MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ JUÁREZ y Otros.

Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
412/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ JUÁREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diez de abril pasado, ya feneció sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Desechamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite desechar una demanda de amparo cuando se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, de la Novena Época, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que el promovente señala como actos reclamados los consistentes en: a. Todo el procedimiento de ejecución de la sentencia firme del Juicio Especial Civil Sumario Hipotecario C-749/2018, y su cumplimiento. Entre las que destacan: 1. El auto de fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, donde se anexó certificado de libertad de gravámenes y avalúo, lo que se ordenó notificar por lista cuando ya habían trascurrido más de 6 meses de impulso procesal en el juicio de origen. 2. El auto de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, donde se ordena la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble materia de la venta judicial descrito en autos, donde se fijó el precio de la postura legal correspondiente a las dos terceras partes de su valor pericial. 3. La audiencia de remate en primera almoneda que tuvo lugar el día diecinueve de octubre de dos mil veinte, donde entre otras, se concretó la venta judicial del bien materia de la almoneda descrito en autos en favor del hoy tercero interesado. 4. La resolución interlocutoria dictada el dieciocho de enero de veintiuno, con motivo del incidente de nulidad de notificaciones. 5. El auto de fecha veintiocho de enero de veintiuno, donde se declara que causa ejecutoria la interlocutoria antes precisada y se requiere a mis mandantes judiciales para que conforme a la audiencia de remate de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, realicen el otorgamiento de escritura pública con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido será otorgada en rebeldía por el juzgado responsable. 6. El auto de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno donde se hace efectivo el apercibimiento realizado a mis mandantes judiciales en el auto de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por lo que se ordena otorgar en rebeldía la escritura en rebeldía por conducto de la Notaría Pública número 45, de la ciudad de León, Guanajuato, a cargo del licenciado José Antonio Zavala Arias. 7. El otorgamiento de la escritura pública número 28,144, tirada en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós. 8. El auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, ya que se tenía más de seis meses de inactividad procesal y se notificó por lista. 9. Auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, donde se reconoció la personalidad de Héctor Bladimir Arriaga Landín, como apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y ordena poner en posesión de la parte actora, el inmueble adjudicado, autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, quedando a disposición del ejecutante la ficha para acudir a la central de actuarios a solicitar fecha y hora para agendar la diligencia. b. La aplicación heteroaplicativa del artículo 519, así como del diverso artículo 521 en relación con el 517, 518, 704 K, 704 L, 704 N, fracciones I al VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y artículo 2411 del Código Civil; así como el proceso legislativo que creó las citadas porciones normativas. Destacando la parte quejosa, que la actuación descrita en el ordinal 9 constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural, haciendo procedentes sus reclamos. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sobre esa base, la suscrita estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la citada legislación prevé: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Para una mejor comprensión del asunto se narran los antecedentes relevantes de los que derivan los actos reclamados, los cuales se obtienen de los hechos que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en la demanda, advirtiéndose lo siguiente: a. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, Francisco de la Luz Pizano Cardona, apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, demandó en la vía especial sumaria hipotecaria entre otras prestaciones el pago de $2´055,872.76 (dos millones cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 76/100) en contra de Alicia Juárez Armenta, el cual fue registrado con el número de expediente C-749/2018, del índice del Juzgado Civil de Partido de San Felipe, Guanajuato. b. Por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la actora para que ampliara la demanda e integrar la relación jurídica procesal a Miguel Ángel Velázquez Juárez. c. Una vez cumplido con dicho requerimiento se admitió a trámite, el quinde de noviembre de dos mil dieciocho. d. Seguida la secuela procesal, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia respectiva en la que se condenó a la parte actora al pago de las prestaciones reclamadas. e. Una vez que adquirió firmeza procesal, en etapa de ejecución de sentencia, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia de remate en primera almoneda en la que se declaró fincado el remate a favor de la actora; ordenándose requerir a los demandados para que en el término de tres días otorgaran la escritura correspondiente, apercibiéndolo que de no hacerlo el Juzgado responsable la otorgará en rebeldía. f. Por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, adquirió firmeza procesal la audiencia de remate respectiva, por lo que se requirió a los demandados el otorgamiento de la escritura correspondiente dentro del plazo de tres días hábiles contados legalmente y para el caso de que la parte obligada no cumpliera con lo anterior, el juzgado responsable la otorgaría en rebeldía. g. Ante la contumacia de la parte demandada en otorgar la escritura que el fue requerida de forma voluntaria el quince de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado responsable hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y ordenó otorgarla en rebeldía, así como el envío el expediente a la Notaria Pública número 45, de la ciudad de León, Guanajuato, para que procediera a su protocolización. h. Mediante escrito presentado en fecha seis de marzo de dos mil veintitrés, la ejecutante solicitó que se le pusiera a la actora material en posesión jurídica y material del inmueble que se remató y se adjudicó, al estar firmadas las escrituras públicas. i. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se reconoció la personalidad de Héctor Bladimir Arriaga Landín, como apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y, se ordenó la ejecución de la sentencia, por lo que se ordenó poner en posesión de la parte actora, el inmueble adjudicado, autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario y quedó a disposición del ejecutante la ficha para acudir a la central de actuarios a solicitar fecha y hora para agendar la diligencia. Ahora, de los antecedentes narrados, se advierte que el bien inmueble que defiende la parte quejosa previo a la emisión del último de los actos que refiere como reclamados (auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés), en la audiencia de remate de diecinueve de octubre de dos mil veinte, ya había sido adjudicado en favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, ordenándose requerir a la parte demandada para que una vez que adquiriera firmeza procesal la venta judicial dentro del término de tres días otorgara la escritura correspondiente, apercibida que de no hacerlo la misma se otorgaría en rebeldía; siendo esta actuación la última determinación dictada para cumplir con el procedimiento de remate, esto es, con la cual se concluyó el procedimiento de remate; asimismo se obtiene que dicha diligencia adquirió firmeza al no haber sido combatida. Posteriormente, se continuó con la fase de ejecución de sentencia, puesto que de los antecedentes narrados, también se obtiene, que como la parte demandada no otorgó voluntariamente la escritura correspondiente al bien inmueble adjudicado, el quince de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado la audiencia de remate de que se trata, ordenando se otorgara en su rebeldía, lo cual aconteció el veinte de mayo de dos mil veintidós, tirándose la escritura pública número 28,144, pasada ante la fe del notario público 45, de este Partido Judicial. Luego, continuando con dicha fase de ejecución de sentencia mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable ordenó poner en posesión de la parte actora, el inmueble adjudicado, autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario; siendo esta actuación la reclamada por la parte quejosa como acto destacado. Sobre esa base, respecto de los actos que por esta vía se reclaman, quien resuelve estima actualizada la causal antes invocada, en virtud de que los solicitantes del amparo son parte formal y material en el juicio de origen, pues tienen el carácter de parte demandada, de ahí que deban someterse a las reglas que rigen el procedimiento de ejecución, pues como se evidenció en párrafos que anteceden, en la especie, sí bien el procedimiento de remate culminó con el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, que ordenó requerir a la parte demandada para que una vez que adquiriera firmeza procesal la venta judicial dentro del término de tres días otorgara la escritura correspondiente, apercibida que de no hacerlo la misma se otorgaría en rebeldía, lo cierto es que con posterioridad a la emisión de dicho acto, se dictó el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, que reclama como destacado, en el que se reconoció la personalidad de Héctor Bladimir Arriaga Landín, como apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y, se ordenó la continuación de la ejecución de la sentencia, ordenando poner en posesión de la parte actora, el inmueble adjudicado, autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, dejando a disposición del ejecutante la ficha para acudir a la central de actuarios a solicitar fecha y hora para agendar el verificativo de la misma; por lo que deviene innegable que ésta última actuación (combatida por la parte quejosa como acto destacado), fue dictada en la etapa de ejecución del Juicio Especial Civil Sumario Hipotecario C-749/2018; y, por ende, con posterioridad a la última resolución dictada en la etapa de remate. Lo anterior se estima de esa manera, porque la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas; una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate; y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. En esa medida, debe reiterarse que si bien en el particular la parte quejosa señala como actos reclamados la totalidad de las actuaciones del procedimiento de ejecución de la sentencia firme del Juicio Especial Civil Sumario Hipotecario C-749/2018, y su cumplimiento, entre las que destaca, la audiencia de remate y el auto que la declaró firme, las cuales constituyen los últimos actos dictados en la fase de remate, también lo es que en el juicio natural con posterioridad a la emisión de dichas actuaciones, el juez responsable dictó el auto de quince de febrero de dos mil veintiuno (también combatido por el amparista), en el cual ordenó otorgar la escritura de adjudicación