Miguel Ángel Trujillo Jiménez

Expediente 68/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
68/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Trujillo Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    El quince de febrero de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del ocho al catorce de febrero del año en curso; con exclusión de los días nueve y diez de febrero del presente año, por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO JIMÉNEZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Trujillo Jiménez, contra actos del juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 68/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: [.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Con el carácter de ordenadoras. Juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital. Con el carácter de ejecutoras: La Fiscalía General del Estado de Zacatecas. La Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora reclamo: La resolución interlocutoria dictada en fecha 17 de enero del año 2019, misma que fuera notificada mediante lista publicada el día 18 de enero del año 2019, dentro de la cual resolvió que no prosperó el recurso de revocación planteada por la parte demandada entro del juicio oral de alimentos número 543/2017 del índice del Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial de la capital en fecha 11 de enero de 2019, declarando firme y subsistente el auto dictado en fecha 19 de diciembre de 2018. De las ejecutoras reclamo: 1.- De la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar carpeta de investigación en contra del suscrito, en cumplimiento a la ilegal determinación dictada por la autoridad señalada como ejecutora, misma que pretende dar vista al ministerio público por desacato a un mandato judicial. 2.- De la Secretaría de Finanzas, del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar procedimiento de ejecución para pretender hacer efectiva la ilegal multa que la autoridad señalada como ordenadora pretende imponerme. [.] DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". A) Aspecto relativo al estudio del acto reclamado consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado por Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se le requiere al quejoso para que en el término de tres días se sirva proporcionar domicilio donde se localice la documentación contable para completar los puntos de la prueba de inspección judicial, bajo apercibimiento de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de mil pesos, además de dar vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial, se tiene lo siguiente. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda que se provee, por advertirse una causal de improcedencia notoria e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos en el procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se le requiere al quejoso para que en el término de tres días se sirva proporcionar domicilio donde se localice la documentación contable para completar los puntos de la prueba de inspección judicial, bajo apercibimiento de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de mil pesos, además de dar vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial. En ese contexto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio, sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En este orden de ideas, tenemos que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses del aquí quejoso. Resulta aplicable a este respecto por identidad de razón la Jurisprudencia 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto disponen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, debe decirse entonces que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los numerales 170, fracción I, 171, 172, y demás relativos de la Ley de Amparo. Sobre la base expuesta, es evidente que lo reclamado por la parte quejosa consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la cual pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de los inconformes (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, en el presente juicio de amparo que se analiza resulta improcedente. Máxime, que de la demanda de derechos, se advierte que el quejoso es el demandado en el juicio oral de alimentos 543/2017, del que emana el acto reclamado; en consecuencia, el acto que se reclama no le genera alguna afectación real y actual en su esfera jurídica de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Sustenta lo anterior la tesis aislada de la Décima Época, con número de registro 2012855, de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia Común, Tesis: II.1o.23 K (10a.), página 2942 "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta." Atento a lo anterior, no se causa un perjuicio irreparable al promovente, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de la citada interlocutoria quedarían sin efectos, dejando intacta la esfera jurídica del quejoso, y en caso contrario, como ya se dijo, el inconforme podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De igual forma sustenta lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 3/89, publicada con el número 232, página 157, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar, la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por Juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se le requiere al quejoso para que en el término de tres días se sirva proporcionar domicilio donde se localice la documentación contable para completar los puntos de la prueba de inspección judicial, bajo apercibimiento de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de mil pesos, además de dar vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial. B) Aspecto relativo al estudio de los actos reclamados, consistente en: 1.- De la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar carpeta de investigación en contra del suscrito, en cumplimiento a la ilegal determinación dictada por la autoridad señalada como ejecutora (sic), misma que pretende dar vista al ministerio público por desacato a un mandato judicial. 2.- De la Secretaría de Finanzas, del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar procedimiento de ejecución para pretender hacer efectiva la ilegal multa que la autoridad señalada como ordenadora pretende imponerme. Ahora bien, a juicio de quien aquí resuelve se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5 y 6, aplicados a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la persona moral o física que le afecte el acto reclamado y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrariu sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, lo que sucede en la especie, y por lo cual se actualiza la causa de improcedencia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Al respecto, cabe decir que, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3490, del Volumen LXXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral. En efecto, el quejoso señala como actos reclamados: 1.- De la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar carpeta de investigación en contra del suscrito, en cumplimiento a la ilegal determinación dictada por la autoridad señalada como ejecutora (sic), misma que pretende dar vista al ministerio público por desacato a un mandato judicial. 2.- De la Secretaría de Finanzas, del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar procedimiento de ejecución para pretender hacer efectiva la ilegal multa que la autoridad señalada como ordenadora pretende imponerme. Por tanto, se advierte que los actos reclamados no producen una afectación actual, real y directa al quejoso, ni constituyen un acto de molestia, por ser futuros e inciertos -inicio de una carpeta de investigación y la imposición de la multa-, ya que las mismas están condicionadas a que el inconforme cumpla o no con lo ordenado por el juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital. Sirve de apoyo la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, visible a página 2987, Tomo III, Libro 57, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Así como la Jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Ventura Salazar número trescientos dos interior once (302-11), zona centro de esta ciudad. Asimismo, como ya se asentó, del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se advierte que existe un registro con el nombre de Martín Barrera Aldana y otro a nombre de Ivonne del Rocío Guerrero Muñoz por lo anterior y toda vez que el acopio de información de cédulas profesionales de los abogados postulantes se lleva a cabo a nivel nacional, esto da pauta a la existencia de homónimos, por tanto; requiérase a la parte quejosa para que proporcione el número de registro de las cédulas profesionales de los autorizados en comento, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, por lo que, por el momento se tienen únicamente autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. ...."

  3. Principal

    CUENTA. El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Trujillo Jiménez, registrada con el folio 1136, con nueve copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se advierte que existe un registro con el nombre de Martín Barrera Aldana y otro a nombre de Ivonne del Rocío Guerrero Muñoz. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Trujillo Jiménez, contra actos del juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 68/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: [.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Con el carácter de ordenadoras. Juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital. Con el carácter de ejecutoras: La Fiscalía General del Estado de Zacatecas. La Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la ordenadora reclamo: La resolución interlocutoria dictada en fecha 17 de enero del año 2019, misma que fuera notificada mediante lista publicada el día 18 de enero del año 2019, dentro de la cual resolvió que no prosperó el recurso de revocación planteada por la parte demandada entro del juicio oral de alimentos número 543/2017 del índice del Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial de la capital en fecha 11 de enero de 2019, declarando firme y subsistente el auto dictado en fecha 19 de diciembre de 2018. De las ejecutoras reclamo: 1.- De la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar carpeta de investigación en contra del suscrito, en cumplimiento a la ilegal determinación dictada por la autoridad señalada como ejecutora, misma que pretende dar vista al ministerio público por desacato a un mandato judicial. 2.- De la Secretaría de Finanzas, del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar procedimiento de ejecución para pretender hacer efectiva la ilegal multa que la autoridad señalada como ordenadora pretende imponerme. [.] DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". A) Aspecto relativo al estudio del acto reclamado consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado por Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se le requiere al quejoso para que en el término de tres días se sirva proporcionar domicilio donde se localice la documentación contable para completar los puntos de la prueba de inspección judicial, bajo apercibimiento de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de mil pesos, además de dar vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial, se tiene lo siguiente. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda que se provee, por advertirse una causal de improcedencia notoria e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos en el procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se le requiere al quejoso para que en el término de tres días se sirva proporcionar domicilio donde se localice la documentación contable para completar los puntos de la prueba de inspección judicial, bajo apercibimiento de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de mil pesos, además de dar vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial. En ese contexto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio, sólo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En este orden de ideas, tenemos que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna y los Tratados Internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses del aquí quejoso. Resulta aplicable a este respecto por identidad de razón la Jurisprudencia 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto disponen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, debe decirse entonces que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los numerales 170, fracción I, 171, 172, y demás relativos de la Ley de Amparo. Sobre la base expuesta, es evidente que lo reclamado por la parte quejosa consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por Juez Cuarto del ramo familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, la cual pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de los inconformes (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, en el presente juicio de amparo que se analiza resulta improcedente. Máxime, que de la demanda de derechos, se advierte que el quejoso es el demandado en el juicio oral de alimentos 543/2017, del que emana el acto reclamado; en consecuencia, el acto que se reclama no le genera alguna afectación real y actual en su esfera jurídica de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Sustenta lo anterior la tesis aislada de la Décima Época, con número de registro 2012855, de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia Común, Tesis: II.1o.23 K (10a.), página 2942 "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta." Atento a lo anterior, no se causa un perjuicio irreparable al promovente, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de la citada interlocutoria quedarían sin efectos, dejando intacta la esfera jurídica del quejoso, y en caso contrario, como ya se dijo, el inconforme podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De igual forma sustenta lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 3/89, publicada con el número 232, página 157, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar, la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por Juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial, dentro del juicio oral de alimentos número 543/2017, a través de la cual se declaró firme y subsistente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se le requiere al quejoso para que en el término de tres días se sirva proporcionar domicilio donde se localice la documentación contable para completar los puntos de la prueba de inspección judicial, bajo apercibimiento de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad de mil pesos, además de dar vista al Ministerio Público por desacato a un mandato judicial. B) Aspecto relativo al estudio de los actos reclamados, consistente en: 1.- De la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar carpeta de investigación en contra del suscrito, en cumplimiento a la ilegal determinación dictada por la autoridad señalada como ejecutora (sic), misma que pretende dar vista al ministerio público por desacato a un mandato judicial. 2.- De la Secretaría de Finanzas, del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar procedimiento de ejecución para pretender hacer efectiva la ilegal multa que la autoridad señalada como ordenadora pretende imponerme. Ahora bien, a juicio de quien aquí resuelve se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5 y 6, aplicados a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la persona moral o física que le afecte el acto reclamado y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrariu sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, lo que sucede en la especie, y por lo cual se actualiza la causa de improcedencia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Al respecto, cabe decir que, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3490, del Volumen LXXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral. En efecto, el quejoso señala como actos reclamados: 1.- De la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar carpeta de investigación en contra del suscrito, en cumplimiento a la ilegal determinación dictada por la autoridad señalada como ejecutora (sic), misma que pretende dar vista al ministerio público por desacato a un mandato judicial. 2.- De la Secretaría de Finanzas, del Estado de Zacatecas, reclamo el acto futuro inminente, de iniciar procedimiento de ejecución para pretender hacer efectiva la ilegal multa que la autoridad señalada como ordenadora pretende imponerme. Por tanto, se advierte que los actos reclamados no producen una afectación actual, real y directa al quejoso, ni constituyen un acto de molestia, por ser futuros e inciertos -inicio de una carpeta de investigación y la imposición de la multa-, ya que las mismas están condicionadas a que el inconforme cumpla o no con lo ordenado por el juez Cuarto del Ramo Familiar del distrito judicial de la capital. Sirve de apoyo la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, visible a página 2987, Tomo III, Libro 57, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Así como la Jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Ventura Salazar número trescientos dos interior once (302-11), zona centro de esta ciudad. Asimismo, como ya se asentó, del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se advierte que existe un registro con el nombre de Martín Barrera Aldana y otro a nombre de Ivonne del Rocío Guerrero Muñoz por lo anterior y toda vez que el acopio de información de cédulas profesionales de los abogados postulantes se lleva a cabo a nivel nacional, esto da pauta a la existencia de homónimos, por tanto; requiérase a la parte quejosa para que proporcione el número de registro de las cédulas profesionales de los autorizados en comento, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, por lo que, por el momento se tienen únicamente autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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