Miguel Ángel Torres Hernández

Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
571/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Torres Hernández
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Incidental

    Archívese el presente incidente de suspensión como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    téngase a la autoridad oficiante acusando recibo de la misiva que refiere con la cual se remitió el billete de depósito N 787290 para su aplicación a favor del Erario Federal.

  4. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, al quejoso en virtud de no atender citatorio y/o aviso (artículo 27 fracción I, inciso b y/o c, de la Ley de amparo) que, en lo que interesa dice: agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio recibido por la autoridad responsable, y en atención a su contenido, téngasele informando que el quejoso dio cumplimiento al pago establecido en la resolución del incidente de liquidación de tres de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del Juicio laboral 244/2014 del índice de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al haber exhibido un cheque de pago en los términos requeridos, además de comprometerse a pagar los adeudos que ahí indica en la temporalidad establecida por ambas partes. En ese sentido, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". De dicho precepto se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual a la parte quejosa. Tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente; o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". De tal manera, para que un acto se considere consentido, es necesario acreditar los requisitos que enseguida se precisan: a) Existencia del acto o ley reclamados; b) Causación de un agravio en la esfera jurídica del gobernado; y c) Que el quejoso se haya conformado expresamente con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Así, es evidente que en el caso se actualizan los requisitos precitados, pues de la documental remitida se advierte que la parte quejosa aceptó la cuantificación del incidente liquidado, al haber hecho pago y comprometerse a pagar la pensión respectivo. De ahí que es indudable que el quejoso realizó manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento de dicho acto. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 224 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo X, septiembre de 1992, titulada: "ACTOS CONSENTIDOS, HIPÓTESIS EN QUE SE DA EL CASO DE APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Lo que se corrobora por el hecho de haberse desistido del amparo ante la autoridad responsable. En consecuencia, procede sobreseer fueras de audiencia en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en vinculación con el diverso 61, fracción XIII, ambos de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (S.J.F., Novena Época, Tomo XVII, Marzo - 2003, Pág. 386)." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, se ordena dejar sin efectos la fecha y hora señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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