Miguel Angel Treviño Morales

Expediente 286/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
286/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Miguel Angel Treviño Morales
  • Juez Penal de Primera Instancia Mixto del Poder Judicial del 11 Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Téngase por recibido para que obre como legalmente corresponde el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordonez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 1618/2021 (581/2021-E-A-P) derivado del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se solicitó que, en auxilio y delegación de las labores de este tribunal, se notificara al quejoso el auto de esa data, lo que se realizó el diecinueve del mes y año en curso. Sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el sistema lo genera. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio firmado por la actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a través del cual acusa recibo del exhorto 1658/2021 (581/2021-E-A-P) derivado del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se solicitó que, en auxilio y delegación de las labores de este tribunal, se notificara al quejoso el auto de esa data, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordónez, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Treviño Morales, por su propio derecho; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a través del cual transcribe el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 490/2021 de su índice; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio 17411 derivado del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo 286/2021, así como devolviendo una de tres cajas que fueron remitidas por este órgano jurisdiccional; asimismo, de igual manera, se tiene comunicando a este tribunal que no se acepta la competencia planteada en atención a que en proveído que dictó el quince del mes y año en curso, se pronunció respecto de no aceptar la competencia planteada por no haberse allegado el juicio de amparo; asimismo devuelve los autos originales del juicio de amparo 286/2021 y cinco tomos de prueba; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que el referido Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, no aceptó la competencia planteada en auto de veintisiete de septiembre del año en curso, bajo el argumento que no contaba con los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; este juzgado acuerda: DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Ahora bien, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualiza que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Al respecto es aplicable la tesis 1a. II/92 consultable en la página 94, tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, cuyo texto y rubro dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender el planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el Juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este contexto, de la lectura integra de las constancias que conforman el presente sumario constitucional, se advierte que en la demanda de amparo se señala como acto reclamado el consistente en: La orden de aprehensión dictada por el Juez Penal de Primera Instancia Mixto del Poder Judicial del 11° Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en el Municipio de San Fernando (en autos de la causa penal 42/2016) y su ejecución. Donde se advierte que el acto antes precisado (orden de aprehensión), es evidente que tendrá ejecución material en el lugar de reclusión donde se encuentra el quejoso Miguel Ángel Treviño Morales; esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS Chiapas". Motivo por el cual, se concluye que la competencia para conocer del presente asunto, recae en el Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 383, Registro digital: 2004166, cuyo contenido es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Así como la tesis II.3o.P.82 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, marzo de 2020, Tomo II, página 902, Registro digital: 2021781, del texto siguiente: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INTERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato objetivo con que se cuenta." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ESTE JUZGADO DECLARA CARECER DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO, por lo que se ordena enviar este expediente, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, a quien se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio al Juez competente, junto con sus anexos (diecisiete tomos de prueba). Se deja sin la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Por otro lado, toda vez que el quejoso Miguel Ángel Treviño Morales, se encuentran recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 15 CHIAPAS, ubicado en carretera Tapachula-Arriaga número 2120, en Pueblo Nuevo, Chiapas; con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda, se constituya en el Centro Federal antes referido, y notifique personalmente este proveído al quejoso, del cual se adjunta copia simple. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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