Miguel Ángel Torres Rodríguez

Expediente 1039/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1039/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Torres Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...III

  2. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiere hecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo que concedió el amparo está cumplido. En la sentencia pronunciada el seis de abril de dos mil veintiuno, que se terminó de engrosar el treinta y uno siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo 2029, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo: 1. Dejara insubsistente el proveído dictado el veintitrés de marzo de dos mil veinte en el expediente de registro sindical 23/2019; y, 2. En su lugar, dictara otra nueva determinación en la que: a) Se abstuviera de considerar que la asociación sindical quejosa no adjuntó a su escrito de solicitud la lista de miembros a que hace referencia el artículo 66, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo; y b) Aplicando por analogía el numeral 366 de la Ley Federal del Trabajo, prevenga a la agrupación sindical para que, dentro del plazo de cinco días, exhiba un juego más de los documentos que adjuntó a su solicitud de registro. En acuerdo de veintisiete de mayo siguiente se declaró que la sentencia de referencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Por auto de cuatro de junio del año en curso se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; remitiendo copia certificada del proveído de uno de junio de este año, el cual merece valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y requiriendo al citado tribunal para que una vez que transcurriera el término concedido a la parte quejosa para que cumpla la prevención que le fue formulada (exhibir un juego más de los documentos que adjuntó a su solicitud de registro), remitiera copia certificada del acuerdo que emita al respecto. Finalmente, en proveído de trece de julio del año en curso se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo remitiendo, en cumplimiento del fallo protector, copia certificada del acuerdo ocho del mismo mes emitido en el expediente burocrático 23/2019, con el que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera. De la copia certificada del acuerdo de uno de junio del año en curso, remitida por el tribunal responsable, se desprende que dejó insubsistente el proveído dictado el veintitrés de marzo de dos mil veinte en el expediente de registro sindical 23/2019, razón por la cual se estima cumplido el primero de los efectos para los que fue concedida la protección de la justicia federal, identificado con el número 1. Igualmente se advierte de dicho documento, que el tribunal responsable dictó una nueva determinación en la que, por una parte, se abstuvo de considerar que la asociación sindical quejosa no adjuntó a su escrito de solicitud la lista de miembros a que hace referencia el artículo 66, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo; y por la otra, aplicando por analogía el numeral 366 de la Ley Federal del Trabajo, previno al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata Hidalgo 2019 para que, dentro del plazo de cinco días, exhibiera un juego más de los documentos que adjuntó a su solicitud de registro; motivo por el cual también se considera cumplido el efecto 2, incisos a) y b) de la sentencia de amparo. Conviene abonar que, mediante oficio de ocho de julio siguiente, la responsable remitió copia certificada del proveído de la misma fecha recaído en el expediente laboral 23/2019, en el que tuvo al quejoso Antonio Rodríguez Rosales dando cumplimiento a la prevención de uno de junio anterior y exhibiendo copia simple de los documentos que le fueron requeridos; por satisfechos lo requisitos formales para obtener la toma de nota del registro del sindicato en cuestión; señaló las once horas del cinco de agosto de dos mil veintiuno para el desahogo de la investigación a efecto de verificar si los integrantes del sindicato accionante son trabajadores en activo del Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo; y comisionó al actuario de su adscripción para desahogar la diligencia. En razón de lo expuesto, procede tener por cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, quedando expedito el derecho de la parte quejosa para hacer valer el medio de defensa que considere oportuno, en caso de inconformidad con la presente determinación. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. DEVOLUCIÓN DOCUMENTAL. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene un plazo de noventa días para acudir a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que adjuntó en su demanda; apercibida que, de no hacerlo en la temporalidad concedida, correrán la misma suerte que el juicio en que se actúa.-. M-V

  3. Principal

    Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 17 de AGOSTO de 2021, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Miguel Ángel Torres Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Tercer Circuito adscrito a Tula de Allende, Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social y Director del Centro de Reinserción Social de Actopan, todas del Estado de Hidalgo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1039/2021-III, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte la actualización de diversas causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifies0ta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, una vez que examinada la demanda en su integridad se advierte que la actualización advirtió que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]." La porción normativa contiene el principio de definitividad en materia administrativa, mismo que descansa en que la procedencia de la acción constitucional no es irrestricta, pues al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, procederá una vez que se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible. Debiendo tener presente que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que se reclame un acto de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el presente caso, contra el acto del que se duele el quejoso procede la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En principio, conviene mencionar que los artículos artículo 18, párrafo segundo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución General, prevén las directrices básicas del sistema penitenciario y de la competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional en la ejecución de penas. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un sistema de impugnación conformado por procedimientos administrativos y jurisdiccionales a fin de salvaguardar los derechos de los sujetos relacionados con la etapa de ejecución el procedimiento penal. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces penales de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a la autoridad jurisdiccional como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Ahora bien, en el recurso de queja 36/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 837/2019, estableció que la persona privada de su libertad en un centro de reclusión que reclame la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, debe agotar la llamada controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penales, a fin de observa el principio de definitividad en el juicio de amparo. Estableció, que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: 1) Voluntarios, que se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. 2) Involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. 3) Urgente, o excepcional, que se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Agregó, que, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado urgente o excepcional implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. De igual forma, enfatizó, que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida: a) el recurso de apelación y, b) la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La Primera Sala del Máximo Tribunal aclaró que, cuando se presenten el supuesto de que el quejoso reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tiene certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ya que, conforme al numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. Al respecto, los artículos 51, 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]" Con base en tales porciones normativas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. También, concluyo que la controversia judicial es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Atinente a ello, explicó que la orden de traslado en los términos antes apuntados, configura un caso urgente que impone al juez de ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial. Puntualizó, que de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada En el caso, el quejoso Miguel Ángel Torres rodríguez señaló como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Actopan, Hidalgo, a uno diverso, el cual atribuye al Juez de Control del Tercer Circuito adscrito a Tula de Allende, Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social y Director del Centro de Reinserción Social de Actopan, todas del Estado de Hidalgo. Por tanto, con apoyo en el determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que contra dicho acto el quejoso debió promover el recurso de apelación, en contra de la determinación del juez de control señalado como responsable, o bien, en caso de que la orden de traslado hubiere sido emitida por una autoridad administrativa, procederá la controversia judicial, medios de impugnación previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esas condiciones, si el amparista no acudió a alguno de dichos medios impugnativos, de acuerdo al caso específico, para combatir el acto reclamado, resulta patente que se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad; lo que impone el desechamiento de la demanda de mérito. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal el ubicado en Avenida Ferrocarril Central número 1500, esquina con calle 24, Ampliación Santa Julia, Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa designando como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Jesús Cruz Guajardo, así como, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Adriana Rico Contreras. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. También, se le tiene proporcionando a las citadas partes procesales los números telefónicos 7711441509 y 77170200349, así como las cuentas de correos electrónicos adriana.rico@live.com y cruzguajardo69@hotmail.com, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal...III

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano