Miguel Ángel Trejo Muciño
Expediente 2008/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2008/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miguel Ángel Trejo Muciño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, deducido del recurso de queja 30/2023, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el cual en sus resolutivos establece: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Miguel Ángel Trejo Muciño, en su carácter de socio de la Cooperativa la Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Limitada por conducto de su autorizado Rodolfo Sergio García Trujillo. SEGUNDO. Se confirma el auto de seis de enero de dos mil veintitrés, dictado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo 2008/2021. Notifíquese." Se confirma la recepción de oficio de cuenta, asimismo, hágase saber lo anterior a las partes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual hace del conocimiento que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra la resolución dictada el seis de enero del año en curso, el cual registró bajo el número 30/2023; circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, a través del cual, informa que registro el recurso de queja con el número ********************/2023 de su índice. De igual forma, solicita se remita la constancia de notificación de la parte quejosa respecto del auto de seis de enero de este año. En consecuencia, remítase copia certificada de la constancia requerida.
- Principal
DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. En el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, así como 6°, del citado ordenamiento, los cuales señalan:. La causa de improcedencia en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:--- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.--- El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. --- El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. --- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; --- La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De la interpretación de los numerales reproducidos, se sigue que el ejercicio de la acción constitucional será improcedente cuando así lo disponga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley de la materia, de ahí que las causales de improcedencia señaladas en el artículo 61, son de naturaleza enunciativa y no limitativa, de ahí que si existe algún otro impedimento para la procedencia del juicio de amparo, deberá analizarse esa circunstancia. Aplica al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, registro 2005313, cuyo rubro es: 'IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.' Por su parte, el numeral 5° de la Ley de Amparo, dispone que es parte dentro del juicio, el quejoso, quien deberá aducir tener un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue un acto que produzca una afectación real y actual a las prerrogativas de la parte que promueve. Por otro lado, el numeral 6° de la norma invocada, dispone que el juicio de derechos fundamentales puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta la norma general o el acto reclamado, por sí, o por su representante legal o apoderado y, en determinados casos, por cualquier persona (conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo). Asimismo, el juicio de amparo está reservado únicamente al gobernado que resiente un perjuicio jurídico con motivo del acto de autoridad combatido, de tal manera que la noción de perjuicio para la procedencia del amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado, en forma real y actual por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de derechos humanos en su perjuicio. En esa medida, resulta de especial relevancia distinguir la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; razón por la cual, la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, en razón de que ésta consiste en la identidad del quejoso con la persona a cuyo favor está la ley. De tal suerte, que el quejoso estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, aunado a que el mismo deberá ser materia de un ataque por parte del acto de autoridad y además, su afectación debe ser real y actual. Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado que insta la protección de la Justicia Federal no acredita a través de los medios de prueba previstos en las leyes, que los actos que reclama afecten la esfera de su interés jurídico o legítimo, esto es, el derecho subjetivo tutelado por una norma objetiva o tampoco exista una afectación derivada del acto de autoridad que se combate o esta no resulte ser real, actual y directa. De no aceptarse tal connotación, existiría la posibilidad latente de conceder el amparo por un acto o resolución de autoridad que no irrogue perjuicio al catálogo de derechos fundamentales del solicitante de amparo, lo cual quebrantaría los principios de instancia de parte agraviada y el del agravio personal y directo, inmersos en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, página 117, cuyo texto es: En las relatadas condiciones, tenemos que el concepto y noción de perjuicio, para los efectos del amparo, debe tomarse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. En ese sentido, de la interpretación del artículo antes transcrito se arriba a la conclusión de que el agravio y el perjuicio, constituyen presupuestos de procedencia de la acción constitucional. Asimismo, cabe destacar que tratándose del juicio de amparo el interés jurídico como noción fundamental, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado o de un interés legítimo individual o colectivo, que se ve afectado por un acto de autoridad. De ahí que sólo el titular del derecho legítimamente protegible puede acudir ante un órgano de amparo en demanda para que cese esa transgresión. En el caso, el quejoso ********************, bajo protesta de decir verdad se ostenta como socio de la ********************, reclamando, entre otros actos: Del Presidente de la República, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Director del Diario Oficial de la Federación, la inconstitucionalidad de los artículos 15, 41, 94 y 107 de la Ley de la Industria Eléctrica. De la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la falta de emplazamiento como tercero extraño al toca ******************** formado con motivo del juicio ordinario mercantil ********************, así como las subsecuentes actuaciones que tenga como finalidad la no reconexión del servicio de energía eléctrica realizada el once de noviembre dos mil veintidós. Del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la falta de emplazamiento como tercero extraño al juicio ordinario civil ******************** promovido por ********************, así como todas las consecuencias legales, tales como las medidas cautelares o provisionales, los autos de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, diecinueve de abril y nueve de septiembre de dos mil