Miguel Ángel Vargas Gutiérrez
Expediente 418/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel Vargas Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE TERCERA INTERESADA HSBC. S.A. I.N.M LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DIA DE HOY, LO ANTERIOR EN ACATAMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTOS: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1275/2021, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez, Secretario de Acuerdos, Secretario Ejecutor y Notificador, todos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. ********************, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez, Secretario de Acuerdos, Secretario Ejecutor y Notificador, todos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que se precisarán en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo entonces Titular, dictó proveído el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en que ordenó registrarla bajo expediente; admitirla; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a los terceros interesados; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A las once horas con treinta y dos minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós dio inicio la audiencia constitucional, la cual se suspendió, en la etapa de desahogo de pruebas, con motivo del incidente de falsedad de firma que promovió la parte tercera interesada, respecto de las firmas que obran en: 1) la demanda de amparo que dio origen a este juicio; 2) contrato de arrendamiento; 3) escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintidós; 4) escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós; 5) escrito dirigido al Director General adjunto el Diario Oficial de la Federación, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; y, 6) escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintidós. Posteriormente, mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa planteó incidente de objeción de falsedad del escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por la tercera interesada ********************. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combaten actos de autoridad especializada en materia civil, que tienen su residencia oficial dentro del territorio lugar en el territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Al Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: Todo lo actuado en el juicio civil ejecutivo ********************. Del Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: La sanción y autorización de todo lo actuado en el juicio civil ejecutivo Del Secretario Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: El citatorio y emplazamiento practicados el veintinueve y treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio civil ejecutivo ********************. Del Notificador adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: Las notificaciones practicadas en el juicio civil ejecutivo TERCERO. Estudio del incidente de objeción de firma. Con fundamento en el artículo 122, de la Ley de Amparo, se procede a resolver el incidente de falsedad de firma que promovió la parte tercera interesada ********************, respecto de las firmas que obran en: 1) la demanda de amparo que dio origen a este juicio; 2) contrato de arrendamiento; 3) escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintidós; 4) escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós; 5) escrito dirigido al Director General adjunto el Diario Oficial de la Federación, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; y, 6) escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintidós. Como punto de partida, es necesario precisar que, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 122, de la Ley de Amparo, así como los numerales 358 y 359, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En el escrito en que se impugnó las firmas antes mencionadas, la tercera interesada ofreció como prueba para demostrar su objeción, la pericial en materia grafoscópica. En auto de diez de junio de dos mil veintidós, se reservó proveer lo relativo a la objeción de falsedad de firma que hizo valer la tercera interesada, hasta en tanto tuviera verificativo la audiencia constitucional. A las once horas con treinta y dos minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós dio inicio la audiencia constitucional, la cual se suspendió, en la etapa de desahogo de pruebas, con motivo de la objeción de falsedad de firma que hizo valer la tercera interesada, la cual se admitió a trámite, en vía incidental, por lo que se concedió a las partes el término de tres días para que ofrecieran pruebas y se señaló fecha para la continuación de la audiencia. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la prueba pericial en materia grafoscópica ofrecida por la tercera interesada, la cual se desahogó por **,- perito oficial -, atendiendo a que la tercera interesada ********************, expresó su voluntad de adherirse al dictamen que emitiera el diestro que fuera nombrado por este Juzgado de Distrito; y por su parte, la diversas tercera interesada **, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero y la parte quejosa ********************, no hicieron valer su derecho de nombrar perito de su parte, y por ende, por acuerdo de veintiséis de octubre pasado, se les tuvo por perdido su derecho a realizar designación de perito. A continuación, se procede a valorar el dictamen pericial exhibido por Narciso Romero Escamilla -perito oficial-, y para ello, debe atenderse a lo que establece el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 del último ordenamiento, que establece: "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal." Del precepto transcrito, se evidencia que la prueba pericial debe ser valorada por este órgano jurisdiccional conforme al libre arbitrio. En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes: La idoneidad de la prueba; 2. La lógica de los razonamientos expuestos en sus dictámenes; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y, 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes, se refieran a cuestiones propias de su especialidad, en el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. Cabe precisar, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada por persona o personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual, se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento, respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o comprensión escapa a las aptitudes del común de la gente. Luego, el peritaje cumple con una doble función, que es por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar convicción en el Juez sobre tales hechos, e ilustrarlo, con el fin de que comprenda su complejidad y pueda apreciarlos objetivamente. Por ello, su valor probatorio radica en que el perito sea veraz y acertado, además que se advierta, que haya estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, haya realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso, con eficacia y haya emitido su conclusión sobre tales percepciones, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y fundada. Esto es, el valor probatorio del dictamen profesional, depende de si está debidamente fundado y motivado así como la claridad en las conclusiones, su firmeza o la ausencia de vacilaciones, son imperantes para que sean convincentes. Asimismo, la lógica relación entre ellas y los fundamentos establecidos en la ley que las respaldan, deben existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Por ello, si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones, o si no existe armonía entre aquéllos y éstos; o si el perito no parece seguro de sus resultados, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Por lo que, corresponde a este juzgado apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba y con fundamento en las disposiciones transcritas, ordenar la repetición o ampliación de los dictámenes. Además, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas, y si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento de su decisión. Por tanto, la prueba por peritos o peritación, es una actividad procesal desarrollada por personas calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción escapa a las aptitudes del común de la gente, y cuya función tiene indispensablemente un doble aspecto: Verificar hechos que requieren conocimientos específicos, ya sean técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los comprenda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Asimismo, le corresponde a este órgano jurisdiccional apreciar la argumentación del o de los dictámenes periciales, esto es, si aparecen los fundamentos para llegar a sus conclusiones, y de esa forma generar la convicción al juzgador, valorando la prueba a su prudente apreciación, de conformidad con e Pero, esa prudente apreciación que tiene el juzgador al calificar la prueba pericial, debe ser según su ecuánime estimación, acorde a las reglas de la lógica y con fundamento en la legislación aplicable, además de expresar los argumentos por los cuales no le otorgó valor probatorio, esto es, al través del respectivo razonamiento lógico jurídico. En ese contexto, se conoce que la prueba pericial resulta imperativa, cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular, que el órgano jurisdiccional está impedido para dar, por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; por esto, es entonces evidente, que para que un dictamen pericial pueda ser estimado por la autoridad, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en él se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano resolutor. A la luz de las anteriores consideraciones, se examinarán el dictamen del perito oficial. Se destaca que del dictamen emitido por -perito oficial arribó a la siguiente conclusión:CONCLUSIONES. PRIMERA.- Las firmas a nombre de Yolanda Mena García, que obran decretas con los números 1.- Escrito inicial de demanda, con fecha de recepción 23 de julio de 2021; 2.- Contrato de arrendamiento, celebrado por el C. **; 5.- Escrito donde menciona la Publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de marzo de 2022 y 7.- Escrito donde solicita se le tenga ratificando y reproduciendo el contenido, así como las firmas de todos los escritos presentados de fecha 23 de agosto de 2022, todos dentro del Juicio en que se actúa ** en el apartado correspondiente a DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS, SI CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN Y ORIGEN GRAFICO a la C. Yolanda Mena García, conforme a las razones expuestas en el cuerpo del presente dictamen. SEGUNDA.