Miguel Ángel Zamacona Vargas

Expediente 889/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
889/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Zamacona Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinticinco de agosto del presente año, por el que se tuvo por desechada la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presuntamente presentada por Miguel Ángel Zamacona Vargas, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintitrés de agosto del año en curso. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 889/2021-IV. Del estudio integral de la demanda se advierte que resulta improcedente en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ".El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". Efectivamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 3, 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: "Artículo 61.[.]" "Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5o. [.]" "Artículo 6o. [.]" En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en el precepto legal mencionado se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. En ese sentido, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3 de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la presente demanda, la cual fue presentada en línea, se advierte que carece de firma electrónica de la persona que promueve, así como de la firma autógrafa de ésta. No obstante de que en el archivo enviado de dicha demanda, aparece en la última hoja la que pudiera ser la firma autógrafa del promovente, no es autógrafa, y no es suficiente por sí sola para crear convicción en el suscrito, por tanto, carece de validez alguna y no produce certeza jurídica, lo que equivale a la falta de firma del promovente. Lo anterior, ya que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, por lo que al no obrar materialmente ésta en el ocurso respectivo, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente. Es aplicable a la determinación anterior, por las razones que la forman, la tesis visible en la página 38, del volumen 81, Sexta parte, correspondiente a la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que a la letra dice: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTOGRAFA. ...." Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquél que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que prevén: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. De proporcionarse una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo se remitirá automáticamente a ésta el acuse de recepción electrónica." "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." De los numerales transcritos se obtiene que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregaran a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora bien, en el caso en concreto la demanda de amparo que se provee, según se aprecia de lo asentado en la certificación secretarial, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica, por ende, no es posible advertir en ella la manifestación de la voluntad de la promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que implica que el promovente fue omiso en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019715, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma autógrafa (original), como electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad de la promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma autógrafa del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma autógrafa o electrónica de quien al parecer promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Es apoyo de la consideración que antecede, el criterio contenido en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, Tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Asimismo, la diversa VI.2o.692 K, sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 435, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." En la inteligencia de que no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tales condiciones, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6º, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizados en términos de la primera parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado César Hernández Jacinto, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas únicamente para oírlas e imponerse de los autos. De conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la clave de usuario "SELLERGALLARDO", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que se registró en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Así también, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, se autoriza las claves de usuario señaladas en el párrafo que antecede; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 17 constitucional, para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los fedatarios públicos adscritos a este órgano jurisdiccional, para que las notificaciones que deban practicarse a las partes de manera personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial, la digitalización diaria de todas las promociones y documentos presentados por las partes; los acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan y toda la información relacionada con los expedientes que deban ser ingresadas en el sistema respectivo. En cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente, las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren. Debiendo el secretario, a su vez, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincida en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial De la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente al promovente del amparo.

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