Miguel Angel Venegas Conde
Expediente 1016/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2023
Partes del expediente
- Miguel Angel Venegas Conde
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de septiembre de dos mil veintitrés. I. Tribunal Colegiado admite recurso. Agréguese a los autos, el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en que acusa recibo de las constancias remitidas para la sustanciación del recurso de queja interpuesto en autos; asimismo, informa que dicho recurso se admitió a trámite bajo el consecutivo */2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de agosto de dos mil veintitrés. I. Se recibe boleta de turno. Agréguese a los autos la boleta de turno con folio electrónico , proveniente de la Oficina de Correspondencia Común, por medio de la cual, se hace del conocimiento de este juzgado que se turnó el recurso de queja interpuesto en autos, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, lo que se asienta para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. I. Recurso de Queja. Agréguese a los autos el escrito de agravios presentado electrónicamente por *, en mi carácter de autorizada de la quejosa; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por dicha parte procesal contra el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. II. Ríndase informe justificado. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió el acuerdo impugnado, y con fundamento en el citado artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, en turno, copia certificada del expediente para apoyar el contenido de dicho informe, para la substanciación del mencionado recurso. En el entendido de que la entrega recepción de los autos al órgano colegiado, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Ahora bien, cabe hacer del conocimiento de la alzada que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico formado con el amparo en que se actúa, contiene únicamente los documentos recibidos por medios impresos, por lo que las diversas actuaciones judiciales, se encuentran disponibles para su consulta en versión electrónica a través del expediente electrónico. III. Datos para turno. A fin de que la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, cuente con la información necesaria para la elaboración de la boleta de turno correspondiente, con fundamento en las circulares DGGJ/0012/2020 y GDDJ/OCC/23/2022 de diez de julio de dos mil veinte y siete de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, que regulan el envío de información de los órganos jurisdiccionales a las oficinas de correspondencia común, para la elaboración de las boletas de turno, se precisan los datos siguientes: * IV. Habilitación de constancias electrónicas para consulta. Asimismo, con la finalidad de que la superioridad se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso de que se trata, se habilitará la consulta electrónica del expediente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, de conformidad con el artículo 39 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Por lo tanto, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado le correspondió conocer del presente asunto, se otorgará acceso a este expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de agosto de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por M************, contra de la 1) Legislatura del Estado de Querétaro, y 2) Gobernador del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1016/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. XII. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. IV. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. En ese sentido, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Luego, según se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en el caso se actualiza, de manera manifiesta e indudablemente, la causa de improcedencia estipulada en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales reproducidos se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente cuanto se promueva fuera de los plazos establecidos para tal efecto; asimismo, se advierte que, por regla general, la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado (conforme a la ley que lo rige), o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de dicho acto o de su ejecución. De igual modo, el citado artículo 17 estable una serie de casos de excepción en que la acción constitucional puede ejercerse fuera plazo antes indicado, a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días el plazo para promover la demanda. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, supuesto en que el plazo para promover la demanda será de ocho años. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comuna, caso en que el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, hipótesis en que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Ahora, según se advierte de análisis de la demanda de amparo, son señalados como autoridades responsables la Legislatura y el Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, de quienes se reclama:[...] En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquél en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio de la quejosa lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva se presenta en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo lugar el acto de aplicación, el juicio será improcedente respecto de éste y, en consecuencia, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. Ahora bien, la parte quejosa, reclama la disposición legal antes referida, con motivo del acto de aplicación consistente en el pago realizado al fedatario público respecto de los derechos por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por la inscripción de la escritura pública (****) del apéndice de la Notaria Pública ***de esta ciudad de Querétaro de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que contiene los actos jurídicos de compraventa y constitución de garantías reales sobre inmuebles. Además refiere, haber tenido conocimiento del acto reclamado hasta el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, no obstante que el pago fue realizado el veintitrés de junio pasado, pues aduce que el citado dieciocho de julio, fue la data en que se publicó por lista de acuerdos la prueba de informes rendida por la Notaria Pública **de esta ciudad de Querétaro, en el diverso juicio de amparo indirecto **, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mismo que se sobreseyó en virtud de que al momento de su presentación (diecinueve de junio de dos mil veintitrés), no se encontraba acreditada la afectación patrimonial en su perjuicio. Al respecto, los solicitantes de amparo también afirman que