Miguel Angel Velasquez Ferrales
Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Angel Velasquez Ferrales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esa misma ciudad, solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el presente juicio de amparo. Al respecto, hágase del conocimiento del homólogo federal que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, ya que mediante resolución de seis de abril del actual se sobreseyó en el juicio y por auto de veintinueve de abril siguiente se declaró firme dicha determinación, por lo que se ordenó el archivo definitivo. Ahora, a fin que el citado Juzgador se encuentre en aptitud de consultar las constancias que requiere, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, para que por el plazo de diez días vincule este expediente 261/2022, al diverso 608/2022 del homólogo federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia de seis de abril de dos mil veintidós que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Archivo Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Destino final Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente sería destruible, después de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo 7 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es DEPURABLE, después de tres años. Relevancia documental Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 261/2022 promovido por Miguel Ángel Velásquez Ferrales (migrante de nacionalidad Cubana), contra actos de la Sub Representación Local Del Instituto Nacional De Migración en Oaxaca (en su denominación correcta); y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento de naturaleza administrativa, seguido ante una autoridad de esa índole con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridad responsable Actos reclamados Sub Representación Local Del Instituto Nacional De Migración en Oaxaca (en su denominación correcta). Privación de la libertad (detención). Orden de deportación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la deportación. Es inexistente la orden de deportación reclamada a la autoridad responsable, ya que si bien de la certificación secretarial en la relación de constancias se advierte que la autoridad responsable no rindió su informe justificado, no ha lugar a presumir su existencia ya que al rendir sus informes relativos a la suspensión de plano se pronunció sobre la existencia de los actos reclamados por el quejoso y por lo que hace a la deportación precisó: "SE NIEGA toda vez que el procedimiento administrativo migratorio instaurado al directo quejoso se encuentra integrándose y pendiente de resolución; lo anterior hasta en tanto la autoridad ministerial comunique que concluye la guarda y custodia o bien la determinación que ordene en su carpeta de investigación, por lo que se informa que resulta inexistente dicho acto". De lo anterior, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -seis de marzo del año en curso- la autoridad responsable no emitió ninguna orden de deportación contra el quejoso, por lo que resulta inexistente dicha orden. Sin que la parte quejosa aportara ningún medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LA ORDEN DE DEPORTACIÓN. CUARTO. Existencia de un acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable consistente en la orden de privación de la libertad del quejoso (detención). Lo anterior, porque aunque la autoridad responsable al rendir su informe relativo a la suspensión de plano negó la existencia de dicho acto, realizó argumentos para sostener la legalidad de la privación de la libertad del quejoso, relativos a que ello derivó de la guarda y custodia solicitada por la autoridad ministerial, porque el aquí quejoso se encontraba relacionado a la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000307/2022. Y de las constancias remitidas como apoyo a su informe relativo a la suspensión de plano (registro 3015), las cuales son merecedoras de valor probatorio pleno acorde a lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso se encontraba como víctima del hecho que la ley señala como delito de 159, fracción III, albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros, con el fin de evadir la revisión migratoria de la Ley de Migración, y 160 I, respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior. Y por ello, alojó al quejoso en la estación migratoria en calidad de presentado. Por lo que se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto de privación de la libertad (detención) que se le atribuye. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del contenido literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha causal de improcedencia se actualizará cuando, además de que la autoridad responsable deje insubsistentes los actos reclamados, con ello también sean destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, de una manera tal, que no exista huella de la invasión de la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Así lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración 2a./J.59/99, con número de registro 193758, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Conforme a la citada jurisprudencia, el juicio de amparo será improcedente cuando se hubiese dejado insubsistente el acto o actos reclamados, y las violaciones también hayan quedado insubsistentes, como si el amparo se hubiese concedido. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio INM/OROAX/DAJ/188/2022 (registro 3181), a las que se reitera, se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, se advierte que la responsable con fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -seis de marzo de dos mil veintidós-, ordenó la salida inmediata de la Estación Migratoria de Oaxaca del aquí quejoso de nacionalidad Cubana Miguel Ángel Velázquez Ferrales, no obstante estar sujeto a procedimiento administrativo migratorio, sujetándolo a firmar a las catorce horas los días jueves en las oficinas de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, a partir del día diez de marzo de dos mil veintidós, lugar en el que se encuentra la Estación Migratoria en la que se ordenó su alojamiento; y en esa misma fecha -nueve de marzo de dos mil veintidós- notificó tal determinación al quejoso; circunstancias que revelan que en el caso, cesó total e incondicionalmente los efectos del acto combatido privación de la libertad (detención). En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que se destruyeron los efectos de la detención reclamada de forma total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en cuanto a tal acto. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ..., contra actos de la Sub Representación Local Del Instituto Nacional De Migración en Oaxaca (en su denominación correcta), por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, mediante el cual rinde informe en los siguientes términos: En ningún momento se ha actuado con dolo o mala fe, o bien generar alguna situación de peligro en contra del quejoso David Méndez Domínguez, ya que lo que se busca es dar cumplimiento a la sentencia de amparo y hacer la entrega inmediata del vehículo; En relación a la llave de encendido del carro, se informa que el tres de marzo del año en curso, mediante oficio con terminación 0298/2022 fue entregada al Encargado de los Encierros Oficiales de la Dirección General de la Policía Vial Estatal; Asimismo, informa que se señalan las doce horas del viernes veinticinco de marzo del año en curso, para llevar a cabo la diligencia de entrega al quejoso David Méndez Domínguez del vehículo de motor marca Ford, tipo Focus, color rojo, placas de circulación TKD 5283, número de serie 1FABP33381W278869 y su respectiva llave de encendido, que se desahogará en el encierro oficial denominado "LA JOYA" ubicado en carretera internacional 190, kilómetro 6.5 , San Pablo, Etla, Oaxaca, a cargo del ciudadano Luis Fernando Ortiz Torrecilla, Encargado de los Encierros Oficiales de la Dirección General de la Policía Vial Estatal; la cual consistirá primeramente hacer la entrega de la hoja de liberación SSP/DGPVE/DI/0066/2022310/20202, suscrita por el Jefe del Departamento de Infracciones de la Policía Vial Estatal, al quejoso David Méndez Domínguez, mismo que deberá firmar con su puño y letra en el acuse correspondiente. Posteriormente el ciudadano Luis Fernando Ortiz Torrecilla, hará la entrega material del vehículo de motor y su respectiva llave de encendido al quejoso. De lo anterior se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, téngase a la citada responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Requerimiento respectivos. Al quejoso. En otro apartado, como lo solicita la autoridad responsable, requiérase al quejoso David Méndez Domínguez, para que comparezca personalmente doce horas del viernes veinticinco de marzo del año en curso, en el lugar indicado por la mencionada responsable, a fin de que le sea entregada el original de la hoja de liberación SSP/DGPVE/DI/0066/2022310/20202, suscrita por el Jefe del Departamento de Infracciones de la Policía Vial Estatal, así como se le realice la entrega material del vehículo y la llave de encendido. Asimismo, se precisa al quejoso que dicha entrega se hará constar en diligencia formal, por lo que deberá firmar con su puño y letra el acta y la recepción respectiva, de la cual se quedará constancia toda vez que se deberá remitir a este Juzgado copia certificada de dicha diligencia. En la inteligencia que deberá estampar también su firma con puño y letra en el encierro oficial, en la que se hará constar la entrega-recepción del vehículo de motor, lo que será necesario tanto para la autoridad responsable como para este Juzgado, para el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. En el entendido que en caso de no presentarse ante la autoridad responsable, se entenderá su falta de interés en el cumplimiento de la citada ejecutoria. A la autoridad responsable Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de la Policía Vial en el Estado, para que una vez que se realice la diligencia de entrega del vehículo y su respectiva llave de encendido al quejoso David Méndez Domínguez, remita copia certificada de las constancias en que sustente su aserto, con la finalidad de estar en condiciones de resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado en supralíneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y VÍA CORREO ELECTRONICO A LA RESPONSABLE.
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