno de los asuntos que afirma tiene tramitados en las diversas instancias jurisdiccionales -sin que especifique de cuáles se trata- encuadre en alguno de los supuestos de urgencia, tiene expedito su derecho a presentar la demanda o promoción correspondiente a efecto de que se del impulso procesal, puesto que así se estableció en el punto "Quinto" del acuerdo reclamado, al tener en consideración que la impartición de justicia es una actividad que podría continuar en funcionamiento, por ser considerada esencial; de ahí que los Juzgados, de manera interna y bajo el esquema de guardias, continuarán en funciones a efecto de que dicten las sentencias correspondientes en los asuntos que guarden estado para su resolución, privilegiando en la medida de lo posible el trabajo a distancia y el desahogo de audiencias que así lo permitan a través de videoconferencia a efecto de abatir las cargas laborales. Por lo que queda de manifiesto que tal determinación no es tajante en impedir que los gobernados accedan a la impartición de la justicia en los órganos jurisdiccionales del primer partido judicial del Estado de Jalisco, dado que sí se establecieron supuestos en los que se permite continuar con la tramitación y resolución de los asuntos, implementándose medidas tales como el desahogo de trabajo vía remota, y de ser posible, preferentemente mediante el uso de la plataforma digital o videoconferencia, para cuyo efecto se deberá contar con un dispositivo electrónico dotado de cámara y micrófono (computadora, tablet, teléfono móvil inteligente, etc), compatible con dicha aplicación, con acceso a internet, siendo necesario que, al momento de realizar la solicitud que motive dicha actuación judicial, se proporcione una dirección de correo electrónico a efecto de contar con el "ID" (identificador numérico) mediante el cual podrá integrase a la videoconferencia. Exceptuando de asuntos urgentes que por su naturaleza no sean susceptibles de suspenderse o atenderse vía remota. Por ende, se itera que al no satisfacerse el requisito exigido por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, no es viable conceder la medida suspensional, pues los derechos que alega vulnerados el quejoso se encuentran en un plano de afectación inferior a los salvaguardados por el acuerdo que reclama, en la medida en que este último persigue una finalidad colectiva y legítima, consistente en mitigar la propagación del virus Sars-CoV2, así como salvaguardar la salud de los servidos públicos del poder judicial del estado de Jalisco, contribuyendo a conservar y encauzar el orden, la atención y cuidado de sociedad. Lo anterior, no se contrapone al principio pro homine por cuanto a los requisitos para acreditar su interés jurídico en el presente incidente puesto que se cuida que los derechos humanos de los particulares sean protegidos, ya que una interpretación contraria a lo argumentado en esta resolución, al estar involucradas personas (partes) con intereses contrarios y velar únicamente por los derechos humanos de quien solicita su protección, tendría como consecuencia dejar en estado de indefensión a la contra parte del aquí quejoso en los procedimientos que afirme tiene en trámite y a la sociedad en general. Es aplicable al caso la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS (PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU PROTECCIÓN. Congruente con la interpretación que del principio pro personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección eficaz de la persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva." Por consiguiente, al no satisfacer el requisito exigido por el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que no existe en favor del promovente una apariencia del buen derecho que justifique la concesión de la medida solicitada y que por el contrario con su concesión se vería afectado el orden público y el interés social, al impedir la ejecución de medidas implementadas para mitigar el contagio del virus Sars-CoV2, así como salvaguardar la salud de los servidos públicos del poder judicial del estado de Jalisco y a los justiciables en general, incluyendo al propio quejoso, este juzgador determina que debe negarse la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso, en términos de lo dispuesto en la parte relativa de los considerandos cuarto y quinto de esta resolución.
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