Miguel Anselmo Ruiz Aguilar

Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Miguel Anselmo Ruiz Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ORIGINAL Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DUPLICADO Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    ... PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por MIGUEL ANSELMO RUIZ AGUILAR, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, Chilpancingo, Guerrero, recibido vía correo electrónico; mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación que antecede, de la que se desprende que ya obran los informes justificados de las autoridades que fueron señaladas como responsables en el presente sumario; así como que la audiencia constitucional originalmente está prevista para las nueve horas con catorce minutos del doce de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, debe atenderse a lo ordenado por el artículo 17 constitucional el cual establece que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el cual dispone que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado; por ende, con independencia de que no lo soliciten las partes, este órgano jurisdiccional estima que procede diferir de manera anticipada la audiencia constitucional para que transcurra el referido plazo, lo que permitirá a las partes imponerse del contenido del informe justificado y estar en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlos o en su caso, ampliar su demanda, lo cual implica la exacta aplicación de los mandatos constitucional y legal supra invocados. En consecuencia, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Queda sin efectos la fecha de audiencia originalmente prevista.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta de ***, profesionista autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso ***, por el que solicita se gire oficio a diversas autoridades a fin de que informe si en las dependencias de su adscripción existen antecedentes a nombre del citado quejoso u órdenes privativas de libertad libradas en su contra; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que mediante proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, a los que, de resultar cierto el acto reclamado deben anexar a su informe las constancias justificativas del acto deducidas del expediente generador del acto reclamado. Aunado a lo anterior, con excepción de las órdenes privativas de libertad respecto de las cuales solicita se recabe la información que pretende, el resto son actos ajenos a la litis planteada en el presente juicio de amparo; no obstante, de insistir en ofrecer como pruebas de su parte la información ajena a los actos aquí reclamados, una vez que justifique haber solicitado tal información a las dependencias que refiere en su escrito de cuenta y la negativa de ésta a proporcionarle la misma, se acordara lo conducente; ello conforme a lo dispuesto en lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo. No se soslaya el hecho de que hasta el momento, las autoridades responsables han negado la existencia de los actos reclamados, por lo que la carga de la prueba para desvirtuar tales informes recae en la parte quejosa, de ahí que queda a cargo de éste el aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal, salvo que éstos se encuentren fuera de su alcance por motivos ajenos a él; lo que en su caso, debe justificar ante éste órgano jurisdiccional federal. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo."

Quedan 29 actuaciones en este expediente

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