del inmueble rematado en rebeldía de la parte demandada (aquí parte quejosa), siendo esta actuación, la que dio continuidad a la fase de ejecución de sentencia; consecuentemente, es dale afirmar que en el particular, el acto reclamado como destacado consistente en el proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que se ordenó poner en posesión de la parte actora, el inmueble adjudicado, autorizando el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, dejando a disposición del ejecutante la ficha para acudir a la central de actuarios a solicitar fecha y hora para agendar el verificativo de la misma no constituye el último acto en la etapa de ejecución de sentencia, pues se trata de un acto tendente a la continuación de la ejecución de esa determinación, mismo que se encuentra fuera del procedimiento de remate, ya que dentro de éste, la última resolución es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria, lo cual de acuerdo a lo acontecido en el juicio de origen, se verificó con anterioridad al acuerdo de ocho de marzo del año en curso, que ahora señala como destacado, tal y como se evidencio en acápites que anteceden; de ahí que en el particular se estime actualizada la causal de improcedencia en estudio. Ello es así, porque al resolverse la contradicción de tesis 29/2019, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria, pues tal cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación que puedan adoptar las partes al respecto. En efecto, el Máximo Tribunal del país indicó que la determinación que ordena en forma definitiva requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial, es la que efectivamente ordena la escrituración y es inimpugnable, en el sentido de que no habrá acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. Asimismo, se indicó que el requerimiento formulado por el juzgador constituye una advertencia de que, en el supuesto de que el ejecutado no acuda de manera voluntaria, el juzgador llevará a cabo el otorgamiento de la escritura ante su contumacia; lo que da noticia de que dicha determinación no está sujeta a la voluntad del ejecutado, antes bien, se trata de un acto que eventualmente puede llevar a cabo el juez ante una situación extraordinaria, como es el incumplimiento de una de las partes. Que con el dictado de esa determinación, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate. Se indicó, que afirmar que tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que hace efectivo el apercibimiento y ordena que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo por el propio juzgador, llevaría al absurdo de obligar a la parte requerida a incumplir con lo ordenado para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; y, por ende, no era el caso sostener que el juicio de amparo proceda, indistintamente, en contra de los dos actos, pues esa conclusión se opone al objetivo perseguido por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. De igual forma se sostuvo, que la circunstancia de que el proveído que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, para llevar a cabo la formalización de la venta judicial, con apercibimiento que de no hacerlo el Juez lo hará en su rebeldía, apele a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, no implica que ésta no constituya la última resolución, pues lo definitivo es que la eficacia de lo ordenado, esto es, la capacidad de materializar en su totalidad los efectos del derecho sustantivo de propiedad por medio de la formalización de la transmisión de la propiedad, no depende del resultado de la diligencia de notificación ni de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, pues la eventual contumacia de éste solamente dará lugar a que la facultad de otorgar la escritura pase al juzgador en su rebeldía. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), visible en la página 110, del Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2020631, la cual establece: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En ese tenor, si bien con el dictado en el procedimiento de origen de la orden de escrituración voluntaria del bien inmueble adjudicado emitida en la audiencia de remate y su consecuente declaración de firmeza procesal de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, como ya se dijo en acápites precedentes, se concluyó con la etapa de remate; ello porque, una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar tanto la orden de escrituración, como la de entrega material del bien; y con ellas, indistintamente, se verifica la culminación del procedimiento de remate, lo que haría procedente el juicio de amparo indirecto, en el que se hicieran valer las violaciones procesales que se estimasen necesarias; también lo es que, en el caso que se analiza, con el dictado del diverso proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés (acto destacado), se imposibilita la procedencia del amparo indirecto respecto de los actos reclamados acaecidos en la etapa de remate, porque la última determinación en comento, evidencia la presencia de un acto dictado con posterioridad a la mencionada etapa de remate, esto es en el período de ejecución de sentencia, el cual que no está desvinculado de la cosa juzgada, pues precisamente en el fallo se condenó a la parte quejosa y derivado de ello se llevó a cabo el procedimiento de remate, el cual, como ya se dijo, culminó con la orden de escrituración voluntaria del bien inmueble adjudicado emitida en la audiencia de remate y su consecuente declaración de firmeza, de ahí que éstos únicamente sean susceptibles de ser reclamados como violaciones procesales, cuando se reclame la última resolución dictada en la ejecución de sentencia, que será la que determine cumplida