veintidós, así como sentencia y el auto que la tenga por ejecutoriada y que anule la Asamblea de veintiséis de agosto de dos mil veinte, así como todos los acuerdos que tengan como finalidad la no reconexión del servicio de energía eléctrica realizada el once de noviembre dos mil veintidós. Sobre el tema, es pertinente citar el contenido de los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de los que se desprende, que la dirección, administración y vigilancia interna de las Sociedades Cooperativas, en general, estará a cargo de la Asamblea General, la cual es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas. En ese contexto, resulta inconcuso que la parte quejosa no resiente agravio con los actos reclamados, pues, como lo confiesa en su libelo constitucional, dichas conductas fueron emitidas y en su caso ejecutadas contra la persona moral ********************. Ello es así, pues del contenido del escrito de demanda, el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad expuso que los juicios de los que pretende que como socio se le llame como tercero extraño, se ventilan cuestiones atinentes a aspectos de nulidad por cuestiones de elección de las autoridades societarias. En ese sentido, a él como socio cooperativista, no le afectan los actos, en tanto que estos afectan a la sociedad en sí, misma que, pese a los conflictos, está representada por la Asamblea General; por tanto, la representación y defensas que pretende realizar como socio no le son competentes, precisamente porque la afectación que pudiera recibir como socio, es colectiva, es decir afecta al conjunto de personas físicas que forman parte de la sociedad como cooperativistas, la cual, como se dijo se encuentra representada por la Asamblea General. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis V.1o.6 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 950, de rubro y texto: Sin que pase inadvertido que el promovente refiera actos irregulares en la designación de las personas que integran el consejo de administración, sin embargo, esa cuestión no puede ventilarse en esta instancia de amparo, sino en un juicio civil sobre la nulidad de la Asamblea General. Es un principio general que rige que en tratándose de la representación de las sociedades, que estas no quedan acéfalas, por lo que mientras no se resuelva en definitiva sobre el conflicto suscitado sobre la personalidad de quienes integran el consejo de administración, los nombramientos anteriores siguen vigentes; lo que se trae a colación con la única finalidad de evidenciar que el promovente carece de legitimación para impugnar actos que atañen a cuestiones internas de la sociedad. Es aplicable al caso, por los motivos que la contienen, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Sexta Parte, página 191, de rubro y texto: De lo antes expuesto, se corrobora que los actos reclamados por la quejosa, no inciden en la afectación de sus prerrogativas en forma real y actual, dada la personalidad y patrimonio diverso en su calidad de socio (aquí quejosa) y la persona moral, revelándose así, que no existe un acto de autoridad que produzca agravio actual y real que incida en la esfera jurídica del amparista; pues se reitera, en su caso sus intereses serán defendidos por la Asamblea General a la cual pertenece como socio de ********************. Lo anterior, pues en todo caso es la persona moral afectada la que debe comparecer al amparo, por conducto de la Asamblea General y/o su representante legal o apoderado legal. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, ésta en relación con los artículos 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda respecto de los citados actos. DESECHAMIENTO De igual manera, resulta improcedente la demanda, respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas en su escrito de demanda del 18 a la 36, consistente en la falta de cumplimiento a la suspensión provisional de auto de once de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que no han reconectado el servicio de energía eléctrica de la ********************, auto el cual fue dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ******************** del índice de este Juzgado de Distrito. Ello es así, pues se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas La fracción antes transcrita, prevé dos hipótesis en las cuales el juicio de amparo será improcedente, a saber: a) Contra resoluciones decretadas en la tramitación de un juicio de amparo; b) Contra actos dictados en ejecución de una resolución pronunciada en un juicio de amparo." La hipótesis marcada con el inciso a), establece la improcedencia del amparo cuando se pretende impugnar una resolución judicial proveniente de otro juicio de amparo; esta causal opera tratándose de todas las resoluciones establecidas en el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al segundo artículo de la misma; es decir, por resolución deberá de entenderse decretos, autos y sentencias dictadas en el cuaderno principal o en el cuaderno incidental del juicio de amparo, asimismo, es aplicable dicha causal con independencia de si son dictadas por un Juzgado de Distrito, Tribunal Unitario de Circuito o Tribunal Colegiado de Circuito. Así, con esta limitación el legislador busca evitar una cadena interminable de tramitación de juicios de amparo, trayendo como consecuencia a la vez, dotar de efectividad a las resoluciones dictadas en los mismos y por ende otorgar seguridad jurídica a los gobernados. Ahora, es importante mencionar que el contenido de la causal de improcedencia que en el caso se estudia, no implica que las resoluciones dictadas en un juicio de amparo no se puedan combatir de ninguna forma, pues precisamente para ello existen los medios de impugnación previstos en la Ley de Amparo; por lo que, en su caso, cuando se considere que algún acto dictado en un juicio de amparo o en ejecución de éste, causa agravio al gobernado, deberá de promoverse el recurso de revisión, queja, inconformidad o reclamación, según corresponda. En el caso que nos ocupa, el quejoso pretende combatir que las autoridades que indicó en los puntos 18 al 36 no han reconectado el servicio de energía eléctrica de la moral de la cual es socio, no obstante de haberse ordenado en auto de once de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ********************. De lo anterior, resulta evidente para quien esto resuelve, que lo que pretende combatir el quejoso es el incumplimiento de la suspensión provisional realizado por las autoridades responsables que indica; por tanto, dicha actuación no puede ser analizada de acuerdo a las consideraciones antes vertidas, ya que debe der combatida por el medio de defensa que según corresponda a la etapa del incidente de suspensión del juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones IX de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo de los actos indicados.
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