Miguel Angel Venegas Hueramo
Expediente 195/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Angel Venegas Hueramo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por el cual acusa recibo de la diversa comunicación en la que se le informó que causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y por el que se le devolvió la documental que allegó al presente juicio de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase este a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el toca apelatorio ******************** de su índice, documental que anexó como soporte de su informe justificado y que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 195/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, consistente en los autos originales del toca de apelación 3/2021. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, Miguel Ángel Venegas Huéramo, por su propio derecho, solicitó amparo contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 195/2021 y en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Asimismo, se reconoció carácter de parte tercera interesada a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento por medio de oficio. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada dentro del toca número 3/2021, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso el quejoso contra la interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro del juicio sumario civil hipotecario 494/2018. Acto que atribuye a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en el original del toca de apelación 3/2021 y testimonio autorizado de las constancias relativas al juicio sumario civil hipotecario 494/2018 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al efecto, el quejoso en su único concepto de violación denominado "PRIMERO", argumenta esencialmente lo siguiente: Señala que la sentencia reclamada corrige la planilla de la parte actora para tomar como base que la cantidad que reclamó desde un principio fue la de $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cuando en su caso la forma de corregirla sería por medio de una aclaración de sentencia. Que la autoridad responsable reiteró las violaciones cometidas por el juez natural porque toma como base la cantidad de $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para cuantificar las prestaciones que se le reclaman en la planilla de liquidación, cantidad que jamás se estableció en la sentencia definitiva, debiéndose tomar la correcta que lo es de $48,911.50 (cuarenta y ocho mil novecientos once pesos 50/100 M.N.). Que la juez primaria estableció la cantidad de $513,734.45 (quinientos trece mil setecientos treinta y cuatro pesos 45/100 M.N.) como valor del negocio, lo cual representa un grave agravio que la Magistrada responsable debió reparar y no convalidar como lo hizo, dejándolo en estado de indefensión, por lo que la sentencia reclamada carece de fundamentación y motivación y viola las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Precisado lo anterior, dichos motivos de inconformidad devienen inoperantes. Es así porque, de la simple lectura de la resolución reclamada, en su considerando tercero, se desprende que la magistrada responsable después de analizar los agravios que hizo valer el quejoso, entre ellos los mismos aquí expuestos en sus conceptos de violación, los calificó como infundados por una parte, y fundados pero inoperantes por otra. Al respecto, expuso dicha autoridad que resulta infundado lo expuesto por el inconforme, ya que parte de una premisa falsa, al afirmar que la juez natural para cuantificar tanto los intereses ordinarios como los moratorios, tomó en cuenta la cantidad de $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), no obstante que esa no fue la condenada en sentencia como suerte principal. Continuó diciendo que, para clarificar lo anterior, es necesario atender a lo resuelto en sentencia definitiva pronunciada en el juicio de origen el doce de diciembre de dos mil dieciocho [fojas 39 a 46 del tomo de pruebas], donde se determinó que las acciones personales y de crédito real hipotecaria hechas valer por la Dirección de Pensiones Civiles del Estado resultaron procedentes y por tanto, Miguel Ángel Venegas Huéramo, debía pagar las siguientes prestaciones: La cantidad de $48,911.50 (cuarenta y ocho mil novecientos once pesos 50/100 M.N.), por concepto de capital insoluto. Los intereses ordinarios al tipo pactado de 8% anual global, desde el uno de abril del año dos mil doce, hasta la total liquidación del adeudo, previa su aprobación y regulación legal. Los intereses moratorios a razón del 18% anual sobre capital vencido, hasta la satisfacción de la suma debida. Los gastos y costas judiciales. Sentencia confirmada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del toca de apelación 53/2019 [fojas 51 a 55 del tomo de pruebas], y respecto de la cual se negó al quejoso la protección constitucional en amparo directo y cuya resolución se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al encontrarse registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, -sostuvo la magistrada responsable- es incorrecto que ambos intereses ordinarios y moratorios se hayan liquidado partiendo de esa suma de dinero no condenada en sentencia, ya que, tocante a los intereses moratorios, se cuantificaron sobre la suma de $48,911.50 (cuarenta y ocho mil novecientos once pesos 50/100 M.N.), por un período de doscientas un quincenas, a razón del 18% anual sobre el capital vencido, lo cual -dijo- es acertado merced a que de tal modo fue juzgado en la sentencia de primera instancia, esto es, se precisó que atendiendo al contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria así se acordó en la cláusula segunda; o sea, los intereses moratorios se generarían sólo sobre capital vencido. Asimismo, en relación con los intereses ordinarios, estableció la responsable que la juzgadora de origen en la sentencia apelada los contó sobre $275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); dicho cómputo también legal, -señaló- ya que no debemos olvidar esos réditos, conforme al contrato fueron pactados al 8% anual global; luego, si el crédito otorgado fue hasta por esa suma, tampoco tiene razón el recurrente al afirmar que la juez natural arbitraria y caprichosamente lo trajo al juicio, ya que si atendemos al contrato base de la acción como a la sentencia definitiva, la juez actuó acertadamente al cuantificar los intereses ordinarios tomando en cuenta el importe del crédito, pues estos se pactaron de manera global, no sobre saldos insolutos; es decir, estos réditos siempre se cubrirían por la cantidad recibida conforme al acuerdo de voluntades; de ahí que consideró que la juez de los autos se ajustó a lo ya sentenciado. De igual forma, -determinó la magistrada responsable- que el agravio relativo a que la juez en la resolución combatida precisó la cantidad de $513,734.45 (quinientos trece mil setecientos treinta y cuatro pesos 45/100 M.N.), cantidad que no se manejó en ningún momento procesal ni en la sentencia, es fundado pero inoperante, pues si bien es verdad que la juez al describir las exigencias del incidentista señaló que éste indicó como valor del negocio el antes indicado, cuando el referido incidentista, cuando jamás afirmó en su demanda que esa fuese la cantidad, ello sólo se trató de un yerro cometido por la juzgadora de origen; sin embargo, ningún perjuicio le causa al apelante, pues esa cantidad sólo fue invocada para realizar las enunciaciones de las reclamaciones hechas por la actora, pero no sirvió de base para hacer ninguna cuantificación de los emolumentos aprobados en el incidente, de modo que no le genera ningún agravio en su perjuicio, y de ahí la calificativa de fundado pero inoperante. En esa virtud, quien esto resuelve advierte que el peticionario de amparo no combate en modo alguno los razonamientos en los que se apoyó la magistrada para declarar sus agravios infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra más, así como tampoco ataca los argumentos que expuso dicha autoridad para dar sustento a su determinación, únicamente repite lo alegado ante la responsable sin controvertir las argumentaciones que se desplegaron en respuesta al contenido de sus agravios, por lo que esas consideraciones deberán seguir rigiendo la resolución reclamada. Apoya lo antes determinado, la tesis visible en la página 187 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, registro 231145 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. LA REPETICION DE LOS AGRAVIOS NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TALES. Si los conceptos de violación sustancialmente repiten los agravios que se hicieron valer ante el tribunal responsable, pero se olvidan de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos resultan inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino de si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías, y si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo los de la sentencia que se reclama." En las relatadas circunstancias, ante la inoperancia de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Venegas Huéramo, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, anexa como prueba de su parte el toca apelatorio ******************** de su índice, documental que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la ley de Amparo. Hágase nueva relación con lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Con dichas constancias fórmese un tomo de pruebas por separado, quedando bajo el resguardo de esta secretaría. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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