Miguel Ángel Velázquez Cárdenas
Expediente 386/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Velázquez Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de entrega de documentos que antecede, de la que se advierte que el cuatro de los actuales, **********, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que anexaron al presente juicio de amparo, tal como se ordenó en proveído de veintitrés de mayo pasado; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido Acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger las documentales originales que exhibió, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA QUEJOSA Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido Acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger las documentales originales que exhibió, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Mesa Directiva del Fraccionamiento Fontana, Condominio Horizontal; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 386/2019-I. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º fracción II, todos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad." Conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo disponga la ley de la materia. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, refiere que el juicio de amparo procede en contra de leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, en el entendido que las leyes o actos de autoridad son aquellas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen un afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Es necesario tener claro que en términos del artículo 5º, fracción II, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y a este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios ha definido que, para efectos del juicio de amparo no sólo es autoridad responsable aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. A mayor abundamiento, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Como corolario de lo anterior, es menester poner de relieve lo dispuesto en el último párrafo comprendido dentro de la fracción II, del precepto 5 de la Ley de Amparo, donde puntualiza que para efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. A propósito del término denominado "normas generales", el precepto 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone qué debe entenderse por normas generales; a saber: Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; Las leyes federales; Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; Los reglamentos federales; Los reglamentos locales; y Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Bajo dicha guisa, en el caso concreto, el impetrante de amparo sostiene que a la Mesa Directiva del Fraccionamiento **********, **********, le reviste la calidad de autoridad responsable en virtud que emitió la orden de prohibir el acceso al uso de la alberca, así como la retención del pase de acceso desde el catorce de abril de dos mil diecinueve; aunado a que, de acuerdo con la copia certificada del reglamento interno para el condominio "**********" del **********, dicha moral, se erigió como autoridad interna del fraccionamiento, al efectuarse actos equivalentes a los de autoridad, con mando de unilateralidad, imperio y coercitividad, no sólo para desplegarlo contra sus colonos, sino también para los que no lo son. Empero, no debe perderse de vista que el reglamento mencionado en el punto que antecede, no constituye una norma general a la luz de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues su reglamentación es de naturaleza privada y no pública, en atención a que tiene como finalidad guardar el orden y bienestar del fraccionamiento, o sea, que se encuentra dirigido a regular sólo a un cierto grupo de personas, no así a la sociedad en general. Efectivamente, con motivo de la aplicación de la normativa privada interna, no conlleva a que aquélla se constituya en un "particular" que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral; lo cual hace necesario acudir a los tribunales ordinarios en caso de inconformidad en torno a la aplicación de dicha reglamentación. En mérito de lo expuesto, se concluye que la Mesa Directiva del Fraccionamiento **********, **********, no le resulta la calidad de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Es menester destacar que la presente determinación se encuentra robustecida con el criterio emitido en la ejecutoria del amparo en revisión administrativa 147/2018 del índice del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto de Distrito. Consecuentemente al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas a lo largo de la presente determinación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Resta mencionar que, con la anterior consideración no se deja al promovente en estado de indefensión jurídica, dado que si bien la actuación cuestionada no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en su caso, bien pudiera controvertirse ante los tribunales del orden común, cuyas determinaciones serán las que, en su caso, podrían ser discutidas a través de la instancia constitucional. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la ley de la materia, a la persona que menciona, en virtud de que no obra su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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