la sentencia definitiva; su imposibilidad para hacerlo; o bien el archivo definitivo del expediente. Lo anterior es así, pues el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, no puede considerarse como la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia para la procedencia del presente juicio de amparo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. De cualquier modo esa determinación está supeditada a que el juez de origen emita los acuerdos conducentes para poder advertir si se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declare sobre la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento total a lo resuelto; de lo que deriva que no se está en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose del reclamo de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Por ende, al haberse emitido en el juicio natural el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia firme, por su propia naturaleza no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo resuelto en el juicio de origen, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Se afirma lo anterior, pues las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus derechos, podrán ser restituidas en el goce de éstos desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo". Cierto, de manera excepcional existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan, tomando en cuenta que la parte quejosa fue demandada en el juicio natural, por lo que le asiste el carácter de parte en dicha fase. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época, registro 163152, del siguiente contenido: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, si en el caso particular con el dictado en el procedimiento de origen de la orden de escrituración voluntaria del bien inmueble adjudicado emitida en la audiencia de remate y su consecuente auto que la declaró firme de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se concluyó con la etapa de remate, lo que haría procedente el juicio de amparo indirecto, en el que se hicieran valer las violaciones procesales que se estimasen necesarias; también lo es que, con el dictado del diverso proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se imposibilita la procedencia del presente amparo indirecto respecto de los actos reclamados, porque la última determinación en comento, evidencia la presencia de un acto dictado con posterioridad a la etapa de remate, esto es en el período de ejecución de sentencia, mismo que no constituye el último acto de ejecución en el procedimiento de origen, porque gira en torno al cumplimiento de lo sentenciado, al ordenar la puesta en posesión del bien adjudicado. Acto que de modo alguno puede ser impugnable en este momento a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose como tal aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Ello, pues el juicio de amparo prospera, sólo hasta que en su caso se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente siendo el amparo que se promueva contra este tipo de actos, donde podrán hacerse valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que en similares términos se pronunciaron el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver la revisión civil 257/2018, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja 72/2019, relativa al juicio de amparo indirecto 297/2019-II, del índice estadístico de este Juzgado Federal, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada. Improcedencia que se hace extensiva a la inconstitucionalidad del artículo 519, así como del diverso artículo 521 en relación con el 517, 518, 704 K, 704 L, 704 N, fracciones I al VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y artículo 2411 del Código Civil; así como el proceso legislativo que creó las citadas porciones normativas, toda vez que dicha inconstitucionalidad se reclama con motivo de su aplicación en la diligencia de remate de diecinueve de octubre de dos mil veinte; de ahí que no sea factible desvincular su estudio del que concierne a su aplicación, pues, éste es precisamente el que le causa perjuicio y no las normas de carácter general por sí solas y consideradas en abstracto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible a página 251, Volumen 181-186, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que ofrece la siguiente redacción: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. (énfasis añadido). Por tanto, en razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107 interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. V. Domicilio y autorizadas. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario (jammojica); toda vez que el nombre de usuario que proporciona se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como la promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente asunto, por lo que ve a dicha parte quejosa. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, únicamente por lo que ve a la parte quejosa. Ahora, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 y 24 de la Ley de Amparo, a Juana Griselda Ayala Almendariz, Daniela Mónica Ayala Almendariz y Diana Vianney Colín Palomo, por así haberlo solicitado expresamente, así como proporcionando cuenta de correo electrónico y números telefónicos para establecer contacto no procesal en caso de estimarse necesario, Sin que pase inadvertido para la suscrita que la parte quejosa también señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, lo cierto es que deben priorizarse las notificaciones electrónicas. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Se ordena generación de versión pública de acuerdo. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.

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