Miguel Angel Torres Paz
Expediente 953/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Angel Torres Paz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS, a partir del veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el plazo que se concedió en proveído de cinco de octubre del año en curso, feneció el catorce de los citados, sin que la quejosa haya desahogado la prevención formulada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA promovida a nombre de ...., contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en autos y se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veinte. Vista el acta de cuenta, en que ***, ratifica la demanda de amparo promovida a su nombre por *** y, con ello insta el presente sumario constitucional. ESTUDIO DE PROCEDENCIA De la lectura integral de la demanda se advierten diversas irregularidades respecto de los requisitos previstos en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, que impiden pronunciarse sobre su admisión. Autoridades responsables y actos reclamados (Articulo 108, fracciones III y IV). El promovente de la demanda señaló como autoridades ordenadoras y ejecutoras al Secretario de Seguridad Pública y al Director del Centro de Sanciones Administrativas e integración Social, ambos de la Ciudad de México, a quienes atribuyó de manera genérica la "incomunicación y la retención fuera de procedimiento" ya ejecutadas. Sin embargo, tal cuestión no permite identificar qué intervención tuvieron en el acto reclamado para poder determinar si les reviste el carácter de responsables, pues les atribuyó el doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, empero, de la revisión de la demanda no se advierte, en forma concreta, cuál fue su participación, ya sea en su emisión o su cumplimiento, conforme a sus atribuciones. Aunado a lo anterior, en la narrativa de hechos indicó que la quejosa fue detenido y se encontraba en las instalaciones del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Gobierno de esta entidad, lugar en que se encontraba arrestada al momento de presentarse la demanda; sin embargo, no aportó dato alguno que permita identificar de marea precisa cuales fueron las autoridades en concreto que generaron los actos, lo que genera duda para fijar debidamente la litis en este sumario, resulta necesario aclarar tales circunstancias en virtud que, según su dicho, llevaron a cabo la ejecución del acto reclamado. De ahí que, no se tenga certeza de si la sanción impuesta a la quejosa se reclama por cuanto a su emisión, esto es, se impugna por vicios propios, o bien, respecto de su ejecución. En diverso aspecto, cabe precisar que también fue omisa en proporcionar datos de identificación de la resolución, acuerdo, oficio o acto análogo que contenga la sanción reclamada, por lo que se desconoce el motivo que le dio origen o en qué consiste la misma. Circunstancias que permiten concluir que el señalamiento de los actos reclamados, así como de las autoridades responsables, es oscuro e impreciso, por lo que resulta indispensable subsanar dichas irregularidades para fijar debidamente la litis constitucional. Tiene aplicación en lo conducente la tesis aislada XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Antecedentes de los actos reclamados (Artículo 108, fracción V). El promovente de la demanda únicamente narró como hechos, que tuvo conocimiento de los actos reclamados que fue ejecutados en contra del quejoso y que tenía conocimiento que el quejoso se encontraba en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la entidad; sin embargo, no precisó cuáles fueron los que le dieron origen, es decir, no hizo referencia a las siguientes situaciones: El lugar exacto en que fue detenida la quejosa; En su caso, la hora en la que fue remitida a un Juez Cívico o al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la entidad, y el momento en que se le impuso el arresto; y, Las horas que cumplió de dicha sanción. PREVENCIÓN A efecto de acordar lo conducente respecto de la demanda que nos ocupa, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en un plazo de CINCO DÍAS: Señale qué autoridad impuso la sanción reclamada (arresto) y, en su caso, cuáles fueron las que llevaron a cabo su ejecución, de conformidad con sus facultades y atribuciones, para determinar si les reviste tal carácter; conminándolo a que sea claro y preciso en sus manifestaciones. Además, si a su derecho conviene señalar como autoridades responsables a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que en su caso hayan intervenido en su detención y, de ser así, deberá proporcionar sus nombres y cargo, o bien, datos suficientes que permitan su identificación, además del acto que en concreto les atribuye. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.30/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 250 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. precise qué actos les atribuye al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Procuradora Social del Distrito Federal." Proporcione datos de identificación de la resolución, acuerdo, oficio o acto análogo que contenga la orden reclamada, o bien, manifieste la imposibilidad que le asista para hacerlo; en el entendido que deberá abstenerse de hacer consideraciones subjetivas o de fondo en relación con su constitucionalidad, pues ello forma parte de los conceptos de violación. En vía de aclaración a los antecedentes del acto reclamado, deberá referir la hora y lugar exactos en que se le detuvo, así como el momento en que, en su caso, fue remitido a un Juez Cívico o al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal, y las horas que cumplió de la sanción impugnada; lo que deberá expresar bajo protesta de decir verdad, por constituir los hechos y/o abstenciones de los antecedentes de los actos reclamados. De conformidad con lo requerido en el inciso a), deberá exhibir copias suficientes del escrito de demanda y del desahogo de prevención para estar en posibilidad de correr traslado a las partes, ya que serán distribuidas de la siguiente manera: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y dos considerando las autoridades responsables que al momento se encuentran señaladas (o más, según sea el caso); así como las respectivas del escrito aclaratorio. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Página: 170, de rubro y texto siguientes: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Se previene a la parte quejosa que de no acatar lo requerido en este acuerdo, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y dejarán de surtir efectos las providencias dictadas en acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso. Finalmente, por recibido el oficio signado por el Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México mediante el cual informa a este Juzgado de Distrito que no se ha ingresado o recibido en dicha institución orden alguna de arresto en contra de Miguel Ángel Torres Paz. Con fundamento en los artículos 158 en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con las documentales exhibidas dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese; y personalmente a la promovente.
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