Miguel Ángel Sosa Guzmán

Expediente 163/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
163/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN y Otros.
  • Miguel Ángel Sosa Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta que remite la DIRECTORA DEL CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID, atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de ocho de marzo de dos mil veintiuno, esto es, informa la evolución y mejoría del estado de salud del quejoso directo MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN, así como que egresó del CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se ordenó reservar la ratificación de demanda al quejoso MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN hasta en tanto la autoridad responsable remitiera las constancias requeridas, lo que ha acontecido, se provee: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del escrito de demanda se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. En el caso, la promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables la incomunicación de su esposo, pues refirió que desde el nueve de febrero de dos mil veintiuno, se encuentra incomunicado, ya que no se le ha permitido verlo ni comunicarse con él, además que en enero de dos mil veintiuno fue diagnosticado con COVID, sin que hubiera sido trasladado a un centro hospitalario especializado y que únicamente ha permanecido en el CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID sin recibir atención médica y medidas necesarias. Por otra parte, de las documentales remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor del quejoso, se advierte, en esencia, que MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN, se encontraba alojado en el CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID, con motivo de su padecimiento SARS COV 2, por lo cual el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno fue ingresado al área médica para valoración por sintomatología, con tos productiva, escalofríos, náuseas sin llegar al vómito, falta de apetito, dolor en la espalda, sensación de fatiga al realizar ejercicio (subir o bajar escaleras), presentando una saturación variable entre 87/94% de saturación al medio ambiente; por lo cual se inició tratamiento de antibióticos corticosteroides inmuestimulantes expectorantes y anticoagulantes. Tratamiento que representó mejoría clínica con saturaciones del 90% sin oxígeno suplementario, en virtud de lo anterior, el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN causó alta, por lo que fue canalizado al ala sur de dicho centro penitenciario. Así, el tres de marzo de dos mil veintiuno en atención al oficio SSP/SUBCP/DJ/003860/2021 de dos de marzo del año en curso signado por el DIRECTOR TÉCNICO DE LA SUBSECRETARIA DE CENTROS PENITENCIARIOS, se permitió el egreso del quejoso para ser trasladado al CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA. Conforme a lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que el quejoso MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN estuviera incomunicado, sino que está sujeto a las medidas sanitarias derivadas de la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, máxime que recibió en el CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID el tratamiento para su padecimiento (SARS COV 2); además conforme a las medidas sanitarias que las autoridades que tienen bajo su reguardo a personas privadas de la libertad -en proceso o sentenciadas- deben sumir obligatoriamente, tanto en el interior de esos establecimientos, como respecto a quienes ingresan a los mismos, conforme a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal que se basan en la sana distancia, la reducción de la movilidad y evitar la concentración de personas en lugares cerrado para disminuir el riesgo de contagio. De ahí que es evidente que al momento de la promoción de la demanda de amparo el quejoso permanecía interno en el CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID, quien en ese momento recibía tratamiento de antibióticos corticosteroides inmuestimulantes expectorantes y anticoagulantes. En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine quanon a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Efectivamente, en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: "Cuando traten de actos que importen. incomunicación." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que PATRICIA MENESES LÓPEZ, esté en aptitud de promover en nombre de MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que el aquí quejoso se encontrara real y efectivamente incomunicado, pues esa circunstancia, al promover el juicio de amparo, aquella la hizo depender de que su esposo fue ubicado en el CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, en contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo. Por tanto, al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en los artículos 6, 61, fracción XXIII, y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se provee.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR CON RESIDENCIA EN IZUCAR DE MATAMOROS, por medio del cual informa que el tres de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso reingresó al CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA; sin embargo, una vez que obre en autos la información requerida a la DIRECTORA DEL CENTRO PENITENCIARIO TEMPORAL COVID-19 PUEBLA, se acordará lo conducente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la Directora del Centro Penitenciario Temporal Covid-19 Puebla, informado la evolución médica del impetrante MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN. Por tanto, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente se requiere a la Directora del Centro Penitenciario Temporal Covid-19 Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído informe si el quejoso MIGUEL ÁNGEL SOSA GUZMÁN, ya fue dado de alta, debiendo remitir para tal efecto copia certificada o cotejada de las constancias correspondientes que así lo justifiquen. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

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