- Las firmas a nombre de *, que obran descritas con los números 3.- Escrito en donde se cumple con la prvención de fecha 16 de agosto del 2021 y su publicación.. con fecha del 20 de agosto de 2021; 4 Escrito en donde se solicita la expedición de las copias simples de los pagos de los edictos de fecha del 06 de abril del 2022 y 6.- Escrito en el cual solicita la exhibición de las publicaciones de los edictos del Diario Oficial de la Federación de fecha 07, 18 y 27 de abril de 2022 y edictos del periódico MILENIO DIARIO NACIONAL, con fecha del 28 de abril del 2022, todos dentro del Juicio en que se actúa (exp. en el apartado correspondiente a DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS, NO CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN Y ORIGEN GRAFICO a la C. conforme a las razones expuestas en el cuerpo del presente dictamen.". Luego, a fin de llegar a la anterior determinación, el diestro indicó los métodos que utilizó para emitir su opinión técnica, los elementos que tuvo en consideración para realizar el examen de las firmas base de cotejo de Yolanda Mena García, con relación a las firmas cuestionadas, así como las fuentes bibliográficas que sustentan sus afirmaciones. De lo que llegó a la conclusión que las firmas cuestionas que aparecen en: 1) escrito inicial de demanda, presentada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno; 2) contrato de arrendamiento allegado al escrito inicial de demanda; 3) escrito donde menciona la publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; y, 4) escrito donde la quejosa solicita se le tenga ratificando y reproduciendo el contenido, así como las firmas de todos los escritos presentados en este juicio, sí corresponden por su ejecución y origen grafico a la quejosa Yolanda Mena García. Mientras tanto, respecto de los escritos identificados como: 1) escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno; 2) escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós; y, 3) escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintidós, concluyó en que las firmas en ellos plasmadas, no corresponden por su ejecución y origen grafico a la de la quejosa Yolanda Mena García. Por tanto, se declara parcialmente fundada la objeción de falsedad de firmas que hizo valer la tercera interesada ********************, respecto de las firmas que obran en los escritos materia de análisis del diestro oficial. Una vez resuelta la incidencia de mérito, cabe precisar que, la tercera interesada ********************, por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, solicitó sobreseer en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 63, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues, refiere que, en el segundo capítulo de conclusiones del dictamen pericial emitido por Narciso Romero Escamilla, perito oficial, se determinó que los escritos presentados el veinte de agosto de dos mil veintiuno, seis y veintiocho de abril, ambos de dos mil veintidós, no corresponden por su ejecución y origen gráfico a la quejosa ********************, por lo cual deben considerarse como jurídicamente inexistentes; y por ende, debe hacerse efectivo el apercibimiento contenido en el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en que se le requirió para que dentro del lapso de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, compareciera ante este Juzgado de Distrito a recibir los edictos a efecto de emplazar a la tercera interesada ********************; más otros veinte días para que acreditara la publicación de los mismos. De igual manera refiere que, la promoción presentada el seis de abril de dos mil veintidós, en que se exhibieron las copias simples de los pagos de los edictos para emplazarla a juicio, fue presentada de manera extemporánea, es decir, fuera del término de los veinte días que contempla el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, es preciso enfatizar, como lo sostiene la parte tercera interesada, el perito oficial * determinó que los escritos presentados el veinte de agosto de dos mil veintiuno, seis y veintiocho de abril, ambos de dos mil veintidós, no corresponden por su ejecución y origen gráfico a la quejosa *****; sin embargo, en el caso en concreto, quien resuelve, considera que no es dable acceder a su pretensión, y por ende, sobreseer en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 63, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues, si bien es cierto, el perito oficial Narciso Romero Escamilla, determinó que los escritos presentados el veinte de agosto de dos mil veintiuno, seis y veintiocho de abril, ambos de dos mil veintidós, no corresponden por su ejecución y origen gráfico a la quejosa ***; también es cierto que, lo pretendido en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, era la de emplazar a la tercera interesada, lo cual fue posible a través de los edictos que pretende no sean considerados en el presente juicio, tan es así que compareció a defender sus derechos. Y, en cuanto a que, el escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, en que se exhibieron las copias simples de los pagos de los edictos para emplazarla a juicio, fue presentada de manera extemporánea, es decir, fuera del término de los veinte días que contempla el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo; se insiste, el emplazamiento de la tercera interesada se llevó a