Miguel Ángel Tenorio Botello

Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
102/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Tenorio Botello

Actuaciones

  1. Principal

    "...Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo 102/2021, del índice de este juzgado; ello, dada la incompetencia decretada por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se advierte que aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo instaurada por... que dio origen al referido juicio de amparo. En consecuencia, dado que no existe promoción pendiente de acordar, archívese el presente asunto como concluido de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos vigésimo, fracción I y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente..."

  2. Principal

    "... Agréguese a los autos la boleta de turno remitida vía correo electrónico por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a la cual se le otorga valor probatorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y acorde a la jurisprudencia I.3o.P.J/3 (10a.). Ahora, de su contenido se advierte que da cumplimiento a lo solicitado en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno y, para tal efecto, remite la boleta de turno solicitada. En tales condiciones, remítanse vía interconexión las constancias deducidas del juicio de amparo 102/2021, del índice de este juzgado, a quien por razón de turno correspondió conocer del mismo, esto es, al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, tal y como se ordenó en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, con inserción del presente proveído, así como la boleta correspondiente...

  3. Principal

    "... Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del fedatario judicial adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa ******************** el proveído de cuatro de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio, por las razones que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle la notificación del referido acuerdo de cuatro de los cursantes, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. PROVEPIDO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. "...Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, instaurada por ********************, contra actos del Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México, en atención a su contenido por violación a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido se provee... Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 102/2021-II-A. Asimismo, cabe destacar que, los actos que el quejoso reclama son los siguientes: ".manifiesto que el acto reclamado consiste en que un compañero informó que existe la pretensión de cambiarme de estancia, lo cual, considero vulnera mis derechos humanos ." De lo que se deduce que, el directo quejoso, aún no han sido cambiado de estancia a otra diferente dentro del mismo reclusorio. Y, solicita se decrete la suspensión de plano del acto señalado como reclamado. Se hace la precisión que la parte quejosa reclama el posible cambio de estancia que pretenden realizarle, esto, dentro de la Penitenciaría... de la Ciudad de México. Por tanto, cabe señalar que, por lo que hace a la solicitud de conceder la suspensión de plano, resulta ser improcedente, dado que, a consideración del suscrito juzgador, los actos que señala ********************, no se consideran como urgentes, en virtud que no encuadran en los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los señalados en el numeral 126 de la Ley de Amparo; máxime que, todo resulta depender del posible cambio de estancia, dentro del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra, lo que conduce a concluir que los mismos son futuros de realización inciertos. En consecuencia, se reserva proveer sobre la suspensión del acto reclamado, hasta en tanto se provea sobre la admisibilidad de la demanda de amparo. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo en el artículo 126, dispone los casos en los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al tenor siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tanto que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (invocado en el escrito de demanda), dice lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Así, una vez hecho el anterior pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, se procede a analizar la competencia. Puesto que el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propios establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en el Primer Circuito, mediante la tesis I.3o.C.90 K, dijo: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que señale autoridades responsables que radiquen dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, pues, a pesar de que el quejoso omite indicar a qué estancia sería cambiado, se observa que sería dentro de la misma Penitenciaría, esto es, en la de "Santa Martha Acatitla" de la Ciudad de México. En ese contexto, es menester citar el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del último artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan: a) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, en que se haya presentado la demanda, será competente para conocer de ella. b) Cuando el acto reclamado requiera ejecución, es competente el juez de distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Resulta aplicable al respecto la tesis 3a. XLIX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 13, Tomo XII, septiembre de 1993, que reza: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, que, en el caso concreto, se trata de actos que resultan depender del posible cambio de estancia, dentro del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra el quejoso. En efecto, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en... esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, por lo que de llevarse a cabo la materialización del acto reclamado éste se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este órgano federal, no así en el que éste tiene competencia. Luego, si la ejecución de los actos ha de tener lugar en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso, la competencia se surte a favor de los Jueces de Distrito con residencia en la Ciudad de México y, en consecuencia, que quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. Asimismo puesto que el quejoso, tiene su domicilio en la Ciudad de México; y de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio de amparo, el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, o se ejecute el acto reclamado, dada la naturaleza misma de los actos reclamados que requieren necesariamente de ejecución para su cumplimentación, lo que sucede en el caso, dado que la autoridad ordenadora no está facultada para ejercer su imperio dentro de la circunscripción de este juzgado federal; ni se señala alguna dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este juzgado de distrito. Ello en concordancia con el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, se estima competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Por lo anterior: a) Con fundamento en el citado numeral, remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México. b) Solicítese el acuse de recibo correspondiente. c) Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno..."

  4. Principal

    "...Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, instaurada por ********************, contra actos del Comité Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría de la Ciudad de México, en atención a su contenido por violación a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido se provee... Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 102/2021-II-A. Asimismo, cabe destacar que, los actos que el quejoso reclama son los siguientes: ".manifiesto que el acto reclamado consiste en que un compañero informó que existe la pretensión de cambiarme de estancia, lo cual, considero vulnera mis derechos humanos ." De lo que se deduce que, el directo quejoso, aún no han sido cambiado de estancia a otra diferente dentro del mismo reclusorio. Y, solicita se decrete la suspensión de plano del acto señalado como reclamado. Se hace la precisión que la parte quejosa reclama el posible cambio de estancia que pretenden realizarle, esto, dentro de la Penitenciaría... de la Ciudad de México. Por tanto, cabe señalar que, por lo que hace a la solicitud de conceder la suspensión de plano, resulta ser improcedente, dado que, a consideración del suscrito juzgador, los actos que señala ********************, no se consideran como urgentes, en virtud que no encuadran en los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los señalados en el numeral 126 de la Ley de Amparo; máxime que, todo resulta depender del posible cambio de estancia, dentro del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra, lo que conduce a concluir que los mismos son futuros de realización inciertos. En consecuencia, se reserva proveer sobre la suspensión del acto reclamado, hasta en tanto se provea sobre la admisibilidad de la demanda de amparo. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo en el artículo 126, dispone los casos en los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al tenor siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tanto que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (invocado en el escrito de demanda), dice lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Así, una vez hecho el anterior pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, se procede a analizar la competencia. Puesto que el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propios establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en el Primer Circuito, mediante la tesis I.3o.C.90 K, dijo: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que señale autoridades responsables que radiquen dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, pues, a pesar de que el quejoso omite indicar a qué estancia sería cambiado, se observa que sería dentro de la misma Penitenciaría, esto es, en la de "Santa Martha Acatitla" de la Ciudad de México. En ese contexto, es menester citar el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del último artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan: a) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, en que se haya presentado la demanda, será competente para conocer de ella. b) Cuando el acto reclamado requiera ejecución, es competente el juez de distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Resulta aplicable al respecto la tesis 3a. XLIX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 13, Tomo XII, septiembre de 1993, que reza: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, que, en el caso concreto, se trata de actos que resultan depender del posible cambio de estancia, dentro del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra el quejoso. En efecto, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en... esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, por lo que de llevarse a cabo la materialización del acto reclamado éste se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este órgano federal, no así en el que éste tiene competencia. Luego, si la ejecución de los actos ha de tener lugar en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso, la competencia se surte a favor de los Jueces de Distrito con residencia en la Ciudad de México y, en consecuencia, que quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. Asimismo puesto que el quejoso, tiene su domicilio en la Ciudad de México; y de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio de amparo, el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, o se ejecute el acto reclamado, dada la naturaleza misma de los actos reclamados que requieren necesariamente de ejecución para su cumplimentación, lo que sucede en el caso, dado que la autoridad ordenadora no está facultada para ejercer su imperio dentro de la circunscripción de este juzgado federal; ni se señala alguna dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este juzgado de distrito. Ello en concordancia con el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, se estima competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Por lo anterior: a) Con fundamento en el citado numeral, remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con sede en la Ciudad de México. b) Solicítese el acuse de recibo correspondiente. c) Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno..."

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