Miguel Ángel Valle Ferreiro
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miguel Ángel Valle Ferreiro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de siete de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Valle Ferreiro, para los efectos siguientes: El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, dé respuesta a la petición formulada por el quejoso mediante escrito presentado ante ella el dieciocho de junio de dos mil dieciocho; y, le sea notificada dicha respuesta. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio sin número, al que anexó copia con firmas autógrafas del oficio IPES/DJ/008/2021 de veintiséis de enero de dos mil veintiuno y constancia de notificación de la misma fecha. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Expediente que no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia. Por último, como lo establecen los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modificación electrónica, y toda vez que se cuenta con constancias que anexó la autoridad responsable, mismas que ya no son de utilidad en este juicio; en tal virtud, se ordena su devolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Director Jurídico por ausencia y representación del Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia de diversa constancia. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y anexo dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno en representación del Gobernador del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia del diverso girado al Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con el que en su calidad de Superior lo exhorta para que cumpla con la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, estese a la espera de que la autoridad responsable cumpla cabalmente con el fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de enero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, remita las documentales con las que acredite el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, en su artículo único, así como primero y tercero transitorios; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, deberá remitir a este tribunal copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que el amparo y protección se concedió para el efecto de que: QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. En las relacionadas condiciones, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se deberá restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, al tratarse el acto reclamado de carácter negativo, el efecto tutelar será: El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, dé respuesta a la petición formulada por el quejoso mediante escrito presentado ante ella el dieciocho de junio de dos mil dieciocho; y, le sea notificada dicha respuesta. De la misma manera, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, como superior jerárquico de la autoridad Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, para que le ordene cumplir con la ejecutoria; apercibido que de no demostrar que dio esa orden, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito, Federal, conforme al ordinal 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 258, de la multicitada ley y que incurrirá en la misma responsabilidad que la representación social antes aludida. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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