cabo; y por ende, se dio la oportunidad a que compareciera a defender sus derechos, conforme lo dispone el artículo14 Constitucional. En diverso orden de cosas, con fundamento en el artículo 122, de la Ley de Amparo, se procede a resolver el incidente de falsedad de firma que promovió la parte quejosa Yolanda Mena García, respecto de la firma que obra en el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. En el escrito en que se impugnó las firmas antes mencionadas, la quejosa ofreció como prueba para demostrar su objeción, la pericial en materia grafoscópica. En auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se admitió el incidente de falsedad de firmas, en vía incidental, por lo que se concedió a las partes el término de tres días para que ofrecieran pruebas y se señaló fecha para la continuación de la audiencia. En auto de veinte de diciembre pasado, se designó como perito oficial a Emily Lily Virgen Alaníz, atendiendo a que la parte quejosa expresó su voluntad de adherirse al dictamen que emitiera el diestro que fuera nombrado por este Juzgado de Distrito; y por su parte, la diversas terceras interesadas ******************** y Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, no hicieron valer su derecho de nombrar perito de su parte, y por ende, por acuerdo de seis de enero último, se les tuvo por perdido su derecho a realizar designación de perito0. A continuación, procede a valorar el dictamen pericial exhibido por E -perito oficial-, y para ello, debe atenderse a lo que establece el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 del último ordenamiento. De la opinión técnica, que del dictamen emitido por Emily Lily Virgen Alaníz, -perito oficial -, se advierte que arribó a la siguiente conclusión: CONCLUSION ÚNICA.- Si corresponde por su ejecución a , la firma que se encuentra plasmada en el escrito dirigido al C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, con fecha de presentación mayo de Luego, a fin de llegar a la anterior conclusión, el diestro indicó los métodos que utilizó para emitir su opinión técnica, los elementos que tuvo en consideración para realizar el examen de la firma base de cotejo de Yolanda Mena García, con relación a la firma cuestionada, así como las fuentes bibliográficas que sustentan sus afirmaciones. De lo que llegó a la conclusión que la firma cuestiona que aparecen en el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, sí corresponde por su ejecución a la tercera interesada ********************. Por tanto, se declara infundada la objeción de falsedad de firmas que hizo valer la tercera interesada ********************, respecto de las firmas que obran en los escritos materia de análisis del diestro oficial. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez, Secretario de Acuerdos, Secretario Ejecutor y Notificador, todos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por conducto del juez por Ministerio de Ley, al rendir informe con justificación, reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen. QUINTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, se considera que en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, con relación al 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Esto es así, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, carece de facultades de decisión y ejecución, cuando solamente suscribe o autoriza las resoluciones judiciales dictadas por el titular, pues su función, en ese caso, es principalmente la de dar fe de lo actuado por el titular del juzgado. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. La tercera interesada ********************, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, adujo que, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo de quince días que otorga el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir de que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Lo anterior, porque refiere que la parte quejosa señaló en su demanda de amparo, haber tenido conocimiento de los actos reclamados el trece de julio de dos mil veintiuno y, posteriormente, adujo haber tenido conocimiento de los actos reclamados el tres de agosto de la referida anualidad; mientras que, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la promovente del amparo tuvo acceso al expediente ******************** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Estado de Jalisco, al haberlo solicitado a la secretaria que llevó a cabo la diligencia de lanzamiento de nombre Cynthia Paola Martínez Famoso; máxime que, al estarse llevando la diligencia de desalojo Ana Karina Álvarez Mena, mantuvo comunicación telefónica con la quejosa. Es infundada la causa de improcedencia que se invoca. A efecto de arribar a la anterior determinación, es preciso mencionar que de las pruebas documentales aportadas al juicio, en específico, las copias certificadas que integran el juicio civil ejecutivo ********************, mismas que por su naturaleza, hacen prueba plena en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, no se aprecia, de manera concreta, la fecha en que la aquí quejosa, tuvo conocimiento de los actos reclamados, y por ende, debe de partirse, de la manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, de cuando tuvo conocimiento pleno de los actos reclamados; es decir, el trece de julio de dos mil veintiuno. Desde