Miguel Ángel Ventura Tapia
Expediente 263/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Miguel Ángel Ventura Tapia
- Luis Gabriel Tenorio Pliego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Se tiene a la autoridad responsable acusando recibo de las constancias.
- Principal
v) La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra del auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 114 a 119), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En el libro de gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, las constancias que adjuntó como complemento a su respectivo informe justificado consistentes en: (un legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 323/2017, tres discos que se adjuntaron con las copias, y, ocho discos más de diversas audiencias que remitió la responsable, mediante oficios 333, 338 y 417, de su índice estadístico). Solicitándole el acuse de recibo respectivo, con el apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se le aplicará una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 259, en relación con los diversos 237, fracción I y 238, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual forma, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 114 a 119), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En ese contexto, se ordena glosar el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa; mientras que por lo que hace al duplicado del referido incidente, manténgase por cuerda separada y glósese copia íntegra de la presente resolución para los efectos legales conducentes. Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, aunado a que no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, toda vez que los terceros interesados ********************, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación del presente proveído así como las subsecuentes por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional.
- Principal
V) Visto el primer oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 228/2018-V (orden 228/2018-V), del índice de este juzgado, acuse de recibo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta y tal como lo dispone el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se tienen por debidamente emplazados a los terceros interesados Sergio Vera Emeterio, Rosa García Jerónimo, Claudia Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús Vilchis González, Catalina Rodríguez Salinas y Fortino Carbajal Santana Por otra parte, se tiene por recibido el segundo de los de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, del Estado de México; mediante el cual en cumplimiento al proveído de diez de abril de dos mil dieciocho, remite copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta administrativa 323/2017, así como cuatro discos compactos del audio y video de las audiencias de diez y once de abril del dos mil dieciocho. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, de su contenido se toma conocimiento; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento efectuado en el proveído antes citado y sin efectos el apercibimiento decretado. Toda vez que mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se reservó acordar lo conducente respecto al oficio remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, (foja 65 a 66), hasta en tanto la responsable llevara a cabo el desahogo de las audiencias de los quejosos Raúl Quintero Bustamante y Miguel Ángel Tapia Ventura, y siendo que a la fecha ya aconteció ello, se provee al respecto. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que los quejosos Raúl Quintero Bustamante, Luis Gabriel Tenorio Pliego y Miguel Ángel Ventura Tapia, se duelen de la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control de Valle de Bravo, México, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en la carpeta administrativa 323/2017, por los delitos de: 1.- Abuso de autoridad previsto y sancionado en los artículos 136, fracción I y último párrafo con relación al 6°, 7°, 8°, fracciones I y III, 11, fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México (Raúl Quintero Bustamante y Luis Gabriel Tenorio Pliego); y, 2.- Desobediencia previsto y sancionado en los artículos 117, párrafos segundo y cuarto con relación al 6°, 7°, 8°, fracciones I y III, 11, fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México (Raúl Quintero Bustamante y Miguel Ángel Ventura Tapia). Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias y discos compactos exhibidos por el juez responsable, a las cuales por ser documentos públicos se le otorga eficacia demostrativa en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en la carpeta administrativa 323/2017, del índice de dicho Juzgado, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y ocho de abril que transcurre, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Luis Gabriel Tenorio Pliego y Raúl Quintero Bustamante, por el hecho delictuoso tipificado como abuso de autoridad en agravio de la administración pública, ilícito previsto y sancionado por el artículo 136 fracción I, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México, y al segundo de los nombrados, además, por el delito de desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 117 párrafo segundo y cuarto, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la Administración Pública, respectivamente. En ese tenor, este órgano de control constitucional advierte que en contra del acto reclamado por los quejosos Luis Gabriel Tenorio Pliego y Raúl Quintero Bustamante, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto de dichos actos y quejosos. Para corroborar la postura anunciada, es preciso mencionar que las razones que llevan a determinar el sobreseimiento anunciado, son el hecho que tales quejosos señalaron como acto reclamado la orden de aprehensión emitida en su contra, así como su ejecución; y, de las constancias que remitió la responsable, se advierte que el dieciséis de marzo y once de abril de dos mil dieciocho, dictó auto de vinculación a proceso. Del análisis del oficio que se acordó, se desprende que en la carpeta administrativa 323/2017, del índice de dicho Juzgado, el dieciséis de marzo y once de abril de dos mil dieciocho, respectivamente, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Luis Gabriel Tenorio Pliego y Raúl Quintero Bustamante, por el hecho delictuoso tipificado como abuso de autoridad en agravio de la administración pública, ilícito previsto y sancionado por el artículo 136 fracción I, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México, y al segundo de los nombrados, además, por el delito de desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 117 párrafo segundo y cuarto, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la Administración Pública, respectivamente; entonces, es de considerar que emergió un cambio de situación jurídica, y deben estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Determinación que se sustenta en lo que dispone el artículo 61, fracción XVII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". La mencionada disposición, es susceptible de compendiarse en los siguientes términos: I. Debe existir un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; II. Es necesario que el cambio de situación jurídica opere en el mismo procedimiento del que emanan los actos reclamados en el juicio de amparo de que se trate; y. III. Es necesario que no se pueda volver en el juicio de amparo, mucho menos ejecutar la sentencia que se dicte, sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado derivó de un procedimiento judicial, donde una vez elevada la solicitud de la orden de aprehensión por parte del órgano de representación social, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, quien en determinaciones de dieciséis de marzo y once de abril de dos mil dieciocho, resolvió la situación jurídica de Luis Gabriel Tenorio Pliego y Raúl Quintero Bustamante, en la que dictó auto de vinculación a proceso por su probable responsabilidad penal en los hechos delictuosos de abuso de autoridad y el segundo además, por el hecho ilícito de desobediencia, por lo que operó el cambio de situación jurídica, en el proceso generador, de suerte tal que al tratarse de un acto autónomo e independiente, que resolvió la situación jurídica, provocó que no pueda resolverse sobre el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de los quejosos emitida en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de que se dictó el auto de vinculación a proceso; entonces, es de considerar que emergió un cambio de situación jurídica, y deben estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica de dichos quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia II.2o.P J/8 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Novena Época, Octubre 1999 con número de registro 193212, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.". Así como la Jurisprudencia II.1º.P. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, publicada en la página 940, Febrero de 2000, Novena Época, Octubre 1999, con número de registro 192468, del rubro siguiente "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, SEGÚN REFORMAS A LA LEY DE AMPARO DE OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE.". De igual manera, por cuanto hace al acto reclamado por el diverso quejoso Miguel Ángel Ventura Tapia, este Juzgador considera actualizada la diversa causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Como ya se destacó, del oficio con que se da cuenta y de las constancias exhibidas con el mismo, se advierte que el once de abril del presente año, el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, dictó a favor del quejoso Miguel Ángel Ventura Tapia auto de no vinculación por el delito de desobediencia, previsto y sancionado por los artículos 117 párrafo segundo y cuarto, en relación con el 6°, 7°, 8° fracciones I y III, 11 fracción I inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México. Consecuentemente, a tales documentales se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos, lo cual provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la responsable, dado que por una actuación llevada a cabo posterior a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Miguel Ángel Ventura Tapia. Por tanto, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado por el quejoso Miguel Ángel Ventura Tapia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, no se hace mayor pronunciamiento respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa del Agente del Ministerio Público y Juez responsables de emitir citación a las partes en la carpeta administrativa 323/2017, y la omisión de acordar los escritos presentados el veinte de febrero de dos mil dieciocho, ello en razón de que en cuanto al primero de los mencionados, las responsables negaron la existencia de los mismos, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para demostrar lo contrario; y, por lo que hace al segundo, también fue negado por el Agente del Ministerio Público, indicando que la autoridad competente para emitir el acuerdo correspondiente los es la autoridad judicial, lo cual se corrobora con las constancias que la responsable remitió, de las que se advierte que el veintidós de enero de dos mil dieciocho se celebró la audiencia de formulación de imputación. Notifíquese; y por lista a los en cumplimiento al proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.
- Principal
V) El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, tal como se estableció en auto de veintisiete de marzo del año en curso (foja 65 y 66); sin embargo, se requirió al Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, para que en el plazo de tres días remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la audiencia de diez de abril de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta administrativa 323/2017 de su índice estadístico, plazo que se encuentra transcurriendo. Lo anterior, permite evidenciar que no se está en aptitud de celebrar la audiencia constitucional prevista en el presente sumario para la fecha en que se actúa, por lo que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, se ordena su diferimiento y se fijan en su lugar diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese.
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