Miguel Ángel Tellez García

Expediente 1685/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1685/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Tellez García

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de quince de noviembre del año actual; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó a los autos copia certificada de la escritura pública número seis mil ciento veintisiete, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose, apercibida que de no hacerlo así tal documento serán destruido junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso *****, el acuerdo de quince de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ESTRADOS... SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO... EL PROVEÍDO QUE PRECEDE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1685/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: ".la violación al derecho de petición, la ilegal determinación de retener el 70% del salario del suscrito sin que exista resolución fundada y motivada, transgrediendo así mis Derechos Humanos así como las Garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica consagradas en los artículos 5, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En la especie, a juicio del suscrito se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no impugnar el acto reclamado a través de un medio de defensa legal que tenía a su alcance, por medio del que éste pudo ser modificado, nulificado o revocado. La fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del dispositivo trascrito se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia referida, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o bien proceder en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) A través de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa en comento. e) Que para conceder dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, con independencia de que el acto reclamado, considerado en sí sea, o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Sobre el tema el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", se debe entender como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiendo tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que se puede dar el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 3/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIII, Enero del 2001, página 8, del Semanario Judicial de la Federación, registro 190367, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". La porción normativa transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan, que puedan tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado. En el caso concreto, el acto reclamado carece de definitividad para los efectos del amparo, ya que pueden ser impugnado a través del procedimiento administrativo que debe ser planteado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en términos del artículo 1 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, que establece: ""Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés general en el Estado y tiene como finalidad: I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica y los particulares, cuando se emitan actos en materia administrativa y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas; II. Sustanciar y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y los órganos internos de control de los entes públicos estatales o municipales, o por la Auditoría Superior del Estado para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas; así como imponer a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos; III. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella; así como resolver sobre la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos estatales y paraestatales, municipales y paramunicipales, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica, siempre que la persona moral respectiva, obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad pueda vincularse con faltas administrativas graves; IV. Sustanciar y resolver los juicios que se originen por fallos en licitaciones públicas, la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica; así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal; V. Decretar las medidas cautelares cuando sean solicitadas por las autoridades investigadoras competentes, relacionadas con los juicios de responsabilidades administrativas graves; VI. Sustanciar y resolver las controversias que surjan con motivo del pago de garantías a favor del Estado y los municipios; VII. Sustanciar y resolver sobre las resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado que impongan sanciones administrativas no graves a sus servidores públicos; y VIII. Sustanciar y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero". De lo transcrito se desprende que el procedimiento contencioso administrativo que estatuye el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763,, en su artículo 1º, tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias, que se planteen entre los particulares y las autoridades Estatales, pues el quejoso reclama la omisión o falta de contestación y respuesta a sus escritos de dieciocho de septiembre y veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante los cuales solicitó de las autoridades señaladas como responsables el pago del setenta por ciento de sus haberes que le fueron suspendidos de septiembre a diciembre de dos mil dieciocho, con motivo de la suspensión preventiva de sus funciones como Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, que prevaleció hasta el veintiséis de noviembre de ese mismo año, ordenándose la liberación de su pago, sin que se haya realizado; por ello, está obligado a agotar previamente al juicio de amparo, el procedimiento administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, contra el acto reclamado a la autoridad mencionada. Lo anterior deja claro, que la parte quejosa, ante el silencio de la autoridad responsable por más de dos meses desde que presentó su primer escrito de petición (dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve), trae como consecuencia la negativa ficta de la misma, la cual puede ser combatida a través del procedimiento administrativo que se siga ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis III. 2°.T. Aux.42 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1511, del rubro y texto siguiente: "NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. OPERA ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA CONSTITUTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 12 DE JUNIO DE 2008). Conforme al artículo 9, fracción I, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, se consideran actos administrativos definitivos aquellos que son un fin en sí mismos o el resultado de un procedimiento ordinario, por lo que éstos pueden ser: a) Declarativos: los que sólo reconocen, sin modificar una situación jurídica del administrado, pero que resultan necesarios para la realización de algún trámite o acto administrativo, como certificaciones, dictámenes técnicos, actos registrales, expedición de constancias, contestación de peticiones que no implican algún otro acto administrativo o análogos; b) Regulativos: por virtud de los cuales la autoridad administrativa permite a un administrado el ejercicio de alguna actividad regulada, tales como permisos, licencias, autorizaciones o análogos; y c) Constitutivos: por los que se otorgan derechos o imponen obligaciones entre la autoridad administrativa y el administrado, como concesiones, adjudicaciones y licitaciones. En estas condiciones, la solicitud de pago derivada de un contrato de obra pública que formula un particular a la autoridad estatal, constituye un acto de naturaleza constitutiva, pues la eventual respuesta que pudiera darse otorgaría un derecho a aquél e impondría una obligación de pago a ésta, es decir, no sólo va a reflejar o a reproducir la ley, que es la característica de los actos declarativos, sino que el reconocimiento del derecho de pago configura una situación específica singular, en función tanto de particularidades del sujeto como del caso, que deriva del ejercicio de una facultad discrecional, conforme a la cual la autoridad, con libertad de apreciación de circunstancias del hecho y del supuesto normativo, elige de entre varias alternativas o consecuencias que la norma le faculta a aplicar, lo que de suyo es una característica de los actos constitutivos. Por tanto, en términos del artículo 25 del indicado ordenamiento, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 12 de junio de 2008, la negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución a la mencionada solicitud en el plazo de cuatro meses, pues se trata de un acto constitutivo. No obsta a lo anterior que el invocado numeral 9 cite como ejemplos de actos constitutivos a las concesiones, adjudicaciones y licitaciones y no a la referida solicitud de pago, pues ello se hace de manera enunciativa, mas no limitativa." En tales condiciones, no se puede considerar la omisión de la autoridad responsable viole los derechos fundamentales de la impetrante, en virtud de que el aludido silencio tiene como consecuencia la negativa ficta del acto combatido, el que puede ser impugnado por medio del procedimiento administrativo que, en su caso se tiene que agotar previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en aras de respetar el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En atención a lo relatado, en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, por así solicitarlo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese personalmente.

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