luego, no pasa inadvertido que la tercera interesada, hubiere manifestado que la quejosa también adujo haber tenido conocimiento el tres de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo, a consideración de quien resuelve, ello se trata de una manifestación desacertada, pues, lo que sí se puede advertir de las constancias que integran el juicio natural, es que con esa fecha, fue que solicitó copias de todo lo actuado en dicho procedimiento; máxime que la demanda que dio origen a este juicio de amparo, fue presentada el veintitrés de julio de la referida anualidad. De igual manera, no pasa inadvertido la prueba testimonial ofrecida por la tercera interesada ********************, a cargo de la testigo singular , pues, de su desahogo, no se evidencia, de manera plena, la fecha en que, dice, la tercera interesada, que tuvo conocimiento la aquí quejosa de los actos reclamados, mucho menos la persona que, dice, se presentó ante la secretaria del juzgado responsable a revisar las actuaciones del juicio del cual derivan los actos reclamados. En consecuencia de lo anterior, si la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, el trece de julio de dos mil veintiuno, es inconcuso que la demanda de amparo, fue planteada dentro del término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo SEXTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de la causal de improcedencia invocada, de oficio, al no advertirse que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación, en la medida que se suple a su favor la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; que preceptúa: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y (...)" De acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, de tal forma que, al ser el emplazamiento de orden público, los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Sobre esa base, como se dijo, el emplazamiento del demandado al juicio natural se considera una formalidad esencial del procedimiento, ya que es necesario para una adecuada defensa, de manera que la falta de su verificación o su práctica defectuosa, se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, debido a que se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer, y desahogar pruebas. Así, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable garantiza al demandado el cumplimiento de las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello se evita dejarlo en estado de indefensión, ya que al ser el emplazamiento de orden público, los jueces están obligados a analizarlo de oficio. En principio conviene hacer notar que el juicio de amparo es promovido por la parte demandada en el juicio natural, quien se ostenta como tercera extraña por equiparación, pues asevera que no fue legalmente emplazada al procedimiento y, por ende, no tuvo un oportuno conocimiento del mismo para comparecer a ejercer su derecho de audiencia y defensa, de ahí que reclama todo lo actuado a partir del emplazamiento a juicio. La parte quejosa aduce, esencialmente, que durante el emplazamiento no se respetaron las formalidades especiales del procedimiento, previstas por los artículos 109, 111, 112, 112 bis, 113 y 125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Conforme a los artículos 112 y 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la diligencia de emplazamiento se realizará personalmente con el demandado; el servidor público judicial deberá cerciorarse de su identidad en la forma prevista por el artículo 70 de ese ordenamiento legal o dar fe de que lo conoce; y si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; si no espera, se le hará la notificación por cédula. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2005, interpretó el análogo artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; al hacerlo, determinó que cuando el actuario no encuentre al demandado y deba dejarle citatorio para que lo espere a una hora hábil fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, el funcionario que practica la diligencia no puede arbitrariamente fijar cualquiera que esté dentro de dicho término, pues el ejercicio de la referida facultad no puede ser arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, para el señalamiento de la hora de espera en el citatorio debe atenderse a las reglas de la lógica y de la experiencia; a las circunstancias que le hayan sido manifestadas en la primera búsqueda, o incluso al contexto del lugar o población, a fin de que, en lo posible, se garantice que el interesado tenga conocimiento del citatorio, ya que sólo así la diligencia cumplirá su cometido, el cual consiste en hacer del conocimiento efectivo del buscado el inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra. Por su parte, el Pleno en Materia Civil de este Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 13/2016, en sesión de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, determinó que la referida jurisprudencia 1a./J. 186/2005, aún cuando se basa en el análisis del numeral 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sí es aplicable a lo establecido en otros ordenamientos, porque la ejecutoria relativa no refiere condición alguna ni limita a ciertos casos el cumplimiento de la obligación del funcionario judicial de motivar el por qué estimó prudente la hora que indicó en el citatorio respectivo. Estableció, que