Miguel Ángel Vazquez Morales

Expediente 1237/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1237/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Vazquez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 26/noviembre/2018, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el acta de comparecencia que antecede, de cuyo contenido se advierte que Miguel Ángel Vázquez Morales, por propio derecho, en su carácter de parte quejosa, dió cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de trece de noviembre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, es importante destacar que en el auto trece de noviembre de dos mil dieciocho, se reservó acordar respecto del contenido del escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción "19155", hasta en tanto Miguel Ángel Vázquez Morales, diera cumplimiento al requerimiento ahí formulado. En tal sentido, tomando en consideración que ya fue desahogado el requerimiento de mérito, según se advierte del acta de comparecencia que antecede, este juzgado federal procede a proveer respecto del escrito aludido, en los siguientes términos: Visto de nueva cuenta el escrito signado por Miguel Ángel Vázquez Morales, en su carácter de parte quejosa, por medio del cual desahoga el requerimiento contenido en auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, atendiendo su contenido, téngase por desahogada la prevención de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Ahora, del estudio emprendido al escrito de demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia, en contra del acto reclamado consistente en: Asimismo, de la lectura efectuada al escrito que se provee, se advierte que la parte promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: [.] De lo anterior, se colige que en el caso es procedente desechar la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa, toda vez que respecto de dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" En efecto, cabe señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es menester agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, la parte promovente debió haber promovido en contra de los actos reclamados, el medio ordinario de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;". [.]" Del precepto en cita, se obtiene que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México son competentes para conocer de los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en agravio de personas físicas o morales. Por lo que, como se precisó, la parte quejosa antes de instar la vía constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, en tanto que a través de dicho recurso, el acto que en la especie reclama, puede ser modificado, revocado o nulificado, máxime que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México podía solicitarse incluso la suspensión del referido acto. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional, haya advertido de la lectura del escrito de demanda, alguna causa de excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y de los criterios que sobre tal aspecto se han pronunciado, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional. Del criterio transcrito, así como del contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular El acto de autoridad que estime violenta su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando se de el siguiente requisito: V Que no se trate de una persona extraña al procedimiento: extremo que se advierte colmado en el caso que nos ocupa, ya que la resolución que por esta vía pretende impugnar, contenida en el en el expediente 1675/ODCH/OR/2018, con número de oficio ODC/1956/2018 de la cual tuvo conocimiento el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, le fue notificada de a través de "cédula de emplazamiento por instructivo y no de manera personal" además que se apersonó al procedimiento administrativo de que se trata, tal como se advierte de la lectura del acto reclamado y tal como lo refiere en su escrito aclaratorio de garantías. Esto es así, tomando en consideración que mediante Decreto publicado el uno de septiembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se expidió la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en cuyos artículos 71 a 78 se regula lo relativo a la suspensión de los actos reclamados ante esa instancia. Preceptos legales que disponen: "Artículo 71.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el Magistrado Instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimientocon independencia de que posteriormente pueda ser recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del concomiento de las demás partes. En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de las personas. Artículo 72.- La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social o si se contravinieren disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros. Artículo 73.- El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Si la autoridad niega a cumplirla suspensión, se le requerirá por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el Magistrado Instructor comisionará a un Actuario para que restituya al actor en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe dicho documento. La suspensión con efectos restitutorios procederá observando los requisitos de apariencia del buen derecho, peligro en la demora y razonabilidad. Artículo 74.- En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá la queja ante la Sala respectiva. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 75.- En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante mediante billete de depósito, o póliza de fianza para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido. Las autoridades de la Administración de la Ciudad de México centralizada o paraestatal; así como de las Alcaldías están exentas de otorgar las garantías que esta Ley existe. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar su importe ante la Tesorería del Distrito Federal en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Distrito Federal. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. Artículo 76.-La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía con billete de depósito o fianza. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión o contra el señalamiento de fianzas y contra fianza, procede el recurso de reclamación. Artículo 77.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículos 75 y 76, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante la Sala Superior." Artículo 78.- En contra del desacato total o parcial a la orden de suspensión, procederá la queja mediante escrito que se presente, ante la Sala que la concedió, en cualquier momento hasta antes de la conclusión definitiva del juicio. En el escrito de queja se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten las actuaciones de las autoridad que se estiman violatorias de la suspensión. En el acuerdo admisosio, se dará vista a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, y se pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la interlocutoria relativa, que deberá rendir dentro del plazo de tres días, informe que en el, se dictará la resolución en el plazo de cinco días. Si se resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, se dejarán sin efectos las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. La resolución a que se refiere este artículo se notificará también al superior jerárquico del funcionario responsable del incumplimiento, y se impondrá a este o a la autoridad renuente, una multa por equivalente de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. De lo anterior se tiene que, los requisitos que la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, los cuales son que dicha medida sea solicitada por el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se ocasionen a aquél con la ejecución del acto y, en su caso, que se exhiba garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionaren a un tercero; no son mayores a los establecidos en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. Luego, con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular la suspensión de los actos reclamados. Así, se tiene que de conformidad con los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se requiere que dicha medida sea solicitada por el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se ocasionen a aquél con la ejecución del acto y, en su caso, que se exhiba garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionaren a un tercero. Basta entonces el examen comparativo de los artículos transcritos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para concluir válidamente que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías. Consecuentemente, al quedar de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, se concluye que la parte hoy quejosa, previamente a la presentación de la demanda de garantías, debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ahora, respecto de los restantes argumentos de excepción al principio de definitividad en estudio, se aprecia lo siguiente: V Que no se trate de una resolución que importe una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal: requisito que se advierte colmado en tanto que los actos impugnados son de naturaleza administrativa. V No se está ante la presencia de un amparo contra leyes; circunstancia que se corrobora a través del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados de la demanda de garantías, de donde se sigue que únicamente se trata de un juicio de amparo en el que se controvierten actos emitidos por autoridades administrativas. V Que no se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. V Por otro lado, el requisito de encontrarse previsto en la ley el recurso o medio ordinario de defensa, se aprecia acreditado, en tanto el juicio de nulidad de que se trata se encuentra establecido en una ley formal y materialmente legislativa como lo es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. V No se advierte colmada la causa de excepción consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación. Lo anterior es así, ya que de la lectura del proveído que por esta vía pretende impugnara, tiene como fundamento diversos artículos Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, y del análisis del acto reclamado del cual se llega a la convicción de que no carece de dispositivos legales ni de razones que lo sustentan, por el contrario, se advierte la cita de los motivos y fundamentos para sustentar los actos de autoridad, con independencia y sin prejuzgar de que tal fundamentación sea o no correcta. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Vázquez Morales, por propio derecho, en contra de actos del Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. ".

