Miguel Anselmo Diaz Lozano
Expediente 796/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/08/2021
Partes del expediente
- Miguel Anselmo Diaz Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
...La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de trece de julio del dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).ARCHIVO. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos la diligencia de notificación practicada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual notificó personalmente al quejoso Miguel Anselmo Diaz Lozano, el auto de ocho de julio pasado, se le dio vista por el plazo de cinco días con las razones de imposibilidad respecto a la autoridad responsable que señalo como "Juez Primero Penal de Toluca, Estado de México", haciéndole de su conocimiento que subsiste el apercibimiento del proveido en cita; asimismo el actuario judicial da fe del estado físico del quejoso y del lugar en que se encuentra el quejoso en los siguientes términos: "hago constar que el quejoso muestra buena salud, se muestra orientado en tiempo lugar y espacio, consciente y con buena articulación de la palabra, no advierto lesión física alguna a simple vista, circunstancia que es reiterada por dicha persona. La media filiación del imperante corresponde a una persona de aproximadamente un metro con ochenta y cinco centímetros de estatura y treinta y cinco años aproximadamente, tez morena, ojos negros, cabello negro y corto, complexión delgada. Utiliza uniforme conformado por playera y pantalón." De igual manera, se advierte que, en dicha constancia de notificación, el quejoso Miguel Anselmo Diaz Lozano realizó una manifestación que a la letra se lee: "Es mi deseo Desistirme de esta demanda de amparo" A la diligencia en mención se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: .... En ese orden de ideas, toda vez que la parte quejosa al momento de la diligencia de cuenta manifestó desistirse del juicio de amparo en que se actúa, asimismo firmó al calce de dicha actuación, es inconcuso que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. (.)." Lo anterior, porque la voluntad para promover el juicio es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada y con la sola declaración de la conformidad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, porque el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. Aunado a que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, y con la sola declaración de la voluntad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, pues el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional, sin que obste el hecho de haberse admitido la demanda de amparo. Al respecto resulta ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, del Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: .... Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Miguel Anselmo Diaz Lozano, contra actos del Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México, pues se actualiza la causal de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J.10/2003 publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, tomo XVII, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el rubro y texto siguientes: ....Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas del veintinueve de julio de dos mi veintiuno, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente; asimismo, se deja sin efectos el requerimiento y apercibimiento a la autoridad responsable Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México, acordado por auto de ocho de julio pasado. ... Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
V. (AVISO DEFENSORA PUBLICA)SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA DEFENSORA PUBLICA CONTENIDO EN AVISO DE TRECE DE JUIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN CONSECUENCIA SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. "Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual remite los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto 796/2020-VI y el testimonio de la ejecutoria dictada en el Amparo en Revisión 16/2021 interpuesto por Luceli del Carmen Mendoza Martínez, defensora pública del quejoso Miguel Anselmo Díaz Lozano, que se llevó acabo en sesión celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, misma que se encuentra resuelta en los términos siguientes: "PRIMERO. Se REVOCA la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO: Se REPONE EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto a que este recurso se refiere." Para los efectos precisados en la conclusión de la ejecutoria, que a la letra dice: "Con apoyo en el numeral 93, fracción IV de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida, a efecto de que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 796/2020, con el objeto de que el Juez Federal: Se allegue de todos los elementos necesarios para analizar el alegato de tortura como acto reclamado; y, de aquéllos que se vinculan al mismo, sin que sea suficiente la simple negativa de la autoridad o autoridades responsables, análisis que se tendrá que realizar cumpliendo con el marco constitucional y legal, así como con los lineamientos destacados en el presente fallo; Deberá dar vista al quejoso de forma integral con las razones de imposibilidad asentadas en la diligencia de notificación, respecto de la autoridad que denominó como: "Juez Primero Penal de Toluca, Estado de México"; y, apercibirlo de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, se le sancionará dejándola de tener con ese carácter; y, Hecho lo cual, deberá continuar el trámite respectivo para resolver con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda en el expediente biinstancial de que se trata." En relación con los lineamientos considerados por el tribunal de Alzada, que a la letra dice: "Por lo tanto, se estima que resulta necesario reponer el procedimiento para que el Juez de Distrito tome medidas