Miguel Ángel Uzada Espinoza
Expediente 1207/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Ángel Uzada Espinoza
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se reciben y agregan: Oficio 1630/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit. En atención a su contenido, téngase al oficiante acusando recibo del oficio por el que se remitieron los autos del juicio de amparo 1207/2019, e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto, mismo que fue radicado con el juicio de amparo 201/2019. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto de incompetencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación, y no existen documentos originales en el mismo. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de Gobierno; y una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. En otro orden de ideas, toda vez que en auto de dieciocho de diciembre de la presente anualidad, se reservó acordar lo relativo a la imposibilidad para notificar a Miguel Ángel Uzada Espinoza, Moisés Badillo Atanacio, Cristian Calep Robledo R. y Julio Noé Alcocer de la Cerna, el auto de dieciséis de diciembre pasado, así como la solicitud de Reynaldo Benítez Palacios en relación a que se desiste de la presente instancia constitucional y que se le notifique por lista, hasta en cuanto se tuviera conocimiento de la incompetencia planteada en este expediente, lo que a la fecha ya acontecido; en tales condiciones, remítase copia certificada de las constancias conducentes al Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, para que acuerde lo que en derecho corresponda respecto de tal imposibilidad. Finalmente: Tres sobres devueltos por Estafeta. Que contienen los oficios 48557/2019, 48558/2019 y 48559/2019 el primero dirigido al "Coordinador General de Centros Federales de la Comisión Nacional de Seguridad" en el que se advierte la leyenda "mal dirigido"; el segundo al "Comisionado Nacional de Seguridad" en el que se advierte la leyenda "mal dirigido"; y el tercero al "Titular de la Policía Ministerial de la P.R.G. (Procuraduría General de la Republica)" con la leyenda "de Melchor Ocampo"; en tales condiciones, remítanse al Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, para que acuerde lo relativo.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 58226/2019 recibido vía interconexión, enviado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. Mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 429/2019 orden 889/2019, de este juzgado, que se envió a fin notificar a los quejosos; dese de baja la comunicación recibida, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, del contenido de la comunicación oficial recibida se advierte que no fue posible notificar a los quejosos Miguel Ángel Uzada Espinoza, Moisés Badillo Atanacio, Cristian Calep Robledo R. y Julio Noé Alcocer de la Cerna; en consecuencia, una vez que alguno de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, informe que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que originó este asunto, remítasele de inmediato las referidas constancias de notificación, a fin de que acuerde lo relativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven XXXXX, por derecho propio, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Nacional de Seguridad, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1207/2019. Toda vez que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, se analizará este. [...] El artículo 37 de la Ley de Amparo, determina de manera clara la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio, con base al lugar en el que el acto reclamado tendrá materialidad sin importar la naturaleza de éstos. Asimismo, se advierte que, en las hipótesis mencionadas, existe un elemento común entre ellas, dicho elemento lo es la acción de ejecución del acto que por vía se combate, toda vez que la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio está determinada por el lugar en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado en caso de que ésta exista de manera positiva, o bien, (de manera específica) si dicho acto no requiere de ejecución material, tal como lo contempla la última de las hipótesis, lo que en su caso acontece, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En el presente asunto, como antes se indicó, se advierte que los quejosos están recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social 4 Noroeste, con residencia en Tepic, Nayarit; en tales condiciones, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado se está ejecutando en Tepic, Nayarit, esto es, fuera de la circunscripción territorial donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Nacional de Seguridad, y otras autoridades, y la declina en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic en turno, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el original del escrito de demanda a la oficina de correspondencia común respectiva, para que por su conducto remita el presente juicio al órgano que por razón de turno corresponda, solicitando acuse de recibo. Una vez que el juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración el acto señalado como reclamado, con fundamento en los artículo 125, 128, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, se CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO la suspensión respecto de aquél, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y los solicitantes del amparo NO SEAN TRASLADADOS del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noreste, en Tepic, Nayarit, a un diverso centro penitenciario. La suspensión otorgada no surtirá efecto sí: La orden de traslado fue emitida por una autoridad judicial. Exista peligro inminente de un motín o conflicto que pueda derivar en agresiones o violencia en el interior del penal. Se haya decretado tal medida por una cuestión de salud por la que se pretenda salvaguardar la de los internos y la del personal de reclusorio. En el caso de que la conducta de los internos sea potencialmente peligrosa respecto de los funcionarios del reclusorio, visitantes e internos. La orden de traslado proviene del cumplimiento a la una ejecutoria de amparo. La parte quejosa es procesada por el delito de delincuencia organizada. Del mismo modo, la referida medida suspensional, tampoco surtirá efectos si se realiza en cualquiera de los supuestos que prevén los artículo 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es: Tratándose en casos de emergencia por cualquier medio; En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Y que lo anterior, se realice en todos los casos, siguiendo el procedimiento que prevén dichos numerales 51 y 52, esto es, que tal traslado sea autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso; también a solicitud del Ministerio Público ante el Juez de Control, tratándose de personas sujetas a prisión preventiva; o a través de una resolución administrativa con el único requisito de que se notifique al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Ángel Abraham Guima Gamez. Finalmente, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos está internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" en Tepic, Nayarit, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 116, párrafo segundo, 27, fracción I, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, en términos de su numeral 2°, así como Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en Turno, para que en auxilio de la justicia federal ordene a quien corresponda, se sirva notificar este proveído a los quejosos, entregándoles para tal efecto copia autorizada del mismo; hecho lo anterior, de inmediato devuelva el citado despacho por la misma vía. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se le solicita se sirva habilitar días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón al artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos municipios aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoalt; en consecuencia se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Finalmente, se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos
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