Miguel Ánguel Quezada Gómez

Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ánguel Quezada Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Tercer Circuito, sin mayor pronunciamiento en razón de que el treinta y uno de mayo de la presente anualidad se tuvo por resuelto el conflicto y se ordenó el archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la sentencia emitida en el conflicto competencial 11/2022, donde se resolvió que corresponde al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conocer de la demanda de amparo promovida por ..., de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que no se sostuvo la competencia declinada. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el oficio electrónico del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual informa que insiste en declinar competencia, por lo que remitió el expediente a la Superioridad a fin de resolver el conflicto de mérito, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Por recibido el oficio del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Consejo de Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales, al efecto se acuerda: Acúsese recibo al homologo federal, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 207/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del ordinal 3° de la Ley de la materia. C O N S I D E R A N D O: I. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la inconstitucionalidad del acuerdo 19-06/2022 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el cual se modificaron los articulo 1 y 3 fracción IV de los lineamientos obligatorios del sistema de citas electrónica para la atención de las personas usuarios, en consulta de expedientes y trámites administrativos; y la circular por la cual se dio a conocer el contenido de dicho acuerdo. Y como acto de aplicación, reclama a diversos jueces y juezas locales, la obligación de usar el sistema electrónico para la consulta de los asuntos que tiene radicados ante ellos. Los actos reclamados se fijan en estos términos, después de examinar íntegramente la demanda de amparo, atento al principio de exhaustividad y congruencia. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." II. Respetuosamente se disiente de la postura del oficiante, pues este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, en atención a la naturaleza del acto reclamado; ya que la función creadora de las normas reclamadas es eminentemente administrativa, en tanto que regula un aspecto específico de la función del Poder Judicial de la Ciudad de México, que resulta autónoma de la naturaleza de los expedientes o asuntos que se consultan ante la autoridad judicial que los tiene en su resguardo. Conforme al ordinal 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los y las jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.3º.C.100 K, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En la especie, el reclamo descansa en la emisión del acuerdo 19-06/2022 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Ciudad de México, que regula el sistema de citas electrónica para la atención de las personas usuarios, en consulta de expedientes y trámites administrativos; disposición que por su naturaleza requiere ubicarse en un supuesto específico para que exista un sujeto obligado a emplear los mecanismos de consulta que dicha norma impone al asistir presencialmente a diversos órganos jurisdiccionales. Así, es claro que no hay una controversia del orden civil relacionada entre los señalamientos de la parte quejosa; y la aplicación de las normas que informan el caso no serán las del orden puramente civil, mercantil o familiar, sino exclusivamente aquellas de corte administrativo, que emitió el Consejo de la Judicatura Local en ejercicio de las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica; y de acuerdo a su estructura y función legal, que es claramente distinta a la judicial, como se colige de los artículos 208 y 218 de la legislación referida, que dispone: "Artículo 208. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, es un órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México dotado de autonomía, independencia técnica y de gestión para realizar sus funciones; estará encargado de la administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados, demás órganos judiciales y desconcentrados, en los términos que esta Ley establece. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables. Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: I. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el adecuado ejercicio de sus funciones; (.)" Lo anterior, se apoya en la jurisprudencia P./J. 83/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." E igualmente se cita la Contradicción de tesis 35/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia P./J. 24/2016 (10a.), Materias(s): Común, Civil, que dispone: "PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEPENDIENTES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SUS RESOLUCIONES, RELACIONADAS CON LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL. La competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto reclamado; en consecuencia, el promovido contra las resoluciones emitidas por las Procuradurías referidas (ya sea en el ámbito federal o local), que deciden respecto de la guarda y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales, es competencia del Juez de Distrito en Materia Civil, pues las controversias relativas revisten gran importancia, al afectar el orden y la estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger la ley, por mandato del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que la intervención del Estado en estas circunstancias responde al principio de integración familiar consistente en que los poderes públicos protejan al menor. En ese sentido, no obstante que las Procuradurías de que se trata son formalmente órganos de naturaleza administrativa, jerárquicamente subordinadas a las dependencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo cierto es que la génesis del acto reclamado y las funciones que realizan están encaminadas a seguir el sendero del derecho familiar, ya que al emitir determinaciones relacionadas con la guarda y custodia que sean aplicables al caso concreto por el estado de necesidad en que se encuentran los menores, deben atender previamente a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, aplicando incluso las legislaciones sustantivas civiles correspondientes. Así, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, efectivamente son autoridades administrativas, lo cual no impide considerar que los actos que emiten en materia de guarda y custodia de menores corresponden a la materia civil." Sin que sea impedimento para definir que la competencia es administrativa, el hecho de que los jueces en materias civil/familiar sea a quienes se atribuye la aplicación de dicha norma, pues su intervención en este caso prescinde de la materia que tratan; esto es, lo que a ellos se reclama es la observancia de las reglas relativas a las citas electrónicas para la consulta de expedientes y asistencia presencial en los órganos, lo cual es materialmente administrativo, no un aspecto jurídico relacionado a la materia de los juicios que tramitan. Dicho de otra forma, a criterio de este órgano, el reclamo versa sobre los medios y condiciones legalmente impuestas y para la citas a fin de consultar de los expedientes, no el contenido de los negocios en sí, pues a los jueces solo se les imputa la obligación que se impone al quejoso de emplear el sistema de citas, lo cual es meramente operativo y de carácter administrativo; por lo que respetuosamente se disiente de la consideración de que se tenga que examinar la legislación civil para definir la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Así, para el estudio del acto reclamado, debe partirse de la naturaleza del mismo, al ser una norma heteroaplicativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Ciudad de México, dirigida a regular una cuestión inherente a su función como ente integrante del Poder Judicial local, encargado de la administración, disciplina y vigilancia de sus juzgadores; particularmente en cuanto al uso del sistema electrónico para la consulta de los negocios donde el quejoso tiene intervención, más no de un tema civil, familiar o mercantil en lo particular; de lo que se sigue que la conducta reclamada a los órganos jurisdiccionales del fuero común están encaminada a al cumplimiento de dicho acuerdo como una actividad distinta a la judicial. Apoya a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis: I.14o.C.31 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, con Registro digital: 2019760, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2544 Décima Época, Materia(s): Común, Civil, cuyo rubro y texto: "COMPETENCIA MATERIAL DE LOS JUECES FEDERALES. SI SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE UN ACUERDO GENERAL EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PARTICULARMENTE REGULAN LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA, LA REGLAMENTACIÓN RECAE SOBRE UNA FIGURA JURÍDICA CIVIL-FAMILIAR, COMO LO ES LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL Y, POR TANTO, SERÁ ESTO LO QUE LA DEFINA, MÁS ALLÁ DE LA NATURALEZA DEL ENTE EMISOR.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el elemento fundamental para determinar la competencia material de los Jueces Federales es la naturaleza del acto, más allá de la calidad de la autoridad que lo emite, por ende, si se reclaman disposiciones de un acuerdo general emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que particularmente regulan las funciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, entonces la reglamentación recae sobre una figura jurídica civil-familiar, como lo es la convivencia paterno-filial y, por tanto, será esto lo que defina la competencia del Juez Federal, más allá de la naturaleza del ente emisor. Ello obedece a que en este caso no se está ante una determinación encaminada a regular meramente la actividad administrativa de ese ente, sino a uno de los servicios que presta; de modo análogo a lo que realizaría en calidad de autoridad ejecutora, ya que el contacto que se da entre las personas que concurren a él tiene como antecedente una resolución de autoridad judicial del orden civil, específicamente familiar." En las relatadas condiciones, es inconcuso que la competencia para conocer sobre la constitucionalidad del acto reclamado recae en un Juez de Distrito en Materia de Administrativa, como el oficiante, pues éste debe decidir sobre la legalidad o subsistencia del acto combatido. Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el suscrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL, por lo que fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que provea lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio procesal el que indica, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere, respecto de quienes autoriza en términos del ordinal 12 de la ley de la materia, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho precepto si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo indirecto promovido por ..., contra el acto del Consejo de Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE

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