no tuvieron conocimiento de cuándo el Notario recibió el pago de referencia, porque éste se realizó por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), quien otorgó el crédito hipotecario para llevar a cabo la compraventa del inmueble que se protocolizó en la escritura pública **. No obstante lo anterior, de las constancias allegadas por la propia parte quejosa se desprende que se encuentra debidamente demostrado que los recursos relativos a los derechos registrales que reclama, fueron entregados al Notaria Pública 31 de esta ciudad de Querétaro, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Tal como se advierte de la prueba de informes desahogada a cargo del Titular de la Notaria Pública ***de esta ciudad de Querétaro, misma que si bien se allegó en copia fotostática simple con el escrito de demanda de amparo que dio origen a este asunto, éstas hacen prueba plena en contra de su oferente, en términos de los artículos 199, 200 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haberlo exhibido la propia solicitante de amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1019, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Tercer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo, página 1143, Novena Época, registro digital 1013618, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE.". Mismas que, mal ser adminculadas con la prueba de informes desahogada a cargo del citado Titular de la Notaria Pública ***de esta ciudad de Querétaro, en el diverso juicio de amparo indirecto 800/2023, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través de la cual indicó, en lo que interesa, lo siguiente: a) Se informa que en fecha 23 de junio del 2023, la persona moral DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEI CENTRO, realizó una transferencia interbancaria en la cuenta de esta notaría, en suma de $***, la que fue aplicada a cubrir los montos y conceptos establecidos en la Factura número ***, en donde se contemplan entre otros, derechos registrales, en suma de $**** respecto del contrato de constitución de garantía inmobiliaria. b) La fecha en que se tuvieron por retenidas las cantidades antes señaladas fue el 23 de junio del 2023. Se remite copia certificada del comprobante respectivo. [.] f) Fueron aplicados los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, por lo que respecto del contrato de compraventa, fue retenida la suma de $**** y la suma de $*** respecto del contrato de constitución de garantía inmobiliaria. Recursos que corresponden a las contribuciones generadas con motivo de la escritura pública ****; manifestaciones que constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, pues como ya se dijo, se hicieron en el diverso juicio de amparo indirecto ****, del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. En ese contexto, la declaración del Notario Público indicado, adminiculada con la documental consistente en la copia simple de en la transferencia bancarias por la cantidad aludida $*** M.N.), allegada por la propia quejosa con la demanda de amparo que se atiende, es suficiente para concluir que sí se pagó el costo que originó la inscripción de la escritura pública en que intervino el solicitante del amparo, a saber, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Es evidente que los solicitantes de amparo no acudieron en tiempo a solicitar la protección constitucional como se verá en líneas siguientes. Efectivamente, se obtiene que el plazo de quince días para accionar la vía constitucional, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, fue del veintiséis de junio al catorce de julio de dos mil veintitrés, sin contar los días uno, dos, ocho y nueve de julio del presente año, por ser inhábiles en términos del contenido del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la respectiva demanda de amparo se presentó el ocho de agosto de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, resulta indudable que su presentación resulta extemporánea, toda vez que no se promovió dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento del acto de aplicación expresa de la norma reclamada. Sin que obste a lo anterior que la parte quejosa refiera desconocer la fecha en que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Al respecto, se tiene que el Pleno de este Vigésimo Segundo Circuito Judicial al resolver la contradicción de tesis 1/2020, en sesión de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil (al resolver el amparo en revisión ********************) y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo (al resolver el amparo en revisión ******************** y dilucidar el momento en que la parte quejosa tiene plena noticia de la afectación patrimonial para efectos del plazo para la promoción del juicio de amparo indirecto contra leyes tributarias, cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración tributaria, materializada en el momento en que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con quien la parte quejosa celebró un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, realiza el pago respectivo a nombre del contribuyente y entera el mismo directamente al notario público -tercero auxiliar de la administración pública- con una parte del crédito que se otorgó a la parte quejosa. Asimismo, estableció que se tiene noticia plena de la afectación patrimonial cuando el INFONAVIT con quien el contribuyente celebró un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, realiza la entrega de recursos al notario público, con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, y, por tanto, que a partir de ese momento empieza a correr el plazo para la promoción del juicio de amparo. En la ejecutoria de mérito, el aludido Tribunal Pleno de Circuito trajo a colación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió los criterios jurisprudenciales 2a./J. 81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.), que definían el momento en que debía computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo contra leyes tributarias, con motivo del acto de aplicación realizado por un notario público, como tercero auxiliar de la administración. Acotó que la referida Segunda Sala llegó a la conclusión de que cuando el acto de aplicación es realizado por un tercero que actúa en auxilio de la administración, la procedencia del juicio está condicionada a que la demanda se presente en tiempo respecto de ese acto, lo cual exige analizar si el pago correspondiente se realiza por el tercero con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien, si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del hecho generador debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. También destacó que esa Sala estimó que el referido pago se realizaba con la concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, era él quien decidía, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, lo que implicaba una afectación patrimonial en su perjuicio en la que se concretaba lo previsto en las leyes tributarias que eran fuente de esa afectación patrimonial. Igualmente subrayó que la multicitada Sala consideró que para que se diera esa afectación patrimonial era indispensable que el adquirente aceptara el monto que debía entregar al notario por un concepto diverso al del costo del inmueble, puesto que la voluntad del contribuyente era determinante para que se diera el pago de esos tributos, por lo que al momento en el que se realizaba la entrega de recursos al notario público, el adquirente del bien tenía noticia plena de la afectación patrimonial, es decir, a partir de ese momento tenía conocimiento de ésta, pues al provenir los recursos de su patrimonio, era indudable que al momento de realizar el entero de los tributos respectivos al referido tercero, tuvo conocimiento pleno de la existencia de esa afectación patrimonial; por lo que el plazo de quince días para que acudiera al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron haber concretado en aquél, iniciaba al día siguiente al en que entregó el monto del tributo al notario público. Al amparo de esas premisas, el Pleno de este Circuito Judicial también tomó en cuenta que en los dos amparos en revisión de los cuales derivaron los criterios contendientes, el acto de aplicación de las normas reclamadas había sido el pago por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro; y que la retención de las cantidades a pagar con motivo de las contribuciones generadas por la celebración de la escritura pública correspondiente, se había efectuado -según informes del notario público- con motivo del depósito o pago realizado por el INFONAVIT en virtud del crédito que éste le había otorgado a la parte quejosa. Y acotó que en las respectivas escrituras públicas, se hizo constar el contrato de compraventa, el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria (celebrado entre el INFONAVIT y el contribuyente) y un contrato de mandato (también celebrado entre el contribuyente y ese Instituto). Por lo que concluyó que en ambos asuntos, con motivo de la contratación del crédito de la parte quejosa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la parte solicitante de amparo autorizó e instruyó de manera expresa e irrevocable al citado Instituto, para que de la suma dispuesta del crédito que le fue otorgado, entregara por cuenta suya, las cantidades dinerarias que proporcionalmente le correspondía cubrir en concepto de pago de los honorarios notariales, impuestos y derechos, precisamente a quienes tuvieren derecho a obtener el pago de éstos y en las fechas en que los mismos debían cubrirse. Es decir -destacó el Tribunal Pleno de referencia- que dicho pago de honorarios notariales, impuestos y derechos por parte del Instituto se hacía con cargo a la cantidad dispuesta del crédito otorgado a la parte quejosa, y que esta última se obligó a pagar mediante el descuento periódico a su salario que el Instituto le haría. Lo que denotaba que esos recursos que el INFONAVIT enteraba al notario público por concepto de impuestos y derechos, no eran del Instituto sino de la parte quejosa al provenir los mismos de su patrimonio, pues dicho pago lo realizaba con la concurrencia de la voluntad de la parte quejosa expresada en la escritura pública en cuanto se decidía el momento en el que entregaría los recursos que tenía a su disposición a través del INFONAVIT con motivo del numerario que tenía dispuesto derivado del crédito hipotecario que le fue otorgado. Y por ello, que era la parte quejosa quien al firmar la escritura en donde se contenía el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, había aceptado el monto que debía entregar al notario por un concepto diverso al del costo del inmueble, aceptando también que dicho monto fuera pagado por conducto del INFONAVIT con cargo al numerario derivado del crédito hipotecario que le había sido otorgado, y decidió el momento en el que entregaría los recursos que tenía a su disposición con motivo del crédito; siendo determinante su voluntad para que se diera el pago de esos tributos. De manera que, el aludido Pleno de Circuito consideró que al momento en el que se realizaba la entrega de recursos al notario público, la parte quejosa tenía noticia plena de la afectación patrimonial, pues al provenir los recursos de su patrimonio, era indudable que al momento de realizar el entero de los tributos respectivos al referido tercero, por conducto del INFONAVIT, tuvo conocimiento pleno de la existencia de esa afectación patrimonial, dado que desde la firma de la escritura conoció y autorizó que fuera por medio de ese Instituto que se pagaran los impuestos y derechos con cargo al crédito otorgado que tenía a su disposición. Por lo que el plazo de quince días para acudir al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron concretar en aquél, iniciaba al día siguiente al en que el INFONAVIT entregó el monto del tributo al notario público. En ese sentido, dada la extemporaneidad en que incurrió la parte quejosa, es claro que consintió tácitamente los actos reclamados, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la citada ley. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. XX. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Ahora, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por acreditar contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XXI. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones electrónicas). Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, en relación con el artículo 30, de la Ley de Amparo, como lo previsto en los numerales 6, 34, 35, 55 y 57 Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario ******************** para consultar de forma electrónica el expediente en que se actúa, por así haberlo solicitado de manera expresa. En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Así mismo, de conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, se autoriza las notificaciones electrónicas a la parte quejosa, únicamente las de carácter personal. XXII. Medios de contacto. En ese mismo orden de ideas, téngase a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que para tal efecto menciona, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. XXIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XXIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XXV. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
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