Miguel Ángel Vélez Barraza
Expediente 464/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Vélez Barraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintiuno. Súmense a los autos los oficios y anexos de cuenta, para que consten como legalmente correspondan, con los cuales el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, de esta ciudad da cumplimiento al proveído de treinta de marzo del presente año, relacionado con el diverso de tres de febrero pasado. Al efecto, la referida autoridad penitenciara remite a este juzgado el acta de entrega y recepción de treinta y uno de marzo del año actual, en el que se la hizo constar la entrega a *******, de la copia certificada del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, quien firmó de recibido para debida constancia. De lo anterior este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Entonces, una vez que transcurran tres años destrúyase el mismo. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Finalmente, tomando en cuenta la especial situación en que se encuentra el quejoso *******, se requiere al Director del Centro de Reinserción Social Número Tres, ubicado en esta localidad, para que por su conducto realice la notificación personal de este auto al peticionario de amparo de mérito, quien forma parte de la población del centro carcelario a su cargo, para lo cual, se faculta a la Actuaria Judicial adscrita para que dicha notificación se le haga llegar por correo electrónico y de la misma manera puede ser devuelta, para evitar el contacto personal con población interna que, eventualmente, se encuentra en un estado de vulnerabilidad con el mundo exterior. Apercibido el citado Director, en que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término de tres días, computado legalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, a fin de evitar que los internos del centro carcelario que se encuentra bajo su dirección, así como los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, sean expuestos al virus COVID19 (Coronavirus) mencionado; fundamentando dicha petición, analógicamente, en lo establecido por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo que establece: 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: [.] III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo. Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vistos para resolver el juicio de amparo 464/2020-III, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador de Agentes del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de la Mujer del Estado de Chihuahua y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8º, 20, apartado B, fracciones VI y VIII, así como 35, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por auto de veintitrés de septiembre del año en curso, se admitió a trámite el juicio el amparo 464/2020-III; se solicitaron los informes con justificación de las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente, y; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión atribuida a autoridades residentes en el territorio respecto del cual se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el quejoso reclama a las responsables lo siguiente: La negativa a recibir el escrito formulado por el quejoso, de once de agosto de dos mil veinte. La omisión de proveer lo relativo al citado ocurso. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer del Estado de Chihuahua, licenciada ******* y la Coordinadora de Agentes del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de la Mujer del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, argumentando que ante dichas autoridades no se ha presentado persona de confianza o persona enviada por el aquí quejoso a intentar ingresar documento alguno, a través del cual solicite copias de la carpeta de investigación ******* o causa penal *******, ni esas autoridades se han negado ni han realizado silencio administrativo, así como que no ha habido respuesta al intento de petición escrita porque nunca hubo tal solicitud o tal intento de solicitud. Por su parte, la diversa autoridad, Titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, negó los actos que le fueron reclamados, señalando que al quejoso nunca se le han negado la expedición de copias del expediente, ni de los discos relativos a su juicio; asimismo, negó que se le haya negado la recepción de solicitud de copias, ya que en dicho tribunal existe una oficialía de partes en la que se reciben todas las promociones y el personal no puede negarse a recibir las mismas. Asimismo, manifestó la Juez responsable que, el quince de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en dicho tribunal una promoción del aquí peticionario de amparo a través de la cual solicitó copia simple de todo lo actuado dentro de la causa penal *******, y toda vez que esa juzgadora no tiene acceso a los expediente del Ministerio Público, le expidió copia por duplicado de la sentencia dictada en contra del aquí peticionario de amparo y de todos los discos de la audiencia de debate de Juicio Oral, lo que le fue entregado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de notificación de esa misma fecha, en la que figura la firma del promovente de amparo. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas, esto es, la parte quejosa, tenía la carga de demostrar la negativa por parte de las autoridades, entre otros, con una fe de hechos, testimoniales, etcétera, ya que el escrito dirigido a las responsables de once de agosto de dos mil veinte (el cual únicamente se encuentra dirigido al COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ZONA NORTE) anexo a la demanda, no es apto ni suficiente para ello. Lo anterior es así, toda vez que, con dicho documento, lo único que se acredita es, la existencia del escrito de once de agosto del año en curso, signado por la quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en la carpeta de investigación No. *******, es decir, copia de las transcripciones y todo lo que tenga relación con las mismas, sobre todo lo actuado en audiencias constitucionales de juicio seguido en su contra, desprendidas de la causa penal al rubro indicada. Sin embargo, ese medio de convicción no es útil para probar el punto toral que nos ocupa, particularmente, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables no hayan querido recibir el escrito, mediante el cual solicita las copias certificada de la carpeta de investigación ******* y de la causa penal *******, y al no haberlo hecho así, es insoslayable que no está acreditada la negativa de recibir el escrito de once de agosto de dos mil veinte. Ello, pues al tratarse el acto reclamado de naturaleza negativa, que de suyo implica "una acción", correspondía al justiciable probar esa conducta de las responsables, es decir, tenía la carga procesal de acreditar no solo la existencia de la promoción o solicitud respectiva, sino que realizó acciones tendentes a presentarla ante las responsables y que éstas se negaron a recibirlo. Por tanto, si el quejoso no acreditó su conducta positiva consistente en los términos anteriormente citados, es innegable que, los actos de los cuales se duele el peticionario de amparo son inexistentes. Apoya lo antes expuesto, la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página: 366, que reza: ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. En esas condiciones, procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Notificación al quejoso. Tomando en cuenta la especial situación en que se encuentra el quejoso *******, se requiere al Director del Centro de Reinserción Social Número Tres, ubicado en esta localidad, para que por su conducto realice la notificación personal de esta sentencia al peticionario de amparo de mérito, que forma parte de la población del centro carcelario a su cargo, para lo cual, se faculta a la Actuaria Judicial adscrita para que dicha notificación se le haga llegar por correo electrónico y de la misma manera puede ser devuelta, para evitar el contacto personal con población interna que, eventualmente, se encuentra en un estado de vulnerabilidad con el mundo exterior. Apercibido el citado Director, en que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término de tres días, computado legalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00). Lo anterior, a fin de evitar que los internos del centro carcelario que se encuentra bajo su dirección, así como los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, sean expuestos al virus COVID19 (Coronavirus) mencionado; fundamentando dicha petición, analógicamente, en lo establecido por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo que establece: 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: [.] III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo. Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos referidos en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Dese cumplimiento al considerando cuarto de esta sentencia, relativo a la forma de notificación del quejoso. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el once del mes y año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Sin embargo, el veintiuno de octubre del presente año, se recibió vía correo electrónico oficial el oficio SEADS/654/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que, se acordó la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el numeral 124 de la Ley de Amparo. En consecuencia, notifíquese por lista a las partes, entre ellas a la autoridad y tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Ahora, tomando en cuenta la referida especial situación en que se encuentra el quejoso *******, se requiere al Director del Centro de Reinserción Social Número Tres del Estado de Chihuahua, ubicado en esta localidad, para que por su conducto realice la notificación personal de este acuerdo al peticionario de amparo de mérito, que forma parte de la población del centro carcelario a su cargo, para lo cual se faculta a la Actuaria adscrita que dicha notificación se le haga llegar por correo electrónico y de la misma manera puede ser devuelta, para evitar el contacto personal con población interna que, eventualmente, se encuentra en un estado de vulnerabilidad con el mundo exterior. Apercibido, en que caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo de tres días posteriores a su legal notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo, se le impondrá multa por cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00). Lo anterior, a fin de evitar que los internos del centro carcelario que se encuentra bajo su dirección, así como los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, sean expuestos al virus COVID19 (Coronavirus) mencionado; fundamentando dicha petición, analógicamente, en lo establecido por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: [.] III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo. Las oficinas públicas de comunicaciones están obligadas a transmitir, sin costo alguno, los oficios a que se refieren las anteriores fracciones. Notifíquese por lista electrónica; a la parte quejosa por conducto del Director del Centro Penitenciario de mérito y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, de la forma siguiente: Parte en el juicio de amparo Correo electrónico o número telefónico Director del Centro de Reinserción Social Número Tres del Estado de Chihuahua jurídico.ceresoestatal3@gmail.com teléfono ******* Ext. ******* Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito ******* Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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