  2. Principal

    (122) Remítase la copia al perito señalado. Requiérase a la(s) autoridad(es) referida(s). Se apercibe(n).

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA el auto de fecha 13/NOVIEMBRE/2018, toda vez que no compareció al Juzgado a efecto de notificarse del mismo, no obstante el AVISO que el fue dejado en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; trece de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presuntamente signado por Miguel Ángel Vázquez Morales, por medio del cual pretende desahogar la prevención que se formuló mediante proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional advierte que la firma que lo calza difiere notablemente con la estampada en el escrito inicial de demanda, lo cual ocasiona duda sobre la autenticidad de dicha firma. En consecuencia, dada la incertidumbre para establecer si su firma fue estampada de puño y letra, con fundamento en lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°, requiérase a Miguel Ángel Vázquez Morales, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca debidamente identificado al local que ocupa este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con original y copia de su identificación oficial vigente y ante la presencia judicial ratifique la firma estampada en el escrito de que se trata, levantándose el acta circunstanciada con motivo de su comparecencia. Apercibido de que de no desahogar en sus términos el requerimiento que se le formula, se tendrá por no presentado el escrito de que se trata. Lo anterior, obedece a que en términos de lo previsto en el numeral 6° de la ley de la materia, el juicio de garantías debe promoverse por el o los agraviados por si o por conducto de su representante legal. Es aplicable a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 3a./J. 24 (7/89), visible en la página 385, del Tomo III Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, que a la letra dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Asimismo, cobra aplicación al caso, en lo conducente y por el criterio que sostiene, la tesis visible en la página 345, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, del mes de septiembre de 1992, que establecen: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." Asimismo, la diversa Jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Asimismo, la diversa Jurisprudencia P./J. 13/2017, Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. ".

  4. Principal

    PERSONAL. Requiérase a la parte quejosa. Se apercibe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,195 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano