Miguel Ángel Treviño Morales

Expediente 811/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
811/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
04/09/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Treviño Morales
  • Miguel Ángel Treviño Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 9/2017, cuyo resolutivo es: "ÚNICO.- Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de garantías promovida por Jesús Horacio García Vallejo, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Miguel Ángel Treviño Morales, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez.". Acúsese recibo del testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 9/2017. Atento a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, previa las anotaciones respectivas. Finalmente, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un asunto que carece de relevancia documental en el que éste juzgado declaró no tener competencia legal para conocer del juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en el que transcribe el proveído mediante el cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso insiste en declinar la competencia al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: Así que, es indiscutible que una orden de traslado de reo a diverso centro penitenciario requiere de ejecución material, la cual es propiamente el traslado como tal, cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, por tanto la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, la cual culmina con la reclusión del reo en el otro centro de reclusión; asimismo, dicho acto es uno de tracto sucesivo, por tanto, la competencia del juicio biinstancial en donde se reclame ese acto lo será el Juez de Distrito ante el que se promovió el juicio de garantías. Sin embargo, en el caso particular, el quejoso no reclama la orden de traslado, ni señala como responsable a la autoridad que la ordenó; la cual ya se consumó, según manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, esto es, el veinticinco de marzo de dos mil diecisiete, por lo que su ejecución se materializó al ser recluido en el centro federal en que se encuentra privado de su libertad; sino por el contrario, el acto del que se duele es la resolución de dieciocho de mayo de la presente anualidad, en donde la autoridad responsable analizó la legalidad de aquel traslado, por lo que, es incuestionable que la ejecución de ese acto tiene su materialización en el lugar en donde se encuentra actualmente interno - Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua -. Asimismo, en caso de obtener sentencia favorable en el presente asunto, pudiera ocasionarse un nuevo traslado del directo quejoso a diverso Centro Federal del que se encuentra actualmente recluido, lo que derivaría en una ejecución material a realizarse en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. En ese sentido, es inconcuso que el acto reclamado por el directo quejoso no versa en sí sobre el traslado a diverso centro penitenciario, ni tampoco señala como autoridad responsable a aquélla que lo hubiese ordenado. Robustece lo anterior, el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que si el quejoso se encuentra recluido al momento de hacer una solicitud respecto de su libertad personal, como es el caso específico, es indudable que se observará la primera regla de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, - Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado -; lo anterior, en virtud de que dicho acto tendrá ejecución en el lugar donde aquél esté recluido y por tanto cuando se dicte resolución a su solicitud, con independencia del sentido, resulta competente para conocer del juico de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde se encuentre el peticionario de amparo. Así, es inconcuso que el acto reclamado tendrá su ejecución en la jurisdicción del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, por ello, el suscrito no comparte las razones que en su momento lo llevaron a considerar que este juzgado era competente para resolver respecto del acto reclamado en el presente asunto. De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza Cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado; lo anterior, en virtud de que en proveído de treinta y uno de mayo anterior, este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente asunto y remitió los autos originales al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. En ese tenor, en virtud de que por un error en la secretaria de trámite correspondiente se solicitó el informe justificado, siendo que el sentido de la determinación fue declararse incompetente, devuélvanse a la autoridad oficiante el duplicado de la causa penal 55/2013 de su índice, en dieciséis tomos; solicitando acuse de recibo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. REGISTRO Y ANOTACIONES Vista la demanda de cuenta, promovida por Jesús Horacio García Vallejo, quien se ostenta como defensor particular del directo quejoso Miguel Ángel Treviño Morales, regístrese bajo el número 811/2017-VI-A. De dicho escrito, se advierte que el quejoso reclama del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, la resolución de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada en autos de la causa penal 55/2013-II de su índice, en la que analizó la legalidad de la determinación administrativa de traslado del directo quejoso a diverso Centro Federal de Readaptación Social y consideró inaplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, por disposición del artículo Tercero transitorio de la misma. INCOMPETENCIA Atento a lo precisado, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado deberá tener ejecución en Ciudad Juárez, Chihuahua, en virtud de que, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad el promovente, el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", ubicado en aquélla ciudad; en esa virtud la ejecución del acto de que se duele se llevará a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se trate de ejecutar el acto reclamado. En ese sentido es importante destacar que la resolución que reclama el directo quejoso se ocupó de analizar la legalidad de la orden administrativa de traslado en su contra, el cual, de conformidad con la manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, se ejecutó el veinticinco de marzo de la presente anualidad; en consecuencia, el acto reclamado en esta vía constitucional requiere ejecución material consistente en la permanencia de Miguel Ángel Treviño Morales en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, en caso de obtener sentencia favorable en el presente asunto, pudiera ocasionarse un traslado del directo quejoso a diverso Centro Federal del que se encuentra actualmente recluido, lo que derivaría en una ejecución material a realizarse en la jurisdicción del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, se habrá de ejecutar en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Ahora, no se soslaya la circunstancia de que la autoridad responsable a la que se reclama el acto del que se duele el quejoso, tiene su residencia en la jurisdicción de este juzgado de distrito, sin embargo, el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal ubicado fuera de ella; asimismo, la resolución reclamada analizó la legalidad de una orden de traslado ejecutada en contra del directo peticionario el veinticinco de marzo de dos mil diecisiete, esto es, consumada a la fecha, y por consecuencia materializada en su ejecución. Luego, es incuestionable que la ejecución material derivada del acto reclamado en el presente asunto, se realizará fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, identificada con el número de registro 2000066, que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado.". Es dable precisar que no se inobserva la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", la cual determina que cuando se reclama el traslado de un reo de un centro penitenciario a otro, ese acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, por lo que, al tratarse de un acto de tracto sucesivo la competencia para conocer el juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió y que tenga jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio parte de la ejecución por ser el que previno. Ello es así, pues en el caso particular el quejoso no reclama la orden de traslado, la cual ya se consumó, por lo que su ejecución se materializó al ser recluido en el centro federal en que se encuentra privado de su libertad; sino por el contrario, el acto del que se duele es la resolución de dieciocho de mayo de la presente anualidad, en donde la autoridad responsable analizó la legalidad de aquel traslado, por lo que, es incuestionable que la ejecución de ese acto tiene su materialización en el lugar en donde se encuentra actualmente interno - Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua -. Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda, con sus anexos y traslados, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese; al directo quejoso, por conducto de su defensor particular. Así lo proveyó Oscar Jesús Segundo Suárez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por licencia académica del Titular, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/1401/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de la secretaria María Guadalupe Saavedra Montaño, que da fe.

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