el contenido del segundo párrafo del artículo 112 de la legislación civil adjetiva del Estado de Jalisco y el del artículo 1393 del Código de Comercio, son análogos a la disposición de la ley procesal civil de Michoacán -analizada en la citada contradicción-, lo que obliga a los funcionarios judiciales que actúan con las facultades establecidas en los referidos numerales de esta Entidad Federativa y del Código de Comercio, a señalar en el acta de citatorio correspondiente las razones por las que fijan determinada hora para que el demandado los espere a fin de efectuar el emplazamiento correspondiente. Con las premisas anteriores, prosigue realizar el análisis de las actuaciones relativas al juicio civil ejecutivo ******************** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de las cuales se aprecia que, previo a practicar el emplazamiento a la aquí quejosa - ******************** -, el Secretario del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dejó citatorio elaborado a las ocho horas del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Basta la simple lectura de la constancia relativa, para advertir que, el secretario encargado de la diligencia señaló las ocho horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho, para que la parte demandada - ******************** -, esperara en el domicilio a efecto de practicar el emplazamiento a juicio. Sin embargo, la citada autoridad responsable omitió precisar las razones por las que cuales estimó que la hora prudente para que la parte demandada la esperara al día hábil siguiente, pues únicamente justificó que lo esperara el treinta de octubre de dos mil dieciocho, a las ocho horas. Lo anterior, es así, pues, se puede advertir que, el citatorio de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, fue llevado a cabo con una persona del sexo femenino que, quien dijo llamarse Ana Karina Gutiérrez García, mientras que la cédula de emplazamiento fue diligenciada el treinta siguiente, con la misma persona; de ahí que, ninguna de las diligencias fueron entendidas por la parte demandada en el juicio de origen; menos aún, el funcionario judicial expuso motivo alguno tendente a justificar el por qué señaló las ocho horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho, para que ********************, lo esperara a esa hora. Entonces, se colige que el emplazamiento realizado a la parte quejosa en el juicio de origen es ilegal, porque el funcionario debió indagar si era factible localizarla en un distinto horario, a fin de establecer un tiempo fijo para su nueva búsqueda en ese mismo sitio. Es así, pues conforme a lo razonado en los criterios relatados líneas atrás, tratándose del emplazamiento por citatorio, para verificar el respeto al derecho de audiencia del demandado, es indispensable que la fijación de tal plazo atienda a las reglas del sentido común, de la lógica y de la experiencia, así como a las circunstancias que le hayan sido manifestadas al diligenciario en la primera búsqueda, o incluso, al contexto del lugar o población, pues sólo así es posible garantizar que el interesado tenga real conocimiento del citatorio. De tal manera que, si el funcionario que practicó la diligencia no indagó ni recibió informes acerca del horario en el cual era posible encontrar a la persona buscada, debió asentar las razones por las cuales la citó en la hora establecida en el documento. En el entendido de que el emplazamiento, acto trascendental en el juicio, debe cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de las partes y dado que al tratarse de un acto de autoridad, debe estar fundado y motivado, so pena de producir su nulidad. En conclusión se tiene que, el Secretario del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, encargado del emplazamiento no precisó los motivos por los cuales determinó la hora fijada en el citatorio a fin de citar a la parte demandada para llevar a cabo el emplazamiento al juicio de origen. Consecuentemente, transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica dispuestos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diverso orden de cosas, se aprecia que al llevar a cabo el emplazamiento a juicio, es necesario que se corra traslado con la copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con ésta y del auto que ordenó el emplazamiento. Sobre este aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el emplazamiento solo puede considerarse válido cuando al realizar la certificación respectiva, el funcionario describe cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corre traslado al demandado. Lo anterior, porque la finalidad del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Por tanto, a fin de dotar de certeza jurídica al emplazamiento, al realizar la certificación respectiva, el funcionario debe indicar, describir o establecer cuáles son esos documentos que se adjuntaron a la demanda y con cuyas copias corrió traslado. Bajo tales precisiones normativas, las autoridades responsables violan en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de audiencia y defensa porque no le notificaron el inicio del juicio natural conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, pues se aprecia que, en efecto, se inobservaron las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 70, 112 y 112 bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para la práctica del emplazamiento. En efecto, del emplazamiento practicado el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se aprecia que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento a lo estipulado en los artículos 70, 112 y 112 bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ello en razón de que, si bien es cierto que describe la resolución ordenada en dicha diligencia, también es cierto que omitió describir cada uno de los documentos fundatorios al momento de emplazarla al juicio de origen. En virtud de lo anterior, resulta indudable que la citación y el emplazamiento de la demandada al juicio natural son contrarios a derecho, y esto no solamente conlleva a la nulidad de esas actuaciones, sino también la de todas las realizadas con posterioridad en ese juicio, ya que si éstas son ilegales, es claro que de igual forma lo serán las actuaciones realizadas a partir de los actos viciados en el procedimiento, ante la falta de integración legal de la relación jurídico procesal; todo lo cual se traduce en violación a la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. SÉPTIMO. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que el Juez, Secretario Ejecutor y Notificador, todos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: > Dejen insubsistente todo lo actuado dentro del juicio civil ejecutivo ********************, entre ello, la sentencia dictada en el aludido juicio, así como todos los actos que se hubieren generado con motivo de su cumplimiento; hecho lo cual, reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Con relación a los alegatos formulados por la parte tercero interesada, en el caso no es dable pronunciarse al respecto, ya que éstos no forman parte de la litis del juicio de amparo, pues ésta únicamente se integra con lo argumentado por la parte quejosa en sus conceptos de violación y por el informe justificado que rinda la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es parcialmente fundada la objeción de falsedad de firma que hizo valer la tercera interesada ********************, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Es infundada la objeción de falsedad de firma que hizo valer la quejosa ********************, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1275/2021, promovido por ********************, contra el acto atribuido al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las razones y motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos del Juez, Secretario Ejecutor y Notificador, todos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las razones, fundamentos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia.
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ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra los actos de las autoridades responsables, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. El amparo se concede en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.
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Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que obran agregadas las notificaciones que anteceden mismas que concuerdan con su electrónico y tomando en consideración que se ordenó remitir los autos del juicio de amparo en el que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, respecto al recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa; por lo que, tomando en consideración que ya obran agregadas la totalidad de las constancias de notificación de la resolución dictada en este juicio de amparo remítanse los autos originales del juicio de amparo en el que se actúa, el original del escrito de agravios y copia de este al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 20 DE FEBRERO DE 2023 QUE EN SINTESIS DICE: Visto el escrito de cuenta signado por **, en su carácter de parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. En tanto que en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, el quejoso señalo diversas boletas de infracción; por tanto, los mismos no están estrechamente vinculados ni son antecedentes o consecuencias directas, motivo por el cual, los actos reclamados en la ampliación de demanda, deberá analizarse de manera independiente al ser impugnada por vicios propios. Ahora bien, debe decirse al respecto, que la posibilidad de ampliar la demanda de amparo está condicionada a la aparición de nuevos hechos o participación de autoridades que hayan sido desconocidos por la parte quejosa al momento de presentar su libelo inicial y que los mismos, se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional, o bien, que tenga conocimiento de ellos, por medio de los informes rendidos por las autoridades responsables que señaladas en el escrito inicial de demanda. Como se aprecia de lo antes transcrito, la ampliación la solicita la parte promovente, respecto de actos que no son conexos por tratarse de actos completamente ajenos y nuevos, por lo que no viene a modificar la situación jurídica que guardaban las cosas al momento en que se presentó la demanda de amparo. Consecuentemente, se ordena remitir el original del escrito de ampliación de demanda, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que se le dé el trámite de una demanda nueva y se turne al Juzgado de Distrito en las referidas materias que esté en turno.
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