Miguel Angel Tiburcio Hermilo

Expediente 115/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
115/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Tiburcio Hermilo

Actuaciones

  1. Principal

    II.-ESTADO PROCESAL. Se declara que el proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    II.- SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Toluca, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****** contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor de San Felipe del Progreso, Estado de México. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 115/2018-II. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: 1. El acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete dictado en la Tercería Excluyente de Dominio interpuesta por ****** en el expediente *****del índice de Juzgado *****, por el cual la autoridad responsable admitió la prueba documental privada consistente en la carta responsiva de *******. Al respecto, se advierte la actualización del motivo de improcedencia derivado del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esto ya que el acto reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que, se trata de una determinación que afecta derechos procesales de la parte quejosa en el juicio mercantil de origen, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal). Para tener una mejor claridad respecto del acto reclamado, conviene precisar que de los antecedente narrados por el promovente, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El ahora quejoso demando en el Juicio Ejecutivo Mercantil ****** del índice de Juzgado ***** a ***** las siguientes prestaciones: "A) El pago de la cantidad de $***** por concepto de suerte principal B) El pago de los intereses moratorios a razón del ****** sobre la suerte principal, desde la fecha de vencimiento de los dos pagarés hasta el día de su liquidación, pagaderos juntamente con el principal C) El pago de costas que el presente juicio origine, hasta su total solución" 2. En el Juicio Ejecutivo Mercantil ***** del índice de Juzgado *******, se dictó sentencia, la cual causo ejecutoria por lo que se ordenó realizar diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la cual el demandado señaló el vehículo de la marca ******, por lo que se trabó formal embargo sobre el mismo. 3. En diciembre de dos mil diecisiete, ****** interpuso Tercería Excluyente de dominio dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil *****. 4. En la Tercería Excluyente de Dominio interpuesta por ***** en el expediente *****, se dictó un auto el ***** donde la autoridad responsable admitió la prueba documental privada consistente en la carta responsiva de *****. Esta última determinación, constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado referido no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso el acto que tilda de inconstitucional la parte quejosa no se trata de los que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el trámite del juicio natural al tratarse de una determinación en la que la responsable admitió una prueba documental privada; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto; por lo que, dicho acto se considera que se trata de una violación procesal, porque únicamente se admitió una prueba, lo que se traduce en continuar con el juicio de origen hasta el dictado de la sentencia respectiva, la cual podrá ser o no favorable al quejoso, y dicha violación podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el Juicio Ejecutivo Mercantil ***** del índice de ******* de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), al combatirse la resolución que resuelva el citado expediente; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal que sólo tiene por efecto que se siga el juicio, teniendo como prueba la documental privada exhibida por el tercerista, lo que en dado caso, sólo repercutiría al momento de pronunciar la sentencia respectiva y solamente en caso de que se emita una sentencia condenatoria en contra de la parte quejosa; por lo cual, no se advierte una afectación "material" de derechos sustantivos, de ahí que el acto reclamado no se considere como de imposible reparación, reclamable en amparo directo, en el supuesto que los ahora quejosos no obtengan una sentencia favorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651. En esas condiciones, se afirma que el citado acto reclamado no afecta "materialmente" derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, por el contrario, se sostiene que se trata de un acto que no toca por sí tales valores, sino que en su caso, produce la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse el expediente en la cual se emitió, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los quejosos. En razón de lo expuesto, y una vez que han quedado demostradas las causales de improcedencia invocadas, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo y al tratarse el acto reclamado de una violación procesal, es procedente con fundamento en el precepto 113, de la ley de materia cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el promovente en el proemio de su demanda. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******; y en términos restringidos de la parte final del citado precepto legal, a las demás personas citadas por el promovente; limitación que subsistirá respecto del último nombrado, hasta en tanto registren su cédula profesional o autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, ello acorde con lo dispuesto por el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el expediente en que se actúa. TRANSPARENCIA. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágase saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva."

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