Miguel Antonio Carralero Rodriguez
Expediente 1668/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1668/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Antonio Carralero Rodriguez
- MIGUEL ANTONIO CARRALERO RODRIGUEZ y Otros.
- Adrian Ramon Tamayo Machado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Consultora Jurídica adscrita a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual devuelve el oficio 8725/2023 dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, e informa que la representación en dicho procedimiento corresponde a la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, reenvíese dicha comunicación en los términos que se señala Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintitrés.********************Causa estado.********************Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el trece de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.********************Tomos de pruebas.********************Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes.********************Archivo.********************Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.********************Valoración. ********************Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos.********************No relevancia documental.********************Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. ********************No existen documentos originales.********************Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.******************** Notifíquese por lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio con registro 3326. Con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificado y respecto de la suspensión de plano rendido por ******************** Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que es cierto el acto que se le reclama. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Delegados y domicilio. Como lo solicita la autoridad oficiante téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere y, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, como delegados de su parte a las personas que menciona. Notifíquese por medio de lista.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de informe. Visto el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjunto a su oficio de cuenta. Estado de autos. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el presente asunto se reclama: ".se reciben llamadas de los familiares de los directamente quejosos, quienes informan que a su vez recibió llamada del quejoso, informándole el día de ayer por la noche habían sido detenidos en San Luis Potosí, S.L.P. por personal del Instituto Nacional de Migración, y le dijeron que los iban a trasladar a la estación migratoria de Acayucan, sin que supieran los motivos por los cuales había sido detenidos ni le habían dado ningún papel al momento de su detención; que estaban deportando a todos los extranjeros que había en esa estación y el día de hoy Personal del Instituto Nacional de Migración les dijo que a el también lo iban a deportar a su país. Por lo que el suscrito interpone la presente demanda de amparo, por ser la deportación, la privación de la libertad y alojamiento prolongado una violación a los derechos humanos de los quejosos, por lo que solicita la protección y amparo de la justicia federal." Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Caso concreto. Por medio del oficio INM/ORSLP/DAJ/1679/XII/2022, signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, se informó a este órgano jurisdiccional que los aquí quejosos Adrián Ramón Tamayo Machado y Miguel Antonio Carralero Rodríguez, el nueve de diciembre del dos mil veintidós, les notificó el acuerdo de salida de la referida estación migratoria, habiendo salido a las diez horas con cinco minutos y diez horas con veinte minutos, respectivamente, según se desprende del contenido éstos. Asimismo, mediante oficio recibido en este juzgado el diez de febrero del presente año, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, informó que los quejosos no se habían presentado a firmar los días once y veintiséis de diciembre del dos mil veintidós, así como el nueve de enero de dos mil veintitrés. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, remitió copia certificada de las certificaciones de doce de diciembre de dos mil veintidós y nueve de febrero del año en curso, así como de los acuerdos dictados el diez de enero del presente año, en los expedientes 5803 y 5804, a través de los cuales asentó que los extranjeros Adrián Ramón Tamayo Machado y Miguel Antonio Carralero Rodríguez (aquí quejosos), se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de dichos procedimientos administrativos migratorios, determinando que estos últimos se tuvieran por concluidos. En efecto, del anexo que acompañó en copia certificada la autoridad oficiante, se advierte que el diez de enero de dos mil veintitrés, se dictó acuerdo de conclusión de los procedimientos administrativos migratorios 5803 y 5804 y la Estación Migratoria en San Luis Potosí, tuvo por concluidos los procesos administrativos migratorios instruidos a los aquí quejosos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento y un sello expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que ***, quedaron en libertad el nueve de diciembre de dos mil veintidós y, en virtud de ello, se sustrajeron del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que dio origen a que el diez de enero del año en curso, se dictara un acuerdo en el que se determinó tener concluido los procedimientos administrativos migratorios 5803 y 5804 seguidos a dichos quejosos. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraban ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el veinticuatro de octubre del año en curso, en los procedimientos administrativos migratorios 5803 y 5804, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tales procedimientos, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efectos la fecha y hora señalada para tal efecto, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación.
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