o acciones en relación con tal acto reclamado y los que al mismo se vinculan, en los términos siguientes: I. Deberá solicitar la ampliación del informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en torno al acto específico de tortura - física o psicológica- que alega el solicitante del amparo, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión y crear certeza jurídica. II. Enseguida, tomando en consideración lo que señale la autoridad responsable en la respectiva ampliación de su informe con justificación, deberá allegarse de todos los elementos necesarios bitácoras, reportes o exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de la responsable, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura. III. Tendrá que revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura; para ello, habrá que tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. IV. Una vez realizado el análisis sobre tortura como acto reclamado de manera destacada, con base en el estándar ya referido, si el juez de Distrito considera que existen elementos para conceder el amparo, deberá determinar los efectos de su concesión atendiendo a los hallazgos de su investigación y a los impactos que esa tortura haya tenido en el quejoso, es decir, los efectos deberán ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en que los considere probados y determinar las medidas reparatorias relacionadas con ello. V. Lo anterior, con independencia de la vista que el Juez de Distrito dio al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes en relación con el alegato de tortura en su vertiente de delito." En consecuencia, acúsese de recibo y, en cumplimiento a la ejecutoria respectiva, se deja insubsistente la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, y se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas del veintinueve de julio de dos mi veintiuno. Ahora bien, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el tribunal de Alzada, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, remita a este juzgado de Distrito una ampliación informe justificado en torno al acto especifico de tortura física o psicológica, que alega el quejoso Miguel Anselmo Díaz Lozano, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Asimismo, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso, crear certeza jurídica y velando por una pronta impartición de justicia, requiérasele a la autoridad en mención para que remita todos los elementos necesarios como lo son las bitácoras, reportes o exámenes médicos y psicológicos que obran en su expediente clínico hasta el día de la fecha. Lo anterior es así, pues en caso de que niegue la existencia del acto que se le reclama, tal manifestación resulta insuficiente, para analizar el acto que se le reclama, pues debe tomarse especial consideración la entidad de la tortura. Apercibiéndole de que, en caso de omisión, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme a los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, con copia de la resolución que se cumplimenta, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. En ese orden de ideas, y con la misma finalidad de los efectos de la determinación por el tribunal de alzada, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y de fe del estado físico en que se encuentre Miguel Anselmo Díaz Lozano; y, haga constar cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo de la encomienda a fin de proveer lo que en derecho proceda. Dado lo cual, se instruye a la responsable, a efecto de que ordene al personal de dicha institución que otorgue la colaboración y garantías necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibida de que, en caso de no ser así, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de cinco días, de forma integral con las razones de imposibilidad asentadas en la diligencia de notificación, respecto de la autoridad que denominó como: "Juez Primero Penal de Toluca, Estado de México"; y, apercibido de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, lo cual deberá manifestarlo al momento de la diligencia o en el término antes señalado, computados a partir de su legal notificación, se le sancionará dejándola de tener con ese carácter. Por otra parte, toda vez que en el auto de admisión dictado en el presente asunto, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, con lo actos de tortura que reclama la parte quejosa, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días informe las medidas adoptadas a la vista otorgada. En virtud de la naturaleza del acto reclamado y a los lineamientos trazados por la ejecutoria antes referida, el presente requerimiento a la parte quejosa, deberá ser notificado tanto al quejoso como a su asesor jurídico, para que estén posibilidad de dar cumplimiento al mismo. ... Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y a su Defensora Pública. "
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual remite los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto 796/2020-VI y el testimonio de la ejecutoria dictada en el Amparo en Revisión 16/2021 interpuesto por Luceli del Carmen Mendoza Martínez, defensora pública del quejoso Miguel Anselmo Díaz Lozano, que se llevó acabo en sesión celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, misma que se encuentra resuelta en los términos siguientes: "PRIMERO. Se REVOCA la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO: Se REPONE EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto a que este recurso se refiere." Para los efectos precisados en la conclusión de la ejecutoria, que a la letra dice: "Con apoyo en el numeral 93, fracción IV de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida, a efecto de que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 796/2020, con el objeto de que el Juez Federal: Se allegue de todos los elementos necesarios para analizar el alegato de tortura como acto reclamado; y, de aquéllos que se vinculan al mismo, sin que sea suficiente la simple negativa de la autoridad o autoridades responsables, análisis que se tendrá que realizar cumpliendo con el marco constitucional y legal, así como con los lineamientos destacados en el presente fallo; Deberá dar vista al quejoso de forma integral con las razones de imposibilidad asentadas en la diligencia de notificación, respecto de la autoridad que denominó como: "Juez Primero Penal de Toluca, Estado de México"; y, apercibirlo de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, se le sancionará dejándola de tener con ese carácter; y, Hecho lo cual, deberá continuar el trámite respectivo para resolver con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda en el expediente biinstancial de que se trata." En relación con los lineamientos considerados por el tribunal de Alzada, que a la letra dice: "Por lo tanto, se estima que resulta necesario reponer el procedimiento para que el Juez de Distrito tome medidas o acciones en relación con tal acto reclamado y los que al mismo se vinculan, en los términos siguientes: I. Deberá solicitar la ampliación del informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en torno al acto específico de tortura - física o psicológica- que alega el solicitante del amparo, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión y crear certeza jurídica. II. Enseguida, tomando en consideración lo que señale la autoridad responsable en la respectiva ampliación de su informe con justificación, deberá allegarse de todos los elementos necesarios bitácoras, reportes o exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de la responsable, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura. III. Tendrá que revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura; para ello, habrá que tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. IV. Una vez realizado el análisis sobre tortura como acto reclamado de manera destacada, con base en el estándar ya referido, si el juez de Distrito considera que existen elementos para conceder el amparo, deberá determinar los efectos de su concesión atendiendo a los hallazgos de su investigación y a los impactos que esa tortura haya tenido en el quejoso, es decir, los efectos deberán ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en que los considere probados y determinar las medidas reparatorias relacionadas con ello. V. Lo anterior, con independencia de la vista que el Juez de Distrito dio al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes en relación con el alegato de tortura en su vertiente de delito." En consecuencia, acúsese de recibo y, en cumplimiento a la ejecutoria respectiva, se deja insubsistente la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, y se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas del veintinueve de julio de dos mi veintiuno. Ahora bien, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el tribunal de Alzada, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, remita a este juzgado de Distrito una ampliación informe justificado en torno al acto especifico de tortura física o psicológica, que alega el quejoso Miguel Anselmo Díaz Lozano, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Asimismo, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso, crear certeza jurídica y velando por una pronta impartición de justicia, requiérasele a la autoridad en mención para que remita todos los elementos necesarios como lo son las bitácoras, reportes o exámenes médicos y psicológicos que obran en su expediente clínico hasta el día de la fecha. Lo anterior es así, pues en caso de que niegue la existencia del acto que se le reclama, tal manifestación resulta insuficiente, para analizar el acto que se le reclama, pues debe tomarse especial consideración la entidad de la tortura. Apercibiéndole de que, en caso de omisión, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme a los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, con copia de la resolución que se cumplimenta, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. En ese orden de ideas, y con la misma finalidad de los efectos de la determinación por el tribunal de alzada, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y de fe del estado físico en que se encuentre Miguel Anselmo Díaz Lozano; y, haga constar cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo de la encomienda a fin de proveer lo que en derecho proceda. Dado lo cual, se instruye a la responsable, a efecto de que ordene al personal de dicha institución que otorgue la colaboración y garantías necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibida de que, en caso de no ser así, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de cinco días, de forma integral con las razones de imposibilidad asentadas en la diligencia de notificación, respecto de la autoridad que denominó como: "Juez Primero Penal de Toluca, Estado de México"; y, apercibido de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, lo cual deberá manifestarlo al momento de la diligencia o en el término antes señalado, computados a partir de su legal notificación, se le sancionará dejándola de tener con ese carácter. Por otra parte, toda vez que en el auto de admisión dictado en el presente asunto, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, con lo actos de tortura que reclama la parte quejosa, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días informe las medidas adoptadas a la vista otorgada. En virtud de la naturaleza del acto reclamado y a los lineamientos trazados por la ejecutoria antes referida, el presente requerimiento a la parte quejosa, deberá ser notificado tanto al quejoso como a su asesor jurídico, para que estén posibilidad de dar cumplimiento al mismo. ... Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y a su